José Salvador Guzmán Rosas
Expediente 1158/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1158/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Salvador Guzmán Rosas
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Avocamiento de Tribunal Colegiado de Circuito. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación que obra al rubro, se obtiene de una búsqueda realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE], se constató que en auto de treinta y uno de enero del año en curso, con motivo de la incompetencia legal planteada por este órgano jurisdiccional, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por José Salvador Guzmán Rosas, y lo admitió a trámite, expediente que se registró con el número de amparo directo 6/2022. Ahora, no obstante que dicho órgano jurisdiccional fue omiso en informar su determinación respecto a la incompetencia legal planteada, se estima innecesario requerir dicha información, pues lo relatado en el párrafo que antecede resulta un hecho notorio para el suscrito en términos del artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Vista con estado de autos; se ordena archivo. Por otra parte, de autos se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el cuaderno de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. Se ordena archivo físico y valoración del expediente. En consideración a lo anterior y toda vez que de la certificación que antecede se desprende que dentro de los presentes autos no existe documento en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con los mismos, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el artículo 21, inciso i), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente cuaderno de antecedentes de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez que transcurran tres años a partir del presente acuerdo, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el propio acuerdo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y una vez que concluya el plazo de seis meses de archivo que prevé el artículo 20 del Acuerdo en mención, contado a partir de esta propia fecha, destrúyase este expediente dentro de los treinta días siguientes. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna Secretario que autoriza y da fe.Dva
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de enero de dos mil veintidós. TRIBUNAL DE ALZADA INFORMA Agréguese a los autos el oficio de cuenta 71/2022, que suscribe la actuaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Circuito, mediante el cual acusa recibo del diverso comunicado a través del cual se le remitió el original del juicio de amparo 1158/2021, promovido por José Salvador Guzmán Rosas. Asimismo, informa que previamente a hacer pronunciamiento respecto al avocamiento del asunto, requirió diversas constancias a la autoridad responsable Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Zitácuaro, Michoacán, para en estar en condiciones de determinar si admite o desecha la demanda; información de la que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Andrés Leyva Mercado, secretario que autoriza. Doy fe.ROVE
- Principal
MEDIANTE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LO SIGUIENTE: SRM Morelia, Michoacán, veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno. Se recibe escrito aclaratorio. Visto el escrito de cuenta que suscribe el autorizado del quejoso José Salvador Guzmán Rosas, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención formulada en autos y, al efecto, manifiesta como antecedentes del acto reclamado, en relación al punto 1.1, indica los términos en que se acordó su escrito presentado el quince de septiembre pasado y exhibe copia del acuerdo de veintidós del mes en cita; respecto al diverso 1.2, que no se interpuso medio de impugnación alguno en su contra; en relación al punto 2 insiste en la petición de suspensión del acto reclamado; y, acompaña las copias solicitadas; en tal virtud, se acuerda lo siguiente. Incompetencia legal. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, considera carecer de competencia legal para conocer de la demanda de que se trata, conforme a lo dispuesto por los artículos 44 y 170 de la Ley de Amparo, como se pondrá de manifiesto a continuación. En el caso, se señala como acto reclamado la resolución de cinco de noviembre del año en curso, dictada dentro del expediente 10B-09/2021 del índice de la Junta Especial número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Zitácuaro, Michoacán, en relación a la declaratoria de beneficiarios de los posibles derechos laborales generados por Azucena Lorenza Pérez. En cuanto al tema de trato, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en la jurisprudencia 1/2017, en el sentido de que procede el juicio de amparo directo contra la resolución que dirime el procedimiento especial de declaración de beneficiarios al tener la naturaleza de laudo. Lo anterior en atención a las siguientes consideraciones. El procedimiento que tiene por objeto resolver la declaración de beneficiarios, constituye un procedimiento especial, el cual se encuentra contemplado en el artículo 503 de la Ley Federal del Trabajo, el cual a la letra dice lo siguiente: "Artículo 503.- Para el pago de la indemnización en los casos de muerte por riesgo de trabajo, se observarán las normas siguientes: I. El Inspector del Trabajo que reciba el aviso de la muerte, o la Junta de Conciliación y Arbitraje ante la que se reclame el pago de la indemnización, mandará practicar dentro de las veinticuatro horas siguientes una investigación encaminada a averiguar qué personas dependían económicamente del trabajador y ordenará se fije un aviso en lugar visible del establecimiento donde prestaba sus servicios, convocando a los beneficiarios para que comparezcan ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, dentro de un término de treinta días, a ejercitar sus derechos; II. Si la residencia del trabajador en el lugar de su muerte era menor de seis meses, se girará exhorto a la Junta de Conciliación y Arbitraje o al Inspector del Trabajo del lugar de la última residencia, a fin de que se practique la investigación y se fije el aviso mencionado en la fracción anterior; III. La Junta de Conciliación y Arbitraje o el inspector del Trabajo, independientemente del aviso a que se refiere la fracción I, podrán emplear los medios publicitarios que juzguen conveniente para convocar a los beneficiarios; IV. El Inspector del Trabajo, concluida la investigación, remitirá el expediente a la Junta de Conciliación y Arbitraje; V. Satisfechos los requisitos señalados en las fracciones que anteceden y comprobada la naturaleza del riesgo, la Junta de Conciliación y Arbitraje, con audiencia de las partes, dictará resolución, determinando qué personas tienen derecho a la indemnización; VI. La Junta de Conciliación y Arbitraje apreciará la relación de esposo, esposa, hijos y ascendientes, sin sujetarse a las pruebas legales que acrediten el matrimonio o parentesco, pero no podrá dejar de reconocer lo asentado en las actas del Registro Civil; y VII. El pago hecho en cumplimiento de la resolución de la Junta de Conciliación y Arbitraje libera al patrón de responsabilidad. Las personas que se presenten a deducir sus derechos con posterioridad a la fecha en que se hubiese verificado el pago, sólo podrán deducir su acción en contra de los beneficiarios que lo recibieron." De lo anterior se advierte que dicho procedimiento tiene un doble objetivo: Determinar quién o quiénes y en qué proporción en su caso, tienen derecho al pago de la indemnización por la muerte del trabajador por riesgos de trabajo, y Liberar al patrón de responsabilidad hecho el pago en cumplimiento de la resolución de la Junta. Ahora bien, dicho procedimiento especial se contrae a: 1) Publicar una convocatoria para que todas aquellas personas que se consideren con derecho a la indemnización, se presenten a deducirlo ante la Junta; 2) El término para esta presentación será de treinta días, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria; 3) Los interesados acreditarán su calidad de beneficiarios; 4) La Junta ordenará abrir una investigación destinada a averiguar, qué personas dependían económicamente del trabajador fallecido, para lo cual fijará un aviso en lugar visible del centro de trabajo, en donde aquél haya prestado sus servicios, con indicación a todos los interesados sobre la forma en que deban comparecer y la documentación que deban presentar; 5) En la audiencia fijada el día y la hora señalados para los fines anteriores, hecha la revisión de las constancias exhibidas y aceptadas por la Junta, este tribunal hará la declaración de las personas beneficiarias de la indemnización. Cabe aclarar que la Junta se encuentra facultada para apreciar la relación de esposa e hijos, así como ascendientes, sin ajustarse a las reglas o pruebas legales que acrediten el matrimonio o parentesco, pero no podría dejar de reconocer lo asentado en las actas de Registro Civil que se le presenten. Por su parte, los artículos 893 y 896 de la Ley Federal del Trabajo, relacionados con la forma en la que debe sustanciarse dicho procedimiento especial, refieren lo siguiente. "Artículo 893. Los escritos de demanda y contestación deberán cumplir con los requisitos a que se refieren los artículos 872 y 873-A de esta Ley, en lo que sea aplicable. Una vez que el Tribunal admita la demanda con los documentos y copias requeridas, se correrá traslado al demandado, quien deberá contestarla por escrito dentro de los diez días siguientes a la fecha del emplazamiento, pudiendo objetar las pruebas del actor, con el apercibimiento de que de no hacerlo se le tendrán por admitidas las peticiones del actor. Con copia del escrito de contestación y sus anexos se correrá traslado a la parte actora para que en el término de tres días formule réplica y objete pruebas de su contraria. Desahogada ésta, se correrá traslado al demandado para que en el mismo plazo realice su contrarréplica. En estos procedimientos se privilegiará la substanciación en línea, salvo la imposibilidad material para ello y sin detrimento de los derechos de los trabajadores, asegurados y sus beneficiarios". "Artículo 896. Para aplicación del artículo 503 de la Ley Federal del Trabajo, con la presentación de la demanda el Tribunal iniciará las investigaciones a que se refiere ese precepto; para ello solicitará al patrón le proporcione los nombres y domicilios de los beneficiarios registrados ante él y en las instituciones oficiales; podrá además ordenar la práctica de cualquier diligencia, o emplear los medios de comunicación que estime pertinentes, para convocar a todas las personas que dependían económicamente del trabajador fallecido a ejercer sus derechos ante el Tribunal. De existir controversia entre los interesados, el Tribunal citará a la audiencia preliminar. El Tribunal dictará su resolución tomando en cuenta los alegatos y pruebas aportadas por las personas que ejercitaron derechos derivados de las prestaciones que generó el trabajador fallecido". El primer numeral establece que el procedimiento se iniciará con la presentación del escrito de demanda, en el cual el actor podrá ofrecer sus pruebas ante la Junta competente, la cual citará a una audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, la que deberá efectuarse dentro de los quince días hábiles siguientes a la conclusión de las investigaciones a que se refiere el artículo 503. El segundo señala que la Junta dictará su resolución tomando en cuenta los alegatos y pruebas aportadas por las personas que ejercitaron derechos derivados de las prestaciones que generó el trabajador fallecido; y que cuando se controvierta el derecho de los presuntos beneficiarios, se suspenderá la audiencia y se señalará su reanudación dentro de los quince días siguientes, a fin de que las partes puedan ofrecer y aportar las pruebas relacionadas con los puntos controvertidos. Tales preceptos revelan que el procedimiento especial de declaración de beneficiarios, previsto en el artículo 503 de la Ley Federal del Trabajo, admite controversia entre partes, esto es, entre las convocadas como personas que estimen contar con derecho o mejor derecho en su caso, para ser declarados como beneficiarios del extinto trabajador. En efecto, se afirma que ese procedimiento admite controversia entre partes, si se toma en consideración que el artículo 896 establece, expresamente, que cuando se controvierta el derecho de los presuntos beneficiarios, se suspenderá la audiencia y se señalará su reanudación dentro de los quince días siguientes, a fin de que las partes puedan ofrecer y aportar las pruebas relacionadas con los puntos controvertidos. En esa tesitura, si el procedimiento admite la controversia entre partes, tiene la naturaleza de juicio, cuya finalidad consiste en declarar quién o quiénes y en qué proporción en su caso, habrán de suceder al trabajador fallecido en el pago de las prestaciones que generó, entre las personas que consideran les asiste el derecho a ser declaradas como beneficiarias, a fin de liberar al patrón de responsabilidad. Así es, las citadas reglas demuestran la configuración de un procedimiento que tiene la naturaleza de juicio, pues se da la oportunidad a las partes interesadas de oponerse al derecho de los presuntos beneficiarios, exhibir pruebas y formular alegatos, así como el eventual dictado de una resolución que resuelva el punto sujeto a discusión, estando obligada la Junta a reconocer lo asentado en las actas de Registro Civil que se le presenten. Cabe agregar que dicho procedimiento especial, no participa de la naturaleza de incidente o acto prejudicial o preparatorio, toda vez que no se trata de una etapa accesoria o preliminar del procedimiento judicial, dado que el patrón, una vez declarado quién o quiénes tienen derecho al pago de la compensación económica por la muerte del trabajador, puede pagar la indemnización en forma voluntaria, sin que se desarrolle necesariamente una controversia entre éste y los beneficiarios. En tales condiciones, la resolución que recae al procedimiento especial de declaración de beneficiario, no constituye una actuación dictada en juicio, fuera de juicio o después de concluido, sino tiene la naturaleza de laudo en términos de la fracción III del artículo 837 de la Ley Federal del Trabajo, al decidir un asunto en el que se dirime, exclusivamente, quién o quiénes de los convocados, y en qué proporción en su caso, cuentan con mejor derecho al pago de las prestaciones o indemnizaciones que el patrón debe cubrir. En consecuencia, la resolución dictada en el procedimiento de origen relativo a la declaratoria de beneficiarios, al tener naturaleza de laudo, debe ser reclamada en juicio de amparo directo en términos de los artículos 107, fracción V, de la Constitución Federal, 34 y 170 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia con número de registro digital 2013592 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto a la letra dicen: "PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS. LA RESOLUCIÓN QUE LO DIRIME TIENE LA NATURALEZA DE LAUDO, POR LO QUE, EN SU CONTRA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. El procedimiento especial de declaración de beneficiarios a que se refiere el artículo 892, en relación con el 503, ambos de la Ley Federal del Trabajo, tiene como objetivo determinar quién o quiénes y en qué proporción habrán de suceder al trabajador fallecido en sus derechos laborales, liberando al patrón de responsabilidad en caso de que pague a quien señale la Junta de Conciliación y Arbitraje; procedimiento que es útil en caso de muerte por riesgos de trabajo o cuando se encuentran pendientes de cubrir prestaciones o indemnizaciones, ejercitar acciones o continuar juicios, según se advierte de los numerales 115 y 503 de la citada legislación, pues evita la obligación de sustanciar el juicio sucesorio. Ahora bien, en dicho procedimiento la Junta está obligada a investigar y convocar a quienes consideran tener derecho a ser declarados beneficiarios del extinto trabajador, y se da la oportunidad de exhibir pruebas, formular alegatos y oponerse al derecho de presuntos beneficiarios, es decir, admite controversia entre éstos y, por tanto, tiene la naturaleza de juicio; sin que constituya una incidencia o etapa preliminar, ya que su objetivo es exclusivamente el mencionado, y lo corrobora el hecho de que en caso de muerte por riesgos de trabajo o prestaciones pendientes, no necesariamente se desarrollará una controversia entre patrón y beneficiarios con posterioridad a su resolución. Por ello, si aquel procedimiento se estableció para admitir una controversia entre partes y no constituye una incidencia ni un acto prejudicial o preparatorio a juicio, la resolución que lo dirime no constituye una actuación dictada en juicio, fuera de juicio o después de concluido, sino que tiene la naturaleza de laudo, en términos de la fracción III del artículo 837 de la Ley Federal del Trabajo y, por ende, en su contra procede el juicio de amparo directo." En tales condiciones, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por José Salvador Guzmán Rosas, y considera que se surte en favor del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en turno; por tanto, con fundamento en el citado artículo 47 de la Ley de Amparo, sin proveer sobre la suspensión del acto reclamado al no encuadrar en alguno de los supuestos previstos por el numeral 48 de la ley de la materia, se ordena remitir el original del cuaderno de amparo al Tribunal de referencia, a quien se le solicita de atenta manera informar lo que provea al respecto. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Andrés Leyva Mercado, Secretario que autoriza y da fe.
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