José Sánchez Carbajal

Expediente 886/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
886/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
31/10/2023

Partes del expediente

  • José Sánchez Carbajal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa y la certificación que antecede, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a las partes en proveído de veintinueve de agosto del año en curso, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector, previo a ello, se estima necesario destacar los datos relevantes vinculados con el cumplimiento de la sentencia concesoria, a saber: Fecha de ejecutoria Fecha del cumplimiento Fecha en que se recibió el oficio por el cual la autoridad responsable informó el cumplimiento. Fecha de la última notificación a las partes del auto por el que se dio vista con el cumplimiento Dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Treinta de junio de dos mil veintitrés. Veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Treinta de agosto de dos mil veintitrés. En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: La omisión de realizar el pago de pensión por jubilación en términos del dictamen ******************** de cinco de julio de dos mil diecinueve, así como las prestaciones que conllevan a la misma. Previa substanciación del juicio de amparo, el doce de julio del año en curso, se emitió la sentencia correspondiente, en la que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso, para los siguientes efectos: ".1. De manera inmediata realice las gestiones administrativas necesarias para que en el término de tres días, compruebe a este Juzgado Federal, que le sean depositadas y/o entregadas las cantidades que por concepto del pago de la pensión por retiro por edad y tiempo de servicio, le correspondan a ********************, conforme al dictamen de otorgamiento de pensión número ********************, de cinco de julio de dos mil diecinueve, en los términos establecidos en el mismo; debiendo remitir las constancias que así lo acrediten." (Sic). Así, el dieciocho de agosto del año en curso, causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Posteriormente, el veintinueve de agosto del presente año, se tuvo por recibido el oficio suscrito el representante de la Jefa del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, mediante el cual, remitió el comprobante correspondiente a la segunda quincena de junio de la presente anualidad, del que se aprecia el pago total de la pensión en favor del quejoso ********************, constancias que por ser documentos públicos tienen valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, y con la misma se dio vista a la quejosa, sin que realizará pronunciamiento alguno. De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con la directriz de la concesión del amparo, es decir, omisión de realizar el pago de pensión por jubilación en términos del dictamen ******************** de cinco de julio de dos mil diecinueve. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido al quejoso en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Previas anotaciones en el libro de gobierno, hágase del conocimiento del quejoso la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexo), a través del cual, el representante de la Jefa del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, en cumplimiento a la sentencia emitida en el presente juicio de amparo, remite el comprobante correspondiente a la segunda quincena de junio de la presente anualidad, del que se aprecia el pago total de la pensión en favor del quejoso ********************, así como todas y cada una de las prestaciones a las que tiene derecho en su calidad de pensionada, tal y como se adujo en el oficio 207C0401520101L/dP/9245/2023, signado por la Jefa del Departamento de Pensiones de dicho instituto. Atento a lo anterior, previo a declarar en su caso el cumplimiento de la sentencia emitida en el presente juicio, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta y sus anexos, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector; apercibida que en caso de ser omisa, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en lo conducente, en la Jurisprudencia 247, de La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 203, cuyo contenido es del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuenc

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos del presente juicio y la certificación de cuenta, se advierte que las partes del presente juicio de amparo no recurrieron dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia dictada el doce de julio de dos mil veintitrés, en la que, por una parte se sobreseyó en el presente juicio de amparo y por la otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En esa virtud, con apoyo en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo requiérase a la Jefa del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, para que dentro del plazo de tres días dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto y remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten; apercibido que de no hacerlo, sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en los preceptos en cita, en relación con los diversos artículos 237, fracción I, y 258 de la ley de la materia y se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso para el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Es aplicable, la Jurisprudencia P./J.54/2014 (10ª), publicada en la página 19, del Libro 12, Tomo l, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de noviembre de 2014, Decima Época, con número de registro 2007918, que establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." En diversa tesitura, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el escrito de cuenta, mediante el cual ********************, autorizado del quejoso ********************, en esencia solicita la devolución de los documentos originales que acompañaron la demanda de amparo; asimismo, proporciona el usuario "********************" para oír y recibir notificaciones, así como para tener acceso al expediente electrónico. Atento a lo anterior, respecto a la devolución de los documentos que refiere la parte quejosa, previo cotejo, procédase a su devolución, de lo cual se deberá asentar la razón y firma que por su recepción obre en autos para debida constancia legal. Por otra parte, toda vez que de la certificación de cuenta se evidencia que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se encontró registro del usuario "********************"; en consecuencia, como lo solicita la parte quejosa y conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se acuerda favorable la consulta del expediente electrónico que deriva de este asunto; asimismo, con apoyo en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones a través de dicho medio; circunstancia de la que deberán tomar en cuenta los actuarios para el correcto ejercicio de sus funciones.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos del presente juicio, se advierte que la sentencia emitida el de doce de julio del año en curso, dentro del presente juicio de amparo, no ha sido notificado a las partes; en consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento en el presente juicio constitucional, y se comisiona al actuario judicial adscrito a efecto de que notifique por medio de lista electrónica la resolución antes citada.. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 886/2023-III, promovido por******************** contra actos del Coordinador de Prestaciones y Seguridad Social del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: 1. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado, el nueve de junio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México,********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se mencionan a continuación: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: 1. COORDINADOR Y/O JEFE DE PRESTACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS; 2.-JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PENSIONES DEL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO" "IV. ACTO RECLAMADO: 1.- VIOLACION AL ARTICULO 8 DE LA CONSTITUCION POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CONSISTENTE EN LA OMISIÓN EN QUE HA INCURRIDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE, EN CUANTO AL PAGO DE MI PENSIÓN POR JUBILACIÓN Y DEMÁS PRESTACIONES QUE NACEN JUNTO CON ESTA, COMO SON EL AGUINALDO, GRATIFICACIÓN ESPECIAL A SERVIDORES PÚBLICOS PENSIONADOS, PREVISIÓN SOCIAL ETCÉTERA, TRAS HABER CUMPLIDO CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU PROCEDENCIA." Actos reclamados que el quejoso señaló violaban los derechos fundamentales protegidos por los artículos 8, 14, 16, 17 y 123, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Trámite. Por acuerdo de doce de junio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que compete al Ministerio Público de la Federación adscrito, y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional; la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede, misma que forma parte de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el diverso 12/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al inicio de funciones de este Juzgado de Distrito, en tanto que se reclama la omisión de autoridades del orden administrativo distintas de las judiciales, con sede en el territorio donde este Juzgado de Distrito ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 75 de la Ley de Amparo, el acto reclamado se hace consistir en: - La omisión de realizar el pago de pensión por jubilación en términos del dictamen ******************** de cinco de julio de dos mil diecinueve, así como las prestaciones que conllevan a la misma. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El representante legal de la autoridad responsable el Coordinador de Prestaciones y Seguridad Social del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado en el presente juicio de amparo. Lo anterior, sin que el quejoso ofreciera medio de convicción idóneo con el que se controvirtieran dicha negativa del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable. Por lo cual, se está en el supuesto que al efecto establece la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, y lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, únicamente con relación el Coordinador de Prestaciones y Seguridad Social del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y seis, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, materia común, con registro 917818, cuyo contenido es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan dicha negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Existencia