José Sergio Sosa Richaud
Expediente 2068/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2068/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/01/2022
Partes del expediente
- José Sergio Sosa Richaud
Actuaciones
- Principal
7.- Estado procesal. Del estado procesal de los autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto que se desechó la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Destrúyase este expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto de los previstos en el artículo 21 inciso b) del Acuerdo General de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de otros documentos. Asimismo, se indica a las partes que, en caso de que requieran la devolución de documentos que obran en autos, deberán solicitarlo por escrito a efecto de que se acuerde lo correspondiente. Notifíquese en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. ..
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7) DESECHAMIENTO. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. +++++
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ASUNTO LISTADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO B O C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 31 DE DICIEMBRE DE 2021: San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno . DEMANDA DE AMPARO DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 2068/2021. En consecuencia, fórmese el expediente físico e intégrese el electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con fundamento en los artículos 3º de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 21, 22 y 24 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Ahora bien, de la demanda de amparo que se provee, se desprende que se actualiza una causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario de la Ley de Amparo. De las normas señaladas se advierte que el juicio de amparo indirecto, contra actos en el juicio, sólo procede cuando tengan efectos que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Para ser calificados los actos dentro de juicio como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Bajo tales premisas, como se adelantó, se estima que el acto reclamado no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, al sólo dilatar la prosecución del trámite. Así, debe considerarse que el juicio de amparo sólo procede en contra de una dilación procesal importante o inactividad procesal. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 17 constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que la quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto. Ello, esencialmente, pues el acto reclamado no constituye una dilación abierta del procedimiento de origen ni genera su paralización total, circunstancias que si actualizarían un perjuicio de imposible reparación. Ahora bien, esos conceptos "abierta dilación del procedimiento" o "paralización total del procedimiento", deben analizarse considerando el derecho fundamental al "plazo razonable", como parte del debido proceso, que debe entenderse como aquella dilación que muestra que el camino procesal se ha retardado de forma que su desarrollo sea superior al normal que debe llevarse en todo proceso jurisdiccional, causa de motivación prevista en el artículo 17 constitucional, lo que implica tomar en cuenta, para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso, entre otros, es relevante el análisis global del procedimiento, que consiste en el conjunto de actos relativos a su trámite, que implica analizar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para establecer si la dilación es realmente excesiva. En el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado, la omisión de acordar y notificar el auto por el que se admite la demanda laboral presentada por el aquí quejoso el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno en la Oficialía de Partes del Tribunal responsable. Es así, que para el momento en que se presentó la demanda (esto es, el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno), la dilación reclamada no puede ser considerada como abierta o relevante y, que en consecuencia, genere una afectación irreparable dentro del procedimiento en perjuicio de la parte quejosa; pues a criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicha hipótesis se actualiza después de trascurridos cuarenta y cinco días naturales, desde la fecha en que concluyó el plazo en el que legalmente la Junta debió pronunciarse respecto de la prosecución del procedimiento. Ello, atento a que si fue el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, cuando la responsable no proveyó respecto de la admisión de la demanda; el lapso entre aquélla actuación y la fecha de presentación de la demanda (veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno), no revela la existencia de una abierta dilación en la resolución del juicio y, que en consecuencia, genere una afectación irreparable dentro del procedimiento en perjuicio de la parte quejosa; pues dicha hipótesis se actualiza después de trascurridos cuarenta y cinco días naturales, a partir de la fecha en que concluyó el plazo en el que legalmente debió pronunciarse o diligenciarse el acto procesal respectivo, ello debido a una suspensión de labores generada por la pandemia que se vive hoy día. Ciertamente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de acuerdos, de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco (45) días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Conforme a lo anterior, tampoco puede adoptarse la interpretación del artículo 8o. constitucional para instituir un plazo único para conocer cuándo la autoridad ha incurrido en una demora