JOSÉ SALVADOR SIMENTAL CRESPO y Otros.

Expediente 240/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 12 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
240/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
08/06/2023

Partes del expediente

  • JOSÉ SALVADOR SIMENTAL CRESPO y Otros.
  • HÉCTOR SIMENTAL CRESPO y Otros.
  • Comandantede la Policía de Investigación, Ciudad
  • José Salvador Simental Crespo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta de la que se advierte que en el libro electrónico de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que las partes de este juicio recurrieron la sentencia dictada por este juzgado el dieciocho de mayo de la presente anualidad, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, considerando que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y la parte quejosa, fueron notificados en primer y último orden, esto, es el dieciocho y veinticuatro de los propios mes y año, quedando comprendido dicho plazo del veintidós del citado mes de mayo al siete de los cursantes, en la inteligencia de que el lapso de las demás partes queda contenido en el antes indicado. Sentado lo anterior, se declara que el referido auto dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno electrónico y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Asimismo, este juicio de amparo es DEPURABLE por este órgano jurisdiccional, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo de archivo, toda vez que, se concedió la suspensión de oficio y de plano. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado Juan Antonio Gutiérrez Gaytán, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido de la secretaria de juzgado, licenciada Rocío Osuna Lizárraga, con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Téngase recibido el oficio número 1286/2023, firmado autógrafamente por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en esta ciudad, al que se acompañan pruebas documentales, consistentes en copia certificada de las constancias que integran la causa penal 735/2017 de su índice interno, instruido en contra de ; en atención a su contenido, y de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se reciben las pruebas documentales que allega. SEPARACIÓN DE JUICIOS. Teniendo en cuenta que del contenido del comunicado que se atiende, así como el diverso recibido el dieciséis de los cursantes, suscrito por el Juez de Control de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, con sede en Tepic, Nayarit, se advierte que a los quejosos ********************, ambos de apellidos ********************, se les libró orden de aprehensión y reaprehensión, respectivamente; sin embargo, éstas fueron emitidas en diversas causas penales, esto es, a ****************************************, en la causa penal 579/2021, por el delito fraude especifico, cometido en agravio de ********************, ilícito previsto en el artículo 401, facción XVI, sancionado por el diverso arábigo 400, fracción IV, en relación con los diversos numerales 24, fracción I y 31, fracción I, del Código Penal Vigente en el Estado de Nayarit, del índice del Juzgado de Control de Primera Instancia del Sitema Penal Acusatorio y Oral, con sede en Tepic, Nayarit; y a ********************, dentro de la causa penal 735/2017, por los hechos que la ley señala como delito de fraude genérico, cometido en contra del patrimonio económico de la persona moral********************, de la estadística del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal, residente en esta localidad, por lo que este juzgador estima pertinente ordenar de oficio y de plano la separación de juicios. Como se advierte, los peticionarios del amparo combaten ante esta instancia constitucional actos de la misma naturaleza, que se encuentran jurídicamente desvinculados entre sí, al provenir de procedimientos penales y jurisdiccionales autónomos que, aunque en su substancia derivan de una problemática de facto común (restricción de la libertad), su desarrollo y finalidad es distinta para ejercer el control constitucional requerido por los quejosos. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 76/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, septiembre de 1997, página 118, de rubro: ., estableció que aun cuando la figura de separación no esté regulada específicamente por la Ley de Amparo, ésta debe ser implementada aplicando en sentido contrario las disposiciones que regulan la acumulación de juicios precisada por el artículo 57 de ese ordenamiento, cuando del texto de la demanda de amparo se advierta que se reclaman actos provenientes de diversos juicios o procedimientos; con la finalidad de evitar el dictado de una sentencia incongruente y la consecuente problemática que implicaría su cumplimiento. Ciertamente, la Ley de Amparo, no contempla la figura jurídica de la separación de juicios; sin embargo, los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, contemplan la figura de la acumulación, de la que se puede deducir a contrario sensu la procedencia de la separación de juicios. Así es, el ordinal 2° de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el juicio de garantías se substanciará de acuerdo con las formas y procedimientos que establece el propio cuerpo normativo; asimismo, que a falta de disposición expresa, se aplicará el Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriedad que en el caso resulta procedente, ya que se reúnen los requisitos necesarios para ello, esto es: a. Que el ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente; b. Que la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas qe pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; c. Que esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y d). Que las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate. En el caso que nos ocupa y respecto de la figura de la acumulación, se actualizan las hipótesis mencionadas, ya que la Ley de Amparo en su artículo 2° establece que a falta de disposición expresa en la misma se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles; luego, como ya se indicó, la ley de la materia no contempla la institución de la acumulación, asimismo, la omisión legislativa de que se trata, hace necesaria la aplicación supletoria del anotado código en cuanto a la mencionada figura, y no hay disposición expresa que haga suponer que el legislador no quiso contemplarla en la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. Por consiguiente, la aplicación supletoria del código aludido no se antepone al ordenamiento legal en comento, por el contrario, dicho trámite es congruente con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trata, en virtud de que esta última solamente tiene como finalidad la debida observancia del principio de economía procesal que rige en la materia y que los juicios conexos se fallen en una misma sentencia, para evitar el dictado de resoluciones contradictorias. De ahí que, si en el juicio de amparo -de acuerdo con los razonamientos anteriores- se puede actualizar la figura de la acumulación aplicando supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, también con apoyo en ésta y en la jurisprudencia recién citada, se pueden establecer las bases para