del acto reclamado. El apoderado legal de la autoridad responsable la Jefa del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, aceptó la existencia del acto reclamado. Consecuentemente, debe tenerse por cierto el acto que se reclama a dicha autoridad; siendo aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 305, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época, visible a página 206, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". QUINTO. Causas de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo al estudio del fondo del asunto, deben analizarse las causas de improcedencia por ser esa una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen o no cualquiera de las partes. Sustenta esta determinación, la Jurisprudencia número 158, de una anterior conformación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 272, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, VIII Parte, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Al respecto, se advierte que el representante legal de las autoridades responsables refirió que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, pues manifestó, en lo conducente, que el texto de ese precepto establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar aquel, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Por tanto, cuando se omite pagar oportunamente una pensión jubilatoria en forma recurrente, se violan los derechos humanos a la previsión social, dignidad y al mínimo vital que adquieren los jubilados, ya que aquélla comprende la satisfacción de las necesidades básicas para que ese retiro sea digno. Razones por las cuales deviene infundada la causa de improcedencia hecha valer por el representante legal de las autoridades responsables. Por lo que, al no advertirse que se actualice diversa causal de improcedencia que deba ser examinada por el suscrito; en consecuencia, se procede al estudio de los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso. SEXTO. Conceptos de violación. No se hace transcripción de los conceptos de violación alegados, por no existir precepto legal alguno que así obligue a este juzgador. Es aplicable al respecto, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y datos siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." (Jurisprudencia 2a./J.58/2010, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830). SÉPTIMO. Estudio. Es fundado el concepto de violación hecho valer por la promovente del amparo, en el sentido de que la responsable violenta sus derechos, pues no le ha realizado el pago de su pensión, no obstante que ya fue dictaminada a su favor, así como aceptada por ella; lo anterior, aunque para ello deba suplirse en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo. En efecto, para arribar a la conclusión anterior, debe destacarse que la pensión constituye un derecho fundamental de seguridad social, consagrado en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), constitucional, precepto que dispone: "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: (...) B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: (...) XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte." El numeral constitucional trascrito, no sólo contiene las bases mínimas de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, sino que de él también deriva el principio constitucional de la previsión social, que se sustenta en la obligación de establecer un sistema íntegro que otorgue tranquilidad y bienestar personal a los trabajadores y a su familia, ante los riesgos a los que se encuentran expuestos, orientados necesariamente a procurar el mejoramiento del nivel de vida. Por consiguiente, se puede concluir que los pensionados, tienen el derecho constitucional a recibir una pensión que les permita vivir, pero además, que ese derecho no es sólo una prerrogativa más, sino que debe atender a parámetros específicos como son la vida digna y el derecho a un mínimo vital. En efecto, los derechos humanos destacados, en función de una pensión, no sólo se respeta a través de proveer al pensionado de una cantidad para que haga frente a las necesidades que pueda tener como individuo en la vejez, y de conformidad con lo que haya cotizado durante su vida laboral activa, y conforme a las reglas y tabuladores que para ello existe en el ámbito administrativo, sino que por ello, el Estado, como garante de la subsistencia del pensionado, debe entregar y cubrir en tiempo la pensión digna, para no hacer ilusorios los derechos humanos referidos. Lo anterior es así, porque el pensionado depende del pago de su pensión, para satisfacer sus necesidades mediatas e inmediatas, y al no pagársele en el tiempo en que se debe hacerlo, conforme al calendario de pagos previamente establecido, queda en estado de vulnerabilidad, al no poder adquirir lo más necesario para subsistir, como son los alimentos, ni hacer frente a los compromisos económicos adquiridos, como son el pago de servicios, de vivienda, tampoco puede acceder a servicios de salud y de educación, menos a un medio ambiente sano y sustentable, que le permita vivir dignamente. Sobre esa óptica, se pone de manifiesto que el Director del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, a través del Departamento de Pensiones de dicho instituto, ha omitido realizar las gestiones administrativas