José Sánchez Barajas

Expediente 710/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 1 actuación registrada, la última del 18 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
710/2020
Año
2020
Actuaciones
1
Última actuación
18/11/2020

Partes del expediente

  • José Sánchez Barajas

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Radicación. Vista la demanda de amparo con que se da cuenta, promovida por José Sánchez Barajas, contra actos del Juez Octavo de lo Civil de Primera Instancia del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, y otra autoridad; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 710/2020-A. Ahora, toda vez que la parte quejosa señala como autoridad responsable al Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Octavo de lo Civil de Primera Instancia del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, dígase que no le reviste tal carácter, toda vez que, si bien es cierto que entre las funciones de dicha autoridad, se encuentran la de autorizar como fedatario las resoluciones dictadas por el titular del órgano jurisdiccional responsable, dicha función no implica que resuelva conjuntamente con aquél quien es el único responsable de sus fallos. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis jurisprudencial III.2o.C. J/21, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Civil del Tercer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, Octubre 2004, página 2292, con número de registro 180248, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Por disposición del artículo 27, fracción III (vigente hasta el 26 de julio de 1994, de contenido similar al artículo 112, fracción II, de la ley que entró en vigor el 2 de julio de 1997), de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, el secretario de Acuerdos de los Juzgados de lo Civil está facultado, entre otras cuestiones, para autorizar las diligencias y resoluciones que emita el titular, tarea ésta que de ninguna manera involucra de su parte, actos de decisión, pues solamente significa dar fe o confirmar que las determinaciones en que va puesta su firma fueron real y efectivamente pronunciadas por el funcionario de quien es subalterno. De lo anterior se desprende que el referido servidor público, al no estar investido de atributos decisorios en el desempeño de sus funciones, no puede ser considerado como autoridad para efectos del juicio constitucional." En razón de lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1 fracción I y 5 fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que hace procedente desechar la demanda de amparo por lo que hace a la autoridad responsable Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Octavo de lo Civil de Primera Instancia del Partido Judicial de Tijuana, Baja California. Asimismo, en el caso en estudio procede desechar de plano la presente demanda de derechos fundamentales, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, preceptos que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;" [.] De la anterior transcripción se obtiene, que la procedencia del juicio de amparo depende de que los actos ejecutados dentro o fuera del juicio afecten a personas extrañas a él. Al respecto, cabe precisar que se considera persona extraña quien no tiene intervención en el procedimiento del que emana el acto que le perjudica, así como también es tercero extraño por equiparación, quien habiendo sido señalado como parte, no es llamado al mismo o se le cita en forma contraria a la Ley. En ese tenor se pronunció la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número trescientos trece, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, tomo cuatro, Parte SCJN, Octava Época, página veintiuno, que a la letra dice: "PERSONAS EXTRAÑAS AL JUICIO. QUIENES TIENEN ESE CARÁCTER, EN MATERIA CIVIL. Tomando en cuenta que tercero extraño es aquel que no tiene ninguna intervención en el juicio del que emana el acto que le afecta, por no haber sido señalado como parte, es evidente que también debe considerarse como persona extraña a quien habiendo sido señalado como parte en el juicio, no es llamado al mismo o se le cita en forma contraria a la ley. Sin embargo, no puede tenerse con ese carácter a quien promueve el juicio de garantías por el simple hecho de ostentarse como tercero extraño, si de autos se desprende que el quejoso tuvo conocimiento de esa infracción antes de que se dictara sentencia en el juicio seguido en su contra o de que ésta causó ejecutoria, ya que en esas condiciones, como parte en el juicio puede impugnar la indicada violación procesal a través del incidente de nulidad de actuaciones, que puede hacerse valer antes de que se dicte la sentencia de primer grado, o en su defecto, de