José Santiago Arzate Macedo

Expediente 1433/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1433/2015
Año
2015
Actuaciones
12
Última actuación
15/04/2016

Partes del expediente

  • José Santiago Arzate Macedo
  • Monica Arzate Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Visto el inciso a) de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de garantías, en tal virtud, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse con base en los elementos que obran en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad vinculada con su acatamiento. En primer lugar, se precisa: 1. Que el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, se emitió sentencia en el juicio de amparo que nos ocupa, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Mónica Arzate Hernández (fojas 143 a 157). 2. Resolución que causó ejecutoria el veintiséis de febrero de dos mil dieciséis; motivo por el cual se requirió el cumplimiento del fallo protector a la Primera Sala Familiar Regional de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, actuación en la cual se decretaron los apercibimientos estatuidos en los numerales 192 y 267 de la Ley de Amparo. Así, el cumplimiento de la sentencia de amparo es una cuestión de orden público, lo anterior, con apoyo en la Jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO (10ª Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Libro 12, Noviembre de 2014, Materia Común). I. Alcances del estudio. La materia de la presente determinación, conforme a lo previsto por los artículos 196, párrafo tercero, 213 y 214, todos de la Ley de Amparo, consiste en examinar si la ejecutoria se ha cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, supliendo, en su caso, la deficiencia de la vía y/o de los argumentos hechos valer por el impetrante; de modo tal que se concluya si existe o no materia para la ejecución; todo ello de manera fundada y motivada. Los preceptos antes citados disponen: "Artículo 196. ... La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos." "Artículo 213. En el recurso e incidentes a que se refiere este título, el órgano jurisdiccional de amparo deberá suplir la deficiencia de la vía y de los argumentos hechos valer por el promovente." "Artículo 214. No podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución y así se haya determinado por el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada." II. Lineamientos de concesión del amparo y cumplimiento. Este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin que se atendieran los lineamientos, respecto de los cuales se ha dado cumplimiento, atento al siguiente análisis: Los efectos de la concesión de amparo son: [.] Por tanto, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el juez responsable deje insubsistente la resolución reclamada y, con plenitud de jurisdicción, emita una nueva, pero siguiendo los argumentos plasmados en este fallo, es decir, resuelva conforme a derecho procede. [.] (sic) En ese tenor, la autoridad responsable, mediante oficio sin número, de veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, remitió copias certificadas de la resolución emitida en esa misma data, dentro del toca 659/2015, de su índice. Constancias a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en vigencia. Ahora bien, para dejar establecido si la autoridad responsable cumplió con los lineamientos de la ejecutoria de amparo, es menester establecer cuáles fueron los parámetros de la concesión del mismo, así pues, se estableció que: a) La autoridad responsable se limita únicamente a revocar el fallo apelado y declarar infundado el incidente de incremento de pensión alimenticia, bajo el argumento de que "la medida provisional de alimentos no es susceptible de modificarse a través de la vía incidental", lo anterior, en atención a lo dispuesto en los artículos 5.50, fracción V, y 5.75, fracción IV, ambos del Código de Procedimientos Civiles en vigor; b) En consecuencia, la resolución reclamada carece de la debida fundamentación y motivación, tal como lo exige el artículo 16 de la Constitución Federa; lo anterior, toda vez que la responsable fue omisa en manifestar de manera precisa los motivos por los que consideró al fundamentar con preceptos conforme a la norma legal aplicable, pues refiere que la medida provisional de alimentos no es susceptible de modificarse a través de la vía incidental, conforme a lo previsto en los artículos 5.50, fracción V y 5.75, fracción IV del Código de Procedimientos Civiles en vigor; asimismo, refiere que conforme al artículo 5.58 del código procedimental invocado, dispone que las medidas provisionales que continúen vigentes durante el procedimiento, únicamente podrán ser modificadas en sentencia definitiva; c) Tal proceder resulta incorrecto pues deja en total inobservancia el estricto acatamiento que debe dar la responsable a la norma legal aplicable, pero no únicamente en lo que a su legislación se refiere, sino a los criterios establecidos en una ley suprema y de aplicación obligatoria, como lo es el artículo 4, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece, que en todas la decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior del menor, garantizando de manera plena sus derechos; d) De las constancias que adjuntó a su