José Sereno Solis
Expediente 1071/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 28 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1071/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 17/11/2023
Partes del expediente
- José Sereno Solis y Otros.
- José Sereno Solis
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
...SE TIENE POR CELEBRADA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL...
- Incidental
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Se tiene por recibida la razón actuarial de seis del mes y año en curso, suscrita por la actuaria judicial adscrita a este juzgado, por medio del cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para enviar el oficio 27685/2023, de nuestro índice, dirigido al Actuario Judicial adscrito al Juzgado de Primera Instancia del Juzgado Séptimo de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Monterrey del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, por las razones que expone; al efecto, se agrega a los autos sin mayor proveído.
- Principal
Así, el artículo 111 de la Ley de Amparo, ya transcrito, prevé expresamente la posibilidad de ampliar una demanda, bajo dos hipótesis: 1) Que no hayan transcurrido los plazos para su presentación; y, 2) Que, con independencia de lo anterior, en los juicios de amparo indirecto, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial, supuesto que está condicionado a que no se haya celebrado la audiencia y se deberá promover la ampliación dentro de los plazos previstos en el artículo 17 del mismo ordenamiento, o presentar nueva demanda. La hipótesis que importa a efecto de resolver si es procedente o no la ampliación de amparo promovida por la parte quejosa es la segunda, en relación con la cual cabe destacar que, aun cuando este supuesto se refiere al conocimiento de actos de autoridad relacionados, incluye también la incorporación de autoridades responsables y conceptos de violación. Criterio que se encuentra contenido sustancialmente en la jurisprudencia P./J. 15/2003: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional." (énfasis añadido) Aunado a lo anterior, se exige que la materia de ampliación de la demanda guarde estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, como pudiera ser un nuevo acto, la intervención de una autoridad distinta a la que emitió o ejecutó el acto reclamado o que hasta ese momento se conozca la fundamentación o motivación que sustenta el acto reclamado, lo que también posibilita ampliar la demanda respecto a los conceptos de violación, como, en su momento reconoció la Segunda Sala en la jurisprudencia 2a./J. 121/2016 (10a.), que ha sido compartida por el Pleno, cuyo contenido señala: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU AMPLIACIÓN PARA COMBATIR, MEDIANTE NUEVOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, LOS VICIOS PROPIOS DE LOS ACTOS NOVEDOSOS VINCULADOS CON LOS RECLAMADOS INICIALMENTE. La ampliación de demanda de amparo indirecto constituye un medio para salvaguardar derechos fundamentales y resulta acorde con diversos principios. Aunado a ello, el artículo 111 de la Ley de Amparo condiciona su procedencia, por lo que hace a los actos novedosos vinculados con los reclamados inicialmente, a que se presente dentro de los plazos legales y a que no se haya celebrado la audiencia constitucional y, paralelamente, otorga al quejoso la prerrogativa de optar por promover una nueva demanda, en caso de no ampliarla. Por tanto, decretar la improcedencia de la ampliación de la demanda, con base en que esos nuevos actos se reclamen por vicios propios, a pesar de que no sea uno de los requisitos aludidos, equivale a imponer en su perjuicio una restricción y una obligación que ese ordenamiento jurídico no contempla. Además, el hecho de que dichos actos se combatan por vicios propios no justifica la inexistencia de la vinculación entre ellos, pues: a) ésta depende de los hechos del caso, y no de la manera en que se controviertan; b) una vez admitida la ampliación, nada impide que el análisis de constitucionalidad se realice respecto de cada uno de ellos de manera independiente; y, c) se trata de una cuestión que, en tanto influye en el estudio de fondo, no debe impactar en la fijación de la litis. Finalmente, como el artículo citado no establece restricción alguna para formular nuevos conceptos de violación en relación con los actos novedosos objeto de la ampliación, no existe impedimento legal alguno para hacerlo." Además, se ha precisado que es indispensable que no se hubiera tenido conocimiento previo de lo que se alega como materia novedosa, porque de lo contrario se actualizaría