José Santos Hernández Pablo
Expediente 1093/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1093/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 24/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- José Santos Hernández Pablo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Incidental
Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 130, 131 y 141 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ****, contra los actos reclamados a la autoridad señalada como responsable precisada en el considerando tercero de este fallo y por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta resolución.
- Incidental
Dese vista las partes con el (los) informe (s) previo (s) rendido (s) por la (s) autoridad (es) responsable (s).
- Principal
Dese vista las partes con el (los) informe (s) justificado (s) rendido (s) por la (s) autoridad (es) responsable (s). Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de la materia, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las constancias que remite anexas a su informe.
- Incidental
Vistas las copias de la demanda de amparo de cuenta, y como se ordena en el auto dictado en esta misma fecha en el cuaderno principal, con fundamento en el artículo 128 y relativos de la Ley de Amparo, se tramita por separado y duplicado el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1093/2019, promovido por ****, contra actos del Juez de Instrucción Familiar y Civil Oral del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo. Con fundamento en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, remítase copia de la demanda a la autoridad señalada como responsable y pídasele el informe previo que deberá rendir por duplicado dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, contado a partir del momento al en que reciba el oficio de notificación. Cítese a las partes a la audiencia incidental que deberá tener verificativo a las nueve horas con quince minutos del veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa se duele los proveídos notificados el nueve de diciembre de la presente anualidad, en los cuales se decretó como pensión alimenticia provisional el descuento del veinticinco por ciento del sueldo, sobresueldo y demás prestaciones que deviene la parte quejosa, emitidos por el Juez de Instrucción Familiar y Civil Oral del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo en autos de los Juicios Orales de Alimentos con números de expedientes *** de su índice. En lo que respecta a la fijación en su contra de una pensión alimenticia provisional a favor de****. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 128, fracción II, y 129, fracción IX, ambos de la Ley de Amparo, se niega la suspensión provisional del acto reclamado consistente en los proveídos notificados el nueve de diciembre de la presente anualidad, en los cuales se decretó como pensión alimenticia provisional el descuento del veinticinco por ciento del sueldo, sobresueldo y demás prestaciones que deviene la parte quejosa, emitidos por el Juez de Instrucción Familiar y Civil Oral del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo en autos de los Juicios Orales de Alimentos con números de expedientes ****de su índice, de opinar lo contrario se contravendrían disposiciones de orden público y se afectaría el interés social, pues implicaría el cese del pago por pensión alimenticia que se realiza al quejoso; por tanto, no se cumple el requisito exigido por el artículo 128, fracción II de la ley de la materia, relativo a que no se siga perjuicio al interés social y ni se contravengan disposiciones de orden público. Lo anterior es así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, ya que la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: Que la solicite el quejoso. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Por su parte, el legislador estableció en forma enunciativa dentro del artículo 129 de la Ley de Amparo, una serie de hipótesis con las que, de concederse la suspensión del acto reclamado, se considera vulnerado el orden público y el interés social, hipótesis entre las que destaca, la contenida en la fracción IX, que dispone: "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: [.] IX. Se impida el pago de alimentos. [.].". Es decir, no procede decretar la suspensión del acto reclamado cuando de concederse se impida el pago de alimentos. Ello es así, en atención a que los alimentos que se fijan en los juicios alimentarios constituyen una prioridad de orden público, de naturaleza urgente e inaplazable, porque tienden a asegurar la subsistencia de quienes los demandan, mientras se resuelve en definitiva el juicio. A ese respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 113/2014, sostuvo que la sola circunstancia de que el acto reclamado se relacione con el pago de una pensión alimenticia no es suficiente para determinar que en esa hipótesis se actualiza una vulneración al orden público e interés social, pues los actos relacionados con los alimentos pueden tener diversas consecuencias, por lo que será en cada caso concreto donde se deberá ponderar la afectación a tales valores. Sin embargo, la propia Primera Sala del Alto Tribunal sostuvo que dichos valores -orden público e interés social- sí se vulneran si la suspensión tiene como efecto impedir el pago de alimentos, lo cual ocurre en el presente caso donde el quejoso reclama el decreto emitido por el Juez responsable, por el cual se determinó que se debía pagar cierta cantidad por concepto de pensión alimenticia provisional. Por lo que resulta indudable que, de conceder la suspensión provisional del acto reclamado, se impediría el pago de alimentos que se decretó en favor de la acreedora alimentista, lo que conlleva la contravención al orden público y al interés social, aunado a los perjuicios que con tal resolución se ocasionarían a los beneficiarios los cuales serían irreparables, habida cuenta que los alimentos constituyen un derecho establecido por la ley, por lo que de concederse la suspensión, se reitera, se atacaría ese orden público y el interés social, dado que se impediría suministrar los alimentos a la tercera interesada en este asunto.
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