José Sergio Pedro Galván Molina

Expediente 956/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de noviembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
956/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
20/11/2015

Partes del expediente

  • José Sergio Pedro Galván Molina

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de cuatro de noviembre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida contra actos del Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 956/2015-V. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo antes citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo las anteriores consideraciones, el suscrito afirma que en relación a los actos reclamados por la parte quejosa se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(.)" "XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior." Como se puede advertir del numeral transcrito, el juicio constitucional es improcedente cuando los actos reclamados hayan sido materia de un diverso juicio de amparo promovido por el mismo quejoso y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas. Sobre el particular, Carlos Arellano García en su obra titulada el Juicio de Amparo, editorial Porrúa, primera edición, explica que la causal de improcedencia de que se trata se encuentra totalmente justificada, por las siguientes razones: a) La expresión "ejecutoria" cuyo significado procesal equivale a que ya no cabe medio de impugnación alguno, es decir, es la verdad legal; b) Que impera la institución de la cosa juzgada, que es absolutamente indispensable para evitar que se afecte la seguridad jurídica, o sea, se satisface la necesidad de saber a qué atenerse; y, c) Además de que los juicios de amparo serían interminables, por lo que resulta poner fin a ellos. Por su parte, el ministro en retiro Genaro David Góngora Pimentel en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo" (séptima edición, México 1999, página 219), refiere que para su actualización: ".es necesario que los actos reclamados hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, y se contrae exclusivamente a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado aunque las violaciones constitucionales sea diversas. Con esto se consigue la finalidad que tiende a evitar que se pronuncien sentencias contradictorias y la promoción de nuevos amparos enderezados con idéntico objeto." De lo expresado por los juristas y del precepto en análisis se desprenden como elementos para que se actualice la cosa juzgada, los siguientes: 1. Que necesariamente ambos juicios de amparo estén promovidos: Por el mismo quejoso o quejosos. Contra las mismas autoridades. Por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. 2. Que tales actos hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo. Para comprender adecuadamente por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia antes referida, se ordena traer a la vista los autos del juicio de amparo 149/2014-III del índice de este órgano jurisdiccional; ello, habida cuenta que dichas constancias constituyen un hecho notorio para el suscrito, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, y en la jurisprudencia 64, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 89, Tomo VI, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación compilación 2002, que establece: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento." Del que se obtienen los siguientes datos: a) Mediante escrito presentado el veinte de febrero de dos mil catorce, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado con residencia en esta ciudad, Abraham Albarrán Barajas, apoderado legal de José Sergio Pedro Galván, promovió demanda de amparo en contra de las siguientes autoridades: Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en México, Distrito Federal. Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad. De quienes reclamó: ".LA VIOLACIÓN DE TIEMPOS PROCESALES DERIVADAS DE LAS DIVERSAS NOTIFICACIONES NO REALIZADAS A LA PARTE DEMANDA DENTRO DEL PROCESO LABORAL 919/2013/L1/CA/IND, TODA VEZ QUE LA H. JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE CELAYA, GUANAJUATO, NO ENVÍA EL CORRESPONDIENTE EXHORTO CON TIEMPO SUFICIENTE PARA REALIZAR DICHA NOTIFICACIÓN, ASÍ COMO LA H. JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, TAMPOCO REALIZA DICHA NOTIFICACIÓN NI REGRESA EL CORRESPONDIENTE EXHORTO A LA JUNTA DE ORIGEN EN EL TIEMPO ESTIPULADO POR LA LEY PARA LA REALIZACIÓN DE LA CORRESPONDIENTE AUDIENCIA TRIFÁSICA." b) Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de mérito a este órgano jurisdiccional, la que en proveído de veinticuatro de febrero de dos mil catorce, se radicó bajo el número 149/2014-III y se admitió a trámite. c) Seguidos los trámites y una vez integrado el expediente el veintidós de abril de dos mil catorce, se dictó sentencia en dicho juicio, y se determinó conceder el amparo y protección de la justicia federal a José Sergio Pedro Galván Molina; resolución que al no haber sido recurrida causó ejecutoria el dieciséis de mayo de dos mil catorce. Ahora, de las constancias que integran el presente juicio de amparo se advierte que: - Abraham Albarrán Barajas, quien se ostenta como apoderado legal de José Sergio Pedro Galván Molina, promovió el presente controvertido señalando como autoridades responsables: Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en México, Distrito Federal. Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad. Como acto reclamado: ".LA VIOLACIÓN DE TIEMPOS PROCESALES DERIVADAS DE LAS DIVERSAS NOTIFICACIONES NO REALIZADAS A LA PARTE DEMANDA DENTRO DEL PROCESO LABORAL 919/2013/L1/CA/IND, TODA VEZ QUE LA H. JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE CELAYA, GUANAJUATO, NO ENVÍA EL CORRESPONDIENTE EXHORTO CON TIEMPO SUFICIENTE PARA REALIZAR DICHA NOTIFICACIÓN, ASÍ COMO LA H. JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, TAMPOCO REALIZA DICHA NOTIFICACIÓN NI REGRESA EL CORRESPONDIENTE EXHORTO A LA JUNTA DE ORIGEN EN EL TIEMPO ESTIPULADO POR LA LEY PARA LA REALIZACIÓN DE LA CORRESPONDIENTE AUDIENCIA TRIFÁSICA.." Bajo esas premisas, en la especie el requisito marcado con el número 1 se encuentra cubierto, pues la demanda presentada en primer término y la que es objeto de este juicio fue promovida por el mismo quejoso José Sergio Pedro Galván Molina. Las autoridades responsables son las mismas en ambos juicios de amparo. Es el mismo acto reclamado, pues en ambos esencialmente reclamó la omisión por parte de la Junta Local de Conciliación y de Arbitraje de esta ciudad, de remitir oportunamente exhorto a fin de emplazar a la parte demandada en el expediente 919/2013/L1/CA/IND. Por lo que respecta a la exigencia precisada con el número 2, también se encuentra cubierta, debido a que el acto que se reclama en el presente juicio ya fue materia del diverso juicio de amparo 149/2014-III del índice de este juzgado, pues la resolución ahí dictada causó ejecutoria el dieciséis de mayo de dos mil catorce. Bajo las anteriores consideraciones, si el quejoso José Sergio Pedro Galván Molina acude a esta instancia constitucional reclamando nuevamente la omisión por parte de la Junta Local de Conciliación y de Arbitraje de esta ciudad, de remitir oportunamente exhorto a fin de emplazar a la parte demandada en el expediente 919/2013/L1/CA/IND, lo cual ya fue objeto del diverso juicio de amparo 149/2014-III del índice de este juzgado, en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, es incuestionable que ya no es dable jurídicamente examinar la omisión que se reclama, por cuanto hacerlo implicaría volver a analizar su constitucionalidad, lo que precisamente impide la hipótesis prevista en la fracción XI del citado artículo 61 de la Ley de la materia. Consecuentemente, con fundamento en lo previsto por el artículo 61, fracción XI, en relación con el diverso numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Abraham Albarrán Barajas, Martín Héctor Galván, Moisés Cienfuegos Quintana y Antonio Albarrán Barajas, por así haberlo solicitado y tratarse de un asunto en materia laboral. En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 8° y 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental; 8 y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que el contenido del expediente, estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información; así también, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su oposición a que sus datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición hará suponer su consentimiento para que el contenido del expediente se publique sin supresión de datos, en el entendido de que aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8° de la Ley, las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones dictadas en expedientes de asuntos de cualquier materia que por disposición legal o por su naturaleza puedan afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable y, en su caso, los documentos que obren en ellos y no sean reservados o confidenciales, se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se supriman los datos personales de las partes, salvo su nombre, y en la medida en que no impidan conocer el criterio sustentado por el Juzgador; por tratarse de un asunto en materia penal, sólo podrá hacerse público una vez que transcurran doce años contados a partir de la fecha en que se concluya el juicio. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "WORD SISE".

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