José Tomás Beltrán Sánchez

Expediente 400/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 35 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
400/2019
Año
2019
Actuaciones
35
Última actuación
18/05/2022

Partes del expediente

  • José Tomás Beltrán Sánchez
  • José Tomás Beltrán Sánchez y Otros.
  • María Magdalena Lizárraga Rodríguez
  • María Magdalena Lizárraga Rodríguez y Otros.
  • Congreso del Estado de Sinaloa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 35.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, tuvo verificativo la audiencia constitucional, la concluyó con sentencia, en la que por una parte se sobreseyó y por otra, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados por José Tomás Beltrán Sánchez y María Magdalena Lizárraga Rodríguez. Inconformes con la resolución anterior, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, residente en la ciudad de Culiacán, interpuso en su contra recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, residente en esta ciudad, donde su presidente lo radicó con el número de toca 400/2019 y en sesión plenaria de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, se dictó resolución en el sentido de confirmar la sentencia recurrida. En consecuencia, se requirió a las autoridades responsables a fin de que en el ámbito de su respectiva competencia, dieran cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la cual se concedió para los siguientes efectos: Octavo. Efectos del fallo protector. A fin de restituir a los quejosos en el uso y goce de sus derechos constitucionales violados, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la concesión de la protección constitucional debe considerarse que la tarifa con la que se obtiene la cantidad a pagar por concepto de derechos registrales con motivo de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Cosalá, de la operación de compraventa, y el 10% del impuesto adicional PRO-EDUC contenidos en la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, específicamente, en sus artículos 50, fracción II, y 51, fracción I, inciso b), contraviene los principios de proporcionalidad y equidad tributaria previstos en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Federal. En consecuencia, la concesión del amparo de la Justicia de la Unión, tendrá por efecto que las autoridades responsables, en el ámbito de su respectiva competencia, procedan a realizar lo siguiente: Desincorporar de la esfera jurídica de los contribuyentes la obligación de pagar los derechos registrales bajo las tarifas establecidas en la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa en vigor, específicamente, sus artículos 50, fracción II y 51, fracción I, inciso b), dada su inconstitucionalidad, y no les sea aplicado en lo futuro hasta en tanto sea reformado. b) En razón de lo expuesto, deberá dejarse sin efectos únicamente el pago consignado bajo el recibo de pago con número de folio 001008895 de quince de mayo de dos mil diecinueve, por concepto de pago de (i) derechos por la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Cosalá, de la operación de compraventa y (ii) el 10% con motivo del impuesto adicional Pro-Educ; por la cantidad de $16,911.00 (dieciséis mil novecientos once pesos 00/100 moneda nacional). c) Sin que ello implique, desde luego, que los quejosos queden exentos de pagar la cantidad generada por concepto de derechos derivados de los servicios prestados por el Estado, sino que solo deberán cubrir la cuota de diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que se actualizó al diez de enero de dos mil dieciocho, prevista en el inciso b) de la fracción II del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, por la inscripción de la operación de compraventa ahí consignada, pues ese es el costo de un servicio de inscripción por parte del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, tratándose de actos traslativos de dominio de bienes inmuebles. d) De ese modo, al ser las autoridades fiscales recaudadoras a las que corresponde dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, tal cumplimiento constriñe al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, y a la Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en Cosalá, a fin de que cancelen el recibo oficial con número de folio 001008895 de quince de mayo de dos mil diecinueve, y devuelvan a los quejosos la cantidad que por concepto de derechos indebidamente pagó con motivo de la inscripción de la operación de compraventa ahí consignada, por la cantidad de $16,911.00 (dieciséis mil novecientos once pesos 00/100 moneda nacional); descontando a dicha suma, desde luego, el importe que resulte de aplicar la cuota de diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que se actualizó a la fecha de la operación, en términos de lo previsto en el inciso b) de la fracción II del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa y a la que serán adicionados los intereses generados desde su entero hasta la fecha en que