alegarla a través de los agravios que exprese en el recurso de apelación que interponga en contra de dicho fallo." En ese orden de ideas, es necesario puntualizar que de los preceptos transcritos se advierte que una de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto radica en que los actos que se reclamen efectuados dentro o fuera del juicio, afecten a personas extrañas al mismo, situación que obedece a proteger a quien se vea afectado por algún procedimiento judicial del que no es parte, del que no tuvo conocimiento y en el que no pudo defenderse, siendo la vía constitucional la adecuada para hacer valer las violaciones a sus derechos fundamentales. Sin embargo, la citada hipótesis, aplicada a contrario sensu, lleva concluir que si la persona que acude a la vía constitucional a reclamar actos efectuados dentro de un procedimiento judicial de cuya tramitación tiene conocimiento, no cuenta con el carácter de tercera extraña, motiva que el amparo se torne improcedente, pues la sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del referido procedimiento en el que funge como parte, aun cuando no lo haya hecho, significa que cuenta con la posibilidad de defenderse. En efecto, si el promovente se hace sabedor del procedimiento incoado en su contra y sus datos de identificación, es indudable que por ese sólo hecho pierde el carácter de persona extraña al procedimiento, ya que basta ese conocimiento para dar por sentado que estuvo en posibilidad de acudir al juicio de origen a hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios que la ley prevé. Lo que así se afirma, ya que en esos casos, no existe justificación alguna para no comparecer en su carácter de parte procesal, porque no debe perderse de vista que el juicio de amparo no es un recurso ordinario, sino un medio por el cual se aducen violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya procedencia en contra de actos intraprocesales, debe reservarse a lo estrictamente indispensable, para que el juicio constitucional no se convierta en un obstáculo para la expedita administración de justicia, en detrimento del interés público. En consecuencia, debe concluirse que la calidad de extraño a juicio por equiparación, se pierde cuando se tiene conocimiento del juicio. En el caso, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable Juez Octavo de lo Civil, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: "1.- De la autoridad responsable ordenadora el: C. JUEZ OCTAVO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PARTIDO JUDICIAL DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, se reclama: a).- Le reclamo todas y cada una de las irregularidades procesales y constitucionales que se han presentado en el expediente 1544/2016 a partir del auto de fecha VEINTE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, toda vez que la función del Juez Octavo es la de impartir y administrar la justicia, cuidando minuciosamente que se den cumplimiento a lo establecido dentro de nuestra Carta Magna así como de las leyes del Estado y demás ordenamientos jurídicos que pudieran regir el proceso, vigilando la equidad e igualdad procesal, sin embargo ha sido todo lo contrario, toda vez que del análisis de los autos del expediente anteriormente descrito, se observa que ha quedado en un estado de indefensión el demandado hoy quejoso, al transgredir sus derechos constitucionales toda vez que no se le ha permitido ser oído y vencido en juicio, ante la moral actora, afectando con esto mi posibilidad de defensa en juicio, con esto constituyendo agravios de imposible reparación. 2.- De la autoridad responsable ejecutora, C. SECRETARIO DE ACUERDOS ADSCRITO AL JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PARTIDO JUDICIAL DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, se reclama: a).- Le reclamo el ilegal auto de fecha VEINTE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE emitido dentro del expediente 1544/2016 que radica en el Juzgado Octavo de lo Civil del Estado de Baja California, mediante el cual niega la admisión del recurso de revocación presentado por el hoy quejoso, parte demandada dentro del juicio 1544/2016, argumentando que dicho recurso se presenta de manera extemporánea, sin embargo, del estudio de los autos, se aprecia que el motivo del recurso de revocación es consecuencia de las ilegales actuaciones que se han presentado dentro del expediente 1544/2016, situaciones que se establecerán en los antecedentes del presente escrito. De dichas autoridades reclamo las consecuencias de hecho y de derecho derivadas de los actos que reclamo, pues se traducen en la afectación de mi esfera jurídica, dejándome en un estado de absoluta indefensión." Asimismo, del capítulo de antecedentes, el promovente manifestó lo siguiente: "PRIMERO.