la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Incluso se puntualizó que el conocimiento de los aspectos novedosos puede actualizarse de distintas formas, pero en todo momento se debe atender a los plazos del artículo 17 de la Ley de Amparo, computados conforme a lo dispuesto en el numeral 18 del mismo ordenamiento, cuyo elemento común conforme a este precepto, a excepción de que se promueva la demanda con motivo de la entrada en vigor de una norma de naturaleza autoaplicativa, es que para iniciar el cómputo se toma en cuenta el momento en el cual el quejoso tiene noticia del acto reclamado. En conclusión, el Pleno ha reconocido que para ampliar una demanda de amparo debe atenderse a los siguientes elementos: 1) La ampliación de demanda constituye una opción a favor del quejoso, ya que también está en aptitud de presentar una nueva demanda de amparo. 2) La materia de ampliación de la demanda puede recaer sobre actos reclamados, autoridades responsables o conceptos de violación que el quejoso no estuviera en posibilidad de reclamarlos anteriormente. 3) Los aspectos novedosos, por los que se intenta ampliar la demanda deben guardar relación con los actos inicialmente reclamados. 4) Se debe presentar dentro de los plazos previstos el artículo 17 de la Ley de Amparo, tomando como referente para iniciar el cómputo respectivo, el artículo 18 de la misma disposición legal. 5) La ampliación de demanda podrá presentarse hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional, pues pasado ese momento, sólo podrá promover un nuevo juicio de amparo. De esta forma, la ampliación de la demanda en cualquiera de sus supuestos, procede ante nuevos actos reclamados, nuevas autoridades responsables o la necesidad de presentar nuevos conceptos de violación derivados de la fundamentación y motivación que no se conocía con anterioridad. De ahí que el Pleno haya destacado que la novedad y la relación con los actos reclamados sean el factor determinante. Ahora, si mediante la ampliación de demanda lo que se ejerce es la acción de amparo, ésta está supeditada a las cuestiones de procedencia, como el supuesto que se mencionó con antelación de la temporalidad, en ese caso, únicamente podrá desecharse cuando la causa de improcedencia invocada por el Juez de Distrito sea manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba que pudiera ofrecerse en el transcurso del procedimiento pueda desvirtuarse dicha causal. Lo anterior, porque el numeral 62 de la Ley de Amparo establece el análisis oficioso de las causas de improcedencia y su artículo 113 de la Ley de Amparo, posibilita al juzgador de amparo a desechar una demanda de plano, o sin mayor trámite, bajo la condición ineludible de que el motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable. En la contradicción de tesis 369/2019,(14) el Pleno retomó las consideraciones del recurso de reclamación 209/2001, derivado de la controversia constitucional 28/2001,(15) las cuales estimó aplicables por analogía, en donde se explicó que por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, por lo cual, si un motivo de improcedencia no está plenamente demostrado, entonces se debe admitir la demanda a trámite, pues de lo contrario se estaría privando al actor de su derecho a instar la acción y probar en el juicio. Ocasión en la cual se indicó que la improcedencia debe surgir con la sola lectura del escrito de demanda y los anexos que se acompañen. Por lo anterior, tomando en consideración que no se advierte que los nuevos actos reclamados guarden estrecha vinculación con los reclamados inicialmente por el quejoso, ni la existencia de la intervención de una autoridad distinta a la que emitió o ejecutó los actos señalados en el escrito inicial de demanda; en consecuencia, NO ES PROCEDENTE TENER COMO AUTORIDAD RESPONSABLE A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS AL JUZGADO TERCERO DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TUXTLA, en los términos precisados por el promovente.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por ********************, en su calidad de autorizado de la parte quejosa, por medio del cual pretende desahogar la vista que se le dio en auto de cinco del mes y año en curso. En relación a las manifestaciones que hace el ocursante, que señala como autoridad responsable a los actuarios adscritos al Juzgado Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad, dígasele que este juzgado se reserva de proveer al respecto, toda vez que se encuentra transcurriendo el término otorgado en el proveído de cinco del mes y año que transcurre.
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