sea devuelta dicha cantidad conforme a lo previsto en el numeral 71 del Código Fiscal del Estado de Sinaloa Luego de una serie de gestiones, mediante oficio SATES-DJ-DAAP- 413/2021, el Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaría, con sede en Culiacán, Sinaloa, anexó copia del oficio SATES-DRDDC-6170/2021 de catorce de mayo de dos mil veintiuno, dirigido al Jefe de la Oficina de Recaudación en Cosalá, Sinaloa, en el que remitió a esta última autoridad el cheque número de folio 0000670, expedido por Banorte, por la cantidad de $16,105.00 (dieciséis mil ciento cinco pesos 00/100 moneda nacional) a nombre del quejoso José Tomas Beltrán Sánchez. Enseguida, a través de los diversos comunicados SATES-DRDDP- 1277/2021 y sin número signados por el Jefe del Departamento de Declaraciones y Pagos en ausencia del Director de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, con sede en Culiacán, Sinaloa y por el Jefe de la Oficina de Recaudación, con asiento en Cosalá, en esta Entidad Federativa, informaron que el dieciséis de junio de dos mil veintiuno, se entregó al quejoso el mencionado cheque; con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa a fin de que dentro del término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera en torno al cumplimiento dado por parte de las autoridades responsables al fallo protector. Una vez que feneció dicho plazo, mediante proveído de tres de septiembre de dos mil veintiuno, se determinó que existía defecto en el cumplimiento, toda vez que el Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, omitió emitir determinación en la que se pronunciara sobre la desincorporación de la esfera jurídica de los contribuyentes de la obligación de pagar los derechos registrales bajo las tarifas establecidas en la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, en vigor, específicamente, sus artículos 50, fracción II y 51, fracción I, inciso b), dada su inconstitucionalidad, y no le fuera aplicado en lo futuro hasta en tanto sea reformado; razón por la cual se requirió al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, para el acatamiento total del fallo protector. Atento a lo anterior, y luego de diversos oficios informativos, el veintidós de marzo de la presente anualidad, mediante memorial SATES-DJ-DAAP-295/2022, firmado por el Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, informó el cumplimiento dado a la sentencia de amparo y remitió el diverso ocurso SATES-DR-ORCOS-043/2022, signado por el Jefe de la Oficina de Recaudación de Cosalá, Sinaloa, en el que se desincorporó de la esfera jurídica del quejoso José Tomas Beltrán, el artículo 50, fracción II y 51, fracción I, inciso b), de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, y no le fuera aplicado en lo futuro hasta en tanto sea reformado; con lo que se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días a fin de que manifestara lo que en derecho correspondiera. Concluido dicho plazo, mediante acuerdo de cuatro de abril de dos mil veintidós, se arribó a la conclusión de que nuevamente existía defecto en el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, toda vez que el Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, omitió emitir determinación en la que se pronunciara sobre la desincorporación de la esfera jurídica de la contribuyente María Magdalena Lizárraga Rodríguez de la obligación de pagar los derechos registrales bajo las tarifas establecidas en la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, en vigor, específicamente, sus artículos 50, fracción II y 51, fracción I, inciso b), dada su inconstitucionalidad, y no le fuera aplicado en lo futuro hasta en tanto sea reformado; y se requirió de nueva cuenta al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, a fin de que en el plazo de tres días contado legalmente acatara en sus términos el fallo protector. Atento a lo anterior, el cuatro de mayo del año que transcurre, se tuvo por recibido el memorial SATES-DJ-DAAP-398/2022, signado por el Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, con el que informó lo atinente al cumplimiento dado a la ejecutoria de que se trata, y se dio vista a la parte quejosa a fin de que en el plazo de tres días expresara lo que su derecho conviniera, sin que transcurrido el expresado término, realizaran manifestaciones sobre el particular. Atento a lo anterior, quien esto emite estima que la sentencia de amparo se encuentra CUMPLIDA acorde a lo establecido en el numeral 196 de la Ley de Amparo, sin exceso ni defecto, toda vez que las responsables efectuaron el pago de las cantidades mencionadas en los párrafos precedentes y se pronunciaron sobre la desincorporación de los quejosos de la aplicación de los artículos declarados inconstitucionales. Se arriba a la anterior determinación pues de las constancias remitidas por las responsables se advierte que el cumplimiento del fallo protector se dio en los siguientes términos. Efectos Manera en que procedió la responsable a dar cumplimiento