- Con fecha 19 de diciembre del 2005 según escritura número 80,212 volumen 2628 de fecha 19 de diciembre del año 2005, correspondiente al protocolo de la notaria publica número 04 de la ciudad de Tijuana, Baja California, a cargo del Licenciado Eduardo M. Navarro Vallejo García Travesi, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de este partido Judicial, bajo la partida número 5466884 de la Sección Civil, de fecha 18 de abril del 2006, que contiene el contrato de Apertura de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria, celebrado entre PATRIMONIO SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO y el suscrito JOSÉ SÁNCHEZ BARAJAS. Situación que dio origen al juicio especial hipotecario, que radica dentro del Juzgado Octavo Civil de Tijuana, con número de expediente 1544/2016, en el que el hoy quejoso se encuentra en su carácter de parte demandada. SEGUNDO.- En fecha veintiuno de enero del año dos mil veinte, se dicta Sentencia Definitiva dentro del expediente 1544/2016 del Juzgado Octavo Civil, y en fecha dieciocho de febrero del año dos mil veinte, se hace una aclaración de dicha Sentencia Definitiva, en dicho auto de aclaración se ordena que se notifique de MANERA PERSONAL a las partes, es decir existen dos actuaciones que debían notificarse de manera personal, lo son la Sentencia Definitiva y el auto aclaratorio de dicha Sentencia Definitiva, sin embargo en autos únicamente se aprecia según el auto de fecha once de marzo del año dos mil veinte, en el cual la mora actora se da por notificada de dichas actuaciones y se ordena que cause ejecutoria la Sentencia Definitiva dictada en autos, es menester argumentar que el hoy quejoso nunca fui notificado de estas actuaciones, dentro del expediente 1544/2016 no obra razón actuarial que indique que fui notificado de manera personal de dichas actuaciones, así mismo es importante mencionar que el suscrito si señale un domicilio procesal, sin embargo se insiste jamás fui notificado de manera personal, fue que el hoy quejoso BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD manifiesto que fue por coincidencia que hice una cita en Juzgados mediante el portal del Poder Judicial del Estado de Baja California, cita que se me dio para el día veintiocho de septiembre del año dos mil veinte, por lo que el día veintiocho de septiembre del año dos mil veinte acudí a revisar mi expediente y fue que me entere de la situación procesal en la que me encontraba, motivo por el cual presente recurso de revocación en contra del auto de fecha once de marzo del año dos mil veinte, pidiendo se revoque que ha causado ejecutoria, y en su lugar se dicte un nuevo auto en el cual se me tenga por notificado de la Sentencia Definitiva y desde ese momento inicien a correr mis términos procesales. TERCERO.- Por auto de fecha veinte de octubre del año dos mil veinte, se niega la admisión del recurso de revocación impuesto por el quejoso, demandado dentro del expediente 1544/2016 en el Juzgado Octavo, toda vez el Juez Octavo mediante su Secretario de Acuerdos, establecen que a partir del auto en el que se tuvo causando ejecutoria la Sentencia Definitiva dictada en autos, se tuvo tres días para presentar recurso de revocación, sin embargo toda vez que nunca fui notificado de las diversas actuaciones aquí establecidas', el hoy quejoso bajo protesta de decir verdad manifiesto que fue por la cita en el juzgado que tuve la oportunidad de enterarme del estado procesal que guardan los autos, y así entonces desde el día de la cita que fue el veintiocho de septiembre del año dos mil veinte iniciaba a contar mi termino de tres días para presentar el recurso de revocación contra el auto de fecha once de marzo del año dos mil veinte, sin embargo se me tuvo por extemporáneo aun y así que se adjuntó hoja en la cual se señala cita para acudir a juzgados, emitido por el Portal del Poder Judicial del Estado de Baja California, con todo lo narrado es de observarse del estudio de los autos del expediente 1544/2016 radicado en el Juzgado Octavo Civil de Tijuana, existen diversas ilegalidades al proceso judicial, asimismo a mis derechos constitucionales, toda vez que al no ser notificado legalmente de las actuaciones anteriormente descritas, se me niega mi derecho de defensa, así como mi garantía de audiencia, ya que no puedo ser oído ni vencido en juicio, toda vez que debemos entender que una notificación personal es un acto personalísimo que le corresponde ordenar al Juzgador para que por medio de un Actuado adscrito al Juzgado se lleve a cabo, es decir son aquellos actos del órgano jurisdiccional de enterar a cada una de las partes sobre el estado procesal del juicio así como de