informe justificado la autoridad responsable, consistentes en copias certificadas del expediente 29/2013, del índice del Juzgado Séptimo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, se advierte que la pensión alimenticia provisional, fue resuelta mediante acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil trece, y fijada en un salario mínimo general vigente, lo que en sentido estricto, desvirtúa el supuesto establecido en el numeral invocado por la responsable, toda vez que no fue resuelta en la audiencia inicial; e) En esa guisa, es inconcuso que la medida provisional de alimentos, es susceptible de modificarse a través del incidente de incremento de pensión alimenticia promovido por la aquí amparista, pues caso contrario, se le dejaría en completo estado de indefensión al no existir medio de impugnación alguno que la accionante constitucional pudiera hacer valer ante la autoridad jurisdiccional y por tanto, se causaría un menoscabo en sus derechos fundamentales, de los considerados como de imposible reparación al privar el desarrollo psicológico y social, digno del menor de edad; y, f) En consecuencia, se ordenó que la autoridad responsable dejara insubsistente la resolución reclamada y, con plenitud de jurisdicción emitiera una nueva, pero siguiendo los anteriores argumentos, y resolviera lo que conforme a derecho proceda. Luego, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable, mediante resolución de veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, dejó insubsistente la diversa resolución de dieciocho de agosto de dos mil quince, dictada en los autos del Toca 659/2015, de su índice, en la cual, una vez que hizo suyas las consideraciones vertidas en la ejecutoria de amparo, procedió a entrar al estudio de los agravios esgrimidos por Juan Carlos Romero Árago apoderado legal del demandado en el juicio natural Rodolfo Laddga López, y los declaró infundados e inoperantes, para con libertad de jurisdicción confirmar la resolución interlocutoria de doce de junio de dos mil quince, dictada por el Juez Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en el expediente 29/2013, relativo a la controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar (reconocimiento de paternidad y alimentos), promovido por la aquí quejosa Mónica Arzate Hernández, por su propio derecho y en representación de su menor hijo José Santiago Arzate Macedo en contra de Rodolfo Laddga López, respecto del incidente de incremento de pensión alimenticia provisional. Establecido lo anterior, al hacer análisis de las constancias que integran el juicio en que se actúa, este órgano de control constitucional concluye que la autoridad responsable vinculada con la concesión de amparo cumplió con los lineamientos de la sentencia constitucional, pues, como se indicó en los párrafos que anteceden, dejó insubsistente la resolución de dieciocho de agosto de dos mil quince, y en su lugar dictó una nueva en la que entró al estudio de los agravios vertidos por el apelante, para con libertad de jurisdicción confirmar la determinación interlocutoria recurrida. Luego, atendiendo al análisis de las constancias de este juicio, es dable concluir que la Primera Sala Familiar Regional de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, acató los aspectos establecidos en la sentencia dictada por el Órgano de Control Constitucional y cumplió los lineamientos de la ejecutoria de amparo, ya que dejó insubsistente la resolución reclamada y en su lugar dictó otra en la que analizó los aspectos sobre los que se concedió la protección constitucional, para luego resolver con libertad de jurisdicción la resolución recurrida, con lo cual cumplió con la ejecutoria de amparo de que se trata. En ese tenor, con fundamento en el artículo 196, penúltimo párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como de la certificación de cuenta, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del dicho punto, al ser un juicio en el que se concedió el amparo solicitado. En ese sentido, transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva, así como, las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar, y en su caso, las concernientes a la violación de ésta. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, agréguense a los autos para los efectos legales conducentes, el oficio y anexo de cuenta, por medio del cual la Presidenta de la Sala Familiar de Toluca, Estado de México, en atención al proveído de ocho del mes y año en curso, remite copia certificada de las constancias con las que aduce acreditar el cumplimiento a la sentencia de amparo; por tanto, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes. En esas condiciones, se tiene por hecho del conocimiento de este juzgado de Distrito la circunstancia anterior, por lo que con su contenido y anexo certificado, con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, desé vista a las partes para que dentro del término de tres días legalmente computados, manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del plazo que se le concede este órgano jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Lo anterior encuentra sustento en la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).." (S.J.F. 9ª Época, tomo XI, de marzo de dos mil, página 243).

  3. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuente remitido por la Magistrada Presidenta de la Primera Sala Regional Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado el veintiséis de febrero del año en curso, informa las gestiones realizadas y solicita una prórroga de diez días a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2o, intégrese a los autos para que surta los efectos legales conducentes. Ahora, al advertirse que el objetivo primordial de las ejecutorias de amparo, es que sean cumplimentadas sin demora, pues la restitución de la parte quejosa en el goce de la garantía violada es una cuestión de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; ahora en el presente caso, se advierte que el obstáculo temporal para alcanzar ese propósito restitutorio radica en que, la responsable manifiesta que de acuerdo a las circunstancias particulares del asunto, solicita una prórroga para dar cumplimiento a la sentencia amparadora. Así, no se advierten maniobras de la responsable para retrasar por medio de evasivas o procedimientos ilegales el cumplimiento del fallo protector; luego, atendiendo a lo manifestado y las constancias remitidas, se advierte que la ejecutoria está en vías de cumplimiento, se amplía el plazo para el acatamiento, por la razón alegada por la responsable. En la inteligencia, que dicha prórroga no podrá exceder de diez días posteriores a la notificación del oficio que derive del presente auto; y que al vencer la misma, la autoridad deberá remitir copia certificada de las constancias que acrediten el cabal cumplimiento a la sentencia concesoria del amparo; lo anterior, con fundamento en el artículo 193, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Se apercibe a la citada responsable que de no hacerlo en el tiempo concedido, se hará efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintiséis de febrero del año en curso, es decir, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, la cual se duplicará hasta llegar a mil días de salario, en caso de su inobservancia, conforme a lo dispuesto en los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo aplicable al caso; aunado a lo anterior, se remitirá el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o bien al Tribunal Colegiado correspondiente, según sea el caso, para continuar con el trámite de inejecución. Además, en caso de reiterada omisión al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, su conducta podría encuadrar en alguno de los delitos que establece el artículo 267 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes recurriera la sentencia de treinta y uno de diciembre de dos mil quince, dictada en el presente juicio de amparo, en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 81, inciso e) y 86 de la ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2o, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otro lado, devuélvanse las constancias respectivas a la Primera Sala Regional Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y solicítese el acuse recibo correspondiente. En virtud de lo anterior, considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público, respecto del cual las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI de la Constitución General de la República, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, toda vez que lo ordenado en éste es cosa juzgada y no admite oposición alguna; con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo SE REQUIERE a los integrantes de la Primera Sala Regional Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, con residencia en esta ciudad, para que en el término de TRES DÍAS, acredite ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo, en los siguientes términos: ".para el efecto de que el juez responsable deje insubsistente la resolución reclamada y, con plenitud de jurisdicción, emita una nueva, pero siguiendo los argumentos plasmados en este fallo, es decir, resuelva conforme a derecho proceda." Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 192, párrafo segundo y 258 de la Ley de Amparo, se impondrá multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, la cual se duplicará hasta llegar a mil días de salario, con independencia de remitir el juicio que se trata al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Civil en turno, para la continuación del procedimiento de inejecución de la sentencia. Con independencia de lo anterior, se informa a la citada autoridad que de constituirse en actitud omisiva, también puede hacerse acreedora a las sanciones previstas en el artículo 267 de la Ley de Amparo, así como que en caso de eludir el acatamiento del fallo protector, con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, con apoyo en el precepto invocado y en armonía con el Acuerdo General número 5/2001, del veintiuno de junio de dos mil uno, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal en turno, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, esto es, para que el Máximo Tribunal determine lo conducente sobre la separación del cargo de la autoridad contumaz y la consigne al Juez de Distrito que corresponda, por el delito de abuso de autoridad, en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo.

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