Jose Simon Torres Rodriguez
Expediente 1651/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 19 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1651/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 13/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- JOSE SIMON TORRES RODRIGUEZ y Otros.
- Jose Simon Torres Rodriguez
- Armando Ramirez Guzman
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO REALIZADO EN DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN, POR LO QUE SE PROCEDE A REALIZAR LA NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE LISTA, EN LOS TERMINOS SIGUIENTES: Visto el estado que guardan los autos se advierte que a esta fecha ha trascurrido el plazo otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho importara en relación con las actuaciones realizadas por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio, sin que hubieran efectuado manifestación alguna; empero, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, corresponde a este juzgado federal pronunciarse al respecto. De la parte considerativa que interesa de la sentencia dictada en este juicio se advierte que los integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito, concedieron el amparo dentro del recurso de revisión 172/2017 interpuesto por el quejoso en contra de la sentencia dictada por este órgano en el juicio de amparo en que se actúa, para el efecto de que los integrantes de la , realizaran lo siguiente: "Deje insubsistente la resolución reclamada y en su lugar dicte una nueva en la que atendiendo a los agravios que le fueron plateados, fundada y motivadamente acorde a la naturaleza de dichos ilícitos y las constancias integrantes de la indagatoria, resuelva con plenitud de jurisdicción lo relativo a la acreditación de los delitos de responsabilidad médica y homicidio, por los que se ejercitó la acción penal y sobre la probable responsabilidad penal del quejoso en su comisión, pero prescindiendo de las consideraciones que acorde a lo resuelto en esta ejecutoria resultaron inconstitucionales, debiendo en consecuencia de ello, como se dijo, apegarse estrictamente a las pruebas recabadas". Ahora bien, de las constancias que envió la , y en cumplimiento al requerimiento de catorce de noviembre del año en curso, se advierte que mediante resolución de veintiuno de noviembre de este año dictada dentro del toca de apelación 179/2016 de su índice, realizó lo siguiente: Revocó el auto de término constitucional de diecinueve de noviembre de dos mil quince, dejó insubsistentes las determinaciones de diecisiete de agosto de dos mil dieciséis y quince de septiembre del año en curso. Decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar en favor de José Simón Torres Rodríguez, al considerar que en autos no se encuentran acreditados los elementos del cuerpo de los ilícitos de responsabilidad médica y homicidio culposo; en consecuencia, tampoco su probable responsabilidad en su comisión. Determinación que notificó el veintitrés de noviembre del año en curso, según constancia que remitió. En ese sentido, se estima que la sentencia dictada en el presente juicio de amparo se encuentra cumplida, en atención a que los efectos para los cuales se concedió el amparo han sido satisfechos por la autoridad responsable; sin que en el caso se advierta exceso o defecto en su cumplimiento, pues no hizo más ni menos de lo que le correspondía hacer en cumplimiento al fallo. En consecuencia, se declara cumplida la ejecutoria de mérito y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente y definitivamente concluido; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Toda vez que no se aperturaron cuadernos incidentales por no haberlo solicitado la parte quejosa no se hace pronunciamiento alguno del destino de éstos. Por otra parte, en virtud de que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y las constancias que obran en el mismo carecen de relevancia documental, sin que se advierta documento alguno en original exhibido por la parte quejosa, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General. Se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. Finalmente, devuélvase a la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado las copias certificadas que remitió en trece de noviembre del año que se cursa, solicitándole el acuse de recibo respectivo.
- Principal
Puebla, Puebla, veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio y anexo de la Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, visto su contenido, téngasele informando sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con su contenido, así como con el diverso con registro 28473, para que en el plazo de tres días, siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifiesten lo que a su interés convenga; lo anterior, en el entendido que transcurrido ese tiempo, con manifestación o sin ella, se resolverá lo que proceda en derecho. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma CUAUHTÉMOC ESCOBAR GONZÁLEZ, Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Patricia Asucena Juárez Díaz, Secretaria que autoriza y da fe. DOY FE.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos se advierte que a esta fecha ha trascurrido el plazo otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho importara en relación con las actuaciones realizadas por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio; por ende, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, corresponde a este juzgado federal pronunciarse al respecto. De la ejecutoria pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en el juicio de amparo en revisión R-172/2017, consta que el diecisiete de agosto del año en curso determinó revocar la sentencia sujeta a revisión y conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso, a efecto de que la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, realizara lo siguiente: ... Ahora bien, de las constancias que enviaron los integrantes de la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla se advierte que mediante resolución de quince de septiembre de este año dictada en el toca de apelación 179/2016 de su índice, en cumplimiento a la ejecutoria: ... De lo expuesto, se advierte la referida autoridad responsable incumple con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. En el caso, cabe destacar que a la Sala responsable se concedió libertad de jurisdicción para emitir la nueva resolución, siempre y cuando se ajustara a los lineamientos establecidos en la ejecutoria; por tanto si después