sus requerimientos y apercibimientos en juicio. Es por lo anterior que al negar el recurso de revocación impuesto por el quejoso según auto de fecha veinte de octubre del dos mil vente en relación al auto de fecha once de marzo del año dos mil veinte en el cual se declara que la Sentencia Definitiva dictada en el expediente 1544/2016 ha causado ejecutoria, sin embargo se insiste no obra razón actuarial que indique que el hoy quejoso haya sido notificado de dicha Sentencia Definitiva ni mucho menos del auto aclaratorio de Sentencia Definitiva de fecha dieciocho de febrero del año dos mil veinte, con esto causando prejuicios de imposible reparación al quejoso toda vez que se me deja en un estado de indefensión ante la moral actora, ya que la primera formalidad esencial de todo procedimiento es que la parte afectada sea llamada ante el órgano de autoridad a fin de que pueda defenderse correctamente; el ser llamado no solamente comprende la posibilidad de que el particular sea "avisado" de que se pretende ejecutar un acto privativo en su contra o de que existe un procedimiento que pudiera culminar con la emisión de un acto privativo, sino que de forma más amplia exige poner a su disposición todos los elementos que le permitan tener conocimiento de la etapa en la que se encuentre su proceso judicial." Lo antes expuesto, permite colegir que el peticionario de amparo comparece aduciendo que no obra ninguna razón actuarial en que se le haya hecho saber, en su carácter de parte demandada dentro del juicio 1544/2016, del índice del Juzgado Octavo de lo Civil, en esta ciudad, la sentencia definitiva de veintiuno de enero de dos mil veinte, ni los diversos autos de dieciocho de febrero de dos mil veinte, correspondiente al auto aclaratorio de sentencia definitiva, y de once de marzo de dos mil veinte, por el que causó ejecutoria la misma; y que por tanto, se vulneraron derechos sustantivos de imposible reparación tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Motivo por el cual refiere que interpuso ante la responsable recurso de revocación en contra del auto de once de marzo de dos mil veinte, con la finalidad de dejar sin efectos el auto de once de marzo de dos mil veinte, aduciendo que "no le fue notificado de manera personal la sentencia dictada en el procedimiento de origen, la aclaración de dicha resolución, así como el auto que causó ejecutoria", en virtud de que bajo protesta de decir verdad refiere que es parte demandada en dicho asunto, tan es así que señaló domicilio procesal, el cual en el diverso proveído de veinte de octubre de dos mil veinte, dictado dentro del expediente 1544/2016 se negó la admisión de dicho medio de impugnación al referir que éste fue presentado de forma "extemporánea"; lo que constituye una confesión expresa en términos del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De ahí que se desprenda su calidad de parte formal en el juicio y la circunstancia de que compareció a aquel reviste la calidad de cosa juzgada, de manera que no puede considerársele como tercero extraño por equiparación, ni siquiera a la etapa de ejecución, ya que al haber comparecido al procedimiento ordinario, tuvo -y tiene- la oportunidad de defenderse dentro del juicio natural en cualquiera de sus etapas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia IV.1o.C. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, consultable en la página novecientos sesenta, tomo XXIV, noviembre de dos mil seis, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 173901, que señala: "PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE TAL CARÁCTER, QUIEN COMPARECE A CONTESTAR LA DEMANDA, AUN CUANDO MANIFIESTE QUE POSTERIORMENTE FUE ILEGALMENTE NOTIFICADA DE DIVERSAS RESOLUCIONES Y SE LE DEJÓ EN ESTADO DE INDEFENSIÓN DURANTE CIERTA ETAPA DEL JUICIO. Al resolver la contradicción de tesis 12/2000-PL el Pleno de nuestro Máximo Tribunal de Justicia integró la jurisprudencia P./J. 39/2001, en la cual dispuso que si el demandado conoce de la existencia del juicio y comparece a él, a pesar de que no fue legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento. En ese contexto, si la parte reo comparece a contestar la demanda, es claro que no se le puede reconocer el carácter apuntado, aun cuando manifieste que posteriormente fue ilegalmente notificado de diversas resoluciones y que esto motivó que se le dejara en estado de indefensión durante cierta etapa del juicio hasta el dictado de la sentencia definitiva e incluso durante el procedimiento de ejecución pues, en términos del citado criterio jurisprudencial, al haber comparecido al procedimiento ordinario, tuvo la oportunidad de defenderse dentro del contencioso. Los alcances así establecidos de la jurisprudencia