José Silvestre Carcamo Ortega
Expediente 616/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 9 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 616/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 09/10/2020
Partes del expediente
- José Silvestre Carcamo Ortega
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de octubre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que transcurrió el plazo de tres días que prevé en el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, se procede a resolver lo relativo al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada dentro del juicio en que se actúa. Por sentencia de once de junio de dos mil diecinueve, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que la Tercera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente la sentencia de diez de octubre de dos mil dieciocho, dictada en el toca de apelación 35/2018, interpuesto por Juan Carlos Madero Cortés, en contra de la sentencia pronunciada por el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, el uno de junio de dos mil diecisiete, en el juicio de autorización judicial para permitir la salida del país 15/2017, promovido por Liliana Gallardo Rincón, en contra de Juan Carlos Madero Cortés, respecto de la menor M.M.G.; 2. Reitere las consideraciones que no fueron motivo de la concesión de este amparo; y 3. Determine como parte de los efectos de la reposición del procedimiento del juicio de autorización judicial para permitir la salida del país 15/2017, que el juez nombre un perito en psicología infantil que como especialista imparcial valore el estado emocional y psicológico de la menor, y le explique las consecuencias y alcances de la diligencia en la que habrá de participar, a fin de que la menor de edad esté en aptitud de contestar de manera libre y consciente, si así lo desea, al cuestionamiento que le realice el juez instructor." Mediante ejecutoria pronunciada el trece de marzo de dos mil veinte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por JUAN CARLOS MADERO CORTÉS, en contra del acto que reclamó del Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege por vicios de fondo a JUAN CARLOS MADERO CORTÉS, respecto al acto que reclamó de la Tercera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, consistente en la sentencia dictada el diez de octubre de dos mil dieciocho, en el toca de apelación 35/2018." En ese sentido, mediante proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, se requirió a la autoridad responsable Tercera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, el respectivo cumplimiento. Por tanto, mediante oficio recibido el siete de septiembre de dos mil veinte, la autoridad responsable, dio cumplimiento a la sentencia de amparo, toda vez que remitió copia certificada de la sentencia dictada el trece de marzo de dos mil veinte, emitida por la Tercera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Por lo que, mediante auto de ocho de septiembre de dos mil veinte, se dio vista a la parte quejosa con tales documentos, mismo que se le notificó el dieciocho de septiembre de dos mil veinte. Por tanto, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Del examen de la documental exhibida por la Presidenta de la Tercera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tiene pleno valor probatorio-, se desprende que se colma la garantía de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que remitió copia certificada de la sentencia emitida el cuatro de septiembre de dos mil veinte, la cual fue dictada de acuerdo a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia. En consecuencia, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de depuración en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó amparar a la parte quejosa. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Asimismo, se hace saber a las partes que el original del incidente de suspensión del presente asunto es susceptible de depuración, en el apoyo en la fracción III del Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, pues es en el caso se concedió y negó la suspensión provisional y se concedió la suspensión definitiva. De conformidad con lo dispuesto en la fracción III del punto Vigésimo del Acuerdo referido, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, el duplicado del cuaderno incidental deberá ser destruido, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto Vigésimo cuarto del Acuerdo normativo. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". Finalmente, intégrese el presente acuerdo al cuaderno incidental para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
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