José Santos Ramírez Chacón
Expediente 2016/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2016/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- José Santos Ramírez Chacón
Actuaciones
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Escrito. Se recibe el escrito signado por el quejoso Enrique Madinabeitia Aguirre, mediante el cual señala nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. Domicilio. En consecuencia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito de cuenta, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición de su numeral 2°. Medio de contacto. Asimismo, se toma conocimiento del número telefónico que proporciona como medio de contacto. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Informe. Visto lo de cuenta, se recibe el informe justificado remitido por el Subjefe de Área adscrito a la Dirección Normativa de Procedimientos Legales de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Gómez Palacio, Durango, y agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Domicilio. No señala. Delegados. Conforme con el artículo 9° de la legislación aplicable, se tienen como delegados a las personas señaladas para ello en el oficio que se provee. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable ofreciendo la prueba documental que menciona en su informe justificado, así como la instrumental de actuaciones; la cual se admite, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional. Vista. En consecuencia, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, este juzgado federal advierte que, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que al respecto señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". El análisis gramatical de tal disposición, permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. En ese sentido, los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental transgredido. La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió o a quien se atribuyó el acto de molestia deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto. Es así, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. En el caso, del sumario se advierte que la parte quejosa reclamó la omisión de emitir una respuesta a la solicitud de la parte quejosa respecto a que se le otorgue una copia certificada de su concesión de pensión, y la autoridad responsable remitió copia certificada de la concesión de pensión del quejoso ********************, así como acta de notificación donde entrega copia certificada de dicha constancia al autorizado de la parte quejosa. Esa constancia cuenta con valor probatorio pleno, por tratarse de una documental pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de este último ordenamiento. Por tanto, resulta claro que al darse una respuesta positiva al escrito presentado por la parte quejosa, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la transgresión constitucional. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo VII, abril de 1998, página 242, que establece lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En consecuencia, al quedar actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V de la ley de la materia. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que señala lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Cancelación de la audiencia constitucional. En función de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada en el presente juicio para las diez horas del diez de febrero de dos mil veintitrés, por las razones expuestas con antelación. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; treinta de enero de dos mil veintitrés. Oficio. Se recibe el oficio que remite el encargado de la oficina del Servicio Postal Mexicano de esta ciudad y, en atención a su contenido, dígasele que toda vez que ya obran los acuses de recibo de los oficios relativos a la notificación de la sentencia emitida en autos y que le fueron requeridos; por tanto, se deja sin efectos el apercibimiento decretado al respecto. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; dos de enero de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos de la Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Durango, con residencia en esta ciudad; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 35, 37, 107, 108, 115, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo en el expediente número ********************. Incidente de suspensión. No lo solicitó. Informe justificado. De acuerdo con el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable el informe justificado relativo, que deberá rendir dentro del término de quince días, contado a partir de su legal notificación. Desde luego, en el propio informe la autoridad expondrá las razones y los fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, para lo cual debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. Multa. Con el apercibimiento que de no rendir su informe dentro del término conferido, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, y con fundamento en el artículo 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo, se les impondrá en lo particular una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización. Con la prevención de que en caso de ser omisa al respecto y de no informar cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o cuando hayan ocurrido causas notorias de sobreseimiento, se procederá en su contra conforme a lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley de Amparo. Improcedencia y sobreseimiento. Con fundamento en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que, tan pronto como aparezca una causal de improcedencia o sobreseimiento, lo comuniquen a esta autoridad y de ser posible acompañen las constancias que la acrediten, con el apercibimiento que, de no hacerlo así, con fundamento en el último numeral mencionado, se les impondrá en lo particular una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Audiencia constitucional. En términos del dispositivo 115 de la ley en aplicación, se señalan las diez horas del diez de febrero de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional, conforme con el artículo 115 de la ley de la materia. Tercero interesado. No existe. Intervención al Ministerio Público. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, fracción IV de la Ley de Amparo, dese la intervención que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo las pruebas documentales que anexa a la demanda de amparo; las cuales se admiten, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición de su numeral 2°. Autorizados. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, toda vez que se encuentran registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a ******************** por así solicitarlo el promovente. Consulta de expediente. En términos de los artículos 3 y 21 de la Ley de Amparo, y demás relativos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al usuario ******************** acceder al expediente electrónico del presente juicio de amparo. Lo cual deberá brindarse a través del encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a quien se instruye para que habilite los permisos de consulta al indicado usuario. Correo electrónico y número celular. Por otro lado, téngase al compareciente señalando el correo electrónico y los números de celular que proporciona; lo anterior, para que a través de dicho medio puedan entablarse comunicaciones no procesales, como forma especial y expedida de contacto en los casos en que se estime necesario. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Digitalización. De conformidad con el artículo 3º, párrafo octavo de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notificaciones a autoridad. Por último, destáquese a las partes que a partir de este momento procesal, para el caso de que audiencia constitucional no se celebre en la hora y fecha que se indica, el proveído en el que ésta se reprograme, les será notificado por lista de acuerdos, de conformidad con los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo y el diverso numeral 21 del aludido Acuerdo General 21/2020, pues dada su trascendencia no resulta necesaria la notificación por oficio o personal; máxime que la ley de la materia no lo dispone expresamente. Notifíquese. Así lo acuerda y firma la licenciada Ma Elena Samaniego Carnero, Secretaria adscrita al Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, encargada del despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada mediante oficio CCJ/ST/5788/2022, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, asistida de la licenciada Dulce Lizbeth Gutiérrez Hernández, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · 9,893 expedientes
- José Rubén Macias Arjón405/2019
- José Rubén Macías Arjón1318/2021
- Jose Ruperto Torres Cordero75/2022
- José Salvador Beltrán del Rio Anaya1690/2018
- Jose Salvador Necochea Albores367/2021
- José Santos Luevanos Reyes394/2016
- José Santos Rios Gómez937/2021
- José Santos Urquizo Salazar331/2023
- José Santos Urquizo Salazar1687/2023
- José Saúl Benavides Palomares379/2017
- José Saúl Benavidez Palomares1330/2018
- Jose Sergio Villa Medina567/2021