José Silvestre Madrid Rodríguez
Expediente 671/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero. 14 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 671/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 17/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- José Silvestre Madrid Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación supraindicada que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión dentro del término legal, en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo; con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria, dese aviso a las autoridades responsables y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 214, interpretado a contrario sentido, en su oportunidad, envíese al archivo.
- Principal
VISTOS; para resolver los autos del juicio de amparo número 671/2020-I, promovido por José Silvestre Madrid Rodríguez, por su propio derecho y en representación legal de Luis Roberto Cruz Pacheco, ..... contra actos del Presidente Municipal de Petatlán, Guerrero y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO.- Por escrito recibido en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, el veintisiete de noviembre de dos mil veinte y remitido el treinta siguiente, por razón de turno, a la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal, José Silvestre Madrid Rodríguez, por su propio derecho y en representación legal de Luis Roberto Cruz Pacheco, Lucina García Gutiérrez, Angelina Armenta Cadena, Emeterio Trujillo Bermejo, Clara Peñaloza León, Alondra Soberanis Ruiz, Miriam Elizabeth Osegueda de la Torre, Laura de la Fuente Navarrete, Jaime Chávez López, Javier Madrid Rodríguez, Ramón Madrid Rodríguez, Daniel Madrid Rodríguez, María Odilón Colchado Rodríguez, Alfredo García Gutiérrez, Xóchitl Martínez Espino, Rosangela Beltrán Ramírez, Elisea de la Cruz Cisneros, Francisco Cadena Hernández, Lizzi Olea Rosas, Benjamín Maciel Corona, Héctor Valle Márquez, Manuel Rebolledo Gallegos, Miriam Oliveros Solorio, Rosa María de la Fuente Navarrete, Mercado Enriquez Nicolás, Barreto Martínez Elvira, Sofía Basurto Rocha, Rodolfo Ruiz Vargas, Margarita Contreras Coria, Vargas Martínez Mireya y Ricardo Cadena Cortés, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra las siguientes autoridades y actos reclamados: " ... La quejosa narró los antecedentes del caso, y señaló como derechos fundamentales violados los reconocidos en los artículos 1, 5, 14 y 16 de la Constitución General de la República. SEGUNDO.- Previa prevención de uno de diciembre de dos mil veinte, el siete siguiente, se admitió la demanda; se ordenó solicitar informes justificados a las autoridades responsables; dar intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, se señaló hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que previos diferimientos se desarrolló en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO.- Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Acapulco, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de garantías, con fundamento en los artículos 94, 103, fracción I, constitucionales, 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, el Acuerdo General 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, así como el diverso acuerdo del veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, que reforma el último mencionado, para homologar la jurisdicción territorial de los centros de justicia penal federal, con los circuitos judiciales del Poder Judicial de la Federación, publicado el dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO.- Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, del mes de Abril de 2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, aplicable al caso por similitud de razón, con número de registro 192097, cuyos rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". De igual manera, es aplicable la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255 del Tomo XIX, Abril de 2004 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 181810, que dispone: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Por tanto, para efecto de dar precisión de los actos reclamados, y estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se establece que de acuerdo al análisis integral que se hace a la demanda, la parte quejosa señaló como tales: El oficio PM-871/2020 que contiene la negativa de otorgar el refrendo de licencias de funcionamiento que mediante escrito de diecinueve de febrero de dos mil veinte, y de manera pacífica y en forma respetuosa, le fue formulado. La notificación del oficio PM-871/2020 que contiene dicha negativa. La ejecución de la posible orden para la clausura de los establecimientos comerciales de los aquí quejosos, por falta de licencia y/o refrendo. TERCERO. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 68, del Tomo 76, del mes de Abril de 1994, correspondiente a la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." La autoridades responsables Presidente Municipal y Director de Actividades Comerciales, Industriales y de Espectáculos Públicos, ambos del Ayuntamiento de Petatlán, Guerrero, respectivamente, al rendir su informe justificado de manera conjunta, reconocieron la existencia de los actos reclamados (registrado 266); por lo que se tienen por ciertos, en términos de la Tesis Jurisprudencial número 305, visible en la foja 206 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse ésta como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Certeza que se corrobora, con las documentales que remitieron las autoridades responsables, al rendir su informe justificado de manera conjunta consistentes en copias certificadas relativas al escrito de diecinueve de febrero de dos mil veinte, signado por José Silvestre Madrid Rodríguez, por su propio derecho y en calidad de representante legal de los restantes quejosos, y el acuse de recibo del oficio PM-871/2020, de veinte de abril del citado año, suscrito por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Petatlán, Guerrero, mediante el cual dio contestación al escrito de la parte quejosa; a las que de conformidad con lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se les otorga valor probatorio pleno. La valoración asignada a esa documental tiene sustento en la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". QUINTO.- Previo al estudio de la materia de fondo, se procede al examen de las causales de improcedencia alegadas por las partes o que pudiesen apreciarse en forma oficiosa, por tratarse de una cuestión de orden público cuyo estudio es preferente, según lo dispone el artículo 62, de la Ley de Amparo, así como la Jurisprudencia 5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, registro 222780, cuyo rubro y texto, indican: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese entendido, las autoridades responsables Presidente Municipal y Director de Actividades Comerciales, Industriales y de Espectáculos Públicos, ambos del Ayuntamiento de Petatlán, Guerrero, respectivamente, hicieron valer la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo; que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". Argumentando dichas autoridades, que el seis de junio de dos mil veinte, José Silvestre Madrid Rodríguez, recibió el oficio PM-871/2020, con el cual se dio contestación al escrito de diecinueve de febrero del citado año, relacionado con los actos aquí reclamados; tal como se aprecia del acuse de recibo del mencionado oficio, en el que se advierte que lo recibió el mencionado quejoso, y estampó su nombre y firma, para tal efecto. En ese tenor, la causal de improcedencia resulta fundada en el particular, toda vez que el impetrante del amparo promovió el juicio de manera extemporánea. Los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del contenido del precepto legal citado en último término, se advierten cuatro hipótesis para computar el término legal de quince días para la presentación de la demanda de amparo que precisa el artículo 17 de la Ley de la Materia, siendo las siguientes: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución que reclame; b) Desde el día siguiente al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; c) Desde el día siguiente al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos; y, d) A partir del día de la entrada en vigor de la norma general o del procedimiento de extradición. Del precepto transcrito en primer término se obtiene que la regla general para la interposición de la demanda de garantías será de quince días, salvo las excepciones contempladas en las fracciones I, II, III y IV de dicho dispositivo legal. Así, se tiene que las fracciones antes referidas, describen cuatro supuestos que eximen a la peticionaria de amparo para presentar la demanda fuera del término de quince días que indica la regla general contemplada en el artículo 17 de la ley de la materia. Es decir, que se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición será el término de treinta días; cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; que el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; y, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Ahora bien, en el presente asunto, para efectos de determinar el cómputo del pazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo, se debe tomar en cuenta el supuesto previsto en el citado artículo 18 de la ley de la materia, que es a partir del día siguiente al en que hubiese surtido efectos la notificación a la parte quejosa del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, de acuerdo con la ley que rija dicho acto. Sobre esa base, se tiene que dichas hipótesis se excluyen entre sí y no guardan relación alguna; lo que revela la intención del legislador de establecer que el término para la promoción del amparo se computa a partir del día siguiente en que se verifique cualquiera de los supuestos en ella contenidos. Por tanto, para que la parte quejosa se haga sabedora de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación; esto es, el conocimiento del acto o resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. Bajo esa óptica, se precisa que no se está ante la presencia de ninguno de los casos de excepción, de ahí que se insiste, la causal de improcedencia que se analiza, se actualiza en el caso sometido a consideración. No pasa inadvertido para este Juzgador que el aquí quejoso José Silvestre Madrid Rodríguez, asentó en el escrito de demanda que tuvo conocimiento del acto reclamado el veinte de noviembre de dos mil veinte, lo que no le asiste la razón. Toda