José Seba Lindo

Expediente 614/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 14 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
614/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
18/04/2022

Partes del expediente

  • José Seba Lindo
  • Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito Al Juzgado Tercero de Distrito En Veracruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dieciocho de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto dictado el veintiocho de febrero del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Así, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se sobreseyó el presente juicio, no existen documentos originales y carecer de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el dieciocho de abril de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese...

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y en especial el oficio 173/2021, remitido por la autoridad responsable Fiscal Tercero de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial XVII, con sede en Veracruz, Veracruz, relativo a su informe justificado, y su anexo. Ahora bien, del contenido del informe justificado se advierte que el referido fiscal responsable aceptó la existencia del acto reclamado al mencionar que se encuentra radicada de la carpeta de investigación UIPJ/DXVIII/F-III/1041/2016, en su estadística, instruida en contra de Felipe García, por su probable comisión en el ilícito Contra la Seguridad de Tránsito de Vehículos, cometido en agravio de la seguridad de los medios de transporte y vías de comunicación, así como los diversos de Lesiones Culposas y Daños Culposos, en agravio de la salud de José Seba Lindo, aquí quejoso, y otros. De igual manera, informó que el dos de diciembre del año dos mil veintiuno, la licenciada Cecilia Maasberg Fernández, en su carácter de Fiscal Decimoquinta de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial XVII, con sede en Veracruz, Veracruz, en acatamiento de lo ordenado por el fiscal de distrito, solicitó mediante oficio 910/2020, de dos de diciembre de dos mil veintiuno, el ejercicio de la acción penal al Juez de Control en turno, adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, de Veracruz, Veracruz, en contra del ciudadano Felipe García, lo que justificó con la copia del acuse de recibo presentado ante la oficialía de partes de los juzgados de control con sede en Veracruz, Veracruz, que adjuntó a su informe de Ley, lo cual fue realizado con posterioridad de la presentación de la demanda de amparo. Aunado a lo anterior, de las constancias que integran el presente sumario, se evidencia que mediante acuerdo de cuatro de febrero del año en curso, se tuvo al Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, residente en Veracruz, Veracruz, remitiendo copias certificadas de las constancias que integran el proceso penal 1182/2021, instruido en contra de Felipe García. Constancias que al tratarse de documentales públicas, tienen el valor probatorio pleno que le otorgan los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora, en la especie, el quejoso señala como acto reclamado la no determinación de carpeta de investigación UIPJ/DXVIII/F-III/1041/2016, del índice del Fiscal Tercero de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial XVII, con sede en Veracruz, Veracruz (ejercicio de la acción penal o el no ejercicio de la acción penal). Pues bien, de la prueba remitida por el fiscal responsable relativa a la carpeta de investigación UIPJ/DXVIII/F-III/1041/2016, cuyo valor probatorio quedó precisado párrafos precedentes, corrobora que el Fiscal Tercero de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial XVII, con sede en Veracruz, Veracruz, determinó el ejercicio de la acción penal en contra de Felipe García, por su probable comisión de los ilícitos contra la seguridad de tránsito de vehículos, cometido en agravio de la seguridad de los medios de transporte y vías de comunicación, lesiones culposas en agravio de la salud de José Seba Lindo aquí quejoso y otros, la cual consignó, al Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, residente en Veracruz, Veracruz. Así entonces, una vez que se han analizado las constancias que integran los presentes autos, quien ahora resuelve considera que en la especie se encuentra acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de las siguientes consideraciones: El citado artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De acuerdo con el numeral antes transcrito, deviene el sobreseimiento del juicio de garantías cuando apareciere claramente que hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo cual, debe entenderse no sólo la circunstancia de que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Cobra aplicación por su contenido y consideraciones, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, octubre de 1994, visible en la página 313, cuyo contenido es el siguiente: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo." Lo que en el caso se actualiza, pues el impetrante