José Silvano Morales Lerista
Expediente 899/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 899/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 19/11/2020
Partes del expediente
- José Silvano Morales Lerista
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Causa estado auto de desechamiento. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de veintinueve de octubre de dos mil veinte, por el cual se determinó desechar de plano la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del presente año, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar de plano la demanda de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido...". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó desechar de plano la demanda de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Devolución de constancias. Finalmente, dado el contenido del presente proveído devuélvanse las constancias recibidas en auto de ocho de octubre de dos mil veinte, sin necesidad de requerir acuse, toda vez que el sello que se estampe en el oficio que se genere en atención al presente hará las veces de aquel. Notifíquese.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): "San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintinueve de octubre de dos mil veinte. Vista la diligencia de cuenta se advierte que el quejoso ... ratificó el escrito recibido el catorce de octubre de este año y registrado con el número de folio 11722, por medio del cual cumple la prevención formulada en autos. En consecuencia, con fundamento en los artículos 61, 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase a la parte quejosa desahogando la prevención que se le formuló. En ese sentido, visto el escrito inicial de demanda y el ocurso de aclaración, este juzgado federal considera que procede desechar de plano la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. El marco normativo que rige el desechamiento de plano de la demanda se ubica en el artículo 113 de la Ley de Amparo, pues dispone que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará la demanda y la desechará si estima actualizada de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia. Por manifiesto e indudable se entiende aquello que se advierte en forma clara y patente; resulta obvio, es innegable e indiscutible y su existencia no puede sustentarse en una serie de razonamientos y planteamientos cuestionables. En diversos criterios jurisprudenciales, entre en los que destacan las tesis 1a./J. 32/2005, 2a./J. 54/2012 (10a.) y 2a./J. 115/2015 (10a.), la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han establecido que, por regla general, el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no es la actuación procesal idónea para efectuar un análisis profundo para determinar la improcedencia del juicio. No obstante, cuando la actualización de la causa de improcedencia respectiva se advierte de manera manifiesta e indudable como lo exige el artículo 113 de la Ley de Amparo en que el juzgador se limita a efectuar un simple ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados en forma clara por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa no implica que dicho estudio se encuentre vedado, siempre que la improcedencia resulte clara y manifiesta dada la naturaleza jurídica del acto reclamado y del reconocimiento de la parte quejosa sobre aspectos inherentes que le perjudican. Primer acto: Reducción de las participaciones municipales de la Junta Auxiliar de San Salvador Chachapa, así como la destitución del cargo que el quejoso desempeña como Presidente de esa Junta Auxiliar: En el caso concreto, la parte quejosa reclamó la orden verbal o escrita que atribuye a las autoridades responsables ordenadoras para reunir elementos de prueba que justifiquen la reducción de las participaciones municipales de la Junta Auxiliar de San Salvador Chachapa, Amozoc, Puebla, así como la destitución del cargo que el quejoso desempeña como Presidente de esa Junta Auxiliar. En esas condiciones, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, de los que se desprende que la procedencia del juicio de amparo indirecto se encuentra supeditada a que los actos reclamados constituyan actos de autoridad; en efecto, dichos preceptos disponen lo siguiente. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.). II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los preceptos legales transcritos se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de "autoridad" que violen derechos humanos de los gobernados y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. Lo anterior, pone de manifiesto que el acto de la autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, pues así lo dispone el artículo 1º de la Ley de Amparo, que establece su procedencia contra leyes o actos de autoridad. En esas condiciones, la teoría general del derecho establece que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares en las que éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. En este tipo de relaciones se encuentran las reguladas por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las mencionadas relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público e interés social; se regulan por el derecho público que también prevé los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca, en la órbita ordinaria, el procedimiento contencioso administrativo, así como los mecanismos de defensa de derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Estas relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por tanto, la Constitución Federal dispone una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, pues el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado en las cuales actúan en un mismo plano de igualdad superior por encima de