correspondientes para realizar el pago de la pensión, que tiene derecho el quejoso, conforme al dictamen de otorgamiento de pensión ********************, de cinco de julio de dos mil diecinueve, retrasando injustificadamente dicho pago de pensión; lo cual, indudablemente, constituye una violación a los derechos humanos de dignidad humana y del mínimo vital. Lo anterior, porque durante el tiempo en que no ha recibido su pago de pensión, carece de los medios para la plena satisfacción de todas sus necesidades básicas, en virtud de su dignidad como ser humano, lo cual, no se subsana únicamente con el pago posterior o tardío de tales pensiones, ya que ello no retribuye en nada las molestias, problemas y obstáculos que una persona debe enfrentar para subsistir hasta en tanto el pago acontece. Por tanto, el Estado, a través de las autoridades responsables, incumplió con la obligación de garantizar tales derechos humanos, porque a ellos, se reitera, les corresponde asegurar la satisfacción de las necesidades básicas de todos sus ciudadanos, en el caso, el derecho que adquirió el pensionado aquí quejoso a recibir el pago de una pensión, la que debe ser realizada en tiempo, porque sólo así se puede garantizar una subsistencia digna, a este despliegue estatal se le conoce como obligación estatal de garantía y se traduce en la obligación del Estado a través de esos entes públicos de mantener el disfrute del derecho, pero además también el mejorarlo y restituirlo en caso de violación. Es aplicable, la tesis XV.3o.9 A (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, publicada en la página 2361, del Libro 75, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Febrero de 2020, Décima Época, con registro 2021661, de título y texto: "PENSIÓN JUBILATORIA. LA OMISIÓN RECURRENTE DE PAGARLA OPORTUNAMENTE VIOLA LOS DERECHOS HUMANOS A LA DIGNIDAD, AL MÍNIMO VITAL Y A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS JUBILADOS. Bajo el enfoque actual de una mayor protección a los derechos humanos mediante el acceso a la justicia constitucional, y ante la problemática social que origina el retraso injustificado del pago de las pensiones a los jubilados, corresponde al Estado asegurar la satisfacción de las necesidades básicas de todos sus ciudadanos, en el caso, el derecho que conforme al artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos adquirieron aquéllos después de laborar por el tiempo señalado por la ley, a recibir el pago de una pensión, el cual debe ser realizado en tiempo, porque sólo así se puede garantizar una subsistencia digna. A este despliegue estatal se le conoce como obligación de garantía y se traduce en que el Estado, a través de los entes públicos correspondientes, debe mantener el disfrute del derecho respectivo, pero también mejorarlo y restituirlo en caso de violación. Por tanto, cuando se omite pagar oportunamente una pensión jubilatoria en forma recurrente, se violan los derechos humanos a la dignidad y al mínimo vital de los jubilados, ya que aquélla comprende la satisfacción de las necesidades básicas para que ese retiro sea digno. Asimismo, se transgrede el derecho humano a la seguridad social, del que deriva el pago de la pensión, por la necesidad de garantizar la continuidad en tiempo y forma legal del pago de la pensión, como obligación del Estado mediante el ente asegurador de las prestaciones de seguridad social, derivado del derecho de los pensionados a recibir una protección especial por su condición de integrantes de un grupo en situación de vulnerabilidad, integrado por sujetos que ordinariamente tienen la presunción de subsistir económicamente de lo que reciben mensualmente por concepto de pensión." Para explicar ello, en principio debe observarse que al haber quedado demostrado que a la parte quejosa se le pensionó (hecho admitido por las partes) y conforme a las constancias existentes en autos, dicha pensión se realizó atendiendo al dictamen de otorgamiento de pensión ********************, de cinco de julio de dos mil diecinueve, emitido por el Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM); sin embargo, no se ha realizado dicho pago, no obstante que la justiciable, el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, presentó ante la autoridad responsable "formato de aceptación", por el que manifestó su conformidad respecto de la cuota diaria para el pago de su pensión que le fuera autorizado, sin que exista mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive tal actuar (retraso de pago de la pensión por jubilación), de ahí que se considere que tales actos, como ya se precisó previamente, son inconstitucionales. Por lo anterior, se advierte que con el acto reclamado no sólo existe transgresión al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también a otros derechos fundamentales de la parte quejosa, tales como el derecho a la dignidad humana y el derecho al mínimo vital, que guardan íntima relación con la pensión, y de tutela jurisdiccional urgente. De esta manera, debe precisarse que el derecho a la dignidad humana de toda persona, se refiere al derecho a un nivel de vida adecuado y, por tanto, a la plena satisfacción de todas sus necesidades básicas, en virtud de su dignidad como ser humano, y corresponde al Estado, asegurar la satisfacción de las necesidades básicas de todos sus ciudadanos mediante servicios sociales, seguros o pensiones en casos de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez, y en general, cualquier otro supuesto previsto en las leyes de la materia por el que una persona se encuentre imposibilitada para acceder a medios de subsistencia por circunstancias ajenas a su voluntad. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 37/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, página 633, de rubro y texto siguiente: "DIGNIDAD HUMANA. CONSTITUYE UNA NORMA JURÍDICA QUE CONSAGRA UN DERECHO FUNDAMENTAL A FAVOR DE LAS PERSONAS Y NO UNA SIMPLE DECLARACIÓN ÉTICA. La dignidad humana no se identifica ni se confunde con un precepto meramente moral, sino que se proyecta en nuestro ordenamiento como un bien jurídico circunstancial al ser humano, merecedor de la más amplia protección jurídica, reconocido actualmente en los artículos 1o., último párrafo; 2o., apartado A, fracción II; 3o., fracción II, inciso c); y 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el Pleno de esta Suprema Corte ha sostenido que la dignidad humana funge como un principio jurídico que permea en todo el ordenamiento, pero también como un derecho fundamental que debe ser respetado en todo caso, cuya importancia resalta al ser la base y condición para el disfrute de los demás derechos y el desarrollo integral de la personalidad. Así las cosas, la dignidad humana no es una simple declaración ética, sino que se trata de una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de la persona y por el cual se establece el mandato constitucional a todas las autoridades, e incluso particulares, de respetar y proteger la dignidad de todo individuo, entendida ésta -en su núcleo más esencial- como el interés inherente a toda persona, por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada." Y en ese sentido, si como ya quedó acreditado en autos del presente sumario constitucional, las responsables han sido omisas en realizar el pago de la pensión a la que tiene derecho la solicitante del amparo (en virtud del dictamen de pensión emitido a su favor), es evidente la violación a sus derechos fundamentales. En las relatadas condiciones, dado lo fundado de lo concepto de violación hecho valer en la demanda de amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a********************, para el efecto de que las autoridades responsables, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia: 1. De manera inmediata realice las gestiones administrativas necesarias para que en el término de tres días, compruebe a este Juzgado Federal, que le sean depositadas y/o entregadas las cantidades que por concepto del pago de la pensión por retiro por edad y tiempo de servicio, le correspondan a********************, conforme al dictamen de otorgamiento de pensión número ********************, de cinco de julio de dos mil diecinueve, en los términos establecidos en el mismo; debiendo remitir las constancias que así lo acrediten. En el entendido de que, deberá girar los oficios necesarios a las autoridades vinculadas al cumplimiento de la presente ejecutoria, para que dicho pago se realice. En razón de la concesión del amparo, en los términos apuntados, resulta innecesario estudiar los demás conceptos de violación plasmados en la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1335, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte -SCJN Décima Primera Sección- Sentencias de amparo y sus efectos, Séptima Época, Materia Común, página 1498, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja." OCTAVO. Vigencia jurisprudencial. No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, los mismos resultan aplicables conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, y en el presente el caso no se advierte oposición alguna al respecto. NOVENO. Protección de información y datos personales. Aun cuando las partes no hicieron uso del derecho previsto en el artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo a la oposición a la publicación de sus datos personales en consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con los artículos 6, apartado A., fracción II y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracciones IX y XI , de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dese cumplimiento a lo establecido en el diverso 118 de ley especial citada, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Lo anterior, en atención al Criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, del rubro y texto siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONAL NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquella cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En ese sentido la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a la unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por********************, contra los actos y autoridades responsables precisados en los Considerandos Segundo y Tercero de esta sentencia, en atención a las precisiones de este último. SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a********************, respecto de los actos y autoridad responsable precisados en los Considerandos Segundo y Cuarto de esta sentencia, para los efectos precisados en el diverso Séptimo de la misma.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 5,602 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano