José Sánchez Villaloobos

Expediente 80/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2015.

Datos del expediente

Expediente
80/2015
Año
2015
Actuaciones
14
Última actuación
27/05/2015

Partes del expediente

  • José Sánchez Villaloobos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    MESA "8" VISTA LA RAZÓN ASENTADA POR LA ACTUARIA ADSCRITA A ESTE JUZGADO DE DISTRITO, LICENCIADA LUCILA ALARCÓN GALVÁN, DE LA QUE SE ADVIERTE QUE NO FUE POSIBLE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO JOSE SANCHEZ VILLALOBOS, EL AUTO DE VEINTE DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, EN VIRTUD DE QUE AL CONSTITUIRSE EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN AUTOS, FUE ATENDIDA POR MARIBEL GANTES CHÁVEZ, QUIEN DIJO SER EMPLEADA DEL DESPACHO Y UNA VEZ ENTERADA DE SU PRESENCIA, PROCEDIÓ A DEJAR EL CITATORIO, QUIEN SE COMPROMETIÓ A ENTREGARLO; LUEGO AL TRANSCURRIR LOS DOS DÍAS QUE SE LE DIERON PARA ACUDIR AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DE DICHO AUTO, CON APOYO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN I, DEL NUMERAL 27 INCISOS B) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFÍQUESE AL QUEJOSO DICHO AUTO, POR MEDIO DE LISTA. ACUERDO: "MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, VEINTE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE. Visto el estado procesal que guardan los autos; este Juzgador de Control Constitucional, advierte -de oficio- que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo y tomando en consideración que conforme a la técnica que rige el juicio de derechos fundamentales y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, corresponde a este Juzgador de Control Constitucional, analizarla por ser su estudio preferente y de orden público. Resulta aplicable a lo anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo SEXTO TRANSITORIO de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, en tanto que no se opone a la normatividad vigente, la Jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 163/2005 , del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto. Lo anterior, sin menester dar vista al quejoso JOSÉ SÁNCHEZ VILLALOBOS con la actualización de dicha causa de improcedencia, advertida de oficio, como lo previene el artículo 64 de la Ley de Amparo, pues de la interpretación del párrafo segundo de dicho precepto se advierte que la obligación de dar vista al quejoso, corresponde únicamente al órgano jurisdiccional de segunda instancia del juicio constitucional, es decir, a los Tribunales Colegiados de Circuito, puesto que es en este caso cuando se actualiza la hipótesis de "autoridad inferior" -Juez de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito-. Sustenta lo anterior la jurisprudencia por reiteración de criterios VI.1o.T. J/1 (10a.) , que textualmente establece: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO TIENE OBLIGACIÓN DE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LAS CAUSALES QUE ADVIERTA DE OFICIO O QUE LE HAGAN SABER LAS PARTES (INTERPRETACIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De la exégesis del párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo, se advierte que la obligación de dar vista al quejoso con la causa de improcedencia, corresponde únicamente al órgano jurisdiccional de segunda instancia del juicio constitucional, es decir, a los Tribunales Colegiados de Circuito, puesto que es en este caso cuando se actualiza la hipótesis de "autoridad inferior" (Juez de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito); por tal razón, el Juez Federal no está obligado a cumplir con la referida vista, no obstante que el motivo de improcedencia lo advierta de oficio, o bien, lo haga saber cualquiera de las partes. Así, para precisar el alcance de la norma en estudio resulta pertinente realizar la transcripción de las fracciones X y XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, dada su estrecha vinculación, las cuales son del siguiente contenido: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnada con motivo de actos distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios. XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;." En ese contexto, conforme al análisis sistemático de las fracciones X y XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se dispone que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado. Causa de improcedencia que tiene su razón de ser en el principio de cosa juzgada, en virtud del cual al haberse examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en un juicio de amparo que ha causado ejecutoria, se produce su inatacabilidad con la promoción de un nuevo juicio de amparo en que se combata el mismo acto, pues de no ser así, se llegaría al absurdo de aceptar que pudieran promoverse diversos juicios tantas veces como el quejoso afirmara que se enteró de un hecho que desconocía con anterioridad, o bien tantas veces como conceptos de violación se hicieran valer; lo cual evidentemente vulneraría la verdad legal a que se allegó en el juicio de amparo más antiguo. En ese sentido, conforme a lo dispuesto en el artículo SEXTO TRANSITORIO de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, en tanto que no se opone a la normatividad vigente, resulta aplicable el siguiente criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. La fracción IV del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, establece: "El juicio de amparo es improcedente: IV. Contra leyes o actos que hayan sido materia de otra ejecutoria en otro juicio de amparo en los términos de la fracción anterior". La fracción III a que alude la disposición transcrita señala: "El juicio de amparo es improcedente, contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas". Se establece estrecha relación entre ambas causales de improcedencia, porque la señalada en la fracción IV establece como elemento fundamental, que la ejecutoria se haya pronunciado en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior, que no puede tomarse en su integridad sino sólo en la parte en que se refiere a otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados. Esta limitación hace que no se confundan ambas causales y que su aplicación corresponda a momentos diferentes, pues en tanto que la causal de la fracción