José Silvino Arce Reyes
Expediente 396/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 396/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/04/2019
Partes del expediente
- José Silvino Arce Reyes
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, veinticinco de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy, no se interpuso recurso de revisión dentro del término legal, contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 357 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción ya que se sobreseyó el juicio, y carece de relevancia documental.
- Principal
Toluca, Estado de México, tres de abril de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio signado por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, por medio del cual rinde su informe justificado y remite constancias. Ahora bien, de la documental que remite se advierte que dentro del expediente 959/2011, el trece de marzo del año en curso, la responsable dictó un acuerdo por el cual entre otras cosas proveyó respecto del escrito presentado por el quejoso el veinticuatro de enero del año en curso, asimismo señaló día y hora a fin de llevarse a cabo el requerimiento de pago y embargo en cumplimiento al laudo; requirió y conminó a la responsable para que acatara lo ordenado en el expediente ordenándose para tal efecto las notificaciones respectivas; documental a la que se le otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En consecuencia se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, aplicable al caso, que textualmente señala: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional..." Ello, con apego a la jurisprudencia número 10, del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, publicada en la página 68, del Tomo 76, abril de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Lo anterior es así, porque de la demanda de amparo se advierte que el quejoso José Silvano Arce Reyes, reclama la negativa de ordenar la ejecución del laudo así como de determinar ordenes de mandato y designar a un actuario en el expediente para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y/o embargo. Empero, el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Toluca, remitió copia certificada de las que se observa que el trece de marzo del año en curso, la responsable dictó un acuerdo por el cual entre otras cosas proveyó respecto del escrito presentado por el quejoso de veinticuatro de enero del año en curso, asimismo señaló día y hora a fin de llevarse a cabo el requerimiento de pago y embargo en cumplimiento al laudo; requirió y conminó a la responsable para que acatara lo ordenado en el expediente, notificando a las partes por medio de boletín judicial el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve. En ese tenor, se advierte que el acuerdo por el cual fue contestada su petición fue dictado el de trece de marzo de dos mil diecinueve en el juicio laboral 959/2011; por tanto, se considera que a la fecha de presentación de la demanda, el veintisiete de marzo de ese mismo año, según se advierte del sello fechador estampado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, el escrito de veinticuatro de enero del año en curso (acto reclamado) ya había sido contestado mediante acuerdo de trece de marzo del año que transcurre mismo que fue notificada por boletín judicial el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve; por ende, es inexistente el acto reclamado. Es aplicable a lo anterior, la tesis IV.3o.72 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, enero mil novecientos noventa y cuatro, página doscientos cincuenta y cuatro, del texto: JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías. En ese sentido, toda vez que la responsable acreditó la inexistencia de los actos omisivos reclamados por el impetrante de garantías, pues dictó el acuerdo de contestación al escrito de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve desde el trece de marzo de ese mismo año. Consecuentemente, se deja sin efectos la audiencia constitucional fijada para las once horas con diez minutos del veintinueve de abril de dos mil diecinueve y háganse las anotaciones respectivas.
