José Tena Molina

Expediente 152/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
152/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
15/03/2018

Partes del expediente

  • José Tena Molina

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de cinco de marzo del año en curso, que desechó de plano la demanda de amparo promovida por José Tena Molina, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Por otro lado, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; consecuentemente, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado. Sin que se haga mayor pronunciamiento en relación a la devolución de documentos originales dado que no fueron exhibidos. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito signado por el quejoso José Tena Molina; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en la materia, en términos de lo dispuesto por el artículo 2, expídase a su costa copia certificada de las constancias que indica, previa comparecencia que por su recibo deje en autos a satisfacción de este juzgado para debida constancia legal. Sin que obste el hecho de que las haya pedido simples, ya que el citado artículo sólo autoriza la expedición de copias certificadas. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    Agréguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes, el escrito de cuenta signado por el quejoso José Tena Molina; atento a su contenido, téngasele cumpliendo con la prevención formulada en proveído de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho. ? Análisis de procedencia de la demanda de amparo. Al respecto, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de dos causales de improcedencia manifiestas e indudables, por lo que se realiza el análisis de las mismas. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito , cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos 'manifiesto' e 'indudable' a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e 'indudable' significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito , cuyo rubro y texto indican: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA'. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos 'manifiesto', significa claro, evidente y el 'indudable', a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". ? Análisis integral e interpretación de la demanda de amparo. En principio, es conveniente precisar que de la lectura e interpretación integral de la demanda de amparo del quejoso, se advierte que señaló como actos reclamados los siguientes: "IV.- ACTO RECLAMADO.- Ordenadora Juez Tercero de lo Civil se reclama la resolución emitida mediante auto de fecha 28 veintiocho de Noviembre del año 2017 en donde se pronuncia la procedencia en ejecución de la Sentencia Definitiva respecto del Juicio Ordinario Civil número 80/2016 que sobre desocupación y entrega de inmueble promueve el C. JOSE ALFREDO CENDON TORRES, así como LOS ACTOS DE EJECUCION DE SENTENCIA, la cual NO CORRESPONDE AL JUICIO DE ORIGEN, sin que tampoco corresponda haber sido dictada a FAVOR DE LA PARTE ACTORA SINO A FAVOR DE UNA PERSONA AJENA Y EXTRAÑA A LA LITIS PLANTEADA por lo cual en el acto procesal de ejecución de la sentencia definitiva no debe facultarse al actor a ejercer tal derecho, aún y cuando haya sido confirmada en Segunda Instancia, de lo contrario se me estaría privando en forma arbitraria y fuera de ley en mis intereses y derechos, dejándome en completo estado de indefensión por no cumplirse con las formalidades esenciales del procedimiento previamente establecido. Del Magistrado de la Tercera Sala Civil, la sentencia de fecha 31 treinta y uno de Enero del año 2018 dos mil dieciocho, dentro del toca número I-4/2018 donde se resuelve el Recurso de Apelación interpuesto en contra del auto de fecha 28 veintiocho de Noviembre del año 2017 dos mil diecisiete dictado por el Juez Tercero de lo Civil de Morelia, Michoacán". ? Fijación de los actos reclamados. En efecto, de lo transcrito, se aprecia claramente que los actos que se reclaman ante esta potestad federal son los siguientes: 1) La resolución de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, dentro del juicio ordinario civil 80/2016 . 2) La sentencia de treinta y uno de enero del año en curso, dictada por el Magistrado responsable, dentro del toca I-4/2018, mediante la cual confirma la resolución descrita en el párrafo anterior. ? Orden de estudio de los actos reclamados. Por cuestión de técnica, se estudiará los actos reclamados en el orden que fueron fijados en párrafos precedentes. ? Actualización de causa de improcedencia notoria, indudable y manifiesta, respecto del acto marcado con el número 1), consistente en la resolución de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, dentro del juicio ordinario civil 80/2016. Por lo que hace al acto reclamado al Juez responsable, consistente en la resolución de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, dentro del juicio ordinario civil 80/2016, este juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado y, a este respecto, es menester precisar que existen dos hipótesis de cesación de efectos, a saber: A. Por revocación; y, b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia como si se hubiese concedido el amparo, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo caso -en cambio- se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. De esa manera, tratándose de la segunda hipótesis -que es la que nos ocupa-, los efectos del acto reclamado cesan, por ejemplo, cuando contra éste se interpuso un recurso al que recayó una nueva resolución que sustituye procesalmente al acto reclamado anterior, ya que será esta nueva determinación, y no el acto recurrido en primer término, la que en su caso, podrá ser materia de análisis a través del juicio de amparo, pues es obvio que ambos