José Santos Reyes Kú Hau

Expediente 412/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
412/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
26/05/2023

Partes del expediente

  • José Santos Reyes Kú Hau y Otros.
  • José Santos Reyes Kú Hau

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    CITATORIO-PARTE PERITO. Mérida, Yucatán, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el escrito de la perito de la parte quejosa contadora pública ********************, mediante el cual rinde el dictamen pericial solicitado en estos autos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, requiérase a la aludida perito para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, se sirva comparecer ante esta autoridad judicial, a efecto de ratificar el contenido y firma de su dictamen de cuenta; apercibida para el caso de no hacerlo así sin causa justificada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo, por desacato a un mandato de autoridad judicial. Notifíquese y personalmente a la perito ******************** por conducto de la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    AVISO-PARTE QUEJOSA. Mérida, Yucatán, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que obra el oficio mediante el cual se informó sobre el cumplimiento de la sentencia dado por las autoridades responsables, por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, póngase a la vista de las partes por el término de tres días para el uso de sus derechos; apercibidas que de no hacer manifestación alguna sobre el particular, se procederá conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del precepto mencionado. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el informe justificado rendido por la Presidente de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, autoridad señalada como responsable en el presente juicio de amparo, el cual se ordena agregar a estos autos para que obre como corresponda. Ahora bien, se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Inexistencia de acto reclamado. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, y que resultan aplicables por similitud de razón, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes, tales como aquéllos en que claramente aparezca demostrado que no existe el acto reclamado. Esto al tener en cuenta que la actualización de la hipótesis anterior, debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la tesis XIII.1º.P.T.27 K (10ª) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2019803, que es del rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito d1e referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado." Por lo anterior, cuando exista una causal de sobreseimiento que fuese notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Así, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y ...". La causal de sobreseimiento prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Así, se actualiza la mencionada causa de improcedencia, respecto del acto que la parte quejosa reclama de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, que consiste en la omisión de dictar el laudo en el juicio laboral ******************** de origen. Sin embargo, de la constancia certificada que la Presidente de la Junta responsable remitió con su informe justificado de cuenta, a la que este órgano de control constitucional le confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, dictó un acuerdo en el que le otorgó a las partes el término de dos días a fin de que formularan alegatos, que le fue notificado al actor, aquí quejoso, mediante boletín oficial de la responsable el veintisiete de abril referido. De lo anterior, se evidencia que a la fecha de presentación de la demanda, que lo fue el catorce de marzo de dos mil veintitrés, no existía el acto de omisión reclamado, pues el procedimiento de origen se encontraba en una etapa que no permitía a la responsable dictar el laudo, lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. Lo anterior permite deducir sin lugar a dudas la inexistencia del acto reclamado, sin que haya posibilidad alguna de que se pueda desvirtuar dicha inexistencia con algún medio de prueba que exhiban las partes. Cesación de efectos. Por otro lado, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ..". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. Efectivamente, se actualiza la mencionada causa de improcedencia, respecto al diverso acto reclamado por la parte quejosa a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, que consiste en la omisión de otorgar a las partes el término de dos días a fin de que formularan alegatos correspondientes en el juicio laboral ******************** de origen. Esto, porque de los informes justificados rendidos por la Junta responsable y por el Actuario de su adscripción y de la constancia certificada enviada con el primero de los informes de mérito, previamente valorada, se desprende que mediante auto de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, dictó un acuerdo en el que le otorgó a las partes el término de dos días a fin de que formularan alegatos, que le fue notificado al actor, aquí quejoso, mediante boletín oficial de la responsable el veintisiete de abril referido. Lo anterior, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que lo fue el catorce de marzo de dos mil veintitrés; por lo que es evidente que cesaron los efectos de ese acto reclamado; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, ya que, a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haberse actualizado de igual manera de modo manifiesto e indudable las causales de improcedencia previstas en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. Por último, en virtud de lo relatado en párrafos que preceden, se queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las doce horas del once de mayo de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Atento el estado procesal que guardan estos autos y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. (...) Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.

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