José Santiago Correa Collazo
Expediente 372/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 372/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 14/08/2019
Partes del expediente
- José Santiago Correa Collazo
- Juez Primero de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ensenada, Baja California, catorce de agosto de dos mil diecinueve. Vista; la certificación de cuenta, de la que se desprende que ha transcurrido el término de cinco días hábiles a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente José Santiago Correa Collazo, recurriera el proveído emitido el uno de agosto del año en curso, en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo intentada por el antes mencionado, por lo que con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes en consecuencia, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y archívese este expediente como asunto totalmente y legalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veinticinco de abril de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. Por último, se ordena marcar en la carátula de este expediente la leyenda "destruible" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto Décimo Primero del Acuerdo mencionado. Notifíquese.
- Principal
nsenada, Baja California, catorce de agosto de dos mil diecinueve. Vista; la certificación de cuenta, de la que se desprende que ha transcurrido el término de cinco días hábiles a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente José Santiago Correa Collazo, recurriera el proveído emitido el uno de agosto del año en curso, en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo intentada por el antes mencionado, por lo que con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes en consecuencia, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y archívese este expediente como asunto totalmente y legalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veinticinco de abril de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. Por último, se ordena marcar en la carátula de este expediente la leyenda "destruible" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto Décimo Primero del Acuerdo mencionado. Notifíquese.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCION III, SE LE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE PROMOVENTE JOSE SANTIAGO CORREA COLLAZO, TODA VEZ QUE SEÑALÓ LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Ensenada, Baja California, uno de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo concedido a la parte promovente del amparo, para que en su caso, diera cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintidós de julio del año en curso; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado y se tiene por no presentada la demanda promovida por José Santiago Correa Collazo, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte promovente.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCION III, SE LE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE PROMOVENTE JOSE SANTIAGO CORREA COLLAZO, TODA VEZ QUE SEÑALÓ LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, EL AUTO DE VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, EL QUE DICE: "...Ensenada, Baja California, veintidós de julio de dos mil diecinueve. Visto, el escrito de demanda presentado por José Santiago Correa Collazo, por su propio derecho, contra actos del Juez Único de Primera Instancia Penal en Ensenada, y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo, previo su registro en el libro de juzgado correspondiente bajo el número 372/2019. En ese orden, previamente a acordar lo que en derecho proceda sobre la admisión de la demanda de amparo a que se refiere el párrafo que antecede, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3°, 108 fracción V 110 y 114 fracción I y II de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que por escrito y con las copias necesarias del escrito aclaratorio para el completo traslado a las partes, dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos legales la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad: ? Único: Indique la fecha exacta en que tuvo conocimiento del acto reclamado, dado que en el capítulo respectivo de la demanda, no lo precisa; lo que constituye un dato indispensable para verificar su presentación oportuna. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 161/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2005636, febrero de dos mil catorce, tomo II, materia común, visible a página 1079 , de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado." En la inteligencia, que el referido requerimiento deberá ser desahogado por el promovente y no por conducto de alguno de sus autorizados, ya que los hechos que le incumben son de carácter personal, dada la responsabilidad penal que de la protesta de decir verdad, pudiera derivarse conforme a lo dispuesto por el artículo 261 fracción I de la Ley de Amparo. Lo cual tiene sustento, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 88/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XXIV, julio de 2006, visible a página 348, materia común, con número de registro 174745, cuyo rubro y contenido a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes." Lo anterior, a fin de tener una clara perspectiva del acto reclamado, atendiendo por identidad jurídica sustancial, la tesis I.4o.C. 26 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo IX, febrero de 1992, página 63, con número de registro 220365, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO. Si bien es cierto que el artículo 146 de la Ley de Amparo obliga y faculta al juzgador a prevenir a un peticionario de garantías a efecto de que realice cualquiera de las siguientes actividades: a) aclare su demanda, en la hipótesis de que exista alguna irregularidad en ésta o no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; b) complete los requisitos del artículo 116 de la Ley de Amparo, en caso de que hubiere omitido alguno; c) exhiba las copias de la demanda de garantías que sean necesarias en términos del artículo 120 de la propia ley, también lo es que si del análisis de la demanda de amparo y sus anexos correspondientes, no se advierte que exista alguna deficiencia de las apuntadas, es evidente que no se debe hacer requerimiento o prevención alguna." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de dos mil, página 32, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Lo anterior, a fin de evitar alguna irregularidad en el procedimiento, quedando apercibida la parte promovente, que de no cumplir con la prevención antes mencionado dentro del plazo señalado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 penúltimo párrafo, en relación con las fracciones I y II del mismo numeral, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene a la parte promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ari Alberto Morales Alfaro y Rubén López Guerrero, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales. Respecto a Erika Nayeli Andrade García, se autoriza únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos, dado que si bien es cierto la parte promovente la autorizó en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, no menos verídico es que de la certificación de cuenta se advierte que no tiene registrada su cédula profesional Federal en el registro único a que se ha hecho referencia. En otro contexto, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para el efecto de que cualesquiera de las Actuarias de este juzgado, realicen las notificaciones, que se ordenen en el presente asunto. De igual manera, se autoriza a la secretaria de juzgado a efecto de que firme los oficios derivados de este asunto. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del día siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9, fracción XIV y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a este, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, cuya realización deberá verificar el secretario."
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