José Simbad López Moguel y Otros.
Expediente 297/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 10 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 297/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 18/12/2020
Partes del expediente
- José Simbad López Moguel y Otros.
- José Simbad López Moguel
- Edelmy Pérez Damián y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días que prevé el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa manifestara su inconformidad contra la determinación de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que no se inconformó. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio que concedió el amparo; hecho, que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de este fecha, siguiendo los lineamientos contenidos en el referido artículo. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15 del acuerdo citado en líneas que anteceden. Una vez cumplido el término de tres años a partir de esta fecha, como dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 18, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, deberá depurar el presente expediente, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente depurado. 2. Transferir el expediente principal, una vez terminado el proceso de depuración, al Centro Archivístico Judicial, tal como lo dispone el último párrafo del artículo 18, del acuerdo en comento. 3. Documentos agregados en autos. Toda vez que en autos constan documentos exhibidos por la parte quejosa como anexo a su escrito inicial de demanda; devuélvanse a la citada parte las documentales de referencia, concediéndole para tal efecto un plazo de noventa días hábiles, apercibido que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. En ese sentido, se hace de su conocimiento que para tal efecto y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, podrá ingresar al micrositio "Servicios jurisdiccionales" que está disponible en el Portal de Servicios en Línea, a fin de agendar una cita y generar un Código QR con el que podrá ingresar a este órgano jurisdiccional en el día y hora que la "Agenda OJ" le genere; en el entendido que para tal efecto, deberá cumplir los lineamientos establecidos en el artículo 7 del citado Acuerdo General. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
CON APOYO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE DIECIOCHO DE DICIEMBNRE DE DOS MIL VEINTE, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días que prevé el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa manifestara su inconformidad contra la determinación de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que no se inconformó. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio que concedió el amparo; hecho, que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de este fecha, siguiendo los lineamientos contenidos en el referido artículo. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15 del acuerdo citado en líneas que anteceden. Una vez cumplido el término de tres años a partir de esta fecha, como dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 18, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, deberá depurar el presente expediente, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente depurado. 2. Transferir el expediente principal, una vez terminado el proceso de depuración, al Centro Archivístico Judicial, tal como lo dispone el último párrafo del artículo 18, del acuerdo en comento. 3. Documentos agregados en autos. Toda vez que en autos constan documentos exhibidos por la parte quejosa como anexo a su escrito inicial de demanda; devuélvanse a la citada parte las documentales de referencia, concediéndole para tal efecto un plazo de noventa días hábiles, apercibido que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. En ese sentido, se hace de su conocimiento que para tal efecto y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, podrá ingresar al micrositio "Servicios jurisdiccionales" que está disponible en el Portal de Servicios en Línea, a fin de agendar una cita y generar un Código QR con el que podrá ingresar a este órgano jurisdiccional en el día y hora que la "Agenda OJ" le genere; en el entendido que para tal efecto, deberá cumplir los lineamientos establecidos en el artículo 7 del citado Acuerdo General. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa en proveído de cuatro de noviembre de dos mil veinte, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento que las autoridades responsables adujeron haber dado al fallo constitucional pronunciado en el presente juicio; por lo que es procedente dictar la resolución a que refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Antecedentes. Previo al análisis de las constancias que obran en autos relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, resulta necesario destacar los acontecimientos que se enlistan a continuación: El veintiocho de agosto de dos mil veinte, se dictó resolución definitiva en la que se determinó conceder la medida protectora solicitada por la parte quejosa. Toda vez que la sentencia no fue recurrida, por auto de veintiuno de septiembre siguiente, causó ejecutoria, y se requirió a las autoridades obligadas que dieran cumplimiento al fallo constitucional. Las responsables, por conducto del Apoderado Legal y Encargado de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado en Chiapas, con sede en esta ciudad, a través del oficio ***, de treinta de octubre de dos mil veinte, registrado con folio 9914, remitieron las constancias con las que adujeron acatar la ejecutoria de amparo. Luego, el cuatro de noviembre de dos mil veinte, se ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias antes referidas, para que dentro del término de tres días expresara lo que a su derecho conviniera, misma que no fue desahogada, tal como se advierte de la certificación de cuenta. SEGUNDO. Efectos de la ejecutoria de amparo. En sentencia constitucional de veintiocho de agosto de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que las autoridades responsables 1. Delegado Estatal y 2. Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, ambas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, realizaran lo siguiente: "a) Den contestación congruente y por escrito, a las solicitudes formuladas por los quejosos en los ocursos presentados el seis de noviembre de dos mil diecinueve; y, b) Hagan de su conocimiento el acuerdo que contenga la contestación relativa a dichos escritos, en el domicilio que hayan señalado para tal efecto. Sin que la concesión del amparo implique que la responsable deba acceder a la petición de la parte quejosa, pues el derecho de petición no tiene el alcance de obligar a la autoridad a obrar en el sentido requerido por el gobernado, sino únicamente dar respuesta a la solicitud." TERCERO. Análisis de cumplimiento. Una vez precisado lo anterior, se procede al examen de las constancias que en copias certificadas remitió el Apoderado Legal y Encargado de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado en Chiapas, en esta ciudad, las cuales adquieren valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con su artículo 2º. Así, a efecto de verificar si las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se estima oportuno traer a colación que, en los escritos presentados ante su potestad el seis de noviembre de dos mil diecinueve, los quejosos solicitaron lo siguiente: Escrito de ***: "[.] Solicito a usted que a la brevedad posible sea retabulada mi pensión al monto que por derecho me corresponde, es decir, en los salarios mínimos diarios, así como me sea devuelto las cantidades retroactivas que se me adeuda desde el mes de enero de 2017 a la fecha. [.]" Escrito de ***: "[.] Solicito a usted, que a la brevedad posible sea retabulada mi pensión al monto que por derecho me corresponde, es decir, en los salarios mínimos diarios, así como me sea devuelto las cantidades retroactivas que se me adeuda desde enero de 2018 a la fecha. [.]" En atención a ello, la responsable marcada con el número 2, dio contestación a dichos ocursos de manera coincidente a ambos quejosos, a través de los oficios *** y ***, respectivamente, en los siguientes términos. De conformidad con la Ley del Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente a partir del uno de enero de dos mil ocho y al Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Articulo Decimo Transitorio del Decreto por el que se expide la mencionada ley y el Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda del ISSSTE, hizo de su conocimiento que su solicitud no podía ser atendida de manera favorable, procediendo a informarles la manera en la que se ha realizado anualmente el incremento a su pensión jubilatoria. En ese sentido, expuso que para ello, tomó en consideración todas las cantidades y conceptos que cotizaron en su último año de servicio, acorde a su hoja única de servicios, concluyendo que el cálculo de su pensión era correcto; asimismo, precisó que para el nuevo cómputo del incremento de su pensión se sujetó a lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estableció, en esencia que el salario mínimo ya no podía ser considerado como índice, base o referencia para fines ajenos a su naturaleza, y en su lugar debía tomarse como factor de cálculo la unidad de medida y actualización. Además, señaló que resultaba improcedente dejar de calcular sus pensiones con las unidades de medida y actualización y pagarlas tomando como referencia el salario mínimo, en razón que el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto en materia de desindexación del salario mínimo. Finalmente, afirmó que en atención a lo expuesto con anterioridad no existía adeudo alguno a su favor. Por su parte, en atención al inciso b) de los efectos de la ejecutoria de amparo, las aludidas determinaciones se hicieron del conocimiento de los solicitantes, por conducto del Notificador del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el veintinueve de octubre del presente año, en el domicilio que los quejosos señalaron para tal efecto en su respectivos escritos de petición, mismo que se encuentra ubicado en ***. Lo antes reseñado, pone de manifiesto que el actuar de las responsables sí se ajustó a lo ordenado en la sentencia concesoria de amparo, pues como se indicó con anterioridad, los efectos de ésta se hicieron consistir en dar contestación congruente y por escrito, a las solicitudes formuladas por la parte quejosa en los ocursos de seis de noviembre de dos mil diecinueve, y hacer de su conocimiento dicha contestación, lo que en el caso aconteció. Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional determina: Único: Las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo de veintiocho de agosto de dos mil veinte, en forma total, sin excesos ni defectos, al considerar que acataron el núcleo esencial de la misma. Para los efectos del precepto 202 de la ley de la materia, dese vista a las partes. Notifíquese.
