José Sánchez De la Cruz y Otros.

Expediente 198/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 23 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
198/2018
Año
2018
Actuaciones
23
Última actuación
14/05/2019

Partes del expediente

  • José Sánchez De la Cruz y Otros.
  • José Sánchez De la Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    COMO LO SOLICITA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, REMITASE LAS COPIAS QUE REFIERE...

  2. Principal

    Visto; tomando en consideración que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que las partes se inconformaran en contra del proveído en el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, se tiene POR CONSENTIDO DICHO AUTO. Con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, interpretado a contrario sensu, archívese el expediente como asunto concluido. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en lo establecido por el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, por el Presidente de ese alto tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN; toda vez que, encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo CONCEDIDO. En atención a lo anterior, es evidente que el presente juicio tiene valor jurídico, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. Provéase lo conducente en el incidente de suspensión respectivo. NOTIFÍQUESE.

  3. Incidental

    Vistos; de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se ordena el archivo del cuaderno incidental en que se actúa. VALORACIÓN DEL CUADERNO INCIDENTAL. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo, y con apoyo en lo establecido por el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, por el Presidente de ese alto tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la indicación que el original del presente incidente es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar, por tanto se considera que tiene valor jurídico. De igual manera, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Asimismo, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del Acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  4. Principal

    TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; quince de enero de dos mil diecinueve.Visto; toda vez que las partes no desahogaron la vista ordenada en autos, en consecuencia, este Juzgado Federal se pronuncia sobre el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. EFECTOS DE LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL. En resolución constitucional de dieciséis de abril de dos mil dieciocho (fojas 432 a 438), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a José Sánchez de la Cruz, Pablo Martín Pérez de la Cruz y Mariano Sánchez Pérez, para que el Juez Primero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas: Dejara sin efecto la orden de aprehensión de dieciocho de febrero de dos mil diecisiete, dictada en la causa penal 5/2017, en contra de los aquí quejosos José Sánchez de la Cruz, Pablo Martín Pérez de la Cruz y Mariano Sánchez Pérez; acto seguido, declare su legal incompetencia para resolver sobre la solicitud del Ministerio Público consignador y proceda en consecuencia; con lo que quedará cumplida la sentencia. Concesión de amparo que se hizo extensiva al acto de ejecución reclamado al Director Jurídico de la Policía Especializada en ausencia del Director General de dicha corporación, Agente del Ministerio Público de la Policía Especializada adscrito al Departamento de Ejecución de Órdenes de Aprehensión de la Fiscalía General del Estado y Delegado Estatal en Chiapas, de la Procuraduría General de la República, todos con residencia en ésta ciudad, en virtud de que no se impugnó por vicios propios, sino que se hizo depender del reclamado a la ordenadora. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO. Inconforme con la resolución constitucional antes citada la Agente del Ministerio público de la Federación adscrita a este Juzgado, interpuso recurso de revisión (fojas 447 a 454), del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad (foja 517), mismo que confirmó la sentencia recurrida que concedió para efectos la protección constitucional solicitada por la parte quejosa, contra los actos y autoridades señalados en la resolución constitucional, por lo que se requirió a la responsable su cumplimiento (fojas 527 a 575). Por tanto, mediante auto de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, se tuvieron por recibidas las constancias con las que el Juez responsable informó respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio (581 a 585), con las que se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera (foja 587). PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR. De las constancias aludidas, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se desprende que la autoridad responsable ha dado total cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Lo