- Principal
Vista la demanda con la que se da cuenta, promovida por José Silvino Arce Reyes, regístrese bajo el número de amparo indirecto 396/2019-II-D. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA POR CUANTO HACE AL SECRETARIO DE ACUERDOS. Sin que en el caso haya lugar a tener como autoridad responsable al Secretario de Acuerdos del Tribunal Estatal de conciliación y Arbitraje con sede en Toluca, toda vez que no reúnen los requisitos que establece el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, para ser considerados como autoridades responsables, ya que su intervención se constriñe únicamente a validar la actuación del titular de la función jurisdiccional del lugar de su adscripción y dar fe de lo por él resuelto; por tal motivo, no se tiene como autoridad responsable en el presente asunto por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el artículo 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. Para los efectos del juicio de amparo, debe entenderse como responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligaciones, sin embargo, en el caso dicha autoridad, únicamente es responsable de dar fe de los actos que dicta la Junta responsable, así como de custodiar, sellar, foliar y rubricar los expedientes. Es aplicable la tesis I.2o.P.J/20, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 87, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación, de enero de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, con número de registro 223613, que establece: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Si bien es cierto que de acuerdo a los artículos 64, fracción III, 79 y 80 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, entre las facultades del secretario de acuerdos se encuentra la de autorizar toda clase de resoluciones dictadas por el juez; empero, dicha función asignada no implica que resuelva conjuntamente con el juzgador, quien es el único responsable de su fallo, y solamente, el referido secretario autoriza, en función de fedatario, sin imperio ni facultad decisoria; consecuentemente, esa autoridad, en forma autónoma, no puede adquirir la jerarquía de responsable para los efectos del juicio de garantías, por lo que es improcedente dicho juicio por el acto que se le reclama". Máxime que, el acto que por esta vía se impugna no es de aquéllos en los que se cuestiona la legalidad de una omisión que se atribuye como acto reclamado al secretario de acuerdos, por incumplimiento de obligaciones legales a su cargo, tales como dar cuenta con los escritos o promociones que se le presenten dentro del término previsto para ello, o bien, asentar en autos las certificaciones que deba realizar, por tanto, es inconcuso que se le reconozca dicho carácter como autoridad responsable en el asunto que nos ocupa, por lo que debe desecharse la demanda por cuanto hace a dicho funcionario. Es aplicable la tesis VI.2o.C.303 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la página 3065, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, Novena Época, con número de registro 164905, que establece: "SECRETARIO DE ACUERDOS. CASO EN EL QUE TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE. Cuando en el juicio de garantías se cuestiona la legalidad de una omisión que se atribuye como acto reclamado al secretario de acuerdos de un órgano jurisdiccional, por incumplimiento de las obligaciones legales a su cargo, tales como dar cuenta con los escritos o promociones que se le presentan dentro del término previsto para ello, o bien, asentar en autos las certificaciones que deba realizar, es inconcuso que sí le reviste el carácter de autoridad responsable, por ser un funcionario público encargado de llevar a cabo y cumplir lo ordenado por la ley, actualizándose en este supuesto un caso de excepción al criterio firme establecido en el sentido de que carece de tal carácter en aquellos casos en que únicamente interviene validando la actuación del titular de la función jurisdiccional al que se encuentra adscrito, dando fe de lo por él resuelto". ADMISIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo por lo que hace a la responsable Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México con sede en Toluca. INCIDENTE No se tramita el incidente de suspensión, por no haber sido solicitado. MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL Dese intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para lo cual en la actuaría se deja copia de la demanda. AUDIENCIA Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. REQUERIMIENTO DE AUTORIDAD. Con fundamento en el artículo 117, párrafo primero de la Ley de Amparo, requiérase a las responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del plazo de quince días contados a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copia certificada legible, completa y ordenada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. En el entendido de que podrán rendir el citado informe y anexos en un plazo menor al señalado, lo cual contribuirá en una pronta impartición de justicia en favor de la justiciable, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 constitucional. Bajo apercibimiento que de ser omisas en rendir el informe conforme a los lineamientos antes detallados, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización. Por otra parte, de actualizarse alguna causa de sobreseimiento, deberán informarlo de inmediato; en caso de no hacerlo se harán acreedoras a una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización, de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 251, del ordenamiento invocado. La información puede ser enviada al fax (01.722) 2.36.05.00, extensión 3257 o VÍA INTERNET, al correo electrónico oficial tramite2@correo.cjf.gob.mx; confirmando a la extensión 3255. NOTIFICACIÓN AUTORIDADES Por otro lado, se hace del conocimiento a las autoridades responsables, que en términos del artículo 28, fracción I, 29, 30 y 31 de la Ley de Amparo, los acuerdos de trámite de menor trascendencia se les notificara por lista, y los restantes por oficio. En apoyo se invoca la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, visible en la página 1253, de enero de dos mil trece, tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial y su Gaceta, cuyo rubro es: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. " TERCERO INTERESADO. No ha lugar a tener como tercero interesado al que menciona en la demanda, pues de acuerdo al acto reclamado (dilación procesal), éste carece de un interés contrario a la parte quejosa, ya que incluso tal dilación los afecta por igual. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y admitidas las pruebas que la parte quejosa describió en el ocurso de demanda. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda; a saber, las listas que se publican en los estrados de este juzgado de Distrito. AUTORIZADOS. En relación al autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que este se avala en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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