José Salvador Ibarguen Torres

Expediente 47/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
47/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
11/02/2021

Partes del expediente

  • José Salvador Ibarguen Torres

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, once de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se declara que el auto por el que se desechó la demanda de amparo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido...".

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintisiete de enero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta y anexos, por medio del cual el secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, remite los autos del amparo indirecto 18/2021 de ese índice, formado con motivo de la demanda promovida por **********, contra actos del 1. Director de la Comisión de Agua Potable de Boca del Río (CAB). Consecuentemente, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado acepta la competencia planteada y procede al conocimiento del presente asunto. Acúsese de recibo. Regístrese la demanda de amparo con el número 47/2021-VII en el libro de gobierno respectivo y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En el término previsto por el artículo 2, fracción VIII del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte; y los diversos 25/2020 y 37/2020 que lo prorrogaron, se acuerda: DESECHAMIENTO De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano En el caso, de la lectura íntegra de la demanda, se desprende el peticionario de derechos humanos combate: El corte del servicio de agua potable en su domicilio particular con motivo de un adeudo. Conforme a lo anterior, se actualiza la improcedencia que resulta de relacionar los numerales 61, fracción XXIII, con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción I, todos de la Ley de Amparo, la cual se analizará a continuación. Lo reclamado deriva de un adeudo a la empresa que cuenta con la concesión de los servicios públicos de abastecimiento y distribución de agua potable, operación de la red de alcantarillado sanitario, pluvial y tratamiento de las aguas residuales. En el entendido que resulta un hecho notorio que la denominación de dicha empresa corresponde a CAB, Operadora por Acciona, Compañía de Agua del Municipio de Boca del Río, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable - que se ubica en el domicilio señalado por el promovente como de la responsable- Lo que pone de manifiesto se trata de actos entre particulares, relativos a los cobros emanados del consumo de agua. De ahí que las controversias suscitadas entre ellos deban ventilarse ante los órganos jurisdiccionales del orden común. Cabe mencionar que el reclamo planteado por el aquí quejoso no constituye violación a derechos fundamentales. Es competencia mercantil dado que versa sobre el cumplimiento o incumplimiento de una relación contractual. Por lo cual debe resolverse a través de un procedimiento de esa naturaleza. No es ocioso decir, que el Más Alto Tribunal del País se ha pronunciado en el sentido que en asuntos de similar naturaleza, como lo son los contratos celebrados por particulares, ésta no es autoridad para efectos del juicio de amparo. Por lo tanto, el corte del suministro de agua en términos del contrato, forma parte de una relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la mercantil. En apoyo a lo anterior, se invoca por analogía, dadas las razones que integran, la Jurisprudencia 2a./J. 156/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la JORGE ALBERTO GARZA ORTEGA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a9.2a 13/11/21 13:31:41 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo I, Materias Común y Civil, página 336, Décima Época, registro 2015944, siguiente: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil. Aunado a lo anterior, la empresa concesionaria señalada no cuenta con facultades económico coactivas. Solo podrá realizar gestiones extrajudiciales o judiciales. Como sucede con cualquier particular que quiere hacer valer los términos de un contrato. Por lo que, tomando en cuenta la narrativa de la demanda, el cobro sólo lo ha realizado la persona moral que otorga el servicio. De ahí que, se itera, esos actos no son de autoridad. Lo anterior, sin soslayar que en caso de la "Cartera Litigiosa" pueda solicitar a los Entes Concedentes (Municipios) el inicio del procedimiento económico coactivo. Siendo la responsabilidad de esos entes cobrar dicha cartera y mantener vigentes los procedimientos citados. Supuestos que en el caso no se actualizan. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 11 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV. Administrativa Primera Parte - SCJN Primera Sección - Administrativa, Materia Constitucional, página 18, Novena Época, registro 1006931, siguiente: AGUA POTABLE. CUANDO EL ESTADO PRESTA EL SERVICIO MEDIANTE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE ADHESIÓN, LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE LAS PARTES NO CORRESPONDE A LA DE SUPRA A SUBORDINACIÓN QUE EXISTE ENTRE UNA AUTORIDAD Y UN GOBERNADO, SINO A UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN VOLUNTARIAENTRE EL PRESTADOR DEL SERVICIO Y EL PARTICULAR. Al constituir el suministro de agua potable la prestación de un servicio público por el Estado como medio para la realización de un fin, que es el