Jose Santillan Arriaga
Expediente 1134/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 20 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1134/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 27/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jose Santillan Arriaga
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
Se notifica a la parte tercera interesada **********, por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 1134/2022, promovido por José Santillán Arriaga, por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diecisiete de octubre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, José Santillán Arriaga, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1º, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este juzgado de distrito, se registró con el número 1134/2022, se admitió mediante proveído de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable y se otorgó la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; finalmente se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. En el propio auto, se reconoció carácter de tercera interesada a Blanca Miroslaba Colín Valdés, en cuanto parte actora en el juicio ordinario oral familiar de origen, por lo que con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordenó su emplazamiento. Finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, por lo que se procede a resolver el presente juicio de amparo al tenor de las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, 49 y 57, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que los actos reclamados fueron dictados por autoridad que reside en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción y dentro del cual tuvieron ejecución. Segunda. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con lo dispuesto en el citado precepto legal, el criterio mencionado y atendiendo además al contenido de la demanda, se advierte que el quejoso reclama lo siguiente: La audiencia preliminar de seis de octubre de dos mil veintidós, celebrada dentro del juicio ordinario oral familiar 98/2022, que sobre reconocimiento de paternidad promovió Blanca Miroslaba Colín Valdés contra José Santillán Arriaga. En dicha audiencia se hizo efectivo el apercibimiento formulado al quejoso en auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, y toda vez que no compareció al desahogo de la audiencia, operó la presunción de certeza de paternidad del menor involucrado, salvo prueba en contrario. Acto que atribuye a la autoridad: Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 192097, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercera. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos atribuidos a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con las constancias que acompañó a su informe justificado dicha autoridad, consistente en copia certificada de las constancias que integran el juicio ordinario oral familiar 98/2022 [un tomo de pruebas] y un disco compacto que contiene la videograbación de la audiencia reclamada. Probanzas que, atenta su naturaleza de actuaciones jurisdiccionales, tienen calidad de documentos públicos y merecen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia de los actos que se combaten, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, registro digital 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Cuarta. Procedencia. Previamente al estudio del fondo del presente asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente. En la especie, en su escrito presentado ante este juzgado el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, la parte tercera interesada sin invocar precepto legal alguno, refirió que los conceptos de violación del quejoso están encaminados a nulificar lo acontecido en la audiencia preliminar de seis de octubre del presente año, donde se hizo efectivo el apercibimiento hecho en diverso proveído y notificado en tiempo, sin embargo no se agravia del auto que lo cita para el desahogo de la referida audiencia, por lo que se conformó con el auto que lo citó a la referida audiencia. Dicha causa de improcedencia es la prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en las fracciones XIII y XIV del propio ordinal, la cual se estima fundada. Lo anterior, en virtud de que lo determinado por el juez responsable en la audiencia preliminar de seis de octubre de dos mil veintidós, celebrada dentro del juicio ordinario oral familiar 98/2022, en el sentido de hacer efectivo el apercibimiento formulado al quejoso en auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, y determinar que operó la presunción de certeza de paternidad del menor involucrado, salvo prueba en contrario, deriva de actos que fueron consentido tácitamente por la parte quejosa en dicho juicio, al no haberlos impugnado. Se explica. El artículo 61, en sus fracciones XXIII y XIV de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. [.]". El precepto legal antes transcrito, en su fracción XIV establece, entre otras cuestiones, que el juicio de amparo será improcedente contra actos consentidos de manera tácita; entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos por la Ley, es decir, en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo. Así, relacionando el contenido de dicha fracción con lo dispuesto en la fracción XXIII del artículo 61 de la propia Ley de Amparo, puede estimarse que el juicio de amparo también resulta improcedente contra actos derivados de otros que fueron consentidos; es decir, actos que son consecuencia directa o inmediata de los primeros o bien, de contenido similar a aquéllos; pues de analizarse en el juicio de amparo actos que son consecuencia de otros que no se impugnaron o fueron consentidos, se analizarían actuaciones que ya adquirieron firmeza procesal, en contravención al principio de seguridad jurídica que rige el proceso. Respecto al consentimiento de los actos reclamados para efectos de la improcedencia en el juicio de amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo en la tesis visible en la página 13, del Volumen 139-144, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Séptima Época, registro digital 232527, lo siguiente: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad." Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió las tesis publicadas en la página 922 del Tomo LXXXI, y 1519 del Tomo LXXVII, ambos del Semanario Judicial de la Federación, correspondientes a la Quinta Época, que ilustran el criterio que habrá de sustentarse en este asunto, que son del tenor siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. Se entienden por actos derivados de otros consentidos, aquellos que se ejecutan dentro del mismo procedimiento y que son consecuencia natural y legal del acto antecedente, como el embargo lo es respecto del requerimiento de pago no acatado por el deudor, como el remate lo es respecto del embargo, etcétera, y contra los cuales no se expresan conceptos de violación específicos. Dos, son, pues, los elementos que se requieren para considerar a un acto derivado de otro consentido, a saber: 1o. Que sea una consecuencia natural y legal del acto antecedente; y 2o. Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos. Ahora bien, el acuerdo que niega la nulificación de la orden de baja del quejoso, no surte el primer elemento, ya que no se dictó dentro del procedimiento en que se emitió esa orden, y, por lo mismo, no es una consecuencia natural y legal de ésta." "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS, CUÁLES NO TIENEN ESE CARÁCTER. Para considerar que determinados actos son derivados de otros consentidos, y por ello deba sobreseerse en el amparo, deben concurrir dos requisitos: primero que el acto que se reclame sea una consecuencia legal y directa del acto consentido, como sucede en el procedimiento coactivo en que el remate es una consecuencia directa y prevista por la ley, del embargo; segundo, que no se ataque el acto reclamado por vicios que afecten al acto antecedente. Ahora bien, debe revocarse el sobreseimiento dictado por el inferior basado en que la negativa a autorizar el funcionamiento de una sociedad cooperativa, que proyectaban constituir los quejosos, es un acto que se deriva de un acuerdo presidencial que no reclamaron, porque en el caso, no están satisfechos ninguno de los dos requisitos aludidos, para considerar que se trata de un acto derivado de otro consentido, esto es, tal negativa no es una consecuencia directa y legalmente necesaria del referido acuerdo presidencial." De lo anterior se advierte que, es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que para considerar que un acto es derivado de otro consentido deben concurrir varios elementos, a saber: 1. Que el acto que se reclama en el juicio sea una consecuencia natural y legal del acto antecedente que no se impugnó, o bien una reiteración de éste; 2. Que dicho acto anterior se emita en contra de la parte quejosa, le cause agravio y no se haya combatido; y, 3. Que no se ataque por vicios propios, sino su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos, esto es, que se ataque el acto reclamado por vicios que afecten el acto antecedente y que no se impugnó oportunamente. Lo antes determinado también encuentra sustento, en la tesis emitida por la anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 2057, del Tomo XXV, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta Época, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS. Si se reitera una orden, y contra la primitiva no se interpuso en tiempo el amparo, siendo la segunda orden sólo una repetición de la primera, debe considerarse el acto como consentido." Igualmente, es aplicable la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada con el número 193, en la página 165, del Tomo VI, Materia Común, Volumen Precedentes Relevantes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la Justicia Federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." Al respecto, en el apartado VII relativo a los conceptos de violación, el quejoso aduce medularmente que la autoridad responsable vulnera en su perjuicio los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, porque mediante auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, señaló fecha para la audiencia preliminar dentro del expediente de origen, y determinó que en la citada audiencia se realizaran las tomas de muestras para la pericial de ADN, violentando sus derechos humanos a la intimidad, ya que para desahogarla es necesario la toma de muestras de tejido celular, por lo general de sangre, a partir de la cual, mediante un procedimiento científico es posible determinar la correspondencia del ADN, lo que permitirá establecer no sólo la existencia de un vínculo de parentesco, sino también otras características genéticas inherentes a la persona que se somete a ese estudio pero que nada tengan que ver con la Litis que se busca dilucidar y pueden poner al descubierto, contra la voluntad del afectado, otro tipo de condición genética hereditaria, relacionada por ejemplo con aspectos patológicos o de conducta del individuo, que pertenezcan a la más absoluta intimidad del ser humano. Asimismo, refiere que la responsable no estableció las medidas necesarias para realizar la prueba, desde material, lugar, medio de traslado de muestras, métodos de seguridad, limitantes, entre otras, razón por