no pueden coexistir, virtud a que el segundo resolvió y superó lo expresado en el primero; por tanto, como se adelantó respecto del acto marcado con el número 1) se actualiza la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXI del artículo 61 de la ley en la materia. Al respecto, resulta aplicable la tesis I.3o.C.92 K , del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente". Así como, diversa tesis I.3o.C.769 C , del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos". Se estima lo anterior, toda vez los efectos del acto reclamado que cesaron virtud a que contra la resolución de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, dictada dentro del juicio ordinario civil 80/2016, se interpuso el recurso de apelación, el cual culminó en la sentencia de segunda instancia de fecha treinta y uno de enero del año en curso. En las relatadas condiciones, resulta inconcuso que la determinación adoptada por el Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el treinta y uno de enero del año en curso, al resolver el recurso de apelación promovido por el peticionario de amparo sustituyó procesalmente al acto reclamado; por tanto, dicha resolución dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso y no podría legalmente analizarse ésta sin afectarse la nueva determinación judicial, ya que esta última, es la que rige la situación jurídica del impetrante respecto a la apelación que planteó ante el Magistrado. Ello es así, pues con independencia del sentido en que fue resuelto el recurso de apelación, la validez o insubsistencia del acto recurrido ya no dependen de ese propio acto, sino de lo resuelto en el recurso que lo combatió, el cual como se indicó en líneas precedentes sustituyó procesalmente al acto reclamado al juez de primera instancia. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata por lo que ve al acto reclamado por la parte quejosa al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, que quedó precisado con el arábigo 1) en el apartado correspondiente a la fijación de los actos reclamados de esta determinación. ? Actualización de causa de improcedencia notoria, indudable y manifiesta, respecto del acto marcado con el número 2), consistente en la sentencia de treinta y uno de enero del año en curso, dictada por el Magistrado responsable, dentro del toca I-4/2018. En la especie, quien resuelve estima que se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XXIII del artículo 61 la Ley de Amparo, que dispone la improcedencia del juicio constitucional en los demás casos en que la ésta resulte de alguna disposición de la Ley. Concomitante con lo anterior, el numeral 107, fracción IV, párrafo segundo del ordenamiento legal antes invocado establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.). IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.)". De lo anterior, tenemos que tratándose de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo biinstancial contra la última resolución dictada en ese procedimiento, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, otorgando la oportunidad a la parte quejosa de reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante esa etapa que hubieren dejado sin defensa al impetrante y trascendido al resultado de la resolución. En esa línea de pensamiento, conviene tener en cuenta algunas premisas en torno a la procedencia de la acción constitucional indirecta, contra los actos dictados fuera de juicio o después de concluido; asimismo, distinguir los supuestos: 1. Un supuesto general, referido a los actos realizados fuera de juicio o después de concluido; y 2. Los supuestos específicos, siguientes: a) Actos de ejecución de sentencia; y, b) Actos en la etapa de remate. Sin embargo, toda vez que el acto reclamado no se emitió dentro de la etapa de remate, ni goza de autonomía procesal, en el presente caso únicamente abordaremos la hipótesis plasmada en el inciso a), consistente en los actos dictados en ejecución de sentencia -virtud a que los autos que constituyen el acto reclamado se emitieron en dicho procedimiento-; en esta fase, se destacan tres situaciones que hacen procedente la acción constitucional, las cuales a continuación se enumeran: I. La resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; II. Aquella que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y, III. La que ordena el archivo definitivo del expediente. Es decir, para los actos dictados después de concluido el juicio, pero en ejecución de la sentencia, la procedencia del amparo en su contra, se posterga hasta que se dicta la resolución final del procedimiento relativo. Dicha regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto, tiene como finalidad el evitar abusos, es decir, impedir que el juicio de amparo se utilice para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva o laudo que constituye verdad legal. Lo anterior, derivado de que la sociedad está interesada en la ejecución de sentencias firmes, sin que múltiples amparos las obstaculicen; motivo por el cual el constituyente permanente limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia hasta que se emitiera la resolución que pusiera fin a ese procedimiento de ejecución, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante esa fase ejecutiva que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. En consecuencia, contra las resoluciones dictadas durante el procedimiento de ejecución no procede el juicio de amparo indirecto, en términos de los artículos 61, fracción XXIII en relación con el 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, pues será hasta que se dicte la resolución terminal, con la que culmine el procedimiento de ejecución, esto es, la que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado, o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, la que