interés general y que se lleva a cabo mediante la celebración de un contrato administrativo de adhesión, en el que se estipulan las obligaciones y contraprestaciones entre las partes, donde el prestador de servicios y el beneficiario adquieren derechos y obligaciones recíprocos, bajo condiciones que fija el proveedor, la relación jurídica existente entre el prestador y el usuario del servicio no corresponde a la que supone la garantía consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, a la existente entre una autoridad y un gobernado, sino a la de coordinación voluntaria y de correspondencia entre el interés del prestador del servicio de suministro de agua y el particular, y aun cuando la prestación del mencionado servicio público está sujeta a una contraprestación, consistente en el pago de una cantidad de dinero proporcional al servicio recibido, cuando aquél no se cubre, dará lugar a que el prestador del mismo ejerza la facultad legal de suspenderlo, acto que, al ser consecuencia del incumplimiento, no exige que deba cumplirse con la garantía de legalidad a que se refiere el artículo 16 de la propia Constitución Federal, pues la suspensión del servicio no es un acto de autoridad que deba estar fundado y motivado, sino que resulta del ejercicio de una facultad que se ejerce cuando se surte el incumplimiento del contrato. En estas condiciones, resulta inconcuso que el ejercicio de la facultad del prestador de servicios para suspender el suministro de agua potable a los usuarios, previo apercibimiento en los casos de falta de pago, o cuando se comprueben derivaciones no autorizadas o un uso distinto al convenido, de acuerdo con lo estipulado en el contrato de prestación de servicios, no implica que se prive al usuario de la vida, de la libertad, propiedades, posesiones o derechos, pues lo que acontece es una consecuencia lógica y jurídica del incumplimiento de un contrato de suministro de agua; de ahí que el prestador del servicio no tenga que acudir a los tribunales para exigir el cumplimiento del contrato, ya que, por regla general, en este tipo de relaciones jurídicas de adhesión se establece que si no se cubre el pago por el servicio, éste se suspenderá, previa oportunidad de cumplimiento de pago por el usuario, cuando se le aperciba de que se encuentra en los casos de suspensión. Además, si bien la falta de pago o la desviación, o uso indebido del agua, traen como consecuencia la suspensión del servicio, ello no se puede equiparar a la hipótesis de hacerse justicia por propia mano o de ejercer violencia para reclamar un derecho, prohibida en el numeral 17 de la Carta Magna, toda vez que dicha suspensión deriva del incumplimiento del contrato de suministro y adhesión y encuentra su fundamento en la ley relativa a la que esté sujeto. Por ende, deviene evidente en el caso concreto, la concesionaria actúa como un particular -incluso si procede a la suspensión o corte del servicio de agua-. Su actuar deriva de una relación contractual de hecho o de derecho celebrado con el hoy quejoso, lo cual no conlleva la aplicación de procedimiento administrativo de ejecución alguno de su parte (nota distintiva de un acto de autoridad en caso de cobros). En consecuencia, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por José Salvador Ibarguen Torres. DOMICILIO. Con fundamento en la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica. AUTORIZADOS. Ténganse como autorizados en amplios términos [de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo y de la certificación de cuenta] a Francisco Israel Cruz Carreón y Luis Miguel Rivadeneira Mejía. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio -con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal)- constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que no existe inconveniente para que se utilice algún medio mecánico, digital, electrónico o fotográfico [scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir] para la toma de los acuerdos respectivos, siempre previa constancia que se deje en autos, con apersonamiento ante el personal encargado, para que precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción, edición o uso que haga de ellos la parte interesada, quien estará obligada a actuar con la debida lealtad procesal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. CITAS. En el entendido que para tales efectos se deberá atender al sistema de citas, previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte, así como 25/2020 y 37/2020 que lo prorrogaron. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23, fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero de dos mil veinte. JUICIO EN LÍNEA. En términos del numeral 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. En el cual, conforme al diverso artículo 29 del citado Acuerdo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar hacer el modelo de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (p. ej. la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En el entendido que con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020 citado, solo se atenderán las promociones de las partes que cuenten con firma autógrafa -presentadas a través de las Oficialías de Partes Comunes- o electrónica recibidas a través del portal respectivo del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente.

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