vez que, de las constancias que remitieron las autoridades responsables, consistentes en copias certificadas relativas al escrito de diecinueve de febrero de dos mil veinte, signado por el mencionado impetrante de amparo, por su propio derecho y en calidad de representante legal de los restantes quejosos, y el acuse de recibo del oficio PM-871/2020, de veinte de abril del citado año, suscrito por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Petatlán, Guerrero, se aprecia que el seis de junio de dos mil veinte, José Silvestre Madrid Rodríguez, recibió el mencionado oficio, con el cual se le dio contestación a su petición relacionada con los actos aquí reclamados. Por lo que es evidente, que la parte quejosa fue debidamente notificada el seis de junio de dos mil veinte, del oficio PM-871/2020, de veinte de abril del citado año, suscrito por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Petatlán, Guerrero, derivado de los actos aquí reclamados. De ahí que el plazo de quince días para la presentación de la demanda a que se refiere el artículo 17, de la Ley de Amparo, empezó a correr a partir del día hábil siguiente al en que le surtió efectos su notificación, es decir, el ocho de junio de dos mil veinte, por lo que el mencionado plazo le transcurrió del nueve al veintinueve de junio del citado año, sin contar el trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho del mismo mes y año, por ser inhábiles, de conformidad con el numeral 19 de la Ley de la Materia. Por tanto, si la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo que se resuelve fue presentada hasta el veintisiete de noviembre de dos mil veinte, se concluye que el ejercicio de la acción constitucional contra el acto reclamado y sus consecuencias legales, es extemporáneo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia por contradicción de tesis 30/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 286, Tomo XXV, mayo de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto." En consecuencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo. Conviene recordar que en los supuestos en los que se actualice el sobreseimiento del juicio, se impide al juzgador analizar los temas de fondo planteados en la litis constitucional, a la luz de la Jurisprudencia 58, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 57, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 70, octubre de 1993, cuyo rubro y texto señalan: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, los criterios jurisprudenciales invocados en esta determinación no obstante que fueron integrados conforme a la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 61, 63, 73, 74, 75, 76, 77, 124, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por José Silvestre Madrid Rodríguez, por su propio derecho y en representación legal de Luis Roberto Cruz Pacheco, Lucina García Gutiérrez, Angelina Armenta Cadena, Emeterio Trujillo Bermejo, Clara Peñaloza León, Alondra Soberanis Ruiz, Miriam Elizabeth Osegueda de la Torre, Laura de la Fuente Navarrete, Jaime Chávez López, Javier Madrid Rodríguez, Ramón Madrid Rodríguez, Daniel Madrid Rodríguez, María Odilón Colchado Rodríguez, Alfredo García Gutiérrez, Xóchitl Martínez Espino, Rosangela Beltrán Ramírez, Elisea de la Cruz Cisneros, Francisco Cadena Hernández, Lizzi Olea Rosas, Benjamín Maciel Corona, Héctor Valle Márquez, Manuel Rebolledo Gallegos, Miriam Oliveros Solorio, Rosa María de la Fuente Navarrete, Mercado Enriquez Nicolás, Barreto Martínez Elvira, Sofía Basurto Rocha, Rodolfo Ruiz Vargas, Margarita Contreras Coria, Vargas Martínez Mireya y Ricardo Cadena Cortés, en contra de las autoridades responsables y por los actos reclamados precisados en el resultando primero, atento a las razones y fundamentos precisados en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente
- Principal
...Agréguese a los autos el telegrama que remite la Juez Mixto de Paz del Municipio de Petatlán, Guerrero, mediante el cual informa que no ha recepcionado el despacho 79/2020-I, enviado para su diligenciación. Ahora bien, tomando en consideración que dicha comunicación oficial fue enviada para que se notificara al quejoso José Silvestre Madrid Rodríguez, la prevención ordenada en auto de uno de diciembre de dos mil veinte, además para que proporcionara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; sin embargo, en providencia de siete de diciembre del año pasado, se admitió la demanda, al presentar escrito de desahogo dicho peticionario ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación...
- Principal
...Visto el estado de autos...En mérito de lo anterior, la audiencia constitucional programada para el día de hoy se difiere, y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO
Quedan 10 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero · 9,409 expedientes
- José Serafín Vazquez Arias938/2015
- José Serfain Vazquez Arias937/2015
- José Serfain Vazquez Arias935/2015
- José Serfain Vazquez Arias936/2015
- José Sergio Castañeda Delgado792/2016
- José Silverio Álvarez Huerta768/2015
- José Silvestre Madrid Rodríguez309/2020
- José Suatuani González Arellano410/2015
- José Tanus Taja194/2019
- José Tellez Navarrete1309/2015
- Jose Valle Perez874/2021
- Josefa Cruz Magallón250/2023