por unificación, fueron reconocidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al declarar improcedente la contradicción de tesis 10/2004, por considerar que el tema de contienda ya estaba superado con el criterio establecido en la citada jurisprudencia, pues se refería a si corresponde la calidad de persona extraña por equiparación al demandado, que no obstante comparecer al procedimiento natural, manifiesta que a partir de cierto momento se actuó a sus espaldas." Cabe destacar que el tema tratado, es decir, si corresponde la calidad de persona extraña por equiparación a la demandada, no obstante que compareció al procedimiento natural, y quien refiere que a partir de cierto momento se actuó a sus espaldas, se considera plenamente dilucidado con la tesis P./J. 39/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", pues además de que así se desprende de su propia literalidad, en cuanto a que no puede considerarse persona extraña a quien figura como parte en sentido material y, además, compareció al juicio; al resolver la contradicción de tesis 10/2004, entre las sustentadas respecto del tema, por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal de Justicia la declaró improcedente en los siguientes términos (subrayado añadido): "...De todo lo que se lleva dicho se llega a la conclusión, de que en este caso sí existe contradicción de tesis, consistente en determinar si el demandado que habiendo comparecido al procedimiento natural, manifiesta que a partir de cierto estado del procedimiento se actuó a sus espaldas, se le puede equiparar como tercero extraño al juicio. [.] SEXTO. Precisada la existencia y el tema de la contradicción de tesis, y examinadas las resoluciones que le dieron origen, esta Primera Sala considera que si bien es cierto que de todo lo anterior se desprende la contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, también lo es que el tema de la contienda ya se encuentra resuelto por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de una jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno, al resolver el veintisiete de febrero de dos mil uno, por unanimidad de diez votos, la contradicción de tesis 12/2000-PL, en la que se emitió criterio respecto del tema de referencia, de ahí que la denuncia de contradicción de tesis sea improcedente. Dicha jurisprudencia, es del tenor siguiente: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIII, abril de 2001. Tesis: P./J. 39/2001. Página: 93. 'PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. [.] En efecto, del contenido de la tesis de jurisprudencia, se advierte que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la mera circunstancia de que el quejoso conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento..." Además, se estima pertinente destacar que, aun y cuando las notificaciones de las que se duele la parte quejosa, efectuadas con motivo del dictado de la sentencia definitiva, auto aclaratorio y auto en el que se declaró causó ejecutoria, -como lo refiere- pudieran constituir una violación de imposible reparación equiparable a la falta o indebido emplazamiento a juicio, motivo por el cual refirió haber interpuesto el recurso de revocación en contra del proveído de once de marzo de dos mil veinte, en el que causó ejecutoria la sentencia dictada dentro del juicio 1544/2016 (motivo por el cual acude al juicio de amparo en virtud de que en auto de veinte de octubre de dos mil veinte se negó la admisión de dicho medio de impugnación por haberse presentado de manera extemporánea), ello no la exime de la obligación de agotar el medio de defensa ordinario, esto es, el incidente de nulidad de notificaciones en términos de los artículos 74 al 77 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, por encontrarse en los supuestos que ahí establece y que al efecto se transcriben: "ARTÍCULO 74.- Las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales, de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes, y cuando la ley expresamente lo determine; pero no podrá ser invocada esa nulidad por la parte que dio lugar a ella. ARTÍCULO 75.- La nulidad establecida en beneficio de una de las partes no puede ser invocada por la otra. ARTÍCULO 76.- Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el capítulo V del título II serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos, como si estuviere legítimamente hecha. ARTÍCULO 77.