anterior, toda vez que el Juez Primero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, realizó lo siguiente: Dejó sin valor alguno el auto de incoación de dieciocho de febrero de dos mil diecisiete, dictado en la causa penal 5/2017, en contra de los aquí quejosos José Sánchez de la Cruz, Pablo Martín Pérez de la Cruz y Mariano Sánchez Pérez (foja 582) Ordenó oficiar al Fiscal General del Estado, para efectos de que ordenara a las autoridades correspondientes cancelaran la orden de aprehensión girada en contra de los aquí quejosos, la cual se le remitió mediante oficio 200-A/2017, de dieciocho de febrero de dos mil diecisiete; y en virtud de que los hechos ocurrieron en el Distrito Judicial de San Cristóbal, tomó en consideración el principio de territorialidad, es decir, que es competente para conocer de un delito el juez del lugar donde se comete. Asimismo, manifestó que no existen en la indagatoria elementos que hagan suponer que las características de los hechos imputados sean de una gravedad tal que se precise que al indiciado, en caso de ser aprehendido, deberá recluírsele en una prisión que resida en un distrito judicial distinto de aquel donde se ejecutaron los antisociales, así como tampoco se desprende que exista causa alguna que impida garantizar el desarrollo adecuado del proceso, máxime que en la presente causa penal no obra pedimento alguno del Fiscal General del Estado, obrando únicamente el pedimento de competencia, por el Encargado del despacho de la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción, no reuniéndose así las exigencias del artículo 414 del Código de Procedimientos Penales en el Estado, en cuanto a la solicitud de competencia; sin embargo, de la calidad de los indiciados que resultan ser particulares, no pone de relieve alguna circunstancia que impida el adecuado desarrollo del proceso, que ponga en peligro la seguridad del centro de reclusión donde eventualmente sería internado, ni otra razón que justifique el caso de excepción a la competencia territorial prevista en la fracción II del citado artículo 414 en mención, pues independiente para ser aplicada, es necesario que el órgano técnico acredite cada uno de los supuestos legales de dicho numeral, que justifiquen que se surte la competencia por excepción ahí establecida, ya que la fracción y artículos citados, al tratarse de una hipótesis de competencia por excepción, debe exponerse los motivos y razonamiento lógicos que acrediten los supuestos exigidos por dicho numeral, debiendo aportar las pruebas conducentes de sus afirmaciones, en virtud de que la competencia por excepción de que se trata no puede derivar de una potestad indiscriminada, arbitraria o meramente subjetiva por parte del consignador, lo que no sería lógico ni jurídico. Por el contrario, el ejercicio de esa potestad debe implementarse con irrestricto apego a las normas de orden legal establecidas, así como a los parámetros de la lógica y racionalidad a efecto de concluir en forma razonada, lógica y congruente, la necesidad de fincar competencia a un juzgado distinto al del lugar de comisión del delito; lo cual, además, como lo establece el último párrafo de la fracción III, del artículo 414, de la ley adjetiva invocada, debe ser solicitado por el Fiscal consignador, ratificado por el Fiscal General del Estado. Destacando que de la lectura del referido artículo 414, en la fracción II, del Código de Procedimientos Penales del Estado, se infiere que la competencia extraordinaria que prevé, se actualiza cuando, además de los requisitos señalados, el inculpado se encuentra detenido y es internado por las razones que expone el precepto en mención, en un reclusorio que se encuentra fuera de la jurisdicción en que cometió el ilícito, pero no cuando se trata de la solicitud de una orden de aprehensión, en la que evidentemente el inculpado aún no se encuentra detenido - énfasis añadido- (fojas 582 vuelta a 583 vuelta). En razón de lo anterior se declaró incompetente para conocer de la causa penal de origen y declinó competencia por territorio al Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de San Cristóbal, por los indiciados José Sánchez de la Cruz, Pablo Martín Pérez de la Cruz y Mariano Sánchez Pérez, como probables responsables de los delitos de ejercicio ilegal del servicio público, peculado y asociación delictuosa (foja 585 vuelta). En razón de ello, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, en tanto que se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho fundamental violado, al seguir los lineamientos establecidos en ella. De ahí que, debe tenerse por CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR. Asimismo, en su momento procesal oportuno, provéase sobre el ARCHIVO de este expediente como asunto totalmente concluido. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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