de ejercer dicha faculta consideró que los datos de prueba son insuficientes para acreditar el cuerpo del delito de responsabilidad médica, se encuentra dentro de los parámetros por los cuales se concedió la protección constitucional. Sin embargo, al valorar las pruebas que tomó en consideración para establecer que son suficientes para acreditar el cuerpo del delito de homicidio culposo, no se ajustó a los lineamientos de la ejecutoria de amparo. Lo anterior, porque en la ejecutoria se indicó que al abordar lo relativo al delito de homicidio avaló el criterio adoptado por el Juez de la causa, e incluso se remitió a sus fundamentos y consideraciones, lo que era incorrecto, pues se afirmó que el impetrante soslayó canalizar a la paciente a un hospital de tercer nivel desde el doce de enero de dos mil trece, ya que tal aspecto no se desprende de dato de prueba alguno. En tal sentido, se precisó que del dictamen médico no se desprende la conclusión de que ante el diagnóstico de preclamsia leve tuviera que canalizarla a un hospital de tercer nivel. De igual forma, se indicó que del dictamen médico no se desprendía la causa determinante de la muerte, porque en el mismo se aludían a dos situaciones: Omisión de pedir ambulancia para el traslado de la paciente, ya en condiciones graves, el veinticinco de enero de dos mil trece. Falta de diagnóstico oportuno, en su caso exigible a partir de anteriores datos. Empero, del mismo no se desprendía cuál de las dos conductas fue la que provocó el resultado lesivo, sin que en la resolución recurrida se ocupara de ello. Esto es, con tales consideraciones se estableció que el contenido del dictamen pericial era insuficiente para: Determinar la causa de la muerte. Concluir que ante el diagnóstico de preclamsia leve tuviera que canalizarla a un hospital de tercer nivel. No obstante ello, al analizar el dictamen médico refiere que el mismo resulta idóneo para acreditar que la conducta del activo agravó el estado de salud de la pasivo, lo que ocasionó que perdiera la vida y del producto gestante, como consecuencia de su negligencia al no establecer un diagnóstico temprano y omitir aplicar los procedimientos terapéuticos que indican los protocolos, lo que ocasionó que perdieran sus respectivas vidas. Sin embargo, con tales consideraciones no se encuentra acatado el fallo protector, pues como se precisó, del dictamen aludido no puede derivar la causa determinante de la muerte, ni que ante el diagnóstico de preclamsia leve debía canalizarla a un hospital de tercer nivel. Lo anterior, porque pese a justificar las conclusiones del dictamen con la Norma Oficial Mexicana, Guías y Protocolos Médicos, no expone de manera fundada y motivada las razones por las cuales resultan aplicables al caso, partiendo de que del dictamen médico, no se puede derivar la causa de la muerte, ni la obligación de remitir a la víctima a un hospital de tercer nivel ante el diagnóstico de preclamsia leve. Bajo esa tesitura, atendiendo al criterio establecido para el procedimiento de ejecución de sentencias relativo a que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional, pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia, se deberá requerir de nueva cuenta especificando qué deberá realizar la autoridad responsable y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, ... Por tanto se requiere a los integrantes de la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, para que dé cumplimiento a la sentencia dictada en este asunto en los términos siguientes: Emita una nueva resolución en la que deje insubsistente las resoluciones de diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, así como la de quince de septiembre de dos mil diecisiete, con la que pretendió dar cumplimiento. En su lugar dicte una nueva en la que atendiendo a los agravios que le fueron plateados, fundada y motivadamente acorde a la naturaleza de dichos ilícitos y las constancias integrantes de la indagatoria, resuelva con plenitud de jurisdicción lo relativo a la acreditación de los delitos de responsabilidad médica y homicidio, por los que se ejerció la acción penal y sobre la probable responsabilidad penal del quejoso en su comisión, pero prescindiendo de las consideraciones que acorde a lo resuelto en la ejecutoria dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en el amparo en revisión 172/2017 resultaron inconstitucionales, debiendo en consecuencia de ello, como se dijo, apegarse estrictamente a las pruebas recabadas. Lo anterior, deberá realizarlo dentro del término de tres días contados a partir de que quede notificado del presente proveído, apercibida la autoridad responsable, que en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado en los términos establecidos, sin causa justificada, se le impondrá una multa por la cantidad de CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, conforme al artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Y en caso de que este juzgado determine que no se encuentra cumplida total o correctamente la misma, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que corresponda como establece el diverso 193 de la ley de la materia, así como con el punto segundo del Acuerdo General Numero 12/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativo a las atribuciones de los Tribunales Colegiados de Circuito al ejercer la competencia delegada para conocer de los incidentes de inejecución de sentencia; puesto que al no dar cumplimiento al fallo protector en el plazo razonable estipulado, procede remitir el expediente al dicho órgano colegiado, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional. Previniendo a dicha autoridad responsable que la desobediencia a este mandato entraña la comisión de un delito, por lo que de consumarse el mismo de inmediato se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación para los efectos a que haya lugar. Finalmente, vistas las manifestaciones del quejoso de diez de octubre pasado, respecto del cumplimiento dado por las autoridad responsable dígasele que se esté a lo acordado en párrafos que anteceden.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio de cuenta de la Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, esto es remite las constancias que ahí le fueron requeridas. Con las constancias de mérito, fórmese por separado el anexo I derivado de este expediente, respetando folio, sello y rúbrica de la autoridad oficiante, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.
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