III se contrae a lo que debe llamarse litispendencia procesal que en el juicio constitucional da origen a su sobreseimiento, cualquiera que sea la instancia en que se encuentre, la de la fracción IV sólo puede aplicarse para el mismo efecto de sobreseer, cuando se haya producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto; entendiendo como cosa juzgada en el caso concreto de esta causa de improcedencia, aquella verdad legal que no admite ulterior recurso". Y la diversa tesis aislada I.6o.C.45 K de la Novena Época, cuyo texto dispone: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE LA MATERIA. Una recta interpretación del artículo 73, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales al expresar los vocablos: "materia de una ejecutoria", debe entenderse que la ley se refiere a las sentencias lato sensu, que emiten los órganos jurisdiccionales de amparo, sin importar el sentido de las mismas, pues de la lectura de dicho precepto, no se infiere que el legislador hubiese hecho distinción alguna, por lo que tiene aplicación el aforismo jurídico que establece que cuando el legislador no distingue, el juzgador no puede distinguir." Luego, la causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en concordancia con la fracción X del precepto invocado, requiere las siguientes premisas: a).- Que existan por lo mínimo dos juicios de amparo. b).- Que en uno se haya dictado sentencia que ya haya causado ejecutoria, es decir, sin posibilidad alguna de ser modificada por recurso alguno y en razón de lo cual se erige como verdad legal lo establecido en dicha resolución. c).- Que el otro amparo se encuentre pendiente de dictarse la sentencia conducente. d).- Que los actos de autoridad que se reclamen en ambos juicios de amparo sean idénticos, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. De tal modo que si se analizaran los actos reclamados en el segundo amparo se estaría analizando indirectamente de nueva cuenta sobre los actos que ya fueron materia de estudio en un diverso juicio de amparo, cuya sentencia causó ejecutoria, bien porque fue recurrida a través del recurso de revisión o porque causó estado al no haberla recurrido las partes, y ante tales circunstancias se estaría soslayando el principio de cosa juzgada que inspira la fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que la ratio legis de dicho precepto es precisamente el que no se vulnere la verdad legal a que se allegó en el juicio de amparo más antiguo con la interposición de amparos subsecuentes en los que en esencia se reclame lo mismo. Al respecto debe decirse que del escrito de la demanda se desprende que el aquí quejoso JOSÉ SÁNCHEZ VILLALOBOS, esencialmente reclama de la Jueza Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, mantenerlo privado de su libertad en un centro de máxima seguridad, incumpliendo lo ordenado en el resolutivo tercero relacionado con el considerando cuarto de la orden de detención provisional con fines de extradición de veintiséis de marzo de dos mil doce en el expediente de extradición 2/2012-II, la omisión de sancionar el desacato de diversas autoridades y obligarlos a ponerlo a su disposición pero interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y el haber revocado su determinación contenida en la citada orden de extradición internacional de dejarlo a su disposición en el citado reclusorio. Al rendir su informe justificado la Jueza Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, negó la existencia de los actos que se le reclaman e hizo del conocimiento que la permanencia del extraditable JOSÉ SÁNCHEZ VILLALOBOS -aquí quejoso-, en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 "Altiplano" en Almoloya de Juárez, Estado de México, quedó debidamente fundada y motivada en proveídos de ocho y veintidós de abril de dos mil trece, dictados en cumplimiento de la sentencia de amparo de seis de noviembre de dos mil doce, emitida por el Juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, en los autos del juicio de amparo 723/2012, la cual fue confirmada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en ejecutoria dictada en sesión de veintiuno de febrero de dos mil trece, en los autos del expediente de revisión penal 271/2012. Asimismo, la Jueza responsable señala que tales proveídos fueron materia del diverso juicio de amparo indirecto 981/2013, del índice del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, promovido por el aquí quejoso, en el que mediante resolución de cinco de noviembre de dos mil trece, el titular del referido órgano de control constitucional sobreseyó en el juicio de amparo en comento, por los motivos ahí expuestos; determinación que fue confirmada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante resolución de tres de abril de dos mil catorce, pronunciada en el R.P. 273/2013. Informe rendido por la autoridad responsable que adquiere el valor probatorio que se prevé en los numerales 79 , 93, fracción II , 129 , 130 , 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2º, párrafo segundo . Así las cosas, mediante proveído de veintitrés de enero del año en curso, se solicitaron a dicho Juzgador de Control Constitucional, las constancias relativas a los juicios de amparo 723/2012 y 981/2013; mismas que se glosaron a los autos por acuerdo de cinco de febrero de dos mil quince. Ahora bien, de las actuaciones del juicio de amparo indirecto 981/2013 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal se advierte que mediante sentencia engrosada el cinco de noviembre de dos mil trece se sobreseyó en dicho juicio, atendiendo a los siguientes lineamiento torales: "..Quinto. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo se procede al estudio oficioso de las causas de improcedencia del juicio. Este órgano de control constitucional estima que en el caso se actualiza la prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 77, fracción II, de la ley de la materia, interpretado en sentido inverso. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Cabe destacar que los autos de ocho y veintidós de abril de dos mil trece, fueron emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de garantías 723/2012, promovido por el propio quejoso contra el acuerdo de nueve de mayo de dos mil doce, emitido por la Jueza Cuarta de Distrito de Procesos Penales Federales en la entidad, a través del cual la responsable declaró improcedente la solicitud del quejoso de trasladarlo del Centro Federal de Readaptación Social 5 "Oriente" en Villa Aldama, Veracruz, al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente del Distrito Federal, juicio en el cual se concedió el amparo al advertirse violaciones formales en la emisión del acuerdo impugnado. Ahora bien, aunque los actos reclamados fueron emitidos dentro del procedimiento de extradición, al tener como consecuencia material la permanencia del quejoso en el lugar donde actualmente se encuentra recluido, esto es, en el Centro Federal de Readaptación Social 1 "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, ello lo dota de autonomía respecto de las fases del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio que rige la extradición. Sin embargo, no debe perderse de vista que en el procedimiento de extradición la libertad personal del reclamado puede restringirse por diversas causas, a saber: a) La existencia de mandamiento de detención provisional, fase en la que el reclamado queda bajo jurisdicción del Juez de Distrito que la haya ordenado; b) El acuerdo que recae a la petición formal de extradición, etapa en la que el extraditable queda en prisión preventiva bajo la jurisdicción del Juez de Distrito que tramita la extradición y hasta en tanto emite su opinión jurídica, ya que al dictar ésta se pone al reclamado a disposición de la Secretaría de Relaciones Exteriores; y, c) El dictado de la resolución que concede la extradición, periodo en el que el reclamado permanece a disposición de la autoridad administrativa hasta su entrega al Estado solicitante. En proveído de veintinueve de octubre de dos mil trece se tuvo por recibido el oficio 5260, a través del cual la jueza responsable informó que el veinticinco de octubre del año en curso emitió su opinión jurídica en el procedimiento de extradición seguido contra el quejoso, estimándola procedente. De lo que se sigue que el quejoso ya no se encuentra a disposición de la Jueza Cuarta de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal sino a disposición del Secretario de Relaciones Exteriores, a fin de que éste resuelva en definitiva si se concede o no la extradición internacional del quejoso al Gobierno de los Estados Unidos de América. Situación que impide abordar el estudio de los autos impugnados, pues a nada práctico conduciría una hipotética concesión del amparo, cuando no podría exigirse el cumplimiento de la ejecutoria a la autoridad responsable, pues con motivo del cambio de estatus jurídico del procedimiento de extradición, el quejoso ya no se encuentra a disposición de la Jueza Federal responsable, razón por la cual ella ya no podría determinar válidamente en qué lugar debe permanecer recluido el quejoso hasta la conclusión del procedimiento de extradición, pues ahora está a disposición del Secretario de Relaciones Exteriores, el cual deberá determinar lo correspondiente, en caso de que el quejoso solicite su traslado nuevamente. Orienta esta determinación la tesis de la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, volumen 145-150, Tercera Parte, página 58, que dice: AMPARO, PROCEDENCIA DEL. REQUIERE QUE LA SENTENCIA PRODUZCA EFECTOS EN EL ACTO RECLAMADO, CON QUE SE OBTENGA EL RESPETO DE INTERESES JURÍDICOS DEL QUEJOSO. En acatamiento del artículo 80 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia de este Alto Tribunal, que con el número 174, página 297, puede consultarse en la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, para que un juicio de amparo resulte procedente es menester que la sentencia que en él llegare a pronunciarse pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto combatido en dicho juicio sea de carácter positivo; o que sea factible obligar a la autoridad responsable, si el acto reclamado constituye una abstención, a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a que se cumpla lo que tal garantía exija, ya que el juicio constitucional debe tener siempre una finalidad práctica y no servir para realizar una actividad meramente especulativa. De aquí que proceda contra leyes solamente cuando, por ser éstas autoaplicativas, la determinación de su inconstitucionalidad pueda dar por resultado la no aplicación de sus disposiciones; o cuando, por no serlo, ya hayan sido aplicadas, sea factible la privación de efectos inconstitucionales del acto de aplicación. En las relatadas consideraciones con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXIII y 77, fracción II, interpretado en sentido inverso, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio. Lo que se hace extensivo a los actos de la autoridad ejecutora, porque no se reclamó por vicios propios. Esta determinación es acorde con lo resuelto en el diverso juicio de garantías 723/2012, en el cual se concedió el amparo al quejoso, pues cuando se emitió aquélla ejecutoria todavía no cambiaba la situación jurídica del quejoso dentro del procedimiento de extradición, ya que aún se encontraba a disposición de la Jueza responsable y en este momento del procedimiento se encuentra a disposición del Secretario de Relaciones Exteriores y es a él a quien compete determinar dónde debe permanecer recluido el quejoso.." Sentencia que fue confirmada por el Cuarto tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante resolución correspondiente a la sesión de tres de abril de dos mil catorce, pronunciada en el expediente R.P. 273/2013; cuyos Magistrados integrantes confirmaron el fallo impugnado por el aquí quejoso. Así las cosas, de la lectura de la demanda de amparo -génesis del presente juicio de derechos fundamentales- promovido por JOSÉ SÁNCHEZ VILLALOBOS, se advierte que, entre otras cosas y autoridades, reclama precisamente de la Jueza Cuarta de Distrito de Procesos Penales Federales su estancia en el Centro Federal de Readaptación Social 1 "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México; circunstancia que ya fue dirimida, por dicha juzgadora federal a través de sus proveídos de ocho y veintidós de abril de dos mil trece, los cuales emitidos en cumplimiento a la diversa ejecutoria de amparo dictada en el juicio de garantías 723/2012, promovido por el propio quejoso contra el acuerdo de nueve de mayo de dos mil