que, prácticamente, constituya una verdadera interrupción arbitraria de su parte, surgiendo entonces una violación autónoma que justifique la promoción del amparo indirecto, en tanto no se trate de una auténtica denegación de justicia, no sólo contraventora del precepto citado, sino también de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Federal, el cual establece que "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No obstante todo lo anterior, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a los gobernados, al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar cuestiones de retardo en materia laboral determinó que, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, que la demanda de amparo será procedente cuando han transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Al caso se cita la jurisprudencia que emana de la contradicción de tesis 294/2018, resuelta por la Segunda Sala de rubro y contenido: ---- Criterio que resulta aplicable al caso concreto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Puebla, lo anterior es así, ya que si bien el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, dispone lo siguiente: ---- El precepto 143 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, contempla similar plazo para determinar lo correspondiente sobre la demanda laboral. "ARTÍCULO 143. Tan pronto se reciba la primera promoción relativa a un conflicto, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Puebla convocará dentro de las veinticuatro horas siguientes a los Magistrados Representantes, los que calificarán de inmediato su procedencia y ordenarán que se corra traslado a la parte demandada, con copia simple de la demanda para que produzca su contestación." De las disposiciones legales transcritas se desprende, en lo que interesa, que, el Tribunal, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que se reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo y determinará lo relativo sobre su trámite. Empero; no puede pasar inadvertido para este juzgado la carga de trabajo con que funcionan en general todos los órganos encargados de gobierno, así como los órganos facultados impartir justicia en el Estado, lo cual es un hecho notorio para este Juzgador, así como la suspensión de labores y plazos que han tenido dichos órganos. Luego ponderando tales extremos y considerando además la práctica judicial que impera en los órganos del Poder Judicial Federal, validada incluso para efectos administrativos y disciplinarios por el Consejo de la Judicatura Federal, relativa a que se considera un tiempo razonable y no una dilación excesiva en emitir en los juicios la resolución respectiva dentro del plazo de hasta tres meses de declarados vistos los autos. De suerte que, si para los órganos de justicia federales, el emitir una sentencia en el plazo de tres meses no es considerada como una dilación procesal, por tanto, este juzgador considera que debe aplicarse un plazo máximo de cuarenta y cinco días para considerar una dilación excesiva, por parte de las autoridades responsables. Plazo de cuarenta y cinco días que debe contabilizarse a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, esto es, después de concluidas las veinticuatro horas que tenía para dictar el acuerdo relativo a la demanda laboral. Ahora bien, en el caso concreto, la demanda laboral se presentó el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Puebla, por lo que, en términos del artículo 873 de la Ley Federal de Trabajo, dentro de las veinticuatro horas contadas a partir del momento en que recibió el escrito de demanda, debió dictar el acuerdo de admisión respectivo, esto es, a más tardar el veintitrés del propio noviembre, por lo que resulta inconcuso que a la fecha en que se depositó la demanda de amparo -veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno- no han transcurrido más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir del día siguiente a la data en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos -veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno-. Lo anterior es así, habida cuenta que el término de cuarenta y cinco días inició el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, y a la fecha en que se depositó la demanda de amparo - veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno- han transcurrido treinta y cuatro días naturales. En efecto, los días naturales se empiezan a contar a partir del veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, que corresponde al día siguiente al en que concluyeron las veinticuatro horas con las que contaba la Junta responsable para dictar el acuerdo de admisión respectivo, a partir de su presentación. Lo cual se puede contabilizar en el calendario siguiente: ----- De lo anterior se visualiza que del treinta de noviembre al veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, no han transcurrido cuarenta y cinco días naturales, transcurriendo en su defecto únicamente veintiocho días naturales, plazo en el cual no es posible tomarse aún como retardo en la impartición de justicia, como lo hace valer el ocursante (omisión de la que se duele). En consecuencia, al no haber trascurrido los cuarenta y cinco días (naturales) de la omisión de la que se duele la parte quejosa, es innegable que no existe una dilación abierta, en tanto, dicha hipótesis sólo se actualiza después de un retraso importante o trascendente, y lo reclamado aquí, se trata de un retardo moderado que no deja sin defensa al quejoso. En ese sentido, la demanda de amparo que se promueve contra actos de naturaleza omisiva, como ya se apuntó en párrafos precedentes, es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Conclusión. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia analizada, procede DESECHAR de plano la demanda de amparo que se provee, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la ley invocada. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa. DATOS DE CONTACTO No proporcionó. EXHORTO A LAS PARTES En términos de los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual es indispensable contar con firma electrónica. Además, para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009, con excepción de la documentación o información reservada o confidencial, en el entendido de que la información que se obtenga con la reproducción de las constancias, estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 3, 11, fracción VI, 110, fracción XI y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 6, y 8, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016 y 4 de mayo de 20151, respectivamente. -- EXPEDICIÓN DE COPIAS Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sin que requiera nuevo acuerdo al respecto, se autoriza expedir copias certificadas o simples de las actuaciones que soliciten las partes, previa razón que, por su entrega, se asiente en autos de la persona autorizada para recibirlas, la cual deberá comparecer debidamente identificada con credencial oficial vigente2 y copia simple de la misma para glosarla a los autos como constancia. Ahora bien, atendiendo a que resulta indispensable que las partes acudan físicamente al órgano jurisdiccional, a efecto de recibir las copias certificadas o simples de las actuaciones que soliciten, al latente riesgo sanitario que subsiste en la actualidad, y que es necesario y obligatorio garantizar la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus CoV-SARS-2, resultan aplicables las reglas del modelo de atención presencial basado en citas, previsto y regulado en el Capítulo II "Atención al público en general" del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, las partes o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes adjetivas aplicables, deberán generar la cita para la entrega correspondiente, en el sistema "Agenda OJ", disponible en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales" del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles de este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes, desahogo de comparecencias, requerimientos o cuando, como en el caso, resulta indispensable que las partes acudan físicamente al órgano jurisdiccional, a efecto de recibir las copias certificadas o simples de las actuaciones solicitadas. La generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá que ingrese al órgano jurisdiccional, ingreso que estará condicionado a que la persona que acuda a la cita se identifique como aquella a cuyo nombre se generó, sin embargo, el acceso podrá restringirse a quien acuda fuera del horario previsto o no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. Además, se deberá practicar la diligencia de entrega recepción de documentos garantizando la sana distancia entre el compareciente y el personal de este órgano jurisdiccional. En el entendido que la entrega de las copias simples o certificadas dependerá NECESARIAMENTE del volumen del expediente y de las condiciones en que SE ENCUENTRE FUNCIONADO EL CENTRO DE FOTOCOPIADO, así como de la carga de trabajo del personal reducido, que físicamente labora en el Juzgado de Distrito, el cual, conforme la autorización del Consejo de la Judicatura Federal, corresponde al treinta por ciento de su plantilla, por lo que podría suceder que, EN LA PRIMERA CITA, que se le otorgue a través del sistema "Agenda OJ", se presenten impedimentos administrativos, materiales, técnicos y/o humanos, que eviten la entrega de la totalidad de las constancias que se soliciten, derivado ello de las circunstancias apuntadas, por lo que tendrá que generarse una nueva cita, para continuar con el proceso de entrega de las copias solicitadas. No obstante lo anterior hágase del conocimiento de las partes que, en términos del artículo 36, párrafo segundo, del Acuerdo General 12/2020, las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, las cuales, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, la actuaria y actuarios judiciales de la adscripción, deberán de asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. INSTRUCCIÓN A LA ACTUARIA Y ACTUARIOS JUDICIALES Se instruye a la actuaria y actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional para que tan luego practiquen las notificaciones ordenadas en el presente acuerdo y en los subsecuentes, integren al expediente electrónico la razón circunstanciada de envío, recepción y confirmación de tales notificaciones y acompañamiento de los anexos ordenados o, en su caso, realice lo mismo con la propia razón de imposibilidad. Lo anterior, en razón de que conforme a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, el expediente electrónico debe coincidir en su totalidad con el expediente físico. Además, en caso de existir la necesidad de practicar alguna notificación derivada del presente expediente que exija su presencia física en el lugar de la notificación, la desahoguen en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar su propia integridad y salud, así como de las partes con las que se entienda la notificación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente, de conformidad con los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, y 68, éste último en relación con los diversos 108, 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, por lo que al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.
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