José Samuel Almeida Ramírez

Expediente 2565/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 11 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2565/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
06/12/2019

Partes del expediente

  • José Samuel Almeida Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Tepic, Nayarit, seis de diciembre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el informe justificado y dos copias de éste, rendido por el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en Tepic, Nayarit, y siete legajo de constancias consistentes en copia certificada del expediente 377/2013, de su índice; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus derechos legales convenga; sin perjuicio de relacionarlo en el periodo correspondiente dentro del desahogo de la audiencia constitucional que al efecto se celebre. Consecuentemente, dado el volumen de las constancias en comento fórmense siete legajo por separado. Notifíquese.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación que antecede, se advierte que no se interpuso medio de impugnación contra la resolución de treinta de octubre del año en curso (fojas 180 a 184); en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, por disposición expresa en su ordinales 2°, se declara que dicha determinación ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Sin que resulte necesario asentar el cómputo correspondiente, respecto a las demás partes, pues dado el sentido de la sentencia, no estuvieron en posibilidad de recurrirla. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el precepto 214 de la ley de amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente como totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. De igual manera, en acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción II, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues se sobreseyó el presente juicio de garantías y carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. Asimismo, con sustento en las disposiciones generales vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, párrafo primero, del Acuerdo General Conjunto aludido, los cuadernos incidentales derivados de este juicio son susceptibles de destrucción, debido a que la medida cautelar emitida tanto en la provisional, como en la definitiva, se negó, respecto del acto reclamado (fojas 15 a 18 y 35 a 38 del original del cuaderno incidental); por ende, déjense por separado los mismos del juicio principal; por lo que una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión; en tanto que el cuaderno original, será destruido una vez que transcurran más de cinco años; previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Por último, toda vez que ya no son necesarias las constancias relativas al acto reclamado, que en su oportunidad remitió en un legajo la responsable denominada Juez Segundo de lo Familiar, con sede en esta ciudad (foja 95); en consecuencia, devuélvase a la autoridad citada, previo acuse de recibo que remita de su recepción. Notifíquese.

  3. Incidental

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación que antecede, se desprende que no se interpuso medio de impugnación en contra de la sentencia dictada el treinta de octubre del año en curso (fojas 77 a 84), dentro del plazo que prevé el ordinal 86 de la legislación de la materia; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los dispositivos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al ordenamiento legal citado en primer término, se declara que la referida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, siguientes al en que reciban el oficio correspondiente, den cumplimiento al fallo protector concedido. Apercibida que de no hacerlo con causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado b, párrafos sexto y séptimo constitucional, en relación con el segundo y tercer transitorio del decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo), de conformidad con el dispositivo 258 de la Ley de Amparo. Además, se hace del conocimiento a la citada autoridad que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este juzgado federal hará el pronunciamiento respectivo e impondrá la multa que proceda; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo los Titulares respectivos dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el arábigo 193 de la legislación en comento. Ahora, visto el estado de autos, en particular la sentencia de treinta de octubre de dos mil diecinueve (fojas 77 a 84), se advierte que se concedió el amparo a la parte quejosa, para que la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en forma inmediata se pronunciara sobre la admisión de las pruebas ofrecidas en la audiencia de tres de mayo de dos mil diecisiete, en el expediente 47/2015, de su índice. Sentencia que causó ejecutoria en la data en que se actúa. Luego, en proveído de veintiuno de noviembre del año en curso, se advierte que se reservó a proveer respecto del oficio y anexos recibidos en este juzgado federal el veinte de noviembre del año en curso, mediante el cual el Presidente de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, comunicó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector; al respecto, no es dable tener por cumplida la sentencia de amparo, toda vez que la determinación con la que pretende dar cumplimiento fue emitida antes de que el fallo protector quedara firme; por tanto, también deberá dejarse insubsistente. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis aislada VI.2o.P.12 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III, Página 2575, Materia Común, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. SI NO HA CAUSADO EJECUTORIA Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE DICTA UNA RESOLUCIÓN PARA DARLE CUMPLIMIENTO, ÉSTA DEBE DEJARSE INSUBSISTENTE. El artículo 192 de la Ley de Amparo establece el procedimiento de cumplimiento de las sentencias en amparo indirecto, y señala que será "cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo" a partir de que el órgano jurisdiccional requerirá a la responsable el cumplimiento del fallo, por lo que no hay duda de que el legislador introdujo la condicionante de que dicho requerimiento estaría precedido de la declaratoria de firmeza, pues si ello no fuera relevante, el texto de la norma sería distinto. Lo anterior tiene sentido en la medida en que considerar válido el hecho de que las responsables pudieran acatar el fallo en cualquier momento posterior a su emisión, equivaldría a privar de un derecho legalmente otorgado a las partes y dejarlas en estado de indefensión, al no permitírseles ser escuchadas a través del recurso correspondiente. Por ende, si la sentencia de la que emana el medio de impugnación que se resuelve, causa ejecutoria únicamente por la correspondiente declaración judicial, y ésta sólo puede darse una vez que se resuelva el recurso respectivo, sólo a partir de ese momento puede exigirse su cumplimiento y, concomitantemente, atenderse al cumplimiento que dé la autoridad responsable. Así, mientras no exista ese pronunciamiento, no deja de ser una resolución que, si bien define una litis, no tiene fuerza legal, esto es, no ha alcanzado el valor de cosa juzgada, por estar sujeta a la resolución del recurso que se interpuso en su contra, debido a que aún se halla en situación de expectativa, y hasta que no cause ejecutoria, no es ni imperativa ni obligatoria para las partes, por lo que el cumplimiento anticipado no puede considerarse legal, porque hacerlo implicaría reconocer valor a una resolución emitida en vía de cumplimiento a una sentencia no vinculatoria y, a la par, dejar a la voluntad de la autoridad responsable la procedencia del medio de impugnación ordinario; por tanto, si la autoridad responsable dictó una resolución para cumplir una sentencia de amparo indirecto que no ha causado ejecutoria, ésta debe dejarse insubsistente." En ese sentido, dígasele a la responsable de referencia que deberá estarse a lo acordado en los párrafos que anteceden. Notifíquese.

  4. Incidental

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Tepic, Nayarit, siendo las nueve horas con cuarenta y siete minutos del veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo indirecto 1407/2019, promovido por la Adriana Ceceña Bertrand, la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, quien actúa asistida del secretario Francisco Javier Soto Moreno que autoriza y da fe, encontrándose en audiencia pública la declaró abierta con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin asistencia de las partes. Abierta la audiencia. El secretario da cuenta con la demanda de amparo (fojas 2-3), así como con los informes justificados rendidos por la Administradora Desconcentrada Jurídica de Nayarit "1" de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, en representación de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Nayarit "1" y del Subadministrador Desconcentrado de Recaudación (fojas 40-59) y el que rindió el Subadministrador Desconcentrado Dependiente de la Administración Descentrada Jurídica de Nayarit "1", de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, representando a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Nayarit "1", al notificador, verificador, ejecutor adscrito, al ejecutor designado con oficio número 322-SAT-RA-L32-A-04 de ocho de enero y a la Administración Desconcentrada de Auditoria Fiscal de Nayarit "1" (fojas 95-104). A lo que la juez determina. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos legales conducentes. En el periodo de pruebas. El secretario da cuenta con la documental que la parte quejosa allegó con su demanda (fojas 18-20); así como las constancias que allegó la Administradora Desconcentrada Jurídica de Nayarit "1" de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria al rendir informe, las cuales obran en un legajo, por separado. A lo que la juez provee. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas documentales referidas, las cuales serán tomadas en consideración el momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos. El secretario da cuenta con los que la parte quejosa presentó el día de hoy, con número de registro 34053 (fojas 108-123). A lo que la juez determina. No habiendo diligencia pendiente por desahogar, se cierra dicha etapa y se da por terminada esta diligencia, de la que se levanta la presente acta para constancia. LA JUEZ

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