José Saúl Negrete Contreras
Expediente 517/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 18 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 517/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 28/06/2019
Partes del expediente
- José Saúl Negrete Contreras
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
** TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio signado por el Encargado de la Coordinación de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual informa que en dicha ciudad no se ubican personas indígenas que actúen con el carácter de intérpretes-traductores en lenguas indígenas que cubran el perfil requerido en autos; sin embargo, mediante su similar número DG/CGDI/2019/OF/0988 le solicitó a la Oficina de Representación de dicho Instituto en el Estado de Nayarit, para que realice las acciones que resulten procedentes a efecto de dar cumplimiento al requerimiento contenido en autos; en consecuencia, agréguense a sus autos sin mayor proveído dado que en auto de veinticuatro del mes y año en curso (foja 133), se tuvo por recibido vía correo electrónico el libelo de cuenta. **
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE.Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en este Juzgado Federal el siete y dieciocho de junio del año en curso (fojas 115-116 y 121-122), la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por auto de diecinueve de junio de la presente anualidad (foja 123), se dio vista a la parte quejosa con el referido comunicados y anexos, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa, el veinte de junio del año en curso (foja 124); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del veinticuatro al veintiséis de junio de dos mil diecinueve, sin que se realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. .." Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario constitucional el quince de abril de dos mil diecinueve (fojas 62-83), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: 1. Los artículos 22, fracción I, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el costo por inscripción de documentos, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sea desincorporado de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencias, devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $290.00 pesos (fracción I), por el pago de concepto de inscripción de documento público, con sustento el artículo 22, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional. Remanente que debe calcularse en función de la erogación realizada por el quejosa, acreditada mediante la impresión del formato de pago expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, no realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida, únicamente por lo que ve a la aplicación de la fracción I, del citado arábigo; esto es únicamente por la cantidad de $8,810.25 pesos; en consecuencia, deberá hacer la devolución del pago que realizó la parte quejosa, solamente por los impuestos referidos en relación al pago que efectuó la parte quejosa respecto de lo que erogó por concepto de inscripción de documento público. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarlo de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $290.00 (Doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece la fracción I, del artículo 22 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago de los derechos por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. "." 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sean restituidos en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. "." Sin que sea necesario requerir a las autoridades responsables por la devolución del concepto "INSCRIP. PRÉSTAMO HIPOTECARIO", en razón de que éste, así como el precepto normativo que lo sustenta no fue señalado como acto reclamado por la parte quejosa, ni se formularon conceptos de violación que lo combatieran." De lo anterior se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: a) Que no le fuera aplicado a la parte quejosa lo previsto en los artículos 22, fracción I, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevé el costo por inscripción de documentos, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro; b) Que la autoridad responsable devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $290.00 pesos, por el pago de concepto de inscripción de documento público, con sustento el artículo 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional; y, c) Que la cantidad a devolver tiene que ser debidamente actualizada. Luego, a través de los oficios y anexos recibidos en este Juzgado Federal el siete y dieciocho de junio del año en curso (fojas 115-116 y 121-122), la delegada de la citada autoridad responsable, informó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, del cual se advierte que efectuó la devolución a la quejosa por medio de transferencia de cuatro de junio del año en curso, por la cantidad de $13,155.34 (trece mil ciento cincuenta y cinco pesos 34/100, moneda nacional). Por lo que se procede a determinar si la cantidad que devuelve la responsable es la correcta; en ese tenor, si tenemos que al monto total de $19,448.28 (dieciocho mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 28/100, moneda nacional), monto que pagó, tanto por el concepto de "inscripción de instrumento público o privado" y por "inscripción de préstamo hipotecario", se le resta la cantidad de $3,984.67 (tres mil novecientos ochenta y cuatro pesos 67/100, moneda nacional), por concepto de "inscripción de préstamo hipotecario", que no fue materia de la concesión del amparo, así como la cantidad de los impuestos adicionales que generó dicho concepto correspondiente a $2,072.02 (dos mil setenta y dos pesos 02/100, moneda nacional), arroja la cantidad de $13,391.59 (trece mil trescientos noventa y un pesos 59/100, moneda nacional), que es lo que corresponde al concepto de "inscripción de documento público o privado". Por tanto, de la cantidad de $13,391.59 (trece mil trescientos noventa y un pesos 59/100, moneda nacional), que corresponde al concepto de inscripción de documento público o privado, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión, se le resta la cuota a pagar de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100, moneda nacional), por concepto de 'INSCRIP. DOCUMENTO PÚBLICO O PRIVADO", Fom. Educación, Asist. Social, U.A.N, da como resultado la suma de $13,101.59 (trece mil ciento un pesos 59/100, moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, mientras que la autoridad responsable devolvió las contribuciones reclamadas mediante transferencia electrónica el cuatro de junio del mismo año; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de enero al mes de abril de dos mil diecinueve (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de enero de dos mil diecinueve fue 103.108; y para el mes de abril de dos mil diecinueve 103.531. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0041. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por el concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $13,155.34 (trece mil ciento cincuenta y cinco pesos 34/100, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $53.74 (cincuenta y tres pesos 74/100 moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la ejecutoria en análisis se encuentra cumplida en sus términos, pues la autoridad devolvió a la quejosa la cantidad total de $13,155.34 (trece mil ciento cincuenta y cinco pesos 34/100, moneda nacional), que es el monto obtenido por la suma de $13,101.59 (trece mil ciento un pesos 59/100, moneda nacional), más la actualización de $53.74 (cincuenta y tres pesos 74/100 moneda nacional). Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados al quejoso, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo, se sobreseyó en y por otra parte se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
** TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de cinco de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 206 y 207), se tuvo por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, en el cual declaró firme el auto de siete de julio de dos mil dieciséis, mediante el cual el citado Tribunal desechó el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la sentencia de treinta de mayo del año actual (fojas 101 a la 106), mediante la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, acuerdo que se notificó a las partes, el seis de septiembre de dos mil dieciséis (foja 207 vuelta), surtió sus efectos, para la parte tercera interesada y quejosa, el siguiente día hábil, esto es el siete de septiembre de dos mil dieciséis; por lo tanto, el término de seis meses previsto por el numeral 156 de la Ley de Amparo, para reclamar la devolución del certificado de depósito N 757877, valioso por la cantidad de diez mil pesos moneda nacional, exhibido por el apoderado de la quejosa, para garantizar la concesión de la suspensión definitiva dictada en autos, comprendió del ocho de septiembre dos mil dieciséis al ocho de marzo de dos mil diecisiete, plazo dentro del cual la parte tercera interesada, no se presentó a efecto de solicitar la garantía otorgada. Consecuentemente, al no ser necesaria la retención del certificado de depósito N 757877, valioso por la cantidad de diez mil pesos moneda nacional, requiérase a la parte agraviada, para que comparezca ante este Órgano Jurisdiccional a recoger el propio, previa toma de razón y recibo que deje en autos; apercibido que de no realizarlo en el plazo previsto en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, se declarará prescrito el mismo a favor del Fisco Federal. **
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, suscrito por * Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual informa que ha dado cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo; en consecuencia, de conformidad en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con dicho comunicado, así como con el diverso recibido en este juzgado el diez de junio del año en curso y su anexo (fojas 115-116), a efecto de que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en el referido oficio y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación al cumplimiento del fallo protector. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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