a) Desincorporar de la esfera jurídica de los contribuyentes la obligación de pagar los derechos registrales bajo las tarifas establecidas en la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa en vigor, específicamente, sus artículos 50, fracción II y 51, fracción I, inciso b), dada su inconstitucionalidad, y no les sea aplicado en lo futuro hasta en tanto sea reformado. b) En razón de lo expuesto, deberá dejarse sin efectos únicamente el pago consignado bajo el recibo de pago con número de folio 001008895 de quince de mayo de dos mil diecinueve, por concepto de pago de (i) derechos por la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Cosalá, de la operación de compraventa y (ii) el 10% con motivo del impuesto adicional Pro-Educ; por la cantidad de $16,911.00 (dieciséis mil novecientos once pesos 00/100 moneda nacional). c) Sin que ello implique, desde luego, que los quejosos queden exentos de pagar la cantidad generada por concepto de derechos derivados de los servicios prestados por el Estado, sino que solo deberán cubrir la cuota de diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que se actualizó al diez de enero de dos mil dieciocho, prevista en el inciso b) de la fracción II del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, por la inscripción de la operación de compraventa ahí consignada, pues ese es el costo de un servicio de inscripción por parte del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, tratándose de actos traslativos de dominio de bienes inmuebles. d) De ese modo, al ser las autoridades fiscales recaudadoras a las que corresponde dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, tal cumplimiento constriñe al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, y a la Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en Cosalá, a fin de que cancelen el recibo oficial con número de folio 001008895 de quince de mayo de dos mil diecinueve, y devuelvan a los quejosos la cantidad que por concepto de derechos indebidamente pagó con motivo de la inscripción de la operación de compraventa ahí consignada, por la cantidad de $16,911.00 (dieciséis mil novecientos once pesos 00/100 moneda nacional); descontando a dicha suma, desde luego, el importe que resulte de aplicar la cuota de diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que se actualizó a la fecha de la operación, en términos de lo previsto en el inciso b) de la fracción II del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa y a la que serán adicionados los intereses generados desde su entero hasta la fecha en que sea devuelta dicha cantidad conforme a lo previsto en el numeral 71 del Código Fiscal del Estado de Sinaloa." 1. Oficio SATES-DJ-DAAP- 413/2021, signado por el Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaría, con sede en Culiacán, Sinaloa, al que anexó copia del oficio SATES-DRDDC-6170/2021 de catorce de mayo de dos mil veintiuno, dirigido al Jefe de la Oficina de Recaudación en Cosalá, Sinaloa, en el que remitió a esta última autoridad el cheque número de folio 0000670, expedido por Banorte, por la cantidad de $16,105.00 (dieciséis mil ciento cinco pesos 00/100 moneda nacional) a nombre del quejoso José Tomas Beltrán Sánchez. 2. Comunicados SATES-DRDDP- 1277/2021 y sin número, signados por el Jefe del Departamento de Declaraciones y Pagos en ausencia del Director de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, con sede en Culiacán, Sinaloa y por el Jefe de la Oficina de Recaudación, con asiento en Cosalá, en esta Entidad Federativa, en el que informaron que el dieciséis de junio de dos mil veintiuno, se entregó al quejoso el mencionado cheque. 3. Oficio SATES-DJ-DAAP-295/2022, firmado por el Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, con el que remitió el diverso ocurso SATES-DR-ORCOS-043/2022, signado por el Jefe de la Oficina de Recaudación de Cosalá, Sinaloa, en el que se desincorporó de la esfera jurídica del quejoso José Tomas Beltrán, el artículo 50, fracción II y 51, fracción I, inciso b), de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, y no le fuera aplicado en lo futuro hasta en tanto sea reformado. 4. Oficio SATES-DJ-DAAP-398/2022, signado por el Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, a través del cual remitió el diverso ocurso SATES-DJ-DAAP-397/2022, por él firmado, en el que se desincorporó de la esfera jurídica de la quejosa María Magdalena Lizárraga Rodríguez, el artículo 50, fracción II y 51, fracción I, inciso b), de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, y no le fuera aplicado en lo futuro hasta en tanto sea reformado. Por tanto, se reitera que la sentencia de encuentra cumplida y consecuentemente, SE ORDENA ARCHIVAR el presente asunto como definitivamente concluido. Finalmente, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, el sumario en que se actúa es DEPURABLE por este órgano jurisdiccional, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo, al haberse concedido el amparo solicitado por el quejoso.

