José Socorro Juárez Jiménez

Expediente 252/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
252/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
06/10/2022

Partes del expediente

  • José Socorro Juárez Jiménez

Actuaciones

  1. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, seis de octubre de dos mil veintidós. Del estado que guarda este expediente y la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído en el que se desechó la demanda de amparo promovida por José Socorro Juárez Jiménez, por derecho propio. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2° de la legislación citada, en relación con el diverso 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la normativa de la materia, se declara que el mencionado acuerdo ha causado estado. En virtud de lo anterior, archívese el expediente en el que se actúa como asunto totalmente concluido. En términos del artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) Este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que no es de relevancia documental. b) Lo cual podrá efectuarse una vez transcurridos más de los tres años a que alude el artículo 21 del citado acuerdo. c) Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y colóquese en la carátula una tarjeta informativa en la que se asiente la fecha de este proveído, así como la data en que se remita materialmente al archivo. Por otra parte, se requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, legalmente computado, comparezca ante este juzgado federal a recuperar el documento original que exhibió con su demanda, con el apercibimiento que de no hacerlo así, en su oportunidad será destruido. Notifíquese por lista electrónica y personalmente al quejoso. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Omar García Leyva, Secretario quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    Aviso. Con fundamento en los artículos 26, fracción III, 27, fracción I, inciso c), y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista a la parte quejosa el auto del seis de octubre de dos mil veintidós, que en lo conducente dice: "Iguala de la Independencia, Guerrero, seis de octubre de dos mil veintidós. Del estado que guarda este expediente y la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído en el que se desechó la demanda de amparo promovida por José Socorro Juárez Jiménez, por derecho propio. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2° de la legislación citada, en relación con el diverso 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la normativa de la materia, se declara que el mencionado acuerdo ha causado estado. En virtud de lo anterior, archívese el expediente en el que se actúa como asunto totalmente concluido. En términos del artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) Este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que no es de relevancia documental. b) Lo cual podrá efectuarse una vez transcurridos más de los tres años a que alude el artículo 21 del citado acuerdo. c) Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y colóquese en la carátula una tarjeta informativa en la que se asiente la fecha de este proveído, así como la data en que se remita materialmente al archivo. Por otra parte, se requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, legalmente computado, comparezca ante este juzgado federal a recuperar el documento original que exhibió con su demanda, con el apercibimiento que de no hacerlo así, en su oportunidad será destruido. Notifíquese por lista electrónica y personalmente al quejoso. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Omar García Leyva, Secretario quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe".

  3. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, trece de septiembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ******, por derecho propio, contra actos de la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, División Comercial Centro Sur, en esta ciudad; realícense las anotaciones respectivas bajo el número 252/2022-II. Ahora bien, de su contenido se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 1° y 5°, fracción II, interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. En tal contexto, debe señalarse que el primero de los numerales que dan sustento a la causal que aquí se actualiza establece el objeto del juicio de amparo, refiriendo que sólo procede contra actos de autoridad; el segundo precisa quiénes tienen ese carácter y finalmente, el último contempla la improcedencia que se actualiza en el asunto en el que se actúa. En ese tenor, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 71/98, el diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve, con relación al concepto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo consideró, en lo conducente, lo siguiente: Que una autoridad para efectos del amparo es la que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Luego, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que, por ende, constituye una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, abandonando el criterio tradicional de disponibilidad de la fuerza pública como distintivo del concepto que se analiza. Lo expuesto revela que debe atenderse a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación, cuando de autoridades formales se trate, en tanto formen parte de la estructura estadual. Las relaciones jurídicas de coordinación corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el Derecho Civil, Mercantil y Laboral. En ese contexto, autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, es la que con fundamento en una ley de orden público ejerce un poder jurídico que de manera unilateral, por sí y ante sí, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados. En el caso concreto se tiene que la parte quejosa reclama esencialmente de la Comisión Federal de ?????? Electricidad, la omisión de dar contestación a su escrito en el cual solicitó información respecto del servicio que presta la referida institución. Sin embargo, la multicitada comisión de conformidad con el artículo 1o. del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, es decir, constituye un ente del Estado que tiene como objeto fundamental y principal, conforme a los numerales 25, párrafo cuarto, 27, párrafo sexto y 28, párrafos cuarto y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la planeación del Sistema Eléctrico Nacional, así como la generación, conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica para la prestación del servicio público, lo que constituye un área estratégica que el Estado realiza en exclusiva. Asimismo, se sostiene que todos los actos efectuados por la Comisión Federal de Electricidad relacionados con su obligación constitucional de prestar el servicio público de energía eléctrica son de orden público y se entienden desplegados por el Estado, debido a que éste presta en exclusiva ese servicio, a través del indicado organismo descentralizado, y contra tales actos procede el recurso de revisión, o en su caso, el juicio de nulidad ante los órganos competentes, sin perjuicio de la procedencia del juicio de amparo cuando se reclamen normas generales. Esto es, conforme a dicho criterio vinculante el amparo contra actos como el que aquí se reclama, sólo procedería si en la demanda relativa se controvirtieran disposiciones de observancia general o normas generales. Luego, para determinar si en el presente caso, la actuación de la Comisión Federal de Electricidad se realiza en un plano de coordinación o de supra a subordinación respecto del aquí quejoso, a fin de establecer si se encuentra actuando como autoridad, es preciso acudir a las normas que precisan su existencia y naturaleza, sus atribuciones y alcances. En principio, se invoca lo dispuesto en los artículos 1o., 2o., 3o. y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que establecen las bases de organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal. De ello, se desprende que la Comisión Federal de Electricidad tiene el carácter de empresa productiva del Estado, pues así lo establece el numeral 2° de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, por lo que bajo esa óptica, la función esencial de dicha empresa es la de prestar el servicio de energía eléctrica, en términos del ordinal 5° de la citada normativa. Asimismo, de la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 198/2017 del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que esa sala determinó que los órganos jurisdiccionales deben tomar en cuenta que, en casos como el que nos ocupa, las empresas productivas del Estado operan bajo principios de derecho privado y no público. Lo anterior, no puede dilucidarse por esta vía (amparo) sino constituye cuestiones de carácter administrativa que son susceptibles de analizarse por diversa vía y no mediante el control de constitucionalidad que implica el juicio de amparo. ??? En ese contexto, está demostrado que el acto que aquí se reclama se atribuye a una empresa productiva del Estado, la cual, jurisprudencialmente, se ha establecido que no tiene carácter de autoridad cuando actúa en un plano de coordinación con el particular, como es en el caso que nos ocupa. Por tanto, es evidente que no se está en el supuesto que haga procedente el juicio para la protección de derechos fundamentales, en virtud de que, como se aprecia no se reclama una norma general, por lo que, al actualizarse la causa de improcedencia de mérito, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1º y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar la demanda de amparo, promovida por José Socorro Jaurez Jiménez, por derecho propio, contra actos de la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, División Comercial Centro Sur, en esta ciudad. Por otra parte, se tienen por autorizadas a las personas que menciona para los efectos que establece, en el entendido de que a las que designa en amplios términos deberán contar con el registro correspondiente de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Asimismo, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica por encontrarse dentro de la residencia de este órgano de control. De conformidad con lo establecido en la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de los medios electrónicos que indica, previa toma de razón de las constancias obtenidas con su utilización. De conformidad en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 y el diverso 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Wendali Montserrat Navarro Ramírez, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    Aviso. Con fundamento en los artículos 26, fracción III, 27, fracción I, inciso c), y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista a la parte quejosa el auto del trece de septiembre de dos mil veintidós, que en lo conducente dice: "Iguala de la Independencia, Guerrero, trece de septiembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ******, por derecho propio, contra actos de la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, División Comercial Centro Sur, en esta ciudad; realícense las anotaciones respectivas bajo el número 252/2022-II. Ahora bien, de su contenido se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 1° y 5°, fracción II, interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. En tal contexto, debe señalarse que el primero de los numerales que dan sustento a la causal que aquí se actualiza establece el objeto del juicio de amparo, refiriendo que sólo procede contra actos de autoridad; el segundo precisa quiénes tienen ese carácter y finalmente, el último contempla la improcedencia que se actualiza en el asunto en el que se actúa. En ese tenor, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 71/98, el diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve, con relación al concepto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo consideró, en lo conducente, lo siguiente: Que una autoridad para efectos del amparo es la que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Luego, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que, por ende, constituye una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, abandonando el criterio tradicional de disponibilidad de la fuerza pública como distintivo del concepto que se analiza. Lo expuesto revela que debe atenderse a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación, cuando de autoridades formales se trate, en tanto formen parte de la estructura estadual. Las relaciones jurídicas de coordinación corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el Derecho Civil, Mercantil y Laboral. En ese contexto, autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, es la que con fundamento en una ley de orden público ejerce un poder jurídico que de manera unilateral, por sí y ante sí, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados. En el caso concreto se tiene que la parte quejosa reclama esencialmente de la Comisión Federal de ?????? Electricidad, la omisión de dar contestación a su escrito en el cual solicitó información respecto del servicio que presta la referida institución. Sin embargo, la multicitada comisión de conformidad con el artículo 1o. del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, es decir, constituye un ente del Estado que tiene como objeto fundamental y principal, conforme a los numerales 25, párrafo cuarto, 27, párrafo sexto y 28, párrafos cuarto y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la planeación del Sistema Eléctrico Nacional, así como la generación, conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica para la prestación del servicio público, lo que constituye un área estratégica que el Estado realiza en exclusiva. Asimismo, se sostiene que todos los actos efectuados por la Comisión Federal de Electricidad relacionados con su obligación constitucional de prestar el servicio público de energía eléctrica son de orden público y se entienden desplegados por el Estado, debido a que éste presta en exclusiva ese servicio, a través del indicado organismo descentralizado, y contra tales actos procede el recurso de revisión, o en su caso, el juicio de nulidad ante los órganos competentes, sin perjuicio de la procedencia del juicio de amparo cuando se reclamen normas generales. Esto es, conforme a dicho criterio vinculante el amparo contra actos como el que aquí se reclama, sólo procedería si en la demanda relativa se controvirtieran disposiciones de observancia general o normas generales. Luego, para determinar si en el presente caso, la actuación de la Comisión Federal de Electricidad se realiza en un plano de coordinación o de supra a subordinación respecto del aquí quejoso, a fin de establecer si se encuentra actuando como autoridad, es preciso acudir a las normas que precisan su existencia y naturaleza, sus atribuciones y alcances. En principio, se invoca lo dispuesto en los artículos 1o., 2o., 3o. y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que establecen las bases de organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal. De ello, se desprende que la Comisión Federal de Electricidad tiene el carácter de empresa productiva del Estado, pues así lo establece el numeral 2° de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, por lo que bajo esa óptica, la función esencial de dicha empresa es la de prestar el servicio de energía eléctrica, en términos del ordinal 5° de la citada normativa. Asimismo, de la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 198/2017 del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que esa sala determinó que los órganos jurisdiccionales deben tomar en cuenta que, en casos como el que nos ocupa, las empresas productivas del Estado operan bajo principios de derecho privado y no público. Lo anterior, no puede dilucidarse por esta vía (amparo) sino constituye cuestiones de carácter administrativa que son susceptibles de analizarse por diversa vía y no mediante el control de constitucionalidad que implica el juicio de amparo. ??? En ese contexto, está demostrado que el acto que aquí se reclama se atribuye a una empresa productiva del Estado, la cual, jurisprudencialmente, se ha establecido que no tiene carácter de autoridad cuando actúa en un plano de coordinación con el particular, como es en el caso que nos ocupa. Por tanto, es evidente que no se está en el supuesto que haga procedente el juicio para la protección de derechos fundamentales, en virtud de que, como se aprecia no se reclama una norma general, por lo que, al actualizarse la causa de improcedencia de mérito, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1º y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar la demanda de amparo, promovida por José Socorro Jaurez Jiménez, por derecho propio, contra actos de la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, División Comercial Centro Sur, en esta ciudad. Por otra parte, se tienen por autorizadas a las personas que menciona para los efectos que establece, en el entendido de que a las que designa en amplios términos deberán contar con el registro correspondiente de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Asimismo, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica por encontrarse dentro de la residencia de este órgano de control. De conformidad con lo establecido en la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de los medios electrónicos que indica, previa toma de razón de las constancias obtenidas con su utilización. De conformidad en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 y el diverso 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Wendali Montserrat Navarro Ramírez, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe."

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