de garantías reclama la no determinación de carpeta de investigación UIPJ/DXVIII/F-III/1041/2016, del índice del Fiscal Tercero de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial XVII, con sede en Veracruz, Veracruz (ejercicio de la acción penal o el no ejercicio de la acción penal), Empero, del informe rendido por el Fiscal Tercero de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial XVII, con sede en Veracruz, Veracruz, con sede en esta ciudad, se advierte que el dos de diciembre de dos mil veintiuno, la Fiscal Decimoquinta de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial XVII, con sede en Veracruz, Veracruz, en acatamiento o lo ordenado por el fiscal de distrito, consignó la carpeta de investigación UIPJ/DXVIII/F-III/1041/2016, de su índice, ante el Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, residente en Veracruz, Veracruz, instruida en contra de Felipe García, por su probable comisión de los ilícitos contra la seguridad de tránsito de vehículos, cometido en agravio de la seguridad de los medios de transporte y vías de comunicación, lesiones culposas en agravio de la salud de José Seba Lindo a qui quejoso y otros. Lo que se corrobora del análisis de las copias certificadas de las constancias relativas al proceso penal 1182/2021, remitidas por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, residente en Veracruz, Veracruz, entre las que obra la del aludido oficio 910/2020, emitido en la carpeta de investigación UIPJ/DXVIII/F-III/1041/2016, por el que se ejerció acción penal en contra de Felipe García, solicitándole al mencionado juez de control fijar fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia inicial a fin de formular imputación en libertad en contra del antes nombrado, lo cual dio origen al referido proceso penal, fijándose dicha audiencia para las diez horas del veintidós de marzo del año en curso; esto es, con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda de garantías (nueve de agosto de dos mil veintiuno). Luego, se estima que se han desvanecido las violaciones alegadas por la parte quejosa, como si se hubiere dictado una sentencia de amparo a su favor, con los efectos establecidos en el artículo 77 de la Ley de Amparo, acreditándose así de manera patente la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI de la Ley en consulta, en virtud que los efectos del acto reclamado quedaron destruidos en su totalidad, en lo que ve a dicha autoridad responsable, respecto de quien ya no pesa imputación alguna en torno a la omisión reclamada. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, Tomo IX, del mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En esas condiciones, se reitera lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías respecto del acto reclamado, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 63, fracción V y 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, pues de los citados numerales se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la Ley de la materia, así como los casos concretos en que expresamente procede en forma directa dicho sobreseimiento, además, ello iría en perjuicio y menoscabo de la garantía constitucional de administración pronta y expedita de la justicia, que contempla el artículo 17 constitucional. Criterios obligatorios para quien esto suscribe en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, y de acuerdo con su artículo Sexto transitorio siguen cobrando vigencia, pues si bien se integraron conforme con la Ley de Amparo anterior, su contenido no se opone al comprendido en la actual en el aspecto abordado. Consecuentemente, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Sin que se estime procedente lo previsto en el párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo, que establece que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes, se dará vista al quejoso para que en el término de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, dado que la finalidad de esa vista, es para que el impetrante de garantías aporte medios de convicción o exponga argumentos con los que se desvirtúe la causal, lo que no acontecerá en el caso, ya que el ejercicio de la acción penal o el no ejercicio de la acción penal decretado que actualiza la causa de improcedencia invocada, no le produce perjuicio alguno que justifique el ejercicio de su derecho, ya que aun cuando se tramite el asunto hasta el dictado de la sentencia, no podría decidirse sobre lo reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica en el proceso. Apoya lo anterior, por la idea que contiene la jurisprudencia I.8o.P. J/2 (10a.), sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2011905 de rubro: "VISTA A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE AMPARO. ES INNECESARIO OTORGARLA CUANDO LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE SE ACTUALIZA NO PRODUCE PERJUICIO AL QUEJOSO QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DE SU DERECHO HUMANO DE AUDIENCIA." Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. ...

