José Soto Lozoya

Expediente 784/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 15 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
784/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
10/03/2022

Partes del expediente

  • Licenciada Guadalupe Valles Mireles, Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Inspección Interna Z-N, de la Fiscalía General del Estado
  • José Soto Lozoya
  • Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema acusatorio en funciones de Juez de Control del Distrito Judicial Bravos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión en contra del fallo dictado en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que negó el amparo y protección de la justicia federal en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo tanto, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues en el presente asunto se negó el amparo y protección de la Justicia Federal. Una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años a que alude el numeral 9 del Acuerdo General en cita, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Este resolutor califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es depurable. Finalmente, siendo que en este juicio de amparo se tramitó por cuerda separada Incidente de Suspensión, se ordena proveer lo conducente en cuanto a la conservación y/o destrucción de cada uno de los dos cuadernos que para el efecto se formaron. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    De conformidad a lo ordenado en auto de esta fecha en el juicio del que deriva el presente cuaderno original de suspensión, toda vez que se otorgó la suspensión provisional y definitiva, es depurable, por lo tanto, deberá conservarse la demanda, la resolución relativa a su otorgamiento o violación y este auto; de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Acorde a lo dispuesto en el citado numeral décimo octavo, del citado acuerdo, se ordena su archivo en este juzgado por tres años, transcurridos los cuales deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, se declara que a juicio de este Juzgado de Distrito este asunto carece de relevancia documental e histórica, y en atención a que se encuentra una suspensión concedida, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, así como también que es depurable. NOTIFÍQUESE.

  3. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua, diez de marzo de dos mil veintidós. De conformidad a lo ordenado en auto de la propia fecha en el juicio del que deriva el presente cuaderno duplicado de suspensión, y acorde a lo dispuesto en la fracción II, inciso a) del "NUMERAL VIGÉSIMO", del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, se ordena su archivo por seis meses, transcurridos los cuales deberá destruirse. Así, conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del expediente, la anotación de la fecha de archivo y que este asunto carece de relevancia documental, como también que es destruible. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Visto, para resolver el juicio de amparo 784/2021-I, promovido por José Soto Lozoya, contra actos del Juez de Primera Instancia en materia Penal del Sistema Acusatorio en funciones de Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, y turnado en la misma fecha a este juzgado por razón de turno, José Soto Lozoya, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Primera Instancia en materia Penal del Sistema Acusatorio en funciones de Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, de esta localidad, consistente en la orden de aprehensión y/o detención girada en su contra. SEGUNDO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa señala como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión de la demanda. El diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda registrándose bajo el expediente 784/2021-I-A; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita quien no presentó pedimento; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público adscrita; se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se inició en términos del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103 fracción I y 107 fracción III, de la Constitución Federal; 1, 33 fracción IV, 35, 37 y demás relativos de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; además de que el acto reclamado, se atribuye a una autoridad judicial del Distrito Judicial Bravos, territorio que se encuentra dentro de la jurisdicción en que ejerce sus funciones este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación de la litis. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación de los actos reclamados en el juicio en que se actúa. Para tal efecto, se atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención del quejoso y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que el quejoso exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Así, del detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revelan que el acto reclamado por el solicitante del amparo consiste en: La orden de aprehensión y/o detención girada en su contra y su posible ejecución. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable, Juez de Primera Instancia en Materia Peal del Sistema Acusatorio en Funciones de Juez de Control del Distrito Judicial Bravos (en su denominación correcta), al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, consistente en la emisión de una orden de aprehensión librada el quince de octubre de dos mil veintiuno dentro de la causa penal 5520/2021, y en apoyo a su informe, envió copia autorizada de las constancias en que apoya su comunicación, contra la parte quejosa por los ilícitos que ahí se tratan y disco compacto con la audiencia respectiva. Medios de convicción con valor probatorio pleno en términos de lo establecido en los artículos 129, 188, 202 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron expedidas por funcionario público en ejercicio y con motivo de sus funciones, por lo que se tienen por ciertos los actos que se le atribuyen e impugnan de inconstitucionales. Tales consideraciones encuentran apoyo en la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. Causas de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Al efecto, cabe invocarse la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el presente asunto, no se advierte de oficio la existencia de alguna causal de improcedencia ni fue invocada alguna causal por las partes, por lo que se procede al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Análisis constitucional de la determinación reclamada. Los conceptos de violación son infundados. La parte quejosa señala que se violan en su perjuicio los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales, ya que ha quedado asentado en el margen de toda disposición legal, se le pretende privar de la libertad sin que exista orden de detención girada por autoridad competente, ya que atendiendo a las garantías de seguridad jurídica y legalidad, es presupuesto necesario que una autoridad competente, haga una debida motivación y fundamentación de un mandato judicial y agrega que si se parte de que el quejoso no ha cometido ningún delito, resulta inconcuso que cualquier orden de detención girada en su contra, violenta lo dispuesto por los artículos 14 y 16 Constitucionales. Lo anterior es así, ya que la defensa del quejoso, parte de una razón equívoca, al afirmar que la orden de aprehensión que fue emitida el veintiocho de agosto de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 5520/2021, ya fue ejecutada, y no amerita prisión preventiva, en razón de que se encontraba interno en el Centro de Readaptación Social Estatal Tres, sino que, se trata del dolo en que se conduce la Dirección de Inspección Interna ya que tiene dos causas penales de la misma institución. Lo anterior, deviene inatendible ya que la orden de aprehensión de la cual se queja la defensa, efectivamente ya fue ejecutada y superada con el auto de vinculación a proceso por el hecho ilícito de abuso de autoridad y de no vinculación por otros hechos ilícitos de extorsión agravada y robo. Sin embargo, el acto ahora reclamado, fue emitido el quince de octubre de dos mil veintiuno, dentro de la misma causa penal 5520/2021, posterior al auto de vinculación de que se trata. Para una mejor comprensión del asunto se van a citar los antecedentes previos a la emisión del acto reclamado y son: El nueve de octubre de dos mil veintiuno, la Agente adscrita a la Agencia Estatal de Investigación puso a disposición al aquí quejoso José Soto Lozoya, al haberse ejecutado la orden de aprehensión librada en su contra. En audiencia inicial de nueve de octubre de dos mil veintiuno, se formuló imputación al aquí quejoso por los hechos ilícitos de extorsión, previsto y sancionado en los artículos 204 bis, fracción I, III, IV, VII inciso b); por el delito de robo, establecido y penado en el artículo 208, fracción I, en relación al 211, fracción VI, XI y abuso de autoridad previsto en el precepto 256, fracción I, del Código Penal del Estado, en perjuicio de las víctimas José Antonio Quintana Sánchez, Heidi Francelia Olave Holguin y lo menores de inciciales A.L.Q.M. y J.L.M.A. El dicha audiencia, el imputado, solicitó la duplicidad del término constitucional, se fijaron las nueve horas con treinta minutos del catorce de octubre de dos mil veintiuno, para la continuación de la audiencia, se fijaron las medidas cautelares y la prohibición de acercarse a las víctimas (en su domicilio) y se ordenó su libertad. El catorce de octubre de dos mil veintiuno se emitió auto de vinculación a proceso en contra del imputado José Soto Lozoya y otros por el delito de abuso de autoridad, previsto en el artículo 256, fracción I, del Código Penal del Estado; asimismo, se emitió auto de no vinculación a proceso por los hechos ilícitos de robo calificado y extorsión con penalidad agravada. El catorce de octubre de dos mil veintiuno, el imputado no compareció a la audiencia de continuación inicial, por lo cual el agente del Ministerio Público solicitó se le tuviera por sustraído de la acción de la justicia, por ello se decretó la suspensión del proceso. La Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Inspección Interna, Zona Norte, solicitó se emitiera orden de aprehensión por los hechos ilícitos de abuso de autoridad, extorsión agravada y robo calificado. En quince de octubre de dos mil veintiuno, el Juez emitió orden de aprehensión en contra del imputado José Soto Lozoya, por el hecho ilícito de abuso de autoridad. Última resolución que constituye el acto reclamado en esta vía constitucional. Ahora bien, con la emisión del acto reclamado en este juicio, el tribunal del conocimiento no vulneró algún derecho fundamental en perjuicio del quejoso, pues se tiene presente que la restricción a la libertad personal que conlleva una orden de captura está constitucional y legalmente justificada, precisamente, porque un acto de dicha índole es uno de los establecidos tanto por nuestra carta magna como por la ley de la materia, para limitar el derecho a la libertad de cualquier gobernado al que se atribuya un hecho delictuoso materia de un procedimiento penal acusatorio. En efecto, ese derecho fundamental, como cualquier otro, no es irrestricto, pues lo cierto es que encuentra sus límites en los casos y las condiciones expresamente establecidas en nuestra carta magna, lo cual es lógico y jurídicamente razonable sobre todo si se toma en cuenta que, por ser un derecho humano o fundamental contemplado a rango constitucional, sólo puede ser una disposición de dicha naturaleza la que prevea los límites y los términos de las restricciones correspondientes. Al efecto, cabe citar la tesis 1a. LXVI/2008, sustentada por la Primera Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página cuatrocientos sesenta y dos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, relativo a julio de dos mil ocho, que es del tenor siguiente: "RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS. Ningún derecho fundamental es absoluto y en esa medida todos admiten restricciones. Sin embargo, la regulación de dichas restricciones no puede ser arbitraria. Para que las medidas emitidas por el legislador ordinario con el propósito de restringir los derechos fundamentales sean válidas, deben satisfacer al menos los siguientes requisitos: a) ser admisibles dentro del ámbito constitucional, esto es, el legislador ordinario sólo puede restringir o suspender el ejercicio de las garantías individuales con objetivos que puedan enmarcarse dentro de las previsiones de la Carta Magna; b) ser necesarias para asegurar la obtención de los fines que fundamentan la restricción constitucional, es decir, no basta que la restricción sea en términos amplios útil para la obtención de esos objetivos, sino que debe ser la idónea para su realización, lo que significa que el fin buscado por el legislador no se pueda alcanzar razonablemente por otros medios menos restrictivos de derechos fundamentales; y, c) ser proporcional, esto es, la medida legislativa debe respetar una correspondencia entre la importancia del fin buscado por la ley, y los efectos perjudiciales que produce en otros derechos e intereses constitucionales, en el entendido de que la persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos. Así, el juzgador debe determinar en cada caso si la restricción legislativa a un derecho fundamental es, en primer lugar, admisible dadas las previsiones constitucionales, en segundo lugar, si es el medio necesario para proteger esos fines o intereses constitucionalmente amparados, al no existir opciones menos restrictivas que permitan alcanzarlos; y en tercer lugar, si la distinción legislativa se encuentra dentro de las opciones de tratamiento que pueden considerarse proporcionales. De igual manera, las restricciones deberán estar en consonancia con la ley, incluidas las normas internacionales de derechos humanos, y ser compatibles con la naturaleza de los derechos amparados por la Constitución, en aras de la consecución de los objetivos legítimos perseguidos, y ser estrictamente necesarias para promover el bienestar general en una sociedad democrática." En esas condiciones, como la norma fundamental y la ley de la materia prevén la orden de aprehensión o recaptura como una de las excepciones del derecho atinente a la libertad personal de todo gobernado, no hay duda que la afectación que recibe el impetrante con el acto atacado en este juicio, está constitucional y legalmente justificada en el caso que nos ocupa. En tal tesitura, es inexistente el vicio de legalidad que el hoy quejoso le atribuye al tribunal oral responsable. Asimismo, no se vulneran los derechos del quejoso atingentes a una defensa adecuada y a las formalidades del procedimiento, pues en la especie se tiene que el procedimiento es acusatorio y oral, pues hay acusación por parte del Ministerio Público y la orden persigue como propósito la detención del quejoso para presentarlo ante la autoridad judicial y, así, continuar el procedimiento seguido en su contra. Esto no es todo. La orden fue precedida por la falta de comparecencia del quejoso ante el juez que llevaría a cabo la audiencia inicial de continuación, no obstante de haber sido notificado en la audiencia de nueve de octubre de dos mil veintiuno. En el acuerdo combatido, el juzgador expuso y justificó la necesidad y objeto de la medida cautelar que hoy se analiza. Como corolario se tiene que la propia orden consta en una resolución que contiene una relación sucinta de los hechos que la motivaron, en la que, desde luego, se invocaron los fundamentos legales. Con esto queda claro que, contra lo dicho por el quejoso, se respetaron las formalidades del procedimiento relativo, básicamente porque se pretende su sometimiento a un procedimiento penal por un tribunal previamente establecido y conforme a las disposiciones expedidas con anterioridad a los hechos delictivos materia de la causa penal. Sobre ese particular, cabe citarse las tesis de jurisprudencia sustentadas por el Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO." La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza." No se pierde de vista que la orden es una medida cautelar que no trae consigo una privación definitiva de sus derechos, por lo cual para su emisión no rige el derecho de previa audiencia. Para explicar lo anterior, conviene destacar que el derecho de audiencia previsto en el artículo 14 Constitucional, que el quejoso manifiesta como infringido por la responsable, es el principal instrumento de defensa que tiene el gobernado frente a los actos de autoridad que pretendan privarlo de sus derechos más preciados, como lo son la vida, la libertad y sus propiedades o posesiones, y dispone: "Artículo 14. ... Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho." El acto de privación regido por el artículo 14 constitucional, es aquel que es un fin por sí mismo con existencia independiente, y no el que únicamente es un medio para la consecución de otro acto. En el primero de ellos, el objeto perseguido por el acto radica en privar al sujeto de sus bienes, propiedades, posesiones o derechos, con carácter definitivo. En cambio, en el segundo la privación no es la intención teleológica del acto, sino una medida de carácter provisional y accesoria para el logro de un fin diverso. Así, aunque en ambos casos el acto produce o puede generar una privación, sólo aquel cuyo sentido es definitivo se encuentra regido por la norma constitucional, pues, atento a su naturaleza, se garantiza al gobernado que no debe llevarse a cabo sin que se le brinde la oportunidad de ser oído en defensa de sus intereses, con la debida amplitud, por la evidente gravedad que el acto reviste. Por el contrario, cuando el acto privativo es provisional, esto es, cuando la privación no es la razón de ser del acto, sino sólo un conducto para lograr un propósito diverso, es innecesario otorgar previamente al afectado la oportunidad de defensa en virtud de la accesoriedad de la medida. Luego, si esa afectación tiene como fin privar al gobernado de sus bienes, entonces se actualiza el supuesto previsto en la norma constitucional y se genera su consecuencia, consistente en la obligación de la autoridad de otorgar al sujeto en forma previa al acto el derecho de audiencia. En cambio, cuando el fin del acto no estriba en dicha privación definitiva, sino que constituye una medida accesoria o preventiva, se estará entonces frente a una privación provisional, es decir, frente a un acto de molestia respecto del cual no es indispensable que, previamente, se brinde al sujeto el derecho de audiencia. La distinción entre actos de privación y actos de molestia deriva de lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, que consagran los derechos de audiencia y de legalidad, respectivamente, en contra de los actos de la autoridad, y dicha diferenciación deriva de la naturaleza propia del acto, de su razón teleológica y no de los efectos que en primer término produce. Esto último se pone de manifiesto si se considera que tanto los actos a que se refiere el artículo 14 de la Constitución General de la República, como aquellos a que se contrae el numeral 16 constitucional, pueden producir, en mayor o menor medida, directa o indirectamente, una privación en la esfera jurídica del gobernado al causarle una afectación, sea por indisponibilidad de sus bienes, por la disminución de su patrimonio, o por la imposición de una carga u obligación, que de no existir el acto no tendría que cumplir o soportar, de ahí que si se atendiera solamente a los efectos del acto, sería carente de sentido la distinción entre actos de privación y actos de molestia, pues ambos pueden generar esa privación y, en dicha medida, todo acto de autoridad que afectara la esfera legal o jurídica de un gobernado no podría realizarse sin el previo derecho de audiencia, motivo por el cual, se insiste, la distinción establecida en los artículos 14 y 16 constitucionales deriva de la naturaleza del acto y no, en primer término, de los efectos a que pueden dar lugar. En el caso, debe recordarse que el acto controvertido en el juicio que hoy nos ocupa, por su naturaleza jurídica, contenido y alcance, tiene como propósito lograr la comparecencia del quejoso ante la autoridad judicial para la continuación del procedimiento penal correspondiente, tal como quedará en claro en el cuerpo de este fallo. En tal virtud, es indudable que el acto controvertido, por su propia naturaleza, no produce privación en los derechos contemplados en el artículo 14 de la carta magna, por lo que su constitucionalidad no depende de que aisladamente se cumpla, en el propio acto, con la exigencia del derecho de previa audiencia al gobernado. Por todo lo anterior aun cuando la orden, como la que aquí nos ocupa, es un acto de molestia al gobernado, su emisión no vulnera lo previsto por el artículo 14 constitucional. Sobre ese particular, cabe citarse la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil trescientos setenta y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XCVI, del rubro: "ORDEN DE APREHENSION, NO SE NECESITA DE LA GARANTIA DE PREVIA AUDIENCIA PARA DICTARLA." El mandamiento de aprehensión está fundado y motivado. En efecto, para fundar ese acto el tribunal responsable citó el artículo 16 constitucional, así como los diversos preceptos 131 y 141, del código procesal penal estatal. Igualmente, para motivar el propio acto el juez del Tribunal Oral en lo Penal razonó que, declaró la sustracción a la acción de la justicia de parte del imputado -hoy quejoso-, por su incomparecencia injustificada a una citación en el juicio penal respectivo, a efecto de celebrar la audiencia de continuación inicial, sin embargo, no compareció, lo que motivó la petición de la Agente de la Ministerio Público de la causa penal, estando presente el defensor particular del quejoso, así la Juez suspendió la audiencia hasta en tanto, se lograra la detención del quejoso, declarándolo sustraído de la acción de la justicia, no obstante de haberse citado a las partes en la audiencia de nueve de octubre del dos mil veintiuno, sino que, además, se hallaba justificada la necesidad de la cautela. En último orden, debe decirse que entre las normas citadas y las consideraciones expresadas por la responsable para sustentar la decisión asumida en el acto que nos ocupa, existe la adecuación necesaria para afirmar que, en el caso, se configuró la hipótesis jurídica, que es en lo que consiste la fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener en términos del artículo 16 de la carta magna. En ese orden, se concluye que el acto reclamado se encuentra fundado y motivado tal como lo exige el artículo 16 constitucional, pues en el caso se señalaron las razones de derecho, o sea, la autoridad responsable se apoyó en los numerales que permiten expedirlo y que prevén la hipótesis que genera su emisión, así como expuso los motivos de hecho considerados para su pronunciamiento, los que son reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Por su aplicación, es de invocarse la tesis de jurisprudencia doscientos sesenta y ocho, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil doscientos cuarenta y uno del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Décima Tercera Sección, que dice así: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." La orden de aprehensión, colma los extremos exigidos para un acto de esa naturaleza, conforme al procedimiento penal chihuahuense hay, básicamente, dos escenarios que se suscitan en la etapa de investigación: que se haya presentado la flagrancia o el caso urgente o que una vez realizadas las investigaciones, la fiscalía decida pedir a la autoridad judicial alguna orden de aprehensión, de comparecencia o que la parte implicada se presente de manera voluntaria. Finalmente, ya emitido el auto de vinculación y no vinculación a proceso, surgió la necesidad de la medida cautelar de la aprehensión o recaptura en caso de que se haya declarado al imputado sustraído de la acción de la justicia, como en el caso aconteció. Desde luego, cada escenario determina el contenido y objeto de la audiencia inicial o preliminar que se suscita durante la fase formalizada de investigación. Sin duda, esta audiencia es uno de los actos procesales protagónicos en el procedimiento penal local, constituyéndose en un hito central del procedimiento en sí. Así, tal audiencia gira en torno al escenario en el que se desenvuelve el procedimiento como tal, como lo es, según el caso, el control de la detención, la formulación de imputación, la vinculación a proceso, la solicitud de medidas cautelares y la fijación del plazo para el cierre de investigación, en los que, por el momento, es innecesario ahondar dada la naturaleza del acto que nos ocupa. Ya vinculado a proceso la parte imputada, por los efectos y alcances de una determinación así, que no son otros que sujetar al imputado hasta la culminación del procedimiento penal respectivo, el imputado o sentenciado queda constreñido a comparecer a cualquier cita judicial relacionada con el procedimiento, lo que es lógico y jurídicamente razonable sobre todo si se toma en cuenta que, así, ya está colocado en una situación ineludible de obediencia ante todo mandato judicial, requiriéndose su presencia en el procedimiento, a final de cuentas