José Santos Bahena Vences

Expediente 430/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 13 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
430/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
14/06/2022

Partes del expediente

  • José Santos Bahena Vences

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, catorce de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Sin que pase desapercibido el hecho de que no se cuenta con el acuse de recibo de los oficios dirigidos a las autoridades señaladas como responsables, mediante los cuales se les comunica la sentencia dictada en el presente asunto; lo anterior no es obstáculo para que la resolución cause estado en términos del artículo 87 fracción segunda de la Ley de Amparo. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Lo anterior, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado y guardar únicamente el original. Asimismo, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurable, toda vez que, la suspensión provisional se determinó concederla. Devolución de documentos Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en días y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que se hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos la razón de cuenta, signada por la actuaria adscrita a este juzgado federal mediante el cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para entregar el oficio 19449/2021, dirigido al Titular de la Policía Ministerial de la Delegación de la Fiscalía General de la República en el Estado de Morelos, por el motivo que ahí expone. De lo anterior, se comisiona a uno de los Actuarios adscritos a este juzgado federal entregue el citado oficio con la denominación correcta, esto es, al Delegado Regional de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Morelos, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Julián Pantaleón Suárez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del dieciséis al treinta de agosto de dos mil veintiuno, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el catorce de junio de este año, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/1594/2021, asistido de la Licenciada María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinte de julio de dos mil veinte, ante este Juzgado de Distrito, José Santos Bahena Vences solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Fiscal General, Fiscalía Regional Metropolitana, Coordinador General de la Policía Ministerial, todos de la Fiscalía General en el Estado de Morelos. Acto reclamado. "La posible orden de comparecencia, detención, aprehensión, ejercicio de la acción penal.cualquier investigación criminal." SEGUNDO. El veinte de julio de dos mil veinte, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 430/2020, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado." Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables la orden de comparecencia, detención, aprehensión, ejercicio de la acción penal u orden de investigación dictada en su contra. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Inexistencia del acto reclamado. Así, se tiene que las autoridades responsables, negaron los actos que el quejoso reclama en su contra (con excepción del Fiscal Regional Metropolitano y Encargado de despacho de la Coordinación General de la Policía de Investigación Criminal del Estado de Morelos), con relación a la orden de investigación). En ese sentido, a criterio de este órgano jurisdiccional, lo procedente es decretar el sobreseimiento del presente juicio, en términos del numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;...". Del artículo anterior se desprende que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando de autos se apareciere que no existe el acto reclamado; circunstancia que acontece en el presente caso. Lo anterior se estima así, toda vez que las autoridades responsables negaron los actos que se les reclaman, por lo que, contrario a lo expresado por el impetrante de amparo, se aprecia que no se emitió acto que le depare perjuicio alguno. En consecuencia, ante la negativa de las responsables respecto a la emisión del acto que se le atribuyó, correspondía a la quejosa la carga procesal de desvirtuar esa negativa; no obstante, aún y cuando se dio vista con los informes de las autoridades para que manifestara lo que a sus intereses conviniera, fue omiso en hacer uso de ese derecho. Por lo anteriormente expuesto, a criterio de este juzgador, lo procedente es sobreseer el juicio de amparo promovido por Juana Pedroza Quiroz. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado en la jurisprudencia número VI. 2o. J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, pag. 627, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Del mismo modo, refuerza las anteriores consideraciones, el criterio sustentado por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, PRUEBA DEL.- Cuando la autoridad señalada como responsable niegue en su informe justificado el acto que le atribuye el quejoso, éste tiene la carga procesal de desvirtuar esa negativa, y si no lo hace, resulta claro que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo procede el sobreseimiento". Acto reclamado existente. Es cierto el acto atribuido a las autoridades responsables denominadas Fiscal Regional Metropolitano y Encargado de despacho de la Coordinación General de la Policía de Investigación Criminal del Estado de Morelos, en razón de que aceptaron la existencia de la orden de investigación en contra del aquí quejoso, derivada de la carpeta de investigación SC01/7595/2020, por la probable comisión del delito de lesiones calificadas, lo que se corrobora con diversas constancias que acompañaron a su informe justificado, con las cuales se conformó un cuaderno de sigilo y que se tienen a la vista, documentales que por ser de carácter público gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia del juicio. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia y en consecuencia el sobreseimiento a que se refieren las fracciones XXI, del artículo 61, y 63, fracción V de la Ley de Amparo, cuyo contenido es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". De la trascripción se colige que el juicio biinstancial es improcedente cuando los actos reclamados no afectan los intereses jurídicos y legítimos de las partes; asimismo, se advierte que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante su tramitación sobreviene alguna causal de improcedencia prevista en la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues a ninguna finalidad práctica llevaría el ejercicio constitucional cuando el acto que reclama el impetrante en esta sede no le cause perjuicio alguno. En el presente caso, se estima que se actualiza la causal de improcedencia invocada, toda vez que a criterio de este juzgador, la orden de investigación girada, dentro de la carpeta de investigación SC01/7595/2020, por la probable comisión del delito de lesiones calificadas, no afecta directamente la esfera jurídica del quejoso. En efecto, el artículo 5° de la Ley de Amparo prevé que el quejoso tiene ese carácter cuando aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que la norma, acto u omisión reclamada afecte de manera real y actual su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en razón de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora, en el presente caso, para acreditar el interés jurídico del quejoso respecto de la orden de investigación que reclama, se requiere la existencia del perjuicio de un derecho subjetivo del cual es titular, de forma que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto que se reclama. Es este principio el que inspira la noción de "interés jurídico", el cual constituye el requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, que está conformado en primer lugar por la existencia de un derecho legítimamente tutelado y, por otra, del perjuicio que el acto reclamado le ocasione a tal derecho. Así pues, hay "interés jurídico" cuando se cuenta con un derecho derivado de alguna disposición legal a exigir de la autoridad una conducta determinada, sea de acción u omisión, es decir, que el interés jurídico reputado como un derecho reconocido por la ley no es sino lo que la doctrina jurídica reconoce con el nombre de derecho subjetivo, o lo que es lo mismo, la facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho. Más aún, debe decirse que, para que la acción constitucional proceda no basta que exista el acto reclamado, sino que se requiere que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos tutelados, siendo necesario que tal interés descanse en un derecho reconocido por la ley. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, el quejoso reclama la orden de investigación, dentro de la carpeta de investigación SC01/7595/2020, por la probable comisión del delito de lesiones calificadas. Sin embargo, lo anterior no irroga perjuicio al quejoso dado que la autoridad responsable, al efectuar actos de investigación en la referida carpeta, actúa en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 constitucional en su texto vigente a partir del dieciocho de junio de dos mil ocho y en los numerales 127, 212, y 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales que dicen: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "Artículo. 21.- La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial (.)". CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES "Artículo 127. Competencia del Ministerio Público. Compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 212. Deber de investigación penal. Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma. La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 213. Objeto de la investigación. La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño." Del texto constitucional se desprende que el Ministerio Público conducirá la investigación de los delitos y coordinará a la Policía. Por su parte, del código procesal transcrito se desprende que la investigación penal estará orientada a explorar las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, y la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión; por su parte, tendrá como objeto que la autoridad investigadora reúna los indicios y demás datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal. En ese contexto normativo, es dable afirmar que las actuaciones encaminadas a la integración de la carpeta de investigación no causan daño al gobernado, por ser de orden público, ya que se está en presencia de derecho social, pues como se advirtió en líneas precedentes, al Ministerio Público le asiste el deber de investigar cuando tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señala como delito; investigación que estará orientada para el esclarecimiento de los hechos que la ley contemple como delito, y la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión, para así sustentar la procedencia de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño. Por tanto el perjuicio personal y directo para el quejoso solo se materializaría en caso de que el ministerio público, atento al sistema penal acusatorio que rige el acto reclamado, formulara acusación en su contra ante el juez de control y ese juzgador se pronuncie en el sentido de vincular a proceso al imputado. Máxime que el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, está exenta de cualquier acción tendente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, debido a que los actos realizados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, ya que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Considerar lo contrario respecto de que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, obstaculizaría injustificadamente la potestad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. En consecuencia, los actos de investigación efectuados dentro de la carpeta de investigación SC01/7595/2020, por la probable comisión del delito de lesiones calificadas, es un deber constitucional que tiene la autoridad responsable, dado que ello, si es que procede, resulta necesario para el ejercicio de la acción penal, la formulación de la imputación, y en su momento, la vinculación a un proceso, lo que hace indispensable que primero se recaben elementos suficientes para justificar, racionalmente, la presentación del imputado ante el Juez de control. Siendo destacable que tales actos no causan un perjuicio personal y directo en contra del quejoso. Tiene aplicación por analogía, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto indican: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." Por tanto, respecto de la orden de investigación reclamada a la Fiscal correspondiente al Primer turno de Justicia para Mujeres y Comandante de la Policía de Investigación Criminal adscrito al Centro de Justicia para Mujeres, dentro de la carpeta de investigación CJM01/1730/2020, se sobresee en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente fundado y expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Santos Bahena Vences, contra actos del Fiscal General del Estado de Morelos y otras autoridades. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, hasta hoy veintisiete de julio de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, nueve de abril de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Fiscal Regional Metropolitano, autoridad señalada como responsable dentro del presente juicio, mediante el cual en cumplimiento al proveído de veinticinco de marzo del año en curso, remite las constancias que le fueron requeridas. De lo anterior, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, toda vez que la potestad oficiante solicita que se guarde sigilo con las constancias enviadas de la carpeta de investigación SC01/7595/20; en tales condiciones, y debido a que las constancias enviadas contienen información reservada que, de divulgarse, podría alterar la investigación seguida en la indagatoria correspondiente, este órgano de control constitucional, a efecto de no transgredir los derechos fundamentales de las víctimas u ofendidos, tomando en consideración las prerrogativas constitucionales a favor de las personas y conforme a lo dispuesto en el artículo 237 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Morelos, en el que se señala que el imputado o su defensor podrán examinar los registros y los documentos de la investigación y obtener copia de los mismos, una vez que sea citado para comparecer, sea detenido, o cuando el Ministerio Público solicite la vinculación a proceso; circunstancia que en el caso, de acuerdo a dichas documentales, no ha acontecido. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en los artículos 80 y 87 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con las aludidas constancias, se ordena formar un cuaderno de sigilo, que dada su trascendencia, se resguardará en la secretaría de este Juzgado de Distrito, en el entendido de que no queda a la vista de las partes, sino únicamente para la consulta de este Juzgador al momento de resolver la litis constitucional. La anterior determinación, hágase del conocimiento de la autoridad responsable Fiscal Regional Metropolitano, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.

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