ordene el archivo del expediente, el momento en el que la parte quejosa estarán en condiciones de promover demanda de amparo indirecto, en la cual podrá reclamar todas las violaciones que estimen se le dejaron sin defensa. Sirve de sustento a lo anterior la tesis 2a. VIII/98, de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal del país, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo VII, febrero de 1998, página 230, de rubro y texto: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución.", la cual continúa en vigor en tanto que no se opone a lo establecido en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, de conformidad con lo previsto en el artículo sexto transitorio del invocado ordenamiento legal". En el caso que nos ocupa, conviene destacar algunos antecedentes del acto reclamado a fin de ubicar el momento en que se emitió la sentencia reclamada, así, del capítulo de hechos así como del escrito aclaratorio que, bajo protesta de decir verdad, narra el quejoso son a groso modo los siguientes:  El treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, dictó sentencia definitiva dentro del juicio ordinario civil 80/2016 que sobre desocupación y entrega de inmueble promovió José Alfredo Cendon Torres frente al aquí quejoso.  Inconforme con la sentencia de referencia el quejoso interpuso el recurso de apelación en su contra, el cual fue resuelto por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Superno Tribunal de Justicia del Estado, quien confirmó la resolución sujeta a revisión.  En contra de la sentencia de segunda instancia la parte quejosa promovió el juicio de amparo directo.  Dentro del amparo directo de referencia solicitó la suspensión del acto reclamado, la cual le fue concedida bajo la condición de que exhibiera garantía para los daños y perjuicios.  Al no ser exhibida la garantía para que surtiera efectos la suspensión del acto reclamado se continuó con el procedimiento de ejecución.  Juicio de amparo directo que se encuentra pendiente de dictar sentencia.  Posteriormente, mediante auto de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, a solicitud de la parte actora, el Juez Tercero de Primera Instancia de este distrito judicial señaló días y horas hábiles a fin de hacer la entrega real y material del inmueble de la litis a la parte actora con auxilio de la fuerza pública.  Inconforme con dicho auto, el quejoso hizo valer el recurso de apelación, el cual dio origen al toca I-4/2018 y que se resolvió mediante sentencia de treinta y uno de enero del año en curso, en la que el magistrado responsable confirmó el auto sujeto a revisión; esta última sentencia es la que constituye el acto reclamado que se analiza en este apartado. De la anterior relatoría, se obtiene que la sentencia reclamada que se analiza en este apartado se ubica en el procedimiento de ejecución, pues el quejoso al no exhibir la garantía que le fue solicitada por el magistrado responsable al tramitar la demanda de amparo directo para que surtiera efectos la suspensión del acto reclamado, se dio continuidad con el procedimiento de ejecución. En esas condiciones, es inconcuso que lo que se reclama en esta vía son violaciones intermedias en el procedimiento de ejecución, pues el auto de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete que dio origen al toca de apelación que culminó con la sentencia de treinta y uno de enero del año en curso, dictada por el magistrado responsable y que constituye el acto reclamado analizado en este apartado, no es la última resolución que pone fin a dicho procedimiento. Lo anterior se deduce, pues el auto primigenio por el que el juez responsable requiere el cumplimiento forzoso de la sentencia y señala días y horas hábiles para que el personal de dicho juzgado se constituya en el inmueble de la litis a fin de hacer entrega real y material del mismo a la parte actora, no es un auto que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, la que ordene el archivo del expediente. Tampoco es un acto autónomo respecto del procedimiento de ejecución, pues la ejecución forzosa que se ordena en el auto que dio origen a la resolución de segunda instancia reclamada, pretende cumplimentar la sentencia definitiva lo cual debe hacerse atendiendo a su naturaleza de orden público, por lo que los actos como el que aquí se reclaman van encaminados a dicho fin, dado que el hecho de que se ordene la ejecución forzosa depende de la posibilidad o no de lograr su objetivo, como lo es la entrega real y material del bien inmueble controvertido, de ahí que tenga que esperar hasta la última resolución en dicho procedimiento. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 1a./J. 19/2001 , pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone lo siguiente: "ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, en lo concerniente a la fase ejecutiva de los juicios de arrendamiento inmobiliario, la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual procede la vía constitucional biinstancial, es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior es así, en virtud de que, por un lado, el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público y, por el otro, que si bien es cierto que en aras de ese cumplimiento, los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del conocimiento dictan resoluciones con ese propósito, como es el caso de las que ordenan al condenado entregar voluntariamente el bien objeto de controversia, concediéndole un término y apercibiéndole de que en caso contrario se procederá al lanzamiento forzoso, o bien, las que ante su negativa, mandan hacer efectivo dicho apercibimiento para obtener el cumplimiento material del fallo; también lo es que estos proveídos se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo ordenado, pues en el primer caso, depende de la voluntad del condenado y, en el segundo, de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupación forzosa como la entrega del inmueble; situaciones estas, en torno a las cuales los tribunales de origen emitirán sus acuerdos conducentes a la luz del contenido de la resolución definitiva". Ello es así, porque la ejecución del auto que impugnan de inconstitucional, tienen como único objeto de dar cabal cumplimiento a lo sentenciado, lo cual, desde luego no tiene el carácter de última resolución dictada en la etapa de ejecución de sentencia, al no ser la que aprueba o reconoce el total cumplimiento de dicho fallo o determina su imposibilidad de acatarlo. Por tanto, se reitera que lo reclamado en esta instancia constitucional debe considerarse como un acto dictado en el procedimiento de ejecución de sentencia, y no como una determinación que le revista el carácter de última resolución dictada en la citada fase procesal, para que el juicio de amparo resulte procedente, conforme lo establece el artículo 107, en su fracción IV, segundo párrafo de la Ley de Amparo, en virtud de no ser aquella la última resolución dictada en ejecución de sentencia, dado que no es la que aprueba o reconoce el total cumplimiento de dicho fallo o determina su imposibilidad de acatarlo. En apoyo a lo anterior se invoca la tesis XIX.1o.P.T.3 K , sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, que dispone lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO POR MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS INTRAPROCESALES VERIFICADOS EN PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. En la jurisprudencia 1a./J. 29/2003 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, junio de 2003, página 11, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA.", expresamente se mencionó que en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, el legislador de forma destacada introdujo una regla específica con el propósito de impedir que el juicio constitucional de referencia sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva o laudo con el carácter de cosa juzgada; dicha regulación consiste en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, solamente cuando se trate de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo y nunca antes, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. En este orden, resulta inconcuso que como tales reglas tienen un tratamiento especial, al momento de su aplicación, no caben interpretaciones diferentes, pues de hacerlo, se correría el riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías, de manera que cuando se reclamen actos dictados dentro del juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no pueden aplicarse las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente contra todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación. De igual forma, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no se les puede aplicar la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, lo cual trastoca los motivos por los que el legislador instrumentó esas reglas, que fueron evitar el abuso del juicio de garantías. En consecuencia, las demandas de amparo indirecto enderezadas contra actos intraprocesales verificados al interior de procedimientos de ejecución de sentencias o laudos, después de concluido el juicio, se encontrarán afectadas de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia derivado de la mencionada tesis jurisprudencial y del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 114, fracción III, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo y, por tanto, procederá su desechamiento en términos del artículo 145 del propio ordenamiento". Es necesario precisar que la procedencia del juicio de amparo en tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, se rige por la última resolución que se dicte en esa etapa -la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia o el que declara su imposibilidad para acatarla-; lo anterior se estima así, porque, la determinación impugnada no es de aquellas que afecte directamente derechos sustantivos autónomos de la orden de ejecución de la sentencia firme; de ahí que se considere que contra toda determinación dictada en la fase de ejecución de sentencia improceda el juicio de amparo, virtud a que tiende a retrasar o dilatar el cumplimiento de su ejecución; máxime si se toma en consideración que aquellas violaciones suscitadas en esa etapa pueden ser reclamadas en el amparo biinstancial que se promueva contra la determinación que le ponga fin a dicha fase. En esas condiciones, inconcuso resulta que en el caso cobra vigencia la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXIII del artículo 61, en concordancia con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la presente demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia. Sin que sea inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA". Así como la jurisprudencia J/23 , del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de los promoventes del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.) , de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA ". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.) , sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, que indica: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA". No obsta a lo anterior, que algunos de los criterios invocados en párrafos anteriores se hayan emitido conforme a los artículos de la Ley de Amparo abrogada, toda vez que son de idéntico contenido a los que se invocan en esta determinación, debido a que regulan la improcedencia del juicio constitucional en tratándose de resoluciones en la etapa de ejecución de sentencia. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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