porque su libertad personal está restringida y a disposición de la autoridad judicial, sin duda, para seguir y concluir con el procedimiento de que se trata. Luego, en el caso de que el imputado no comparezca a una citación judicial, sin duda, sin causa o motivo justificado al efecto, surge a la vida jurídico-penal la figura atinente a la sustracción de la justicia, cuya declaración corre a cargo de la autoridad judicial, previa pretensión externada al efecto por la autoridad ministerial relativa, con la calidad de parte que le asiste en el juicio penal respectivo, cuyos efectos no son otros que la suspensión del proceso, en términos del artículo 331, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Con este marco jurídico queda patente la naturaleza de una orden de aprehensión o recaptura en el procedimiento penal chihuahuense, que no es más que una figura prevista en la ley procesal penal estatal, que deriva, esencialmente de la sustracción de la acción de la justicia por parte del imputado en el procedimiento penal -aquí parte impetrante- y, contenido, efectos y alcance, constituye una medida cautelar o provisional pronunciada por la autoridad judicial con el propósito de privar de la libertad al imputado, como consecuencia de la actividad del Ministerio Público, para continuar y concluir con el procedimiento penal. A partir de este marco jurídico es fácil concluir que, en este caso, se colman los lineamientos jurídicos para el dictado de una orden de captura. De entrada, se tiene que al quejoso se le decretó auto de vinculación, por lo cual, así, su libertad personal quedó restringida y a disposición de la autoridad judicial, sin duda, para continuar con la culminación del proceso penal, pues debe concluir finalmente en sentencia, en el sentido que corresponda. La autoridad judicial del conocimiento citó al imputado a la audiencia de continuación inicial ya precitada, desde luego, de forma personal, de ahí que, en esas condiciones, la notificación surtió efectos en el momento en que se practicó, en términos del artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales, máxime que el defensor del imputado estuvo presente en la indicada audiencia en que se declaró al quejoso sustraído de la acción de la justicia. Importa destacar que en las constancias del juicio de origen no se advierte que tal notificación se haya declarado ilegal o nula, por lo cual resulta apta y suficiente para surtir los efectos legales condignos frente al proceso penal que nos ocupa, de ahí que, sin duda, el hoy parte impetrante tuvo conocimiento de la hora y fecha designadas para la audiencia ya citada. En tal contexto, por determinación de quince de octubre de dos mil veintiuno, la autoridad judicial nuevamente razonó que el imputado -aquí quejoso- no compareció a la audiencia de continuación inicial, a pesar de hallarse plena y legalmente notificado para tal fin y, desde luego, sin presentarse justificación alguna sobre el particular, por lo cual declaró la sustracción de la acción de la justicia, en términos de los artículos 141, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por último, ante la petición de la fiscalía, la autoridad judicial decretó orden de aprehensión en contra del imputado -hoy quejoso-, no sólo por la declaratoria de sustracción respectiva ante la incomparecencia injustificada a una citación en el juicio penal, sino también al encontrarse justificada la necesidad de la cautela respectiva, en términos de los artículos 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y 16 Constitucional. Con esto es por demás claro que la orden de que se trata, cumple con las directrices jurídicas exigidas para un acto de ese género, pues, aparte de que deriva, esencialmente, de la sustracción de la acción de la justicia del imputado -hoy quejoso-, debe tenerse presente que es una medida idónea para el fin pretendido con ella, que no es otro más que buscar la detención del sentenciado con el objeto de lograr su comparecencia ante la autoridad judicial, para la continuación y culminación del procedimiento penal respectivo, de ahí que carece de sustento jurídico lo que el quejoso alega sobre el particular. En las relatadas condiciones, al no haberse conculcado derechos fundamentales en perjuicio del imputado José Soto Lozoya, lo procedente es negar el amparo solicitado. Negativa del acto que se hace extensiva a los actos de ejecución al no reclamarse por vicios propios. Sobre ese particular, cabe citarse la tesis de jurisprudencia noventa y uno, sustentada por la Primera Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, visible en la página setenta y dos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, que dice así: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía." Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Soto Lozoya, en términos del considerando último de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido del licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario que autoriza las actuaciones y da fe. Doy Fe.

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