- La nulidad de una actuación debe de reclamarse en la actuación subsecuente, pues de lo contrario aquélla queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento." Los preceptos en cita disponen que en contra de una notificación que se efectúe en forma distinta a la prevista o se omita, procede la nulidad de notificaciones, lo cual constituye una actuación necesaria de las partes que han comparecido al juicio, a fin de que el Juez natural se pronuncie sobre la nulidad, de ahí que los actos reclamados no puedan ser analizados como tal en el presente juicio de amparo. Apoya lo expuesto, tesis aislada emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, consultable en la página dos mil trecientos ochenta, tomo XXXIII, marzo de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 162533, de rubro y texto: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA MERCANTIL. SI LA QUEJOSA COMPARECE AL PROCEDIMIENTO ANTES DEL DICTADO DE LA SENTENCIA Y NO AGOTA EL INCIDENTE RELATIVO, EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, POR NO HABER PREPARADO ESTA VIOLACIÓN PROCESAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 161 DE LA LEY DE LA MATERIA. De la interpretación del artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable en forma supletoria al Código de Comercio, se advierten, entre otras cosas, que cuando una notificación se hiciere en forma distinta a la prevenida en la ley, la parte agraviada tendrá el incidente de nulidad de notificaciones para impugnarla, por lo que si la quejosa comparece al procedimiento antes del dictado de la sentencia y no agota dicho medio de impugnación, respecto del emplazamiento que alegue que se le practicó de manera irregular, todo lo que exponga en relación con él, resultará inoperante y, por tanto, el amparo promovido en su contra es improcedente, precisamente por no haberse preparado esa violación procesal en los términos que requiere el artículo 161 de la Ley de Amparo." Así como el siguiente criterio jurisprudencia que se cita en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, cuyo rubro, texto y datos de identificación con los siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE EL INCIDENTE DE NULIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA. Del contenido del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se sigue que el sistema de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, establece un distingo entre 1) los actos de ejecución de sentencia y 2) los que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución. Con relación a los primeros, la procedencia del amparo se posterga hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento). Con relación a la segunda clase de actos, esto es, aquellos que son dictados después de concluido el juicio pero no vinculados con la fase ejecutiva, no se establece la prevención de postergar la procedencia del amparo y, por lo mismo, debe estimarse que el amparo indirecto es procedente de manera inmediata. Ahora bien, para determinar qué actos dictados después de concluido el juicio pertenecen a una u otra categoría, ha de establecerse cuándo inicia la ejecución de una sentencia. Ante la sentencia, la parte que ha sido vencida en juicio puede asumir una de dos actitudes: cumplirla o no cumplirla. En ambos casos es necesario que el Juez dicte, a instancia de parte, las medidas necesarias para lograr el contenido de la sentencia, aun en contra de la voluntad del vencido. En este orden, la interlocutoria que desestima el incidente de nulidad de la notificación de la sentencia definitiva si bien pertenece al ámbito de los actos dictados después de concluido el juicio, no pertenece a los dictados dentro de la fase propia de ejecución de sentencia, porque se refiere a un estadio independiente del en que la parte interesada excita al Juez de la causa a que inicie el procedimiento de ejecución. La finalidad del incidente de nulidad de la notificación de la sentencia definitiva, es nulificar el acto de comunicación procesal, que se estima viciado, a efecto de remediarlo. Como se puede apreciar, dicha resolución no pertenece a la esfera de la ejecución de sentencia, pues, primero, es independiente de la petición del interesado de que se cumpla con una sentencia; segundo, se dicta al margen de dicho procedimiento y, tercero, su efecto no es impedir propiamente la ejecución, sino nulificar un acto viciado. Así las cosas, debe concluirse que la sentencia interlocutoria que decide el incidente de nulidad de notificación de la sentencia definitiva no tiene la naturaleza de una resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia y, por ello, puede ser reclamada vía amparo indirecto de manera inmediata, previo agotamiento del principio de definitividad. (Novena Época; Registro: 173621; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXV, Enero de 2007; Materia(s): Común; Tesis: 1a./J. 77/2006; Página: 111.)" En ese orden de ideas, al no tener el carácter de tercero extraño al juicio de origen el aquí quejoso, es claro que se actualiza de manera manifiesta e indudable el supuesto de improcedencia previsto en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, se desecha la demanda de amparo, promovida por José Sánchez Barajas. Señalamientos de autorizados y domicilio. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Amparo, se autoriza en los términos amplios que establece dicha disposición al profesionista Raúl Baca Peña, dado que tiene inscrita su cédula profesional en el registro correspondiente que lo acredita como licenciado en Derecho en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales", de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales; y únicamente para oír y recibir notificaciones a Natalia Yamilet Saucedo Hernández y Luis Alberto García Rueda, ya que no cuentan con dicho registro; de igual manera, se autorizan para imponerse de autos y recibir notificaciones a los de nombre Marisa Feria Vega, Martha Rueda Naranjo, Rosa Lidia Vilchis Nieto, Alondra Zavaleta Ruiz, Frida Alejandra García Rueda y Carlos Mario Martínez Feria. Con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el escrito de cuenta. Días y horas inhábiles. Se habilitan días y horas inhábiles a los actuarios de este Juzgado, para que notifiquen el presente proveído, así como las subsecuentes actuaciones que se dicten dentro del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de Ley de Amparo. Autorización de medios electrónicos. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Transparencia y digitalización. En atención al cuarto punto petitorio de la demanda de garantías de que se trata, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte. Asimismo, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Consulta vía internet. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán acceder electrónicamente para consultar este expediente en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en un sitio web, para acceder a los servicios del citado portal, deben contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la unidad, y su registro en el sistema del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 59 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso al sistema de consulta, deberá solicitarlo por escrito, sin que implique permiso para notificarse electrónicamente de las resoluciones, ya que en la solicitud debe expresar que es en esos términos, señalando el nombre del usuario, o bien a través de su firma electrónica, lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el artículo 81 del citado Acuerdo General 1/2015. Comunicación con los justiciables durante la vigencia de las medidas tendentes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" (que localizarán en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, dentro del cual encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. La lista de acuerdos se publicará en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y además en un espacio de fácil acceso para las personas en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020. Adicionalmente, infórmese a los justiciables que podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, desahogar requerimientos o comparecencias que les hayan sido exigidas por este órgano jurisdiccional, ello en términos de la fracción II, del artículo 6, del multicitado Acuerdo General 21/2020. En la inteligencia que en el supuesto de requerir su presencia física en las instalaciones de este recinto judicial, se hará entrega del código QR generado con motivo de la cita realizada por este juzgado al momento de que sean notificados del acuerdo respectivo según sea el caso. Requerimiento a las partes. Con independencia de lo anterior se requiere a las partes para que, a la brevedad, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos que este órgano jurisdiccional estime necesarios; esto con apoyo en el artículo 22, fracción II, del multicitado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Exhortación a las partes para continuar la tramitación mediante "juicio en línea". Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en los numerales 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia del virus COVID-19; se exhorta a las partes para que de ser su deseo continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Directrices para cualquier notificación personal que derive de la tramitación del presente juicio. Se hace del conocimiento a los actuarios de la adscripción, que las notificaciones personales que en su caso, pudieran derivar en este asunto durante su tramitación, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, fracción I, del referido Acuerdo General 21/2020. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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