la cual no se presentó al desahogo de la audiencia preliminar y a su vez a la toma de muestras para la pericial en ADN, hasta en tanto se establezcan las condiciones necesarias de certeza y seguridad, así como limitaciones de dicha prueba. Ahora bien, de las constancias que integran el juicio de origen se desprende que mediante auto de doce de mayo de dos mil veintidós, en términos de lo dispuesto en el artículo 1025 del Código Familiar del Estado, el juez responsable ordenó preparar la prueba en materia de genética y señaló que, toda vez que en el Distrito de Zitácuaro no existe dado de alta ningún perito en la materia, designó como tal a una perito de la lista del Consejo del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad de Morelia, Michoacán, y ordenó su notificación mediante exhorto. Posteriormente, una vez designada la perito en cuestión y la actora acreditó el pago de honorarios respectivo, en auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, el juez responsable señaló las doce horas del seis de octubre siguiente para el desahogo de la audiencia preliminar, precisando que en esa actuación se llevaría a cabo la aceptación de cargo por parte de la perito, atendiendo las formalidades previstas en el artículo 971 del Código Familiar del Estado, así como la toma de muestras respectiva al menor inmerso en el juicio así como al demandado, e imponiendo a la parte actora la obligación para que presentara a su menor hijo, y apercibido el demandado que de no comparecer o negarse a que se le practique el examen, operará para el infante la presunción de certeza de los hechos narrados por la actora, y por tanto, la filiación con el demandado, salvo prueba en contrario. También señaló que la probanza debería llevarse a cabo por la perito designada observándose lo previsto en el artículo 1034 de la legislación familiar invocada, esto es: "En la prueba de ADN debe observarse la cadena de custodia, la que se llevará a cabo en etapas, empezando con la extracción o recolección de la muestra, que debe individualizarse y registrarse debidamente, marcándola para su identificación, preservación, embalaje y transporte al laboratorio para su análisis y posterior entrega de resultados". En esas condiciones, es importante destacar que al ser parte demandada en el juicio de origen, el demandado se impuso del contenido del auto de admisión de demanda, en el que se tuvo a la actora anunciando la pericial en genética, así como de las posteriores actuaciones, incluidos los autos de doce de mayo y veintiséis de septiembre antes reseñados. Expuesto el anterior panorama, es evidente que lo determinado en la audiencia de seis de octubre de dos mil veintidós, ahora reclamada, es consecuencia del autos de doce de mayo y veintiséis de septiembre, ambos de dos mil veintidós, mediante los cuales, en el primero se ordenó preparar la prueba pericial ofertada y se designó perito para ello, mientras que en el último, se fijó fecha para desahogar la audiencia preliminar y se llevara a cabo la toma de muestras observándose lo previsto en el numeral 1034 del Código Familiar del Estado, determinaciones que al establecer las condiciones en que se desahogaría la pericial en genética le causaban agravio al quejoso y no fueron impugnados oportunamente a través del juicio de amparo respectivo. Se afirma lo anterior, porque en la audiencia preliminar en comento, el juez responsable únicamente hizo constar la incomparecencia del demandado y, en relación con la prueba pericial en materia de genética humana, determinó que al no haber comparecido la parte demandada, no fue posible llevar a cabo el medio de prueba indicado y por tanto, procedía hacer efectivo el apercibimiento realizado en auto de fecha veintiséis de septiembre del mismo año, por lo que en esa virtud, operó la presunción de certeza narrada por la parte actora y de que el demandado José Santillán Arriaga es el padre del menor involucrado, salvo prueba en contrario. En ese estado de cosas, no puede sino concluirse que lo determinado en la audiencia preliminar de seis de octubre de dos mil veintidós, en la cual se hizo efectivo el apercibimiento formulado en auto de fecha veintiséis de septiembre del mismo año, y operó la presunción de certeza narrada por la parte actora en el sentido de que el demandado José Santillán Arriaga es el padre del menor involucrado, salvo prueba en contrario, es consecuencia del auto de doce de mayo de dos mil veintidós que ordenó la preparación de la prueba, así como del diverso de veintiséis de septiembre del mismo año, en el que una vez designada la perito a cargo a quien se encomendó el desahogo de la prueba pericial y cubiertos sus honorarios, se fijó día y hora hábiles a efecto de desahogar la prueba pericial en la que se ordenó tomar las muestras tanto del demandado como del menor involucrado. Asimismo, en este último auto se apercibió al demandado que de no comparecer o negarse a que se le practicara el examen, operaría para el infante la presunción de certeza de los hechos narrados por la actora, y por tanto, la filiación con el demandado, salvo prueba en contrario, como lo establece el artículo 971, fracción II, del Código Familiar para el Estado de Michoacán. Esto es, si en el presente juicio de amparo se reclama lo determinado en la audiencia preliminar, en el sentido de hacer efectivo el referido apercibimiento formulado en proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós en caso de incomparecencia a la toma de muestra para la pericial en genética que se llevaría a cabo conforme lo establece el artículo 1034 del Código Familiar del Estado, cuya preparación se ordenó desde el auto de doce de mayo anterior, debe