doce, emitido por la Jueza Cuarta de Distrito de Procesos Penales Federales en la entidad; inclusive, al resolverse el juicio de amparo indirecto 981/2013 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, se le puso en conocimiento que ya no está más a disposición de la citada Juzgadora Federal. De lo expuesto, se arriba a la conclusión que existen tres juicios de amparo, a saber, 723/2012 y 981/2013 del índice del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal, así como en el que se actúa (80/2015-8) del índice de este Juzgado, en los que existe identidad en cuanto al quejoso, JOSÉ SÁNCHEZ VILLALOBOS así como de actos reclamados y autoridades responsables; en el caso de los juicios 723/2012 y 981/2013 ya se dictó sentencia; inclusive, al ser impugnadas fueron confirmadas por el Tribunal de Alzada; asimismo en el presente juicio de amparo aúno no se dicta sentencia. Luego, si se analizaran los actos reclamados en el juicio de amparo que hoy se resuelve, los cuales ya fueron materia de estudio de dos diversas sentencias de amparo ejecutoriadas, se infringiría el principio de la cosa juzgada que contempla la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en concordancia con la diversa X del mismo precepto legal, no obstante que la ratio legis de dicho numeral es que no se vulnere la verdad legal a que se allegó en un juicio de amparo anterior en el que en esencia se reclame lo mismo. Es aplicable la Jurisprudencia 132 , de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCION IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEIDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías." También se cita la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito , que es del tenor siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS QUE FUERON MATERIA DE UNA EJECUTORIA. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción IV de la Ley de Amparo, opera aun cuando el amparista afirme que al promover el primer juicio de garantías contra la misma orden de aprehensión reclamada, desconocía íntegramente los hechos ilícitos que se le imputaban, y que por ello no hizo valer los conceptos de violación que adujo en el nuevo amparo, en virtud de que en dicha causal no debe atenderse a la identidad de los antecedentes o conceptos de violación expresados, sino al acto reclamado. De no ser así, se llegaría al absurdo de aceptar que pudieran promoverse diversos juicios tantas veces como el quejoso afirmara que se enteró de un hecho que desconocía con anterioridad, o bien tantas veces como conceptos de violación se hicieran valer, no obstante que se hubiese enterado debidamente de los hechos ilícitos que se le imputaron cuando la responsable rindió su informe con justificación en el primer juicio de garantías, en donde bien pudo aportar las pruebas que estimare pertinentes, y de ser el caso, ampliar la demanda en el capítulo de conceptos de violación o hacer valer como alegatos las cuestiones que esgrimió en el nuevo amparo." Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XI, del numeral 61 de la Ley de Amparo, se impone en términos del diverso 63, fracción VI de la Ley de Amparo, DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN ESTE JUICIO DE AMPARO. En la inteligencia de que tal situación no priva de defensa a la solicitante del amparo, en virtud de que la determinación se sustenta en una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo; de modo que resulta ocioso analizar las posibles violaciones contenidas en los actos reclamados, lo que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto práctico tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan las pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cobra aplicación al respecto, conforme a lo dispuesto en el artículo SEXTO TRANSITORIO de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, en tanto que no se oponen a la normatividad vigente, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia número 2ª./J.10/2003 , de rubro y tenor siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite, conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." El presente fallo comprende los actos de ejecución que también se reclaman al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, Director General del Centro Federal de Readaptación Social 1 "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, Titular de la Policía Federal Ministerial y Director General de Extradiciones y Asistencia Jurídica de la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, toda vez que no se combaten por vicios propios, sino que su alegada inconstitucionalidad se hizo depender del acto de ordenamiento del cual derivan. Tiene aplicación al efecto, la jurisprudencia VI2°. J/7 , bajo el rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS, PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.- Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquellos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si estos no se combaten por vicios propios". Por las razones expuestas se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, debiéndose hacer del conocimiento de las partes tal circunstancia para los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8º y 14, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 2º, fracción XV, 5°, 7º y 8°, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como 1°, fracción III, 25, 28, 29, 30, 34 y 65 del Acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, a través del cual se implementa la publicación en internet de las sentencias ejecutorias y resoluciones públicas relevantes, generadas, entre otros órganos del propio por Consejo, por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a fin de incentivar el interés de la población en el conocimiento de las resoluciones jurisdiccionales, para fomentar una cultura de transparencia y acceso a la información y que establece las atribuciones de los órganos en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, se ordena a la Secretaría de este Juzgado que se elabore la correspondiente versión pública siguiendo los lineamientos que al efecto establecen los artículos 54, 55, 56, 57 y 58 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, citado en último término y envíese al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE...."