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 28-02-2022, POR NO ATENDER AL AVISO DE 07-03-2022: .. Boca del Río, Veracruz, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y en especial el oficio 173/2021, remitido por la autoridad responsable Fiscal Tercero de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial XVII, con sede en Veracruz, Veracruz, relativo a su informe justificado, y su anexo. Ahora bien, del contenido del informe justificado se advierte que el referido fiscal responsable aceptó la existencia del acto reclamado al mencionar que se encuentra radicada de la carpeta de investigación UIPJ/DXVIII/F-III/1041/2016, en su estadística, instruida en contra de Felipe García, por su probable comisión en el ilícito Contra la Seguridad de Tránsito de Vehículos, cometido en agravio de la seguridad de los medios de transporte y vías de comunicación, así como los diversos de Lesiones Culposas y Daños Culposos, en agravio de la salud de José Seba Lindo, aquí quejoso, y otros. De igual manera, informó que el dos de diciembre del año dos mil veintiuno, la licenciada Cecilia Maasberg Fernández, en su carácter de Fiscal Decimoquinta de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial XVII, con sede en Veracruz, Veracruz, en acatamiento de lo ordenado por el fiscal de distrito, solicitó mediante oficio 910/2020, de dos de diciembre de dos mil veintiuno, el ejercicio de la acción penal al Juez de Control en turno, adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, de Veracruz, Veracruz, en contra del ciudadano Felipe García, lo que justificó con la copia del acuse de recibo presentado ante la oficialía de partes de los juzgados de control con sede en Veracruz, Veracruz, que adjuntó a su informe de Ley, lo cual fue realizado con posterioridad de la presentación de la demanda de amparo. Aunado a lo anterior, de las constancias que integran el presente sumario, se evidencia que mediante acuerdo de cuatro de febrero del año en curso, se tuvo al Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, residente en Veracruz, Veracruz, remitiendo copias certificadas de las constancias que integran el proceso penal 1182/2021, instruido en contra de Felipe García. Constancias que al tratarse de documentales públicas, tienen el valor probatorio pleno que le otorgan los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora, en la especie, el quejoso señala como acto reclamado la no determinación de carpeta de investigación UIPJ/DXVIII/F-III/1041/2016, del índice del Fiscal Tercero de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial XVII, con sede en Veracruz, Veracruz (ejercicio de la acción penal o el no ejercicio de la acción penal). Pues bien, de la prueba remitida por el fiscal responsable relativa a la carpeta de investigación UIPJ/DXVIII/F-III/1041/2016, cuyo valor probatorio quedó precisado párrafos precedentes, corrobora que el Fiscal Tercero de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial XVII, con sede en Veracruz, Veracruz, determinó el ejercicio de la acción penal en contra de Felipe García, por su probable comisión de los ilícitos contra la seguridad de tránsito de vehículos, cometido en agravio de la seguridad de los medios de transporte y vías de comunicación, lesiones culposas en agravio de la salud de José Seba Lindo aquí quejoso y otros, la cual consignó, al Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, residente en Veracruz, Veracruz. Así entonces, una vez que se han analizado las constancias que integran los presentes autos, quien ahora resuelve considera que en la especie se encuentra acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de las siguientes consideraciones: El citado artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De acuerdo con el numeral antes transcrito, deviene el sobreseimiento del juicio de garantías cuando apareciere claramente que hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo cual, debe entenderse no sólo la circunstancia de que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Cobra aplicación por su contenido y consideraciones, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, octubre de 1994, visible en la página 313, cuyo contenido es el siguiente: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo." Lo que en el caso se actualiza, pues el impetrante de garantías reclama la no determinación de carpeta de investigación UIPJ/DXVIII/F-III/1041/2016, del índice del Fiscal Tercero de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial XVII, con sede en Veracruz, Veracruz (ejercicio de la acción penal o el no ejercicio de la acción penal), Empero, del informe rendido por el Fiscal Tercero de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial XVII, con sede en Veracruz, Veracruz, con sede en esta ciudad, se advierte que el dos de diciembre de dos mil veintiuno, la Fiscal Decimoquinta de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial XVII, con sede en Veracruz, Veracruz, en acatamiento o lo ordenado por el fiscal de distrito, consignó la carpeta de