  2. Principal

    Téngase recibido el oficio SATES-DJ-DAAP-398/2022, signado por el Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, mediante el cual informa lo atinente al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en el juicio en que se actúa y anexa la constancia relativa para acreditar su dicho. En atención a ello, con fundamento en lo previsto en el primer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista con lo anterior a la parte quejosa para que en el término de tres días, contados legalmente, manifieste lo que a su interés legal convenga, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, este órgano jurisdiccional declarará si la sentencia está cumplida o no, si la responsable incurrió en exceso o defecto para ello, o si existe imposibilidad para cumplirla, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable en comento.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, de los que se advierte que en proveído de cuatro de abril del año en curso, se arribó a la conclusión de que existe defecto en el cumplimiento dado a la sentencia de amparo y al efecto se requirió al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, a fin de que en el plazo de tres días contados legalmente acate en sus términos el fallo protector, sin que hasta la fecha obre pronunciamiento al respecto. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, a fin de que en el plazo de tres días contado legalmente acate en sus términos el fallo protector. Lo anterior es así, ya que si bien del contenido de los artículos 192, 193 y 196 de la ley de la materia, se advierte que para dar trámite a la inejecución de sentencia, en tratándose de juicios de amparo indirecto, es necesario que el juzgador haga el pronunciamiento relativo a si la ejecutoria se encuentra o no cumplida, y sólo para el caso de que no lo esté o no lo esté totalmente o correctamente, o bien, se considere de imposible cumplimiento, deben remitirse los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Turno del Décimo Segundo Circuito, residente en esta localidad, a efecto de que dicte la resolución que corresponda; lo cierto es que, de una recta interpretación de dichos numerales, previamente a la incoación del aludido procedimiento de responsabilidad, los jueces federales a fin de cumplir con su ineludible obligación de procurar el exacto cumplimiento de sus ejecutorias, deben requerir a la autoridad responsable que corrija el defecto detectado sobre el cumplimiento dado fallo protector, y únicamente ante su omisión total o parcial de repararlos, se formulará la petición de actuar contra la autoridad contumaz. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada 2ª. VIII/2014 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación se encuentran pendientes de publicar, de rubro y texto de la literalidad siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. ANTE UN CUMPLIMIENTO EXCESIVO O DEFECTUOSO, EL ÓRGANO JUDICIAL DE AMPARO DEBE REQUERIR SE SUBSANEN ESAS DEFICIENCIAS. Del párrafo tercero del artículo 196 de la Ley de Amparo, que establece: "La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos.", se sigue que antes de solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la apertura del procedimiento sancionador previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano jurisdiccional de amparo tiene la obligación de ordenar a la responsable, en su caso, que corrija tales vicios, y solamente ante su omisión total o parcial de repararlos, debe formular la petición de actuar contra la autoridad contumaz, ante la imposibilidad de asegurar la observancia cabal de lo resuelto en el juicio de amparo, sobre todo, porque antes que sancionar, la obligación del juzgador es procurar el exacto cumplimiento de sus ejecutorias. Consecuentemente, si el órgano de amparo procede precipitadamente y antes de exigir que se subsane el posible exceso o defecto del cumplimiento, remite los autos a este Alto Tribunal para la destitución y consignación de la responsable, lo procedente es reponer el procedimiento del incidente de inejecución para que le requiera nuevamente el debido acatamiento del fallo protector, como lo prevé la norma primeramente citada."