- Principal
CON APOYO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa en proveído de cuatro de noviembre de dos mil veinte, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento que las autoridades responsables adujeron haber dado al fallo constitucional pronunciado en el presente juicio; por lo que es procedente dictar la resolución a que refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Antecedentes. Previo al análisis de las constancias que obran en autos relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, resulta necesario destacar los acontecimientos que se enlistan a continuación: El veintiocho de agosto de dos mil veinte, se dictó resolución definitiva en la que se determinó conceder la medida protectora solicitada por la parte quejosa. Toda vez que la sentencia no fue recurrida, por auto de veintiuno de septiembre siguiente, causó ejecutoria, y se requirió a las autoridades obligadas que dieran cumplimiento al fallo constitucional. Las responsables, por conducto del Apoderado Legal y Encargado de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado en Chiapas, con sede en esta ciudad, a través del oficio ***, de treinta de octubre de dos mil veinte, registrado con folio 9914, remitieron las constancias con las que adujeron acatar la ejecutoria de amparo. Luego, el cuatro de noviembre de dos mil veinte, se ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias antes referidas, para que dentro del término de tres días expresara lo que a su derecho conviniera, misma que no fue desahogada, tal como se advierte de la certificación de cuenta. SEGUNDO. Efectos de la ejecutoria de amparo. En sentencia constitucional de veintiocho de agosto de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que las autoridades responsables 1. Delegado Estatal y 2. Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, ambas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, realizaran lo siguiente: "a) Den contestación congruente y por escrito, a las solicitudes formuladas por los quejosos en los ocursos presentados el seis de noviembre de dos mil diecinueve; y, b) Hagan de su conocimiento el acuerdo que contenga la contestación relativa a dichos escritos, en el domicilio que hayan señalado para tal efecto. Sin que la concesión del amparo implique que la responsable deba acceder a la petición de la parte quejosa, pues el derecho de petición no tiene el alcance de obligar a la autoridad a obrar en el sentido requerido por el gobernado, sino únicamente dar respuesta a la solicitud." TERCERO. Análisis de cumplimiento. Una vez precisado lo anterior, se procede al examen de las constancias que en copias certificadas remitió el Apoderado Legal y Encargado de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado en Chiapas, en esta ciudad, las cuales adquieren valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con su artículo 2º. Así, a efecto de verificar si las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se estima oportuno traer a colación que, en los escritos presentados ante su potestad el seis de noviembre de dos mil diecinueve, los quejosos solicitaron lo siguiente: Escrito de ***: "[.] Solicito a usted que a la brevedad posible sea retabulada mi pensión al monto que por derecho me corresponde, es decir, en los salarios mínimos diarios, así como me sea devuelto las cantidades retroactivas que se me adeuda desde el mes de enero de 2017 a la fecha. [.]" Escrito de ***: "[.] Solicito a usted, que a la brevedad posible sea retabulada mi pensión al monto que por derecho me corresponde, es decir, en los salarios mínimos diarios, así como me sea devuelto las cantidades retroactivas que se me adeuda desde enero de 2018 a la fecha. [.]" En atención a ello, la responsable marcada con el número 2, dio contestación a dichos ocursos de manera coincidente a ambos quejosos, a través de los oficios *** y ***, respectivamente, en los siguientes términos. De conformidad con la Ley del Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente a partir del uno de enero de dos mil ocho y al Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Articulo Decimo Transitorio del Decreto por el que se expide la mencionada ley y el Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda del ISSSTE, hizo de su conocimiento que su solicitud no podía ser atendida de manera favorable, procediendo a informarles la manera en la que se ha realizado anualmente el incremento a su pensión jubilatoria. En ese sentido, expuso que para ello, tomó en consideración todas las cantidades y conceptos que cotizaron en su último año de servicio, acorde a su hoja única de servicios, concluyendo que el cálculo de su pensión era correcto; asimismo, precisó que para el nuevo cómputo del incremento de su pensión se sujetó a lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estableció, en esencia que el salario mínimo ya no podía ser considerado como índice, base o referencia para fines ajenos a su naturaleza, y en su lugar debía tomarse como factor de cálculo la unidad de medida y actualización. Además, señaló que resultaba improcedente dejar de calcular sus pensiones con las unidades de medida y actualización y pagarlas tomando como referencia el salario mínimo, en razón que el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto en materia de desindexación del salario mínimo. Finalmente, afirmó que en atención a lo expuesto con anterioridad no existía adeudo alguno a su favor. Por su parte, en atención al inciso b) de los efectos de la ejecutoria de amparo, las aludidas determinaciones se hicieron del conocimiento de los solicitantes, por conducto del Notificador del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el veintinueve de octubre del presente año, en el domicilio que los quejosos señalaron para tal efecto en su respectivos escritos de petición, mismo que se encuentra ubicado en ***. Lo antes reseñado, pone de manifiesto que el actuar de las responsables sí se ajustó a lo ordenado en la sentencia concesoria de amparo, pues como se indicó con anterioridad, los efectos de ésta se hicieron consistir en dar contestación congruente y por escrito, a las solicitudes formuladas por la parte quejosa en los ocursos de seis de noviembre de dos mil diecinueve, y hacer de su conocimiento dicha contestación, lo que en el caso aconteció. Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional determina: Único: Las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo de veintiocho de agosto de dos mil veinte, en forma total, sin excesos ni defectos, al considerar que acataron el núcleo esencial de la misma. Para los efectos del precepto 202 de la ley de la materia, dese vista a las partes. Notifíquese.
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