investigación UIPJ/DXVIII/F-III/1041/2016, de su índice, ante el Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, residente en Veracruz, Veracruz, instruida en contra de Felipe García, por su probable comisión de los ilícitos contra la seguridad de tránsito de vehículos, cometido en agravio de la seguridad de los medios de transporte y vías de comunicación, lesiones culposas en agravio de la salud de José Seba Lindo a qui quejoso y otros. Lo que se corrobora del análisis de las copias certificadas de las constancias relativas al proceso penal 1182/2021, remitidas por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, residente en Veracruz, Veracruz, entre las que obra la del aludido oficio 910/2020, emitido en la carpeta de investigación UIPJ/DXVIII/F-III/1041/2016, por el que se ejerció acción penal en contra de Felipe García, solicitándole al mencionado juez de control fijar fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia inicial a fin de formular imputación en libertad en contra del antes nombrado, lo cual dio origen al referido proceso penal, fijándose dicha audiencia para las diez horas del veintidós de marzo del año en curso; esto es, con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda de garantías (nueve de agosto de dos mil veintiuno). Luego, se estima que se han desvanecido las violaciones alegadas por la parte quejosa, como si se hubiere dictado una sentencia de amparo a su favor, con los efectos establecidos en el artículo 77 de la Ley de Amparo, acreditándose así de manera patente la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI de la Ley en consulta, en virtud que los efectos del acto reclamado quedaron destruidos en su totalidad, en lo que ve a dicha autoridad responsable, respecto de quien ya no pesa imputación alguna en torno a la omisión reclamada. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, Tomo IX, del mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En esas condiciones, se reitera lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías respecto del acto reclamado, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 63, fracción V y 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, pues de los citados numerales se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la Ley de la materia, así como los casos concretos en que expresamente procede en forma directa dicho sobreseimiento, además, ello iría en perjuicio y menoscabo de la garantía constitucional de administración pronta y expedita de la justicia, que contempla el artículo 17 constitucional. Criterios obligatorios para quien esto suscribe en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, y de acuerdo con su artículo Sexto transitorio siguen cobrando vigencia, pues si bien se integraron conforme con la Ley de Amparo anterior, su contenido no se opone al comprendido en la actual en el aspecto abordado. Consecuentemente, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Sin que se estime procedente lo previsto en el párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo, que establece que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes, se dará vista al quejoso para que en el término de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, dado que la finalidad de esa vista, es para que el impetrante de garantías aporte medios de convicción o exponga argumentos con los que se desvirtúe la causal, lo que no acontecerá en el caso, ya que el ejercicio de la acción penal o el no ejercicio de la acción penal decretado que actualiza la causa de improcedencia invocada, no le produce perjuicio alguno que justifique el ejercicio de su derecho, ya que aun cuando se tramite el asunto hasta el dictado de la sentencia, no podría decidirse sobre lo reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica en el proceso. Apoya lo anterior, por la idea que contiene la jurisprudencia I.8o.P. J/2 (10a.), sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2011905 de rubro: "VISTA A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE AMPARO. ES INNECESARIO OTORGARLA CUANDO LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE SE ACTUALIZA NO PRODUCE PERJUICIO AL QUEJOSO QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DE SU DERECHO HUMANO DE AUDIENCIA." Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. ...

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, cuatro de febrero de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta, signado por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, residente en Veracruz, Veracruz, mediante el cual se le tiene dando cumplimiento al requerimiento realizado por este juzgado el veinticinco de enero del año en curso, por lo que se deja sin efectos el apercibimiento ahí realizado. Por tanto, se le tiene remitiendo constancias que integran el proceso penal 1182/2021, de su índice por lo que téngansele como pruebas de dicha responsable, por lo que se dejan a vista de las partes, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista...

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