Jose Salvador Solis Lopez
Expediente 293/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 293/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 18/10/2022
Partes del expediente
- Jose Salvador Solis Lopez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Se agrega oficio. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con sede en Mexicali, a través del cual informa que recibió los autos del juicio de amparo 293/2022 y aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional; asimismo, hace del conocimiento que continuará con el trámite del juicio de amparo promovido por José Salvador Solís López, con el cual se formó el expediente 258/2022. Por lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de Gobierno de correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Certificación. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archivo. En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Destrucción del cuaderno de antecedentes. De conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción I, inciso a) del citado acuerdo, se establece que el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción; en el entendido que el expediente en que se actúa deberá archivarse en el lugar que corresponda hasta que transcurra el término de seis meses; lo que deberá ocurrir en un plazo de seis meses a partir de la emisión de este proveído. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que trascurrió el término de cinco días concedido al promovente para que diera cumplimiento a la prevención que se le formuló por auto de nueve de mayo de dos mil veintidós, sin que desahogara la misma. Incompetencia. No obstante lo anterior, resulta pertinente destacar que de una lectura íntegra de la demanda de amparo, se puede establecer que el acto reclamado señalado por la parte quejosa consiste en la sentencia emitida en la causa penal 46/2021 del índice del Juzgado Sexto de lo Penal, en esta ciudad, asimismo, se aprecia que dicha resolución fue modificada por la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, en los autos de toca penal 587/2019 de su índice. Precisado lo anterior, conviene destacar el contenido del artículo 170 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo". De lo antes trascrito se aprecia que el juicio de amparo directo, procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones de que pongan fin al juicio; asimismo, en el párrafo segundo del citado numeral, establece que se entenderá por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido; de igual forma, en el tercer párrafo del aludido precepto refiere que para la procedencia del amparo directo se deberán agotar previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia. Aplica al caso, la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." En atención a lo anterior, se advierte que el acto reclamado por el quejoso es una resolución que puso fin al juicio, ya que el efecto de la sentencia dictada en la causa penal 46/2021 del índice del Juzgado Sexto de lo Penal, en esta ciudad, fue modificada en grado de apelación por la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con sede en Mexicali. Por lo que es evidente que la referida determinación pone fin al juicio, ya que con la determinación emitida por los Magistrados Integrantes de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, que modificó la emitida por el Juzgado Sexto de lo Penal, en esta ciudad y con la cual se concluyó la causa penal 46/2012. En este contexto, este juzgado carece de competencia legal para resolver la demanda de amparo planteada, atento a que el acto que se reclama no es susceptible de impugnarse en el juicio de amparo vía indirecta, pues al tratarse de una resolución que pone fin al juicio, su conocimiento corresponde a un Tribunal Colegiado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 47 párrafo primero de la Ley de Amparo, remítase de inmediato la demanda y sus copias, al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno, con sede en Mexicali, Baja California, a fin de que si lo estima pertinente se avoque a su conocimiento. Anotaciones. Hágase las anotaciones relativas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Acuse. Se solicita a la Superioridad que corresponda conocer del presente asunto que, de no tener inconveniente legal alguno, se sirva remitir el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa y a su defensa.
- Principal
Tijuana, Baja California, treinta de junio de dos mil veintidós. Designación Asesor. Agréguese a los autos el oficio de cuenta a través del cual el Coordinador Penal de la Defensoría Pública Estatal Zona Costa, con sede en esta ciudad, designa a los licenciados Mirna Alicia Briseño Gómez y Ana Elizabeth Montaño Dueñas, Defensoras Públicas adscritas a esa coordinación a su cargo, a fin de brindarle al quejoso José Salvador Solía López la orientación pertinente. Señalamiento de domicilio. Asimismo, téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el oficio de cuenta. De igual forma, se tiene por autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la legislación en consulta, a las personas que menciona en su oficio de cuenta, esto es, solamente para efectos de notificación, por así solicitarlo expresamente. Vista Defensores. Con fundamento en los artículos 1o. y 14 constitucionales y en términos de los artículos 2o., fracción I de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, resulta procedente dar vista con la totalidad de las actuaciones que conforman el presente juicio de amparo a los Defensores Públicos en mención, principalmente con el auto de nueve de mayo del año en curso, en el cual se previno a la parte quejosa a fin de que aclarara su escrito de demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.43/2019 (con número de registro electrónico 2020495) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO". Notificación Asesores. Túrnense los autos a cualquiera de los actuarios de la adscripción, a fin que se sirvan notificar en forma personal el contenido del presente proveído a las licenciadas Mirna Alicia Briseño Gómez y Ana Elizabeth Montaño Dueñas, quienes pueden ser localizadas en el domicilio que para tal efecto las funcionarias de referencia proporcionan en el oficio de cuenta. Con motivo que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social La Mesa, en esta ciudad; con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena a los actuarios de la adscripción, que la notificación del presente proveído se realice personalmente al impetrante en dicho centro penitenciario. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, así como a sus asesores jurídicos.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa en proveído de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, a fin de que designara defensor que lo patrocinara en esta instancia, sin que lo hubiese hecho. Se solicita defensor. En atención a lo anterior, y a fin de salvaguardar los derechos del quejoso y no dejarlo en estado de indefensión, con fundamento en el artículo 20, fracciones I y V, de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, en relación con lo dispuesto en el diverso numeral 10, fracción VI, del Reglamento de la Ley de Defensoría de Oficio del Estado de Baja California, requiérase al Coordinador de Área Penal Zona Costa de la Defensoría Pública Estatal, con sede en esta ciudad, con la finalidad que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, asigne al quejoso José Salvador Solís López un defensor público, a fin de que adquiera una representación jurídica capacitada para enfrentar las diversas situaciones que se le presenten en el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 1a./J.43/2019 (10a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1301, Libro 69, Agosto de 2019, tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro electrónico 2020495, de rubro siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO." Apercibida que de no hacerlo así, o de no manifestar el impedimento que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta días, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Notifíquese.
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