José Salvador Gómez Sánchez
Expediente 258/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 258/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- José Salvador Gómez Sánchez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el veintidós de marzo de la presente anualidad, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa destruible.
- Principal
Visto; agréguese a los presentes autos para obrar como corresponda, el ocurso presentado por el quejoso José Salvador Gómez Sánchez, mediante el cual, en acato a los requerimientos hechos por auto de diecinueve de los cursantes, proporciona la fecha de emisión de diverso acto que señala como acto reclamado y la fecha en que conoció del mismo; en consecuencia, se acuerda: Téngase por cumplidos los requerimientos realizados a la parte quejosa, por auto de diecinueve de marzo de esta anualidad. Ahora bien, el artículo 112 de la Ley de Amparo dispone que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite la demanda; por su parte, el artículo 113 de la ley en cita, dice que el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Apartado "A" En el caso, es de indicarse que el quejoso, en su escrito aclaratorio de demanda, precisa que el diverso acto que señala como reclamado, consistente en la resolución de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, que declara fincado el remate, adjudicándose en favor del actor Horacio Guerrero Medellín, el inmueble embargado dentro del juicio ejecutivo mercantil 703/2015, del índice del Juzgado Primero del Ramo Mercantil de la capital, le fue notificado el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho. Por tanto, este órgano jurisdiccional advierte que por lo que respecta al citado acto reclamado, con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17, 18 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. Dichos preceptos legales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, (.)." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la lectura de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio de cuenta, se advierte que el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, la autoridad responsable, Juez Primero del Ramo Mercantil de la capital, dentro del juicio ejecutivo mercantil 703/2015 de su índice, declaró fincado el remate del inmueble embargado en dicho juicio, adjudicándose en favor del actor Horacio Guerrero Medellín. Acto reclamado. Acto el anterior, que fue notificado al quejoso, el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho. Así las cosas, considerando que desde el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, en que el quejoso tuvo conocimiento del acto que reclama, a la fecha en que se recibió en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas su demanda de amparo -quince de marzo de dos mil diecinueve- ya había transcurrido el término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo; es decir, dicho término transcurrió del veinticinco de septiembre al dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, sin contar los días veintinueve y treinta de septiembre, seis, siete, doce a catorce de octubre de dos mil dieciocho, por ser inhábiles. Por tanto, la presentación de la demanda, resulta ser notablemente extemporánea, por lo que, se considera que el quejoso consintió el acto que ahora combate, actualizándose en el caso, la causal de improcedencia en análisis. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 202, del tomo XIII, enero de mil novecientos noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: "DEMANDA DE GARANTIAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda." Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la tesis visible en la página doscientos treinta y cinco, tomo XI, junio de mil novecientos noventa y tres, materia común, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." En esas condiciones, una vez acreditado que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo y, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia, este Tribunal no está en aptitud legal para dar curso a la demanda de garantías promovida por José Salvador Gómez Sánchez, por su propio derecho, y lo procedente es desecharla de plano, en lo que al acto precisado en este apartado acontece, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Apartado "B" Ahora bien, se advierte que el quejoso también señala como acto reclamado, el auto de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, dictado dentro del mencionado juicio ejecutivo mercantil 703/2015, del índice del Juzgado Primero del Ramo Mercantil de la capital, en que se requiere al ahora quejoso, para que dentro del término de tres días, otorgue en favor del actor (adjudicatario), las escrituras correspondientes al inmueble adjudicado mediante sentencia de remate, apercibiéndolo que de no hacerlo así, el juzgado responsable, la otorgaría en su rebeldía. Sobre el particular, este juzgado advierte que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el 107 fracción IV (en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo. En efecto, los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". Conforme al segundo párrafo del precepto en cita, para la procedencia del juicio de amparo indirecto en la etapa de ejecución de sentencia, es necesario estar en presencia de la última resolución dictada en esa fase, pudiendo reclamarse conjuntamente las demás violaciones cometidas durante la misma, en caso de que se haya dejado sin defensa al quejoso. Dicho párrafo del propio artículo además precisa, que por última resolución debe entenderse aquella determinación en la cual se declara cumplida la ejecutoria o la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento. En el último párrafo de ese precepto, se regula la procedencia respecto a los procedimientos de remate, y se define que la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega material del inmueble, en cuyos supuestos también se pueden reclamar las violaciones cometidas en el procedimiento respectivo. Sobre este tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar el precepto referido, emitió la jurisprudencia número 1a./J. 13/2016 (10a.), publicada con los siguientes datos de localización: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES EMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." En la contradicción de tesis 74/2015 que dio origen a la jurisprudencia en cita, se distinguieron diversas hipótesis de procedencia del juicio de amparo cuando se trata de actos fuera de juicio o después de concluido éste, tal como se observa de la siguiente transcripción: ".Del precepto anterior se observa que el legislador dispuso que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos realizados fuera de juicio o después de concluido éste, en tanto se reconoce la posibilidad del control constitucional de los actos emitidos fuera del procedimiento judicial que también pueden vulnerar derechos fundamentales de las personas; no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias a la ejecución de sentencias y no obstaculizar el flujo secuencial de los actos de autoridad judicial realizados fuera de juicio, se dispuso que el juicio de amparo indirecto únicamente procederá en contra de la resolución definitiva dictada en el procedimiento de remate respectivo, esto es la última resolución que se dicta. Luego, a fin de otorgar claridad y certeza en el requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto, el legislador pormenorizó qué debe entenderse por última resolución emitida en la etapa de ejecución de sentencia, y por ello estipuló que la última resolución tratándose de actos emitidos fuera de juicio o después de concluido éste debe ser entendida como aquélla que: i. aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o ii. declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o iii. las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Ahora, en el caso de interponer juicio de amparo indirecto en contra de esas resoluciones la parte quejosa podrá hacer valer conceptos de violación en contra de vicios en el procedimiento del cual haya emanado la última resolución emitida fuera de juicio, siempre que éstos trasciendan su resultado. Se observa que, tratándose de actos de remate, el legislador en aras de claridad y certeza fue incluso más específico precisando que la última resolución del procedimiento de remate es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pues es inconcuso que una vez que el bien inmueble sujeto a remate fue adjudicado y entregado materialmente a quien resultó vencedor del remate, no hay posibilidad de emitir acto posterior que retrotraiga o modifique los efectos del remate, luego entonces, el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto permanecerá como definitivo, lo que a la par asegura que el procedimiento de ejecución de sentencia del juicio de instancia que en el caso se materializa en el remate del bien inmueble se haya agotado en su totalidad. Lo anterior, refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto, pues de forma clara pretende dos objetivos, el primero consiste en asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución emitida fuera del juicio -remate- por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo, pues al limitar la procedencia del amparo a la última resolución emitida en la etapa de ejecución se garantiza la efectividad del juicio de amparo indirecto evitando que el juicio constitucional quede sin materia; y de forma más destacada, como un segundo objetivo, el requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto consistente en asegurar que la interposición del juicio de amparo sí es en contra de la última resolución del remate, a fin de evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales, esto es, evitar que se interpongan innumerables juicios de amparo que suspendan la continuidad del procedimiento de ejecución, así que, al establecer como requisito de procedibilidad del amparo el que únicamente procede en contra de la última resolución dictada fuera de juicio, se facilita la culminación del proceso de ejecución de sentencia, pues únicamente procede el amparo en contra del acto que en definitiva ponga fin al remate. En efecto, la razonabilidad de establecer el requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto únicamente en contra de la última resolución emitida contra actos fuera de juicio, estriba en impedir que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente mediante la interposición sucesiva de juicios de amparo que impidan lograr la ejecución de una sentencia judicial (.) Por tanto, esta Primera Sala advierte que el mismo objetivo pervive en la Ley de Amparo vigente, en la que destaca la intención del legislador de ser incluso más específico para efectos de dotar de claridad al requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto, ya que reguló la procedencia de la acción constitucional contra los actos dictados fuera de juicio o después de concluido, distinguiendo como supuestos de actos susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, a aquéllos que actualicen el supuesto general de procedencia, referido a los actos realizados fuera de juicio o después de concluido, y un supuesto de procedencia de actos específicos, referidos a: i) Actos emitidos en ejecución de sentencia y ii) actos emanados de procedimiento de remate. Así, en el caso de actos emitidos en ejecución de sentencia, el juicio de amparo biinstancial únicamente procede contra la resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien la que ordena el archivo definitivo del expediente, actos y resoluciones que sin duda ponen fin a la fase de ejecución de sentencia, por tanto, no es óbice que previamente a dichos actos las responsables emitan algún otro intermedio pues a través del amparo indirecto interpuesto en contra de la última resolución de ejecución, se permite al quejoso que en los conceptos de violación pueda reclamar las violaciones cometidas durante la fase del procedimiento de ejecución. Ahora, el legislador dispuso que tratándose de actos de remate, la acción constitucional sólo podrá reclamarse contra la resolución que ordena de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y se ordene la entrega de los bienes rematados, donde también podrán combatirse las violaciones que se hubieran cometido durante este procedimiento, disposición que es la que provoca la contradicción de criterios denunciada, pues se dispuso la conjunción "y" lo que por un lado permite suponer que es hasta que se emitan ambas órdenes que se actualiza la última resolución del remate, y por otro lado también se tiene la posibilidad jurídica de concluir que toda vez que la orden de escrituración y la orden de entrega son efectos connaturales del acto de adjudicación, entonces es indistinto se emita una u otra para tener actualizada la última resolución del remate, máxime que como razonó el tribunal denunciado la entrega material es una consecuencia de la escrituración." [.] De ahí que, cuando el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, especifica que la última resolución del remate impugnable en amparo indirecto, es aquella que ordena la escrituración del bien inmueble sujeto a remate, y la orden de entrega del mismo, el juzgador federal debe considerar que basta se emita la orden de escrituración para actualizar la última resolución del remate, pues una vez firme la adjudicación, se tiene la posibilidad de ejecutar ambas órdenes y, por ende, el amparo indirecto resulta procedente. Se llega a la conclusión anterior, porque de considerar lo contrario, se trastocaría el sistema del juicio de amparo, de acuerdo a como está regulado en la Ley de Amparo vigente, pues se advierte que, incluso, en lo relativo a la suspensión del acto reclamado en el amparo, el artículo 151 de la mencionada ley, dispone que la suspensión del acto reclamado derivado de remates de inmuebles, ésta permitirá el curso del procedimiento, hasta antes de que se ordene la escrituración y entrega de los bienes al adjudicatario,(18) lo que corrobora lo que hasta aquí se ha sostenido, en el sentido que para que se actualice la última resolución del remate susceptible de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, basta que se ordene la escrituración del bien inmueble adjudicado, ya que la entrega de éste al adjudicatario, también consiste en un efecto connatural al acto de adjudicación. Sin ser óbice, que ambas órdenes, esto es, la de escrituración y entrega, puedan dictarse en el mismo proveído del tribunal o Juez, pues como se adelantó, en ese caso también se estaría frente a la última resolución del remate de bienes inmuebles en la fase de ejecución de sentencia, pues no se advierte regulación que exija que la orden de entrega del bien adjudicado, conste en el mismo proveído donde se ordena la escrituración del inmueble. De acuerdo a lo razonado, esta Primera Sala concluye que el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo en vigor, debe leerse en el sentido de que la última resolución del remate, constituye aquella que ordena la escrituración o bien la entrega del bien inmueble rematado, ya que ambas órdenes constituyen efectos connaturales al acto de adjudicación, de ahí que resulta indistinto se ordene únicamente la escrituración o bien la entrega del bien para estimar actualizada la última resolución del remate. Conclusión que se estima correcta al ser coherente con la razonabilidad que subyace al requisito impuesto por el legislador, el cual pretende resguardar el derecho a la tutela judicial efectiva, pues de considerar que es necesario emitir ambas órdenes -escrituración y entrega- para actualizar la última resolución del remate, puede suceder un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la responsable omita emitir la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial; y a su vez, imposibilitaría la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, obstaculizando el acceso a la justicia constitucional, por tanto el criterio jurídico interpretativo que debe prevalecer para la procedencia del juicio de amparo en actos derivados del procedimiento de remate, de acuerdo a la presente contradicción, es que el juicio de amparo es procedente contra la última resolución del remate, entendida ésta como la que de forma indistinta ordene la escrituración o entrega del bien inmueble adjudicado, ya sea en el mismo proveído o en uno distinto, pues al ser ambas consecuencias connaturales del acto de adjudicación es que materializan todos sus efectos y, por ende, ponen fin a la fase del remate." Como se desprende de la transcripción, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hizo mención a dos hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos dictados fuera de juicio o después de concluido, de la siguiente manera: a) Actos emitidos en ejecución de sentencia y, b) Actos emanados de procedimiento de remate. De modo que respecto de actos emitidos en ejecución de sentencia, el juicio de amparo biinstancial únicamente procede contra la resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien la que ordena el archivo definitivo del expediente, actos y resoluciones que sin duda ponen fin a la fase de ejecución de sentencia; en estos casos, cualquiera de las partes puede reclamar las violaciones cometidas durante la fase del procedimiento de ejecución al momento de impugnar la última resolución, en tanto que guardan vinculación con esa resolución y transcienden a la misma. En el segundo supuesto relativo a los actos dictados en el procedimiento de remate, como en el caso que nos ocupa, el amparo indirecto procede, contra la resolución que ordena de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación, o bien, ordene la entrega de los bienes rematados, donde también podrán combatirse las violaciones que se hubieran cometido durante este procedimiento. El propósito de estas reglas de procedencia en ambos supuestos (etapa de ejecución genérica y procedimiento de remate), es evitar el abuso de la tramitación del juicio de amparo, aunado al propósito de facilitar y agilizar la tramitación de la ejecución de sentencia en los procesos jurisdiccionales. En virtud de lo anterior, toda vez que el amparo indirecto se promovió contra el auto de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, dictado dentro del mencionado juicio ejecutivo mercantil 703/2015, del índice del Juzgado Primero del Ramo Mercantil de la capital, en que se requiere al ahora quejoso, para que dentro del término de tres días, otorgue en favor del actor (adjudicatario), las escrituras correspondientes al inmueble adjudicado mediante sentencia de remate, apercibiéndolo que de no hacerlo así, el juzgado responsable, la otorgaría en su rebeldía, acto el anterior que no encuadra en los supuestos de procedencia tratándose de los procedimientos de remate en la etapa de ejecución, en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que no se trata de la orden definitiva (dictada en vía de ejecución forzosa) de: a) Otorgar la escritura de adjudicación, o bien, b) Entregar el bien inmueble rematado. En ese contexto, la circunstancia de que mediante el acuerdo reclamado, el juez natural haya ordenado requerir al demandado (quejoso) para que, voluntariamente, dentro del término de tres días otorgara la escritura de la adjudicación del inmueble materia del juicio a favor del actor, con el apercibimiento que para el caso de no hacerlo, ese juzgado la expediría en rebeldía, no implica la procedencia del juicio de amparo en contra de dicha determinación, pues no se trata de la resolución que en forma definitiva y, en vía de ejecución forzosa, ordena otorgar la escritura del bien inmueble adjudicado, toda vez que depende del resultado de la diligencia respectiva, el que de ser negativo, en cuanto a que el demandado no haga entrega voluntaria de la escrituración del inmueble litigioso, implicará en su caso que la parte interesada solicite al juez que haga efectivo el apercibimiento decretado en su contra y ordene el otorgamiento de la escritura correspondiente, que sí implicará la orden definitiva de la escritura del inmueble rematado, porque ya no dependerá de la voluntad del demandado, como ocurre en la resolución que reclama. Entonces, la orden de entrega en forma voluntaria, por depender de la voluntad del demandado, no es la resolución que en forma definitiva ordene otorgar la escritura del inmueble materia del juicio de origen, porque es necesario que haya una resolución posterior que ordene la entrega forzosa, momento en el cual el impetrante podrá hacer valer todas las violaciones cometidas durante ese procedimiento de remate que le hayan dejado sin defensa y que hubiesen trascendido al resultado de la resolución o resoluciones, en su caso, reclamadas. Es cierto que la Ley de Amparo cuando establece que procede la impugnación en la vía indirecta contra la orden de escritura del inmueble, así como la jurisprudencia número 1a./J. 13/2016 (10a.), no distinguen ni precisan si esa orden debe ser definitiva o no; pero por la naturaleza de la acción de amparo que es un remedio extraordinario contra los actos de autoridad, así como porque únicamente procede contra actos que tienen definitividad, es necesario distinguir la naturaleza y la finalidad de la orden de otorgar la escritura, porque el supuesto de procedencia de que se trata está reservado para la última resolución que se dicte en ese procedimiento de remate que debe culminar en favor del acreedor con la protocolización de la escritura que contenga la adjudicación y con la entrega de la posesión material del inmueble, por lo que para el deudor el momento oportuno para impugnar la legalidad de esas resoluciones es cuando adquieren definitividad y ya no dependen de su cumplimiento voluntario. Esto es, tanto la orden de escrituración como la orden de entrega de la posesión, deben ser definitivas por no admitir recurso ordinario alguno ni medio de defensa, así como porque de su contenido derive que se podrán ejecutar forzosamente, contra la voluntad del deudor. Tiene aplicación al caso la tesis I.12o.C.75 C (10a.), sostenida por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del epígrafe siguiente: "PROCEDIMIENTO DE REMATE. LA ORDEN DE ENTREGA VOLUNTARIA DEL INMUEBLE, NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ÉSTE, CONTRA LA CUAL PROCEDA EL AMPARO INDIRECTO. Conforme al artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo indirecto en la etapa de ejecución de sentencia, es necesario estar en presencia de la última resolución dictada en esa fase, es decir, la determinación en la cual se declara cumplida la ejecutoria o la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento. Ahora bien, respecto a los procedimientos de remate, dicho párrafo establece como última resolución aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega material del inmueble. Por otra parte, el propósito de las reglas de procedencia del amparo es evitar el abuso de su tramitación, así como facilitar y agilizar la tramitación de la ejecución de la sentencia en los procesos jurisdiccionales. Así, la orden para que voluntariamente el demandado haga entrega a la parte actora del inmueble, materia del juicio en cumplimiento a la aprobación del remate, con el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, será lanzado a su costa, no hace procedente el juicio de amparo indirecto contra dicha determinación, pues no se trata de la resolución que definitivamente ordena la entrega del bien inmueble, en tanto que depende de la voluntad del demandado. Derivado de lo anterior y dada la naturaleza de la acción de amparo -remedio extraordinario contra actos de autoridad y que presupone la definitividad de éste-, es necesario distinguir la naturaleza y finalidad de la orden de entrega, porque el supuesto de procedencia de que se trata está reservado para la última resolución dictada en ese procedimiento de remate que debe culminar en favor del acreedor con la protocolización de la escritura que contenga la adjudicación y con la entrega de la posesión material del inmueble, siendo el momento oportuno cuando se ordena la entrega forzosa, es decir, el lanzamiento del inmueble, para impugnar la legalidad de esas resoluciones, pues es cuando adquieren definitividad y no dependen de la entrega voluntaria del inmueble por parte del demandado." De igual forma, es aplicable al presente asunto la tesis I.6o.C.60 C (10a.), sustentada por Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "REMATE. LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA LA ENTREGA VOLUNTARIA DEL INMUEBLE CON APERCIBIMIENTO QUE, DE NO HACERLO, SE DECRETARÁ EL LANZAMIENTO A SU COSTA, NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN IV, TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA. De conformidad con el artículo citado, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados. Al respecto, en la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), de título y subtítulo: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal precisó que para los efectos indicados, el término última resolución comprende la que indistintamente ordena en forma definitiva otorgar la escritura de adjudicación, o bien, entregar la posesión de los bienes inmuebles rematados, en virtud de que la disposición debe leerse no como una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino como una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahora bien, la resolución que ordena la entrega voluntaria del inmueble, con apercibimiento que, de no hacerlo, se decretará el lanzamiento a su costa, no puede ser catalogada como alguna de aquéllas, porque queda sujeta a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden y depende del resultado de la diligencia respectiva a lo que, necesariamente, recaerá otra determinación, como puede ser el lanzamiento forzoso con las medidas pertinentes, decisión que sí implicará la orden definitiva de entrega del inmueble rematado, contra la cual sería procedente el juicio de amparo, momento en el cual el impetrante podrá hacer valer todas las violaciones cometidas durante el procedimiento respectivo, que le hubieren dejado sin defensa y que hayan trascendido al resultado de la resolución reclamada." En esas condiciones, una vez acreditado que se actualiza la causa de improcedencia destacada y, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia, este Tribunal no está en aptitud legal para dar curso a la demanda de garantías promovida por José Salvador Gómez Sánchez, por su propio derecho, y lo procedente es desecharla de plano, en lo que a dicho acto destacado en este apartado acontece, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo.