  4. Principal

    Visto el estado de los autos, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa para que desahogara la vista contenida en proveído de veintidós de marzo de del año en curso; por tanto, el suscrito procede a determinar con las constancias que obran en autos si la sentencia de amparo se encuentra cumplida en sus términos, o si hubo exceso o defecto en su cumplimiento, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, con base en las constancias que obran en el sumario en que se actúa. Así las cosas, mediante proveído de tres de septiembre de dos mil veintiuno, se declaró defecto en el cumplimiento, en virtud de que el Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, omitió emitir determinación en la que se pronunciara sobre la desincorporación de la esfera jurídica de los contribuyentes la obligación de pagar los derechos registrales bajo las tarifas establecidas en la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa en vigor, específicamente, sus artículos 50, fracción II y 51, fracción I, inciso b), dada su inconstitucionalidad, y no les sea aplicado en lo futuro hasta en tanto sea reformado y atento a ello, se requirió de nueva cuenta a la responsable a fin de que acatara en su totalidad el fallo protector. Luego, en atención a lo requerido, dicha responsable, giró oficio al Director de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, con sede en Culiacán, Sinaloa, a fin de que, en su calidad de vinculada al cumplimiento, realizara lo peticionado por este juzgado federal. Luego, mediante el memorial SATES-DJ-DAAP-295/2022, el Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, informó el cumplimiento dado a la sentencia de amparo y remitió el diverso ocurso SATES-DR-ORCOS-043/2022, signado por el Jefe de la Oficina de Recaudación de Cosalá, Sinaloa, del que se desprende que se desincorporó de la esfera jurídica del quejoso José Tomas Beltrán el artículo 50, fracción II y 51, fracción I, inciso b), de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, y no le fuera aplicado en lo futuro hasta en tanto sea reformado, sin embargo, no realizó pronunciamiento en ese sentido respecto de la diversa quejosa María Magdalena Lizárraga Rodríguez. Por lo antes precisado, se arriba a la conclusión de que EXISTE DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO dado a la sentencia de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, a fin de que en el plazo de tres días contado legalmente acate en sus términos el fallo protector. Lo anterior es así, ya que si bien del contenido de los artículos 192, 193 y 196 de la ley de la materia, se advierte que para dar trámite a la inejecución de sentencia, en tratándose de juicios de amparo indirecto, es necesario que el juzgador haga el pronunciamiento relativo a si la ejecutoria se encuentra o no cumplida, y sólo para el caso de que no lo esté o no lo esté totalmente o correctamente, o bien, se considere de imposible cumplimiento, deben remitirse los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Turno del Décimo Segundo Circuito, residente en esta localidad, a efecto de que dicte la resolución que corresponda; lo cierto es que, de una recta interpretación de dichos numerales, previamente a la incoación del aludido procedimiento de responsabilidad, los jueces federales a fin de cumplir con su ineludible obligación de procurar el exacto cumplimiento de sus ejecutorias, deben requerir a la autoridad responsable que corrija el defecto detectado sobre el cumplimiento dado fallo protector, y únicamente ante su omisión total o parcial de repararlos, se formulará la petición de actuar contra la autoridad contumaz. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada 2ª. VIII/2014 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación se encuentran pendientes de publicar, de rubro y texto de la literalidad siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. ANTE UN CUMPLIMIENTO EXCESIVO O DEFECTUOSO, EL ÓRGANO JUDICIAL DE AMPARO DEBE REQUERIR SE SUBSANEN ESAS DEFICIENCIAS. Del párrafo tercero del artículo 196 de la Ley de Amparo, que establece: "La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos.", se sigue que antes de solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la apertura del procedimiento sancionador previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano jurisdiccional de amparo tiene la obligación de ordenar a la responsable, en su caso, que corrija tales vicios, y solamente ante su omisión total o parcial de repararlos, debe formular la petición de actuar contra la autoridad contumaz, ante la imposibilidad de asegurar la observancia cabal de lo resuelto en el juicio de amparo, sobre todo, porque antes que sancionar, la obligación del juzgador es procurar el exacto cumplimiento de sus ejecutorias. Consecuentemente, si el órgano de amparo procede precipitadamente y antes de exigir que se subsane el posible exceso o defecto del cumplimiento, remite los autos a este Alto Tribunal para la destitución y consignación de la responsable, lo procedente es reponer el procedimiento del incidente de inejecución para que le requiera nuevamente el debido acatamiento del fallo protector, como lo prevé la norma primeramente citada."

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