los particulares; regulándose a su vez por el derecho público que prevé mecanismos de solución política y jurisdiccional destacando en este rubro las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Federal. Es corolario de todo lo anterior que para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como base que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Atento a lo anterior, se recuerda que la parte quejosa reclamó la orden verbal o escrita que atribuye a las autoridades responsables ordenadoras para reunir elementos de prueba que justifiquen la reducción de las participaciones municipales de la Junta Auxiliar de San Salvador Chachapa, Amozoc, Puebla, así como la destitución del cargo que el quejoso desempeña como Presidente de esa Junta Auxiliar. Lo anterior, revela que a través del juicio de amparo se pretende dilucidar un conflicto entre dos órdenes de gobierno, pues en este caso existe entre el quejoso [en su calidad de Presidente de la Junta Auxiliar de San Salvador Chachapa, Amozoc, Puebla] y las autoridades responsables una relación de supraordinación, ya que actúan en un mismo plano de igualdad superior, lo que encuentra su regulación a través del derecho público que prevé mecanismos de solución política y jurisdiccional. De ahí que respecto del acto consistente en la orden verbal o escrita que se atribuye a las autoridades responsables ordenadoras para reunir elementos de prueba que justifiquen la reducción de las participaciones municipales de la Junta Auxiliar de San Salvador Chachapa, Amozoc, Puebla, así como la destitución del cargo que el quejoso desempeña como Presidente de esa Junta Auxiliar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo; en consecuencia, lo procedente es desecharla de plano con fundamento en el numeral 113 de la referida ley. No se soslaya que la Segunda Sala de la SCJN ha establecido que en el auto inicial no es posible analizar si un acto es de autoridad o no para efectos de la procedencia del juicio de amparo; sin embargo, en este caso no se requiere hacer un análisis profundo, ya que tal estudio tan sólo reproduce lo sostenido en las jurisprudencias transcritas, es decir, sólo se aplican criterios vinculantes aplicables al caso concreto, de modo que sería ocioso tramitar la demanda. Es oportuno señalar que, en estos casos, el juez de amparo debe limitarse a desechar la demanda de amparo, con independencia de que pudiera proceder algún otro medio de control constitucional. Segundo acto: Radicación del expediente administrativo ******************** y citatorio contenido en el oficio ********************: Al respecto, este órgano jurisdiccional advierte que respecto de tales actos se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo -aplicados a contrario sensu-. En efecto, la parte quejosa reclama la radicación del expediente administrativo ******************** y el citatorio contenido en el oficio ******************** a través del cual se solicitó al quejoso comparecer a una entrevista respecto de los hechos denunciados por el auditor externo del municipio de Amozoc, Puebla, es decir, actos suscitados durante la tramitación de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. En ese sentido, a fin de corroborar la actualización de la causa de improcedencia de que se trata resulta pertinente dilucidar si los actos reclamados son o no de imposible reparación. Para tal efecto, en primer orden es necesario precisar que la definición de si un acto es o no de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo, debe atenderse a la naturaleza propia del acto y a las consecuencias que éste produce, mas no así a los planteamientos que el gobernado aduzca en su contra, pues lo contrario implicaría dejar en sus manos la actualización de la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, lo que es inadmisible. Dicho lo anterior, ahora es útil traer a colación lo dispuesto en los diversos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo -aplicados a contrario sensu-: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De acuerdo con lo dispuesto en los citados numerales, el juicio de amparo indirecto procede ante un Juez de Distrito contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: 1) la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma o durante el procedimiento [si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso] o 2) actos en el procedimiento que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, siendo el caso que también es posible reclamar alguna ley en esta etapa, si el acto reviste dicha característica de imposible reparación. En consecuencia, la causa de improcedencia del juicio de amparo indirecto prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo -aplicados a contrario sensu-, se actualizará sólo cuando el acto que se impugne a través del juicio constitucional no afecte derechos sustantivos de las partes previstos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, por lo que el quejoso deberá esperar a que concluya el procedimiento administrativo para reclamar esa actuación inicial o intermedia como violación procesal. Así, este órgano jurisdiccional considera que los actos consistentes en la radicación del expediente administrativo ******************** y el citatorio contenido en el oficio ********************, no afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, pues sólo tienen como efecto sujetar al quejoso a un procedimiento de responsabilidad por la comisión de una infracción administrativa y, en su caso, imponer la sanción correspondiente. Cierto, el efecto de los actos reclamados consiste en sujetar al servidor público presuntamente responsable de la comisión de un acto u omisión que afecte la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debió observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión al procedimiento relativo a fin de determinar si efectivamente es o no responsable de la falta y, en su caso, aplicar la sanción correspondiente. Por lo tanto, los actos reclamados no producen una afectación directa a los derechos sustantivos del quejoso, pues la sujeción a tal procedimiento es una obligación consagrada a nivel constitucional y que no implica, por sí sola, la vulneración a ninguno de sus derechos. Tan es así que el procedimiento administrativo incoado en contra del quejoso podría concluir con una resolución favorable, lo que tornaría intrascendente cualquier violación que pudiera derivar de su radicación. Cabe precisar que esta determinación no implica dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues cuando se dicte la resolución definitiva en el procedimiento administrativo de origen podrá estar en aptitud de controvertirla a través de los medios de defensa ordinarios o extraordinarios que tiene a su alcance. Asimismo, es pertinente aclarar que en este caso no resulta aplicable el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 72/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues no se reclama el inicio del procedimiento administrativo de separación de algún integrante del servicio profesional de carrera ministerial, policial y pericial, sino aparentemente en contra del quejoso, quien se desempeña como Presidente de la Junta Auxiliar de San Salvador Chachapa, Amozoc, Puebla. En atención a los razonamientos antes expuestos, lo procedente es concluir que respecto de los actos consistentes en la radicación del expediente administrativo ******************** y el citatorio contenido en el oficio ********************, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo -aplicados a contrario sensu-. Ampliación de demanda. Finalmente, dada la conclusión anterior, no ha lugar a acordar de conformidad el escrito de ampliación que propone la parte quejosa, ya que la demanda de amparo [en lo principal] resultó improcedente. Aunado a lo anterior, es oportuno aclarar que respecto del acto que la parte quejosa pretendía introducir a la litis constitucional también se actualizaría la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo -aplicados a contrario sensu-. Se afirma lo anterior, pues a través del citatorio del siete de octubre pasado se requirió al quejoso comparecer a una entrevista deducida del procedimiento administrativo de responsabilidad ******************** respecto de los hechos denunciados por el auditor externo del municipio de Amozoc, Puebla; en ese entendido, como antes se precisó, el citatorio de que se trata no produce una afectación directa a los derechos sustantivos del quejoso. Notifíquese personalmente a la parte quejosa".
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintinueve de octubre de dos mil veinte. Vista la diligencia de cuenta se advierte que el quejoso ... ratificó el escrito recibido el catorce de octubre de este año y registrado con el número de folio 11722, por medio del cual cumple la prevención formulada en autos. En consecuencia, con fundamento en los artículos 61, 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase a la parte quejosa desahogando la prevención que se le formuló. En ese sentido, visto el escrito inicial de demanda y el ocurso de aclaración, este juzgado federal considera que procede desechar de plano la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. El marco normativo que rige el desechamiento de plano de la demanda se ubica en el artículo 113 de la Ley de Amparo, pues dispone que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará la demanda y la desechará si estima actualizada de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia. Por manifiesto e indudable se entiende aquello que se advierte en forma clara y patente; resulta obvio, es innegable e indiscutible y su existencia no puede sustentarse en una serie de razonamientos y planteamientos cuestionables. En diversos criterios jurisprudenciales, entre en los que destacan las tesis 1a./J. 32/2005, 2a./J. 54/2012 (10a.) y 2a./J. 115/2015 (10a.), la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han establecido que, por regla general, el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no es la actuación procesal idónea para efectuar un análisis profundo para determinar la improcedencia del juicio. No obstante, cuando la actualización de la causa de improcedencia respectiva se advierte de manera manifiesta e indudable como lo exige el artículo 113 de la Ley de Amparo en que el juzgador se limita a efectuar un simple ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados en forma clara por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa no implica que dicho estudio se encuentre vedado, siempre que la improcedencia resulte clara y manifiesta dada la naturaleza jurídica del acto reclamado y del reconocimiento de la parte quejosa sobre aspectos inherentes que le perjudican. Primer acto: Reducción de las participaciones municipales de la Junta Auxiliar de San Salvador Chachapa, así como la destitución del cargo que el quejoso desempeña como Presidente de esa Junta Auxiliar: En el caso concreto, la parte quejosa reclamó la orden verbal o escrita que atribuye a las autoridades responsables ordenadoras para reunir elementos de prueba que justifiquen la reducción de las participaciones municipales de la Junta Auxiliar de San Salvador Chachapa, Amozoc, Puebla, así como la destitución del cargo que el quejoso desempeña como Presidente de esa Junta Auxiliar. En esas condiciones, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, de los que se desprende que la procedencia del juicio de amparo indirecto se encuentra supeditada a que los actos reclamados constituyan actos de autoridad; en efecto, dichos preceptos disponen lo siguiente. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.). II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los preceptos legales transcritos se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de "autoridad" que violen derechos humanos de los gobernados y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. Lo anterior, pone de manifiesto que el acto de la autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, pues así lo dispone el artículo 1º de la Ley de Amparo, que establece su procedencia contra leyes o actos de autoridad. En esas condiciones, la teoría general del derecho establece que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares en las que éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. En este tipo de relaciones se encuentran las reguladas por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las mencionadas relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público e interés social; se regulan por el derecho público que también prevé los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca, en la órbita ordinaria, el procedimiento contencioso administrativo, así como los mecanismos de defensa de derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Estas relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por tanto, la Constitución Federal dispone una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, pues el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado en las cuales actúan en un mismo plano de igualdad superior por encima de los particulares; regulándose a su vez por el derecho público que prevé mecanismos de solución política y jurisdiccional destacando en este rubro las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Federal. Es corolario de todo lo anterior que para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como base que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Atento a lo anterior, se recuerda que la parte quejosa reclamó la orden verbal o escrita que atribuye a las autoridades responsables ordenadoras para reunir elementos de prueba que justifiquen la reducción de las participaciones municipales de la Junta Auxiliar de San Salvador Chachapa, Amozoc, Puebla, así como la destitución del cargo que el quejoso desempeña como Presidente de esa Junta Auxiliar. Lo anterior, revela que a través del juicio de amparo se pretende dilucidar un conflicto entre dos órdenes de gobierno, pues en este caso existe entre el quejoso [en su calidad de Presidente de la Junta Auxiliar de San Salvador Chachapa, Amozoc, Puebla] y las autoridades responsables una relación de supraordinación, ya que actúan en un mismo plano de igualdad superior, lo que encuentra su regulación a través del derecho público que prevé mecanismos de solución política y jurisdiccional. De ahí que respecto del acto consistente en la orden verbal o escrita que se atribuye a las autoridades responsables ordenadoras para reunir elementos de prueba que justifiquen la reducción de las participaciones municipales de la Junta Auxiliar de San Salvador Chachapa, Amozoc, Puebla, así como la destitución del cargo que el quejoso desempeña como Presidente de esa Junta Auxiliar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo; en consecuencia, lo procedente es desecharla de plano con fundamento en el numeral 113 de la referida ley. No se soslaya que la Segunda Sala de la SCJN ha establecido que en el auto inicial no es posible analizar si un acto es de autoridad o no para efectos de la procedencia del juicio de amparo; sin embargo, en este caso no se requiere hacer un análisis profundo, ya que tal estudio tan sólo reproduce lo sostenido en las jurisprudencias transcritas, es decir, sólo se aplican criterios vinculantes aplicables al caso concreto, de modo que sería ocioso tramitar la demanda. Es oportuno señalar que, en estos casos, el juez de amparo debe limitarse a desechar la demanda de amparo, con independencia de que pudiera proceder algún otro medio de control constitucional. Segundo acto: Radicación del expediente administrativo ******************** y citatorio contenido en el oficio ********************: Al respecto, este órgano jurisdiccional advierte que respecto de tales actos se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo -aplicados a contrario sensu-. En efecto, la parte quejosa reclama la radicación del expediente administrativo ******************** y el citatorio contenido en el oficio ******************** a través del cual se solicitó al quejoso comparecer a una entrevista respecto de los hechos denunciados por el auditor externo del municipio de Amozoc, Puebla, es decir, actos suscitados durante la tramitación de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. En ese sentido, a fin de corroborar la actualización de la causa de improcedencia de que se trata resulta pertinente dilucidar si los actos reclamados son o no de imposible reparación. Para tal efecto, en primer orden es necesario precisar que la definición de si un acto es o no de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo, debe atenderse a la naturaleza propia del acto y a las consecuencias que éste produce, mas no así a los planteamientos que el gobernado aduzca en su contra, pues lo contrario implicaría dejar en sus manos la actualización de la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, lo que es inadmisible. Dicho lo anterior, ahora es útil traer a colación lo dispuesto en los diversos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo -aplicados a contrario sensu-: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De acuerdo con lo dispuesto en los citados numerales, el juicio de amparo indirecto procede ante un Juez de Distrito contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: 1) la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma o durante el procedimiento [si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso] o 2) actos en el procedimiento que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, siendo el caso que también es posible reclamar alguna ley en esta etapa, si el acto reviste dicha característica de imposible reparación. En consecuencia, la causa de improcedencia del juicio de amparo indirecto prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo -aplicados a contrario sensu-, se actualizará sólo cuando el acto que se impugne a través del juicio constitucional no afecte derechos sustantivos de las partes previstos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, por lo que el quejoso deberá esperar a que concluya el procedimiento administrativo para reclamar esa actuación inicial o intermedia como violación procesal. Así, este órgano jurisdiccional considera que los actos consistentes en la radicación del expediente administrativo ******************** y el citatorio contenido en el oficio ********************, no afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, pues sólo tienen como efecto sujetar al quejoso a un procedimiento de responsabilidad por la comisión de una infracción administrativa y, en su caso, imponer la sanción correspondiente. Cierto, el efecto de los actos reclamados consiste en sujetar al servidor público presuntamente responsable de la comisión de un acto u omisión que afecte la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debió observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión al procedimiento relativo a fin de determinar si efectivamente es o no responsable de la falta y, en su caso, aplicar la sanción correspondiente. Por lo tanto, los actos reclamados no producen una afectación directa a los derechos sustantivos del quejoso, pues la sujeción a tal procedimiento es una obligación consagrada a nivel constitucional y que no implica, por sí sola, la vulneración a ninguno de sus derechos. Tan es así que el procedimiento administrativo incoado en contra del quejoso podría concluir con una resolución favorable, lo que tornaría intrascendente cualquier violación que pudiera derivar de su radicación. Cabe precisar que esta determinación no implica dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues cuando se dicte la resolución definitiva en el procedimiento administrativo de origen podrá estar en aptitud de controvertirla a través de los medios de defensa ordinarios o extraordinarios que tiene a su alcance. Asimismo, es pertinente aclarar que en este caso no resulta aplicable el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 72/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues no se reclama el inicio del procedimiento administrativo de separación de algún integrante del servicio profesional de carrera ministerial, policial y pericial, sino aparentemente en contra del quejoso, quien se desempeña como Presidente de la Junta Auxiliar de San Salvador Chachapa, Amozoc, Puebla. En atención a los razonamientos antes expuestos, lo procedente es concluir que respecto de los actos consistentes en la radicación del expediente administrativo ******************** y el citatorio contenido en el oficio ********************, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo -aplicados a contrario sensu-. Ampliación de demanda. Finalmente, dada la conclusión anterior, no ha lugar a acordar de conformidad el escrito de ampliación que propone la parte quejosa, ya que la demanda de amparo [en lo principal] resultó improcedente. Aunado a lo anterior, es oportuno aclarar que respecto del acto que la parte quejosa pretendía introducir a la litis constitucional también se actualizaría la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo -aplicados a contrario sensu-. Se afirma lo anterior, pues a través del citatorio del siete de octubre pasado se requirió al quejoso comparecer a una entrevista deducida del procedimiento administrativo de responsabilidad ******************** respecto de los hechos denunciados por el auditor externo del municipio de Amozoc, Puebla; en ese entendido, como antes se precisó, el citatorio de que se trata no produce una afectación directa a los derechos sustantivos del quejoso. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Comparecencia de ratificación de firma En San Andrés Cholula, Puebla, siendo las catorce horas del veintiocho de octubre de dos mil veinte, presente en el local de este órgano jurisdiccional, ante la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, comparece el quejoso ..., quien se identifica con credencial de elector con clave ..., expedida por el Instituto Nacional Electoral que contiene una fotografía la cual concuerda con los rasgos fisonómicos del compareciente, la que se le devuelve por ser de uso personal, de la cual se agrega copia fotostática para los efectos legales a que haya lugar, a quien se le hace saber de las penas en que incurren los que declaran con falsedad ante autoridad judicial. Acto seguido, en cumplimiento al acuerdo dictado el quince de octubre de dos mil veinte, manifiesta que el motivo de su comparecencia es para ratificar el contenido y reconocer la firma del escrito registrado con el número de folio 11722. Con lo anterior, se tienen por ratificado el escrito antes señalado y por reconocida la firma, por lo que se da por terminada la presente diligencia y una vez leída, firman los que en ella intervinieron para debida constancia legal. Doy fe. Israel Flores Rodríguez Juez Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla Diana Cortés González Secretaria del Juzgado ... Compareciente.chg
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