decirse que dichas determinaciones fueron consentidas por el quejoso al no haberlas reclamado y en esa virtud, es incuestionable que la audiencia preliminar de seis de octubre de dos mil veintidós es una actuación derivada de otras consentidas, y por tanto, el juicio se torna improcedente. Lo anterior no puede ser de otra manera, porque el acto que se reclama en esta vía consistente en la determinación de hacerle efectivo el apercibimiento formulado, no es sino una consecuencia de actos que previamente fueron consentidos por el peticionario del amparo, en primer lugar, porque en el auto de doce de mayo de dos mil veintidós se ordenó preparar la prueba pericial en genética y para ello se hizo el nombramiento de perito, lo cual le fue oportunamente notificado y consintió tácitamente al no haberlo impugnado. Y en segundo lugar, porque José Santillán Arriaga, también consintió tácitamente el acto que ahora reclama ya que no impugnó el diverso proveído de veintiséis de septiembre del año que transcurre, en el que una vez hecha la designación de perito y acreditado el pago de honorarios respectivo por la parte actora, el juez natural señaló fecha para el desahogo de la audiencia preliminar, donde además determinó que se realizara la toma de muestras tanto del demandado como del menor involucrado, en términos del artículo 1034 del Código Familiar del Estado, y formuló apercibimiento al demandado en caso de incomparecencia o de negarse a la toma de muestra. De modo que el acto que aquí se reclama, no es sino una reiteración de los autos de doce de mayo y de veintiséis de septiembre antes referidos y en esa virtud, deriva de otros consentidos, ya que aquellos no fueron impugnados oportunamente por el peticionario del amparo. Aunado a que el acto aquí reclamado no es combatido por vicios propios, pues de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso no formula conceptos de violación en contra de dicha actuación, sino que sus motivos de inconformidad están dirigidos a impugnar la determinación de hacer efectivo el apercibimiento formulado por su incomparecencia a la toma de muestras ordenada para el desahogo de la prueba pericial en genética previamente preparada y ordenada su desahogo en términos de lo expuesto en el auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós; esto, es lo que en realidad le afecta es la citada determinación. Al respecto encuentran aplicación, la tesis XXI.4o.6 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, registro digital 182264, que dice: "ACTO CONSENTIDO TÁCITAMENTE. TIENE ESE CARÁCTER LA DETERMINACIÓN QUE REITERA LO PROVEÍDO EN ACUERDOS ANTERIORES NO IMPUGNADOS OPORTUNAMENTE POR EL QUEJOSO MEDIANTE EL JUICIO DE GARANTÍAS. El artículo 73, fracción XII, de la ley reglamentaria de los dispositivos 103 y 107 constitucionales, establece que son actos consentidos tácitamente aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los numerales 21, 22 y 218; por tanto, si el quejoso impugnó como acto reclamado un acuerdo cuyo contenido es una reiteración de uno diverso que conoció oportunamente y omitió controvertir dentro del término legal mediante el juicio de garantías, dicho proveído también debe considerarse como un acto consentido tácitamente pues, de estimar lo contrario, bastaría que el quejoso hiciera una solicitud ante la autoridad responsable cuyo acuerdo que le recaiga indefectiblemente sea igual al anterior, sólo con el objeto de actualizar el término de la interposición de la demanda de amparo, lo cual atentaría la observancia de la regla de procedencia del juicio de amparo prevista en la mencionada fracción XII del artículo 73 de la ley citada." Por último, es aplicable la tesis III.1o.A.11 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, registro digital 202345, que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZÓN DE SU IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: "El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del numeral 61 de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio de conformidad con lo dispuesto en el diverso artículo 63, fracción V, de la propia Ley. Lo que impide analizar las cuestiones de fondo planteadas por el impetrante del amparo, tendentes a demostrar la violación de sus derechos por los actos reclamados a la autoridad responsable y que con antelación se precisaron, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro digital 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Quinta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Santillán Arriaga, por su propio derecho, contra la autoridad y por los motivos expuestos en la consideración cuarta de la presente resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese personalmente, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con diez minutos del veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán; ante la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1134/2022. Enseguida, la secretaria da cuenta al Juez de Distrito con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez de Distrito provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con la documental allegada por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán. Al respecto, el Juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que únicamente la tercera interesada los formuló. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 se tienen por formulados los alegatos referidos y se tiene por precluído el derecho de las partes demás partes para hacerlo. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia.Maestro en Amparo José Ramón Rocha González Juez Séptimo de Distrito en el Estado
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