Jose Tomás Abaroa Ibarra

Expediente 79/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
79/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
30/07/2021

Partes del expediente

  • Jose Tomás Abaroa Ibarra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    SE AGREGA ESCRITO, SE AUTORIZAN COPIAS CERTIFICADAS.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, once de mayo de dos mil veintiuno. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia en la que sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente

  3. Principal

    CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO, EL CONTENIDO DEL AUTO DE FECHA 11/MAYO/2021, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Auto. Hermosillo, Sonora, once de mayo de dos mil veintiuno. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia en la que sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente

  4. Principal

    En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con cuarenta y nueve minutos del quince de abril de dos mil veintiuno, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes e informe con justificación rendido por la responsable. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y el secretario da cuenta con las documentales que exhibió la quejosa y la autoridad responsable, las cuales obran agregadas al presente sumario. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su especial naturaleza las citadas probanzas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez acuerda: ténganse por perdido el derecho para expresarlos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 79/2021; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora con residencia en esta ciudad, José Tomás Abaroa Ibarra, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclama del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Guaymas, Sonora. Por proveído de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que la aplicación del artículo que se estima inconstitucional, tiene ejecución en el lugar en el que este juzgado federal ejerce jurisdicción. Precisión del acto reclamado Del estudio integral del expediente y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados consisten: ? La omisión de expedir el certificado de información registral sobre el registro número 4149, libro 321, sección I, de diecinueve de enero de mil novecientos sesenta, misma que fue solicitada mediante trámite 30408 de uno de octubre de dos mil veinte. Existencia del acto reclamado Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, registradora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Guaymas, Sonora, toda vez así se desprende del contenido del informe justificado que rindió. Lo que se corrobora con la copia auténtica de los documentos que acompañó a su informe justificado, que adquiere el carácter de una documental pública, y por tanto, con valor probatorio pleno conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo autoriza su artículo 2º. Causa de improcedencia actualizada El estudio de las causas de improcedencia es preferente y de oficio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, en el caso sobreviene la causa de inejercitibilidad prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Esta causa de improcedencia, se encontraba establecida en los mismos términos en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada y fue interpretada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a/J. 59/99, en el sentido de que la hipótesis de improcedencia ahí contenida se actualiza cuando todos los efectos de los actos reclamados se destruyen en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelven al estado anterior de la violación de garantías, como si los actos no hubiesen irrumpido en la esfera jurídica del quejoso o, en su defecto, no hayan dejado huella alguna. De igual modo, el Máximo Tribunal del País sostuvo el criterio de que la cesación de efectos de los actos reclamados, puede suscitarse por haberse sustituido procesalmente por otro, que puede darse con motivo de un medio ordinario de defensa o de autocontrol, sea vertical u horizontal, que se traduce en la acción de una autoridad como facultad legal para modificar, confirmar o revocar la resolución reclamada, de modo que la resolución recaída a la impugnación sustituye al acto recurrido. En ese orden de ideas, de manera genérica la cesación de efectos consiste en la desafectación a la esfera jurídica del quejoso, generalmente realizada por las autoridades responsables, al detener su actuación o abstención, lo cual significa, no sólo la detención definitiva de los actos autoritarios, sino la desaparición de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto. Por ende, la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, es factible considerar que la cesación de efectos de los actos reclamados en el juicio de amparo tiene lugar al actualizarse cualquiera de los supuestos siguientes: a) Por revocación; y, b) Por sustitución. El primer supuesto (revocación( se actualiza cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto, de manera tal que los efectos de éste, se destruyan total e incondicionalmente, y por ende, las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; en otras palabras, que las cosas se restituyan tal como si se hubiera otorgado al quejoso el amparo que solicitó. Es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o bien habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la inconstitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni lo surtirá, y que tampoco dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. El segundo supuesto (sustitución( se presenta por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado. En el caso a estudio, respecto al acto reclamado se actualiza la primera de las hipótesis antes reseñadas. Esto es así, toda vez que la parte quejosa presentó la demanda de amparo que nos ocupa el veintiocho de enero de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, reclamando la omisión de expedir el certificado de información registral sobre el registro número 4149, libro 321, sección I, de diecinueve de enero de mil novecientos sesenta, misma que fue solicitada mediante trámite 30408 de uno de octubre de dos mil veinte. Ahora, del contenido de dicha demanda se advierte que la quejosa señala bajo protesta de decir verdad, como antecedentes de su demanda, lo siguiente: a) Que el uno de octubre de dos mil veinte, acudió ante las oficinas del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Guaymas, Sonora, realizando una solicitud de información, para que se le expidiera un certificado de información registral sobre el registro número 4149, libro 321, sección I, de diecinueve de enero de mil novecientos sesenta. b) Para cumplir con las disposiciones legales realizó el pago de los derechos para la obtención de la información, mediante el recibo oficial folio 300C2-0001-379800382612, de uno de octubre del año próximo pasado, por la cantidad de $975.00 (novecientos setenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional). c) Después al no obtener respuesta, fue por lo que presentó la demanda de amparo que nos ocupa. Ahora, mediante oficio recibido en este juzgado el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, la registradora titular de la Oficina Jurisdiccional de Servicios Registrales en Guaymas, remitió el certificado generado respecto de la inscripción 4149, sección I, de diecinueve de enero de mil novecientos sesenta, que solicitó el quejoso en formato de certificado de historia registral, en el que se advierten los actos jurídicos que contiene. Mediante auto de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, se dio vista al quejoso con el citado oficio, sin que haya hecho manifestación alguna al respecto. Sentado lo anterior, se concluye que en la especie se actualiza la causal de improcedencia en estudio, en virtud de que la autoridad responsable exhibió la certificación, cuya omisión reclama el quejoso en su demanda. Por lo que tales actuaciones inciden en la vigencia y ejecutividad del reclamado, este último, como ya quedó precisado, fue presentado ante esta jurisdicción constitucional el veintiocho de enero de dos mil veinte, por lo que dejó de afectar su situación jurídica; por ende, ello constituye la cesación de sus efectos, al haber sido revocada la omisión de entregar tal certificación y, en vía de consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia analizada en el apartado V, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Tomás Abaroa Ibarra, respecto del acto reclamado a la autoridad señalada en el capítulo IV, precisado en el apartado III del presente fallo, por las razones expuestas en el diverso V. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante el secretario de juzgado José Enrique Ayala García, que autoriza y da fe.

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