José Saúl Rodríguez Ramírez
Expediente 399/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 399/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- José Saúl Rodríguez Ramírez
Actuaciones
- Principal
Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 25/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Vista la certificación que antecede y en atención a que la Secretaria certifica que revisó el Libro de Oficialía de Partes de este Juzgado y constató que del veintitrés de octubre al seis de noviembre de dos mil veinte, transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia dictada el quince de octubre del año en curso, sin que hayan hecho uso del recurso de revisión a que se alude; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a dicho ordenamiento, se declara que la citada resolución ha causado ejecutoria. En tales condiciones, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido, en términos del numeral 214, de la Ley de la materia. Disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes De conformidad con el Artículo 18, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que este expediente es susceptible de depuración, dado que en el mismo por una parte se decretó el sobreseimiento y por otra se negó el amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes, y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental amerite su conservación. Hágase la anotación en la carátula del expediente, de que es susceptible de depuración. Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto Décimo Primero del Acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte, previo las anotaciones a que se refiere el párrafo segundo de dicho punto. Notifíquese.
- Principal
En San Luis Potosí, capital, a las nueve horas con treinta minutos del quince de octubre de dos mil veinte, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 399/2020-4, ante Fabiola Delgado Trejo, Juez Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí y Secretario con quien actúa y autoriza Adán Carmona Martínez, se declaró abierta sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el Secretario hace relación de las actuaciones existentes en autos, consistentes en: auto admisorio; constancias de notificación a las partes e informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Finalmente, se da cuenta con la certificación del Secretario de esta fecha, en la que hace constar:... A lo anterior la Juez acuerda, téngase hecha la relación que antecede, la que será considerada al resolver el presente asunto. En cuanto a la certificación secretarial de cuenta, la Juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para comparecer a la audiencia mediante el uso de videoconferencia, en consecuencia, la presente audiencia se desahoga sin su asistencia y, por ende, se celebra vía remota y por escrito. Abierto el período de pruebas, el Secretario da cuenta con la documental que el quejoso ofreció en autos (foja 87 del expediente en que se actúa), así como con las diversas ofrecidas por las autoridades responsables como apoyo, tanto a su informe a la suspensión de plano como al informe justificado (fojas 21 a 25; 32 a 36; 72 a 77; 105 a 107; y 114 del expediente en que se actúa); así como que no existen pruebas pendientes por desahogar. Disponiendo la Juez que: de conformidad con lo dispuesto por los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en virtud de su propia y especial naturaleza, las pruebas con las que se ha dado cuenta. Por otra parte, téngase a la vista las documentales referidas, y tómense en consideración las mismas al momento de resolver el juicio de amparo en que se actúa. No habiendo pruebas pendientes por desahogar se cierra el periodo probatorio. Abierto el período de alegatos, el Secretario da cuenta únicamente con los alegatos formulados por el quejoso; de igual manera, que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita sí presentó pedimento. Por ello la Juez dispuso: Se tiene al quejoso, y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, por formulando manifestaciones de su parte; y por perdido el derecho de las restantes partes de formular alegatos. Al no haber diversas manifestaciones que relacionar, se declara el cierre del presente período. Acto continuo, el Secretario hace constar que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y que, por tanto, está debidamente integrado para emitir la resolución que en derecho corresponda. Ante ello, la Juez determina, al no haber diligencias pendientes por desahogar, y estando debidamente integrado el expediente, se levanta la presente acta y se procede a dictar sentencia. VISTO para resolver el juicio de amparo 399/2020-4, promovido por José Saúl Rodríguez Ramírez, contra actos del Director del Centro Penitenciario de San Luis Potosí y otras autoridades. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado, vía electrónica, el veintidós de julio de dos mil veinte, José Saúl Rodríguez Ramírez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto que se especifican a continuación:... SEGUNDO. Derecho fundamental. El quejoso narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló, como derecho fundamental violado el consagrado en los artículos 1º y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite. Previa admisión de la demanda, el veintidós de julio de dos mil veinte, se decretó la suspensión de plano del acto reclamado, para el efecto de que las autoridades responsables de inmediato, en el ámbito de su competencia, tomen las medidas necesarias acorde con las facultades presupuestarias, orgánicas y administrativas inherentes a su función, a fin de que el aquí quejoso recibiera la atención médica y se le suministraran los medicamentos correspondientes en relación a su estado de salud, ello bajo su más estricta responsabilidad; se requirió a las autoridades responsables por los informes de dicha suspensión e informes justificados, respectivamente; se dio intervención legal a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita. El treinta de julio de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo, se fijó día y hora para la celebración de audiencia constitucional, misma que no se llevó a cabo debido a que el treinta y uno de agosto de la presente anualidad, se tuvo al quejoso por ampliando su demanda respecto a la diversa autoridad denominada: Doctor Guillermo González Ruiz, perteneciente al Centro de Reinserción Social número 1 en el Estado. Se fijó fecha y hora para la audiencia constitucional, y fue fijada para su desahogo a través del uso de videoconferencia, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la cual se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se determina el número y límite territorial de los Circuitos en que se divide el País, y la jurisdicción de éste Juzgado, al reclamarse actos cuyos efectos se surten en el territorio donde este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Oportunidad de la demanda. En el caso, el acto reclamado es un acto negativo atribuido a las autoridades responsables, por ende, es inconcuso que en atención a la naturaleza de tal omisión reclamada, y al no existir oportunidad específica, la demanda de amparo fue presentada conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo.... TERCERO. Precisión de actos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a las constancias del juicio de origen y lo manifestado por la quejosa en su demanda, se desprende que en esencia el acto que reclama es el siguiente: La negativa de proporcionar al quejoso el medicamento de nombre comercial "AFINITOR", con sustancia activa "Everolimus de 10 miligramos", ello no obstante las peticiones que les ha hecho del mismo. CUARTO. Inexistencia del acto. No son ciertos los actos reclamados a las diversas autoridades responsables Juez de Control y del Tribunal del Juicio Oral adscrito al Centro de Justicia Penal Regional Sala sede San Luis Potosí, pues al momento de rendir su informe justificado los niega expresamente, sin que el aquí quejoso haya aportado prueba alguna en contrario para desvirtuar esa negativa. Ahora bien, no obstante que con tal informe se dio vista al quejoso (veintiuno de agosto de dos mil veinte), éste no aportó medio de convicción alguno tendiente a desvirtuar tal negativa, como era su carga procesal conforme a la interpretación, a contrario sentido, del artículo 117 de la Ley de Amparo, por lo que al prevalecer dicha negativa debe concluirse que los actos atribuidos a tal autoridad son inexistentes. En tal virtud, ante la inexistencia de los actos reclamados, sin prueba en contrario, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio.... QUINTO. Certeza de acto. Son ciertos los actos reclamados a las diversas autoridades responsables Director del Centro de Readaptación Social en el Estado y Doctor Guillermo González Ruiz perteneciente a dicho Centro Penitenciario, pues si bien es cierto que al momento que rindieron sus informes negaron los actos, también lo es que al momento de la presentación de la demanda ni al momento que rindieron sus informes aceptaron que no le había proporcionado al quejoso el medicamento consistente en "AFINITOR", con sustancia activa "Everolimus de 10 miligramos". Lo anterior se corrobora con las documentales que acompañaron, tanto a sus informes relativos a la suspensión de plano como a los justificados (fojas 21 a 25; 32 a 36; 72 a 77; 105 a 107; y 114 del expediente en que se actúa); y en donde expusieron que el quejoso, no requiere la prescripción de dicho medicamento, dado que dicho medicamento es para inmunosupresor utilizado para rechazo de trasplante, circunstancia que no presenta el quejoso, pues su padecimiento es diabetes millitus tipo II e hipertensión controlada, lo cual será motivo de análisis en la presente resolución. Documentales con valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por remisión expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, al tratarse de copias certificadas por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. SEXTO. Estudio de fondo. En el presente asunto no se invocó la actualización de alguna causa de improcedencia; y de oficio, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, no advierte la actualización de alguna, por lo que lo imperante es proceder a realizar el estudio del fondo del asunto.... Conceptos de violación El quejoso hace valer en sus conceptos de violación, que las autoridades responsables violan su derecho a la salud, porque se niegan a otorgarle el medicamento de nombre comercial "AFINITOR", con sustancia