José Sergio Lobato Martínez

Expediente 2062/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
2062/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
31/08/2016

Partes del expediente

  • José Sergio Lobato Martínez
  • José Sergio Lobato Martínez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    La Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, devuelve el juicio de amparo 2062/2015 del índice de este juzgado; acúsese recibo y agréguense del cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del recurso de queja únicamente las actuaciones posteriores a la interposición de éste. Como está ordenado por auto de seis de enero del presente año, archívese este asunto como concluido.

  2. Principal

    Agréguese el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, 98, 99, 100, 101 de la Ley de Amparo, y 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dese trámite al recurso de queja que interpone en contra del auto de desechamiento dictado en el presente asunto. Asimismo, ríndase el informe respectivo, en el sentido de que ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO. Por otra parte, fórmese cuaderno de antecedentes y envíese este expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, de conformidad con lo dispuesto en el punto cuarto del Acuerdo General 15/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la fecha de inicio de la nueva denominación y competencia de los Tribunales Colegiados del Séptimo Circuito, con residencias en Boca del Río y Xalapa, Veracruz; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los mencionados Tribunales Colegiados, para los efectos de la substanciación del medio de impugnación, debiendo acompañar el original del escrito de expresión de agravios y la copia correspondiente destinada al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Tribunal Colegiado que conozca del mencionado recurso. No es obstáculo que de la interpretación conjunta de los artículos 100 y 101 de la Ley de Amparo en vigor, se concluya que cuando el recurso de queja se interponga en forma impresa, la parte recurrente debe señalar las constancias que en copia certificada deben remitirse al órgano jurisdiccional que deba resolver del recurso, y que una vez notificadas las demás partes del medio de impugnación interpuesto, debe otorgárseles el término de tres días para que, igualmente, indiquen las constancias que, en copia certificada, consideren deben remitirse al Tribunal Colegiado correspondiente; sin embargo, atendiendo al auto que se combate por el recurso de queja, como lo es el desechamiento de la demanda, se considera que tal tramitación resulta innecesaria.

  3. Principal

    De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de queja contra el acuerdo en el cual se desechó la demanda de amparo, sin que el promovente lo haya hecho valer; por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que este asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  4. Principal

    Analizada la demanda de amparo promovida José Sergio Lobato Martínez, por su propio derecho y en representación del grupo de campesinos denominado "Benito Juárez", del poblado Benito Juárez, municipio de Nautla, Veracruz, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Trigésimo Primer Distrito, con sede en esta ciudad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el Libro de Gobierno respectivo con el número 2062/2015. CAUSA DE IMPROCEDENCIA De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que es manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, como a continuación se explica. HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 113 de la Ley de Amparo, otorga facultad al órgano jurisdiccional de amparo para que, previo análisis de la demanda, de advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)". Del artículo y fracción trascritos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueve esa instancia constitucional dentro de los términos establecidos para ello. Por otra parte, el artículo 17 de la Ley de Amparo prevé: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." De dicho artículo se advierte que el término genérico para la promoción de la demanda de amparo es de quince días, salvo los casos previstos en las fracciones transcritas. Asimismo, el artículo 18 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De dicho artículo se advierte la forma en que se computaran los plazos para la interposición del amparo. HECHOS Del análisis íntegro del escrito de demanda y anexo que acompaña, se advierte que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en el acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil quince, dictado en el juicio agrario número 45/2008, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Trigésimo Primer Distrito, con sede en esta ciudad, en el que se ordenó archivar el expediente como asunto concluido; el cual aduce se emitió con motivo del oficio 704/2015, y anexos, signado por el Subsecretario de Acuerdos del Tribunal Superior Agrario. Acorde con lo anterior, el término para la promoción del juicio de amparo inició el seis de abril del año en curso y feneció el veinticuatro de abril de dos mil quince; ello es así, descontando los días cuatro, cinco, once, doce, dieciocho y diecinueve de abril del año en curso, por corresponder a sábados y domingos; uno, dos y tres de abril de dos mil quince por ser inhábiles para el Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Sin embargo, la demanda de amparo fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, hasta el dieciséis de diciembre de dos mil quince. A manera de ilustración y para mayor claridad de lo que aquí se trata de destacar, se estima pertinente exponer gráficamente el cómputo del término antes aludido. Calendario que marca los días de suspensión de labores del año en curso en el Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave obtenido del portal de internet: https://www.pjeveracruz.gob.mx/centro_informacion/calendario/calendario.html?v=1 CONCLUSIÓN De lo anterior, se concluye respetuosamente que la presentación de la demanda es extemporánea, al haber tenido lugar con posterioridad a los quince días al en que fue notificada la parte promovente, pues debió presentarse ante el Juez de Distrito en turno a más tardar el veinticuatro de abril de dos mil quince; por tanto, se entiende que el acto reclamado fue consentido tácitamente por el quejoso, al no haber presentado su escrito de demanda dentro del término legal; aunado a que, el acto reclamado no actualiza alguna de las hipótesis de excepción previstas en el artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor. Tiene aplicación al caso, la tesis siguiente: Época: Novena Época Registro: 163172 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero de 2011 Materia(s): Común Tesis: P./J. 115/2010 Página: 5 "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." No es óbice a la anterior determinación, el contenido del artículo 17, fracción III, de la Ley de Amparo, que señala: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: "(.) III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; (.)" Lo anterior es así, pues del análisis íntegro del escrito de demanda, así como de la copia del acuerdo de veintiséis de marzo del año curso, dictado en el juicio agrario número 45/2008, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Trigésimo Primer Distrito, con sede en esta ciudad, que constituye el acto reclamado; se advierte que no se actualiza en el caso, la excepción prevista en la fracción III, del citado artículo; porque no se aprecia que con el dictado de la resolución reclamada, pueda tener como efecto privar toral o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de los derechos agrarios del grupo de campesinos denominado "Benito Juárez" del poblado Benito Juárez, municipio de Nautla, Veracruz, ya que en dicho acuerdo únicamente se tuvo por recibido el oficio D.E. 704/2015, signado por Enrique Iglesias Ramos, Subsecretario de Acuerdos del Tribunal Superior Agrario, mediante el cual hizo del conocimiento que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró firme el proveído en el que se desechó por improcedente el recurso de revisión interpuesto por el aquí quejoso, contra la ejecutoria dictada el veintisiete de noviembre del dos mil catorce, la cual negó la protección de la justicia federal en el juicio de amparo directo 481/2014, en contra de la sentencia de veintiocho de noviembre de dos mil trece, dictada por el Tribunal Superior Agrario, en el recurso de revisión 314/2013-31, deducido del juicio agrario número 45/2008, relativo a la acción de nulidad de resoluciones emitidas por autoridades agrarias en el poblado quejoso, y como la sentencia de veintiocho de noviembre de dos mil trece, pronunciada por el Tribunal Superior Agrario, en el recurso de revisión 314/2013-31, declaró infundados los agravios expuestos por el citado quejoso, el órgano colegiado confirmó la sentencia de primer grado; se declaró que la sentencia de veinticinco de septiembre de dos mil doce, había causado ejecutoria y, como fue absolutoria y no tenía aparejada ejecución, se ordenó el archivo del expediente como concluido. Por otra parte, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, resulta un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, que el referido quejoso también promovió el diverso juicio de amparo 1455/2015, radicado en este juzgado, en el que señaló el mismo acto reclamado, que en el juicio en que se actúa. Asimismo, de las constancias que integran el referido juicio de amparo 1455/2015, se advierte que en acuerdo de dos de septiembre de dos mil quince, se desechó la demanda por extemporánea, en contra del cual el quejoso interpuso recurso de queja, mismo que fue declarado infundado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, en el expediente de queja número 231/2015, de su índice; y el veinticuatro de noviembre del año en curso, se ordenó archivar el juicio de amparo de referencia como asunto concluido. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo. DOMICILIO Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, efectúensele las notificaciones por lista de acuerdos, puesto que la forma de notificar por estrados, de conformidad con lo que dispone el artículo 29 de la ley de Amparo, es a través de una lista que se coloca en las oficinas de este juzgado en un lugar visible al público. LEY DE TRANSPARENCIA Por otra parte, se comunica a la parte quejosa, con fundamento en los artículos 1 a 9, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8 de dicha ley y 9 del citado reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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