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Vista; la demanda de amparo promovida por José Salvador Gómez Sánchez, por su propio derecho, contra actos del Juez Primero del Ramo Mercantil de la capital, por violación a diversos preceptos constitucionales, el secretario en funciones de Juez acuerda: Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 258/2019-II y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, toda vez que del análisis de íntegro de la demanda de amparo, se advierte que la misma presenta irregularidades, pues en el capítulo de acto reclamado, el quejoso señala entre otro, la resolución en la que se procede a declarar y se declara fincado el remate, adjudicándose en favor del actor Horacio Guerrero Medellín, el inmueble embargado en el juicio ejecutivo mercantil 703/2015, del índice del Juzgado Primero del Ramo Mercantil de la capital; sin embargo, omite informar la fecha de dicha resolución, así como aquélla en que tuvo conocimiento de la misma. Por tanto, a fin de estar en condiciones de acordar lo que en derecho corresponde, con apoyo en el artículo 114, en relación con el 108 ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días con las copias necesarias a que se refiere el artículo 110 de la ley de la materia, y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, cumpla con la obligación que le impone la fracción IV, del artículo 108 de la Ley de Amparo, y precise: La fecha en que fue emitida la resolución que declara fincado el remate, adjudicándose en favor del actor Horacio Guerrero Medellín, el inmueble embargado en el juicio ejecutivo mercantil 703/2015, del índice del Juzgado Primero del Ramo Mercantil de la capital, que señala como acto reclamado; y, La fecha en que tuvo conocimiento de la citada resolución que reclama. Se apercibe al promovente que en caso de no dar cumplimiento con lo requerido, en el término indicado, se proveerá lo conducente a su demanda, atendiendo únicamente respecto al acto reclamado precisado en el inciso a), del capítulo relativo. Téngase por autorizado para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Amparo al licenciado Joel Soledad Rodríguez Calderón y como domicilio para tales efectos, el ubicado en Calle Privada Salvador Vidal número ciento catorce (114), Colonia Bellavista, en esta ciudad de Zacatecas.
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Con efectos de notificación para el quejoso: Vista; la demanda de amparo promovida por José Salvador Gómez Sánchez, por su propio derecho, contra actos del Juez Primero del Ramo Mercantil de la capital, por violación a diversos preceptos constitucionales, el secretario en funciones de Juez acuerda: Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 258/2019-II y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, toda vez que del análisis de íntegro de la demanda de amparo, se advierte que la misma presenta irregularidades, pues en el capítulo de acto reclamado, el quejoso señala entre otro, la resolución en la que se procede a declarar y se declara fincado el remate, adjudicándose en favor del actor Horacio Guerrero Medellín, el inmueble embargado en el juicio ejecutivo mercantil 703/2015, del índice del Juzgado Primero del Ramo Mercantil de la capital; sin embargo, omite informar la fecha de dicha resolución, así como aquélla en que tuvo conocimiento de la misma. Por tanto, a fin de estar en condiciones de acordar lo que en derecho corresponde, con apoyo en el artículo 114, en relación con el 108 ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días con las copias necesarias a que se refiere el artículo 110 de la ley de la materia, y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, cumpla con la obligación que le impone la fracción IV, del artículo 108 de la Ley de Amparo, y precise: La fecha en que fue emitida la resolución que declara fincado el remate, adjudicándose en favor del actor Horacio Guerrero Medellín, el inmueble embargado en el juicio ejecutivo mercantil 703/2015, del índice del Juzgado Primero del Ramo Mercantil de la capital, que señala como acto reclamado; y, La fecha en que tuvo conocimiento de la citada resolución que reclama. Se apercibe al promovente que en caso de no dar cumplimiento con lo requerido, en el término indicado, se proveerá lo conducente a su demanda, atendiendo únicamente respecto al acto reclamado precisado en el inciso a), del capítulo relativo. Téngase por autorizado para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Amparo al licenciado Joel Soledad Rodríguez Calderón y como domicilio para tales efectos, el ubicado en Calle Privada Salvador Vidal número ciento catorce (114), Colonia Bellavista, en esta ciudad de Zacatecas.
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