decretar la separación de autos, aplicando dichos dispositivos en sentido contrario. Máxime, que esta última figura no tiende a modificar los derechos sustantivos de las partes, pues no pierden su derecho a impugnar el fallo que en cada uno de los juicios se dicte. Resulta aplicable al caso concreto el criterio contenido en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, marzo de dos mil trece, Tomo dos, página mil sesenta y cinco, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE." De igual manera, la diversa número P./J. 76/97, visible en la página ciento dieciocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, septiembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, intitulada: SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Establecido lo anterior, conforme a lo dispuesto en los artículos 72 y 73 de la codificación procesal supletoria, aplicados a contrario sensu, de oficio, se ordena de oficio y de plano la separación de autos, ante la imposibilidad de estudiar dentro del mismo juicio hechos que emanan de diversas expedientes a fin de formar uno nuevo, con copia certificada de la demanda de amparo y demás constancias conducentes; de manera tal que en el presente sumario se continuará conociendo de los actos que reclama el quejoso ********************, de la autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en esta ciudad, de quien reclama la orden de reaprehensión librada en su contra, dentro de la causa penal 735/2017. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia P./J. 51/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cinco, del Tomo XX, agosto de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: ACUMULACIÓN EN AMPARO. SE PODRÁ DECRETAR DE OFICIO CUANDO SE TRATE DE JUICIOS EN TRÁMITE ANTE UN MISMO JUZGADO DE DISTRITO, PUES EN EL CASO DE LOS TRAMITADOS ANTE JUZGADOS DISTINTOS, SÓLO PROCEDERÁ A INSTANCIA DE PARTE. Hágase del conocimiento de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta municipalidad, para efectos del turno de la copia certificada de la demanda de amparo y sus anexos. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. De las constancias que allegó la autoridad oficiante, se advierte que en resolución de trece de abril del presente año, se dictó auto de sobreseimiento por perdón del ofendido a favor de ********************, por su probable responsabilidad en la Comisión del delito de fraude genérico, en perjuicio del patrimonio económico de********************, y se ordenó su inmediata libertad. Ahora bien, en el sumario en que se actúa, se advierte que el promovente del amparo reclama la privación ilegal de la libertad personal fuera de todo procedimiento judicial. En el caso que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo en vigor, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. (.)" Del numeral transcrito se desprende la imposibilidad de analizar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, por haber desaparecido el motivo que concreta y específicamente originó el juicio de garantías, al quedar substituido por otro cuya sola existencia introdujo un cambio de situación jurídica que imposibilita el estudio de la que prevalecía con el primer acto y que provoca que las posibles violaciones cometidas en éste deban estimarse irreparablemente consumadas por no poder decidir en el procedimiento constitucional de que se trate, sin afectar la nueva situación jurídica originada por el acto superveniente. Ese cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución. c Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Ahora bien, en el caso, se tiene que del análisis conjunto realizado a las constancias que se allegaron a esta sumario, se pone de manifiesto el cambio de situación jurídica del justiciable, ya que al haber sido puesto en libertad, hace que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones que hubieren existido antes de éste. Apoya lo anterior la jurisprudencia número 1004, visible en la página seiscientos veintinueve, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo II, parte HO, Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, Octava Época, bajo el rubro y texto siguientes: Por tanto, y al ser patente que se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo en vigor, procede entonces decretar el sobreseimiento en el presente sumario, dejándose sin efectos las providencias aquí decretadas, así como la citación para la celebración de la audiencia de ley. Brinda apoyo a la anterior consideración, la tesis resuelta en contradicción número 26/2002-PL, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, Página 387, sin que su contenido contravenga lo previsto en la normatividad vigente, conforme al artículo sexto transitorio del decreto aludido, del tenor literal siguiente: Hágase saber a las partes que los criterios citados en la presente determinación, no son contrarios al actual texto de la Ley de Amparo y pueden ser aplicables al caso, conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor. Finalmente, la autoridad oficiante solicita se le amplíe un plazo para estar en condiciones de allegar las constancias que integran la causa penal que alude, ya que se compone de cinco tomos; sin embargo, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad, en razón de que en atención a lo acordado precedentemente, resulta ocioso el envío de dichas constancias.

  3. Principal

    Téngase recibido el oficio número U.A.1936/2023, firmado autógrafamente por el Juez de Control de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, con sede en Tepic, Nayarit, al que se acompañan pruebas documentales; en atención a su contenido, y de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se reciben las pruebas documentales que allega, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia constitucional respectiva, en la que se acordará sobre su admisión y desahogo. Lo que se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    Téngase recibido el oficio número 370/2023, firmado autógrafamente por el Comandante de la Policía de Investigación del Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual desahoga el requerimiento formulado el veintisiete de abril del año en curso, y manifiesta que al quejoso José Salvador Simental Crespo, se le ejecutó una orden de reaprehensión por el delito de fraude, derivada de la causa penal 735/2017, del índice del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal, residente en este localidad. En atención a lo anterior, de conformidad con lo previsto por el numeral 75 de la Ley de Amparo vigente y 297, fracción del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al aludido cuerpo normativo, requiérase al Juez de Primera Instancia del Ramo Penal, con domicilio en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva remitir copia certificada de las constancias que integran la causa penal referida, o bien, informe el impedimento legal que tenga para ello. Bajo apercibimiento que, en caso contrario, se le impondrá una multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de acuerdo con lo establecido en los ordinales 237, fracción I y 259 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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