activa "Everolimus de 10 miligramos", y que lo necesita para el dolor de cabeza, sangrado por ojos y para convulsiones, ello no obstante las peticiones que les ha hecho del mismo. Derecho a la Salud. Establecido lo anterior, previo a la calificativa de los conceptos de violación hechos valer, es menester citar algunas consideraciones en torno al derecho a la salud, que la quejosa asegura le fue vulnerado.... La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca del derecho a la salud tutelado por el artículo 4° constitucional, estableciendo, en lo que interesa lo siguiente: El derecho a la salud no se limita a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo, es decir, se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. Del artículo 4º, párrafo cuarto, de la Constitución Federal, que establece que toda persona tiene derecho a la salud, y derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. El Estado Mexicano ha suscrito convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho. La realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Si bien para la justiciabilidad del derecho a la salud en el juicio de amparo es menester constatar que se invoque la violación de un derecho fundamental que incorpora pretensiones jurídicas subjetivas y que la invasión al derecho que se denuncia represente un tipo de vulneración remediable por dicha vía, lo cierto es que ello no permite descartar que, en ciertas ocasiones, dar efectividad al amparo implique adoptar medidas que colateral y fácticamente tengan efectos para más personas que las que actuaron como partes en el caso concreto, siempre y cuando tales efectos tengan una relación fáctica o funcional con los de las partes. De acuerdo con lo anterior, el derecho a la salud, puede entenderse como la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud encaminados a la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. Se trata de un derecho complejo que despliega una amplia serie de posiciones jurídicas fundamentales para los particulares y para el Estado, en el entendido que la protección de la salud y el desarrollo de los correspondientes sistemas sanitarios asistenciales es una de las tareas fundamentales de los Estados democráticos contemporáneos y representa una de las claves del estado de bienestar. Así, la salud es una meta prioritaria en sí misma y, a su vez, es el pilar estratégico para que existan otras prerrogativas, ya que las posibilidades de que sean capaces los individuos para desplegarlas como tales, dependen de los logros en salud, en tanto un estado de bienestar general resulta indispensable para poder ejercer el resto de los derechos humanos que tutela la Constitución Federal, y en consecuencia, para poder llevar una vida digna. La plena realización del derecho humano a la salud es uno de los requisitos fundamentales para que las personas puedan desarrollar otros derechos y libertades de fuente constitucional y convencional, por lo que la prosecución de la justicia social no puede ignorar el papel de la salud en la vida humana y en las oportunidades de las personas para alcanzar una vida sin enfermedades y sufrimientos que se resulten evitables o tratables, y sobre todo, evitar una mortalidad prematura. Ahora, es importante concretar el estudio al contenido y alcance jurídico del derecho humano al disfrute al más alto nivel posible de salud física y mental, que consagra el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual es del tenor literal siguiente:... Del precepto convencional en cita, se advierte que el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, impone obligaciones positivas a los Estados parte, de las que se destacan, las medidas necesarias para la reducción de la mortalidad, el tratamiento de las enfermedades y, especialmente, la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. Respecto de la última obligación en comento, el precepto internacional no establece expresamente qué tipo de condiciones de asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad se encuentran obligados a establecer los Estados contratantes. Sin embargo, un acercamiento a la extensión de la obligación de salvaguardar el derecho al disfrute del más alto nivel posible a la salud, en su vertiente de tratamiento de enfermedades y condiciones de asistencia y servicios médicos, puede colegirse del artículo 2° de la propia convención:... Del precedente artículo se advierte que el Estado mexicano se encuentra obligado a: I. Adoptar medidas -tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacional, especialmente, económicas y técnicas-; II. Hasta el máximo de los recursos de que disponga; III. Para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, la plena efectividad de los derechos humanos reconocidos en la convención. En esa lógica, en virtud del derecho consagrado en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se impone al Estado mexicano, por una parte, una obligación inmediata de asegurar a las personas, al menos, un nivel esencial del derecho al nivel más alto posible de salud y, por otra, una de cumplimiento progresivo, consistente en lograr su pleno ejercicio hasta el máximo de los recursos que disponga. De lo anterior se advierte que existirá una violación al derecho humano a la salud