  2. Principal

    MESA "8" AGRÉGUESE A LOS AUTOS EL OFICIO SUSCRITO POR EL TITULAR Y PRESIDENTE DEL CONSEJO TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO UNO "ALTIPLANO" POR SERVIDORES PÚBLICOS, ÚNICAMENTE COMO CONSTANCIA LEGAL EN VIRTUD DE QUE EL VEINTE DE MAYO DEL PRESENTE AÑO SE RESOLVIÓ EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO.

  3. Principal

    mesa"8"AGRÉGUESE A LOS AUTOS EL OFICIO SUSCRITO POR EL TITULAR DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO UNO "ALTIPLANO, EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ; EN ATENCIÓN A SU CONTENIDO, REMÍTASELE COPIA SIMPLE DEL ESCRITO DE FECHA DIEZ DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, A EFECTO DE QUE ESTE EN APTITUD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO POR ESTE JUZGADO DE DISTRITO.

  4. Principal

    MESA "8" VISTA LA CERTIFICACIÓN SECRETARIAL QUE ANTECEDE; COMO SE ADVIERTE QUE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL SEÑALADA PARA LAS DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DE ESTA FECHA, NO SE LLEVARÁ A CABO EN VIRTUD DE QUE SE ENCUENTRA TRANSCURRIENDO EL TÉRMINO DE OCHO DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO EN VIGOR, PARA QUE LAS PARTES, SE IMPONGA DEL INFORME RENDIDO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE TITULAR DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO UNO "ALTIPLANO" EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ; CONSECUENTEMENTE, A EFECTO DE QUE TRANSCURRA DICHO PLAZO, SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL SEÑALADA PARA EL DÍA DE HOY, FIJÁNDOSE EN SU LUGAR LAS NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO.

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