cuando, entre otras cuestiones, el Estado no adopte las medidas apropiadas para dar plena efectividad al derecho universal a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental. Bajo esa óptica, serán analizadas las constancias que obran en el presente sumario, ello a fin de determinar si en efecto, el actuar de las autoridades responsables implica o no transgresión al derecho fundamental a la salud de que goza la quejosa, que amerite ser reparado. Concepto de violación infundado. En efecto, como se adelantó, el quejoso acude al amparo por estar interno en el Centro de Readaptación Social en esta ciudad, y que en dicho Centro Penitenciario le niegan la atención médica a su padecimiento así como el medicamento de nombre "AFINITOR", con sustancia activa "Everolimus de 10 miligramos". Consta en autos del expediente en que se actúa, que el quejoso se encuentra interno en el Centro Penitenciario del Estado y que cuenta con padecimientos de Diabetes Millitus tipo II e Hipertensión controlada. Respecto a tales aspectos no existe controversia que haya hecho valer el quejoso. En efecto, el quejoso señala que la autoridad responsable no proporciona la atención médica requerida, en específico porque no le ha proporcionado el medicamento "AFINITOR", con sustancia activa "Everolimus de 10 miligramos", ello porque así se lo prescribió el doctor Guillermo González Ruiz. Todo lo anterior se encuentra acreditado con la documental que exhibió el quejoso, consistente en la receta médica expedida por el doctor Guillermo González Ruiz (foja 87), así como las remitidas por las autoridades responsables consistentes en informe médico expedida el veintitrés de julio de dos mil veinte, por el Doctor Guillermo Juárez Guzmán, Encargado del Departamento Médico del Centro Penitenciario Estatal de San Luis Potosí, que dirige al Director de dicho Centro, en el cual informa lo siguiente:.... Documentos a los cuales, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se les otorga valor probatorio pleno, al tratarse de documentos expedidos por servidores públicos en pleno ejercicio de sus funciones. Entonces, en el caso concreto, acorde con las documentales allegadas al presente juicio, está demostrado que el quejoso sí se le esta prestando la atención médica requerida para su padecimiento de hipertensión y Diabetes Millutis tipo II, y principalmente, se le suministran los medicamentos consistentes en Metformina y Enalapril. Sin que pase desapercibida la documental que exhibió el quejoso (foja 87 del expediente en que se actúa), en la cual se desprende que en efecto, entre otro medicamento, el doctor Guillermo González Ruiz, le recetó "Afinitor (Everolimus) comprimidos 10 mg/tomar un comprimido al día" expedida el veintiocho de abril de dos mil veinte; sin embargo, también de dicho documento se advierte que tal medicamento solamente fue por el periodo de un mes; es decir, dicho tratamiento concluyó el veintiocho de mayo de dos mil veinte; por lo que, al momento de presentación de la demanda de amparo veintidós de julio de dos mil veinte, ya no estaba vigente la prescripción del tratamiento. Aunado a lo anterior, existe el informe médico de fecha nueve de septiembre de dos mil veinte, signado por el Doctor Guillermo González Ruiz, que dirige al encargado de la Subdirección Jurídica del Centro Penitenciario Estatal de San Luis Potosí (foja 114 del expediente en que se actúa), en el cual hace del conocimiento lo siguiente:.... Entonces, en el caso concreto, acorde con las documentales allegadas al presente juicio, está demostrado que el quejoso sí se le está prestando la atención médica requerida para sus padecimientos de hipertensión y Diabetes Millutis tipo II, y principalmente, se le suministran los medicamentos consistentes en Metformina y Enalapril; empero por lo que respecta al diverso que solicita Afinitor con elemento activo Everolimus comprimidos 10 mg, este fue recetado solamente por un mes, y a la fecha de presentación de la demanda ya no lo requería; y sin que el quejoso haya demostrado o controvertido que actualmente lo requiere, no obstante la vista que se le dio con los informes, tanto justificados como de plano. En atención a lo anterior, se desprende que ha sido respetado y garantizado el derecho humano a la salud del aquí quejoso, pues se le otorgó el tratamiento médico para su padecimiento; y respecto al que refiere (Afinitor), de acuerdo a lo asentado por el médico, ya no lo requiere pues fue tratamiento para un mes, de modo que, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo expuesto y fundado en los artículos 73, 74 y 76 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por José Saúl Rodríguez Ramírez, contra el acto reclamado al Juez de Control y del Tribunal del Juicio Oral adscrito al Centro de Justicia Penal Regional Sala sede San Luis Potosí, precisado en el considerando tercero, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a José Saúl Rodríguez Ramírez, contra el reclamado al Director del Centro de Readaptación Social en el Estado y Doctor Guillermo González Ruiz perteneciente a dicho Centro Penitenciario, mencionados en considerando quinto, por los razonamientos vertidos en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese...
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