José Salvador García Flores

Expediente 215/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
215/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
19/04/2023

Partes del expediente

  • José Salvador García Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días hábiles que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de cuatro de abril del año en curso, a través del recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de dicha normatividad, en el que se tuvo por no presentada la demanda que generó el presente asunto; en consecuencia, de conformidad con el numeral 2 de la Ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de mérito ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; en consecuencia, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, es destruible y carece de relevancia documental por no encuadrar en los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; así entonces, hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva, así como la relativa al archivo del presente expediente. Expediente que de conformidad con lo asentado en la certificación secretarial de cuenta, no encuadra en alguna delas hipótesis que establecen los capítulos quinto, sexto o séptimo del Acuerdo General en cita. Consecuentemente, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el primer párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, procédase a su destrucción en términos del penúltimo párrafo del dispositivo en cita; lo que se estima acontecerá a partir del veinte de abril de dos mil veintiséis.

  2. Principal

    En cumplimiento a lo ordenado en autos, se notifica por medio de lista a la parte quejosa, el proveído de cuatro de abril de dos mil veintitrés, que dice: Visto el estado procesal de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se desprende que José Salvador García Flores, no dio cumplimiento a la prevención contenida en el proveído de tres de marzo pasado, en el sentido de que aclarara el escrito inicial de demanda, en los términos ahí establecidos; así entonces, haciéndole efectivo el apercibimiento contenido en el citado acuerdo, con fundamento en lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo; háganse las anotaciones respectivas.

  3. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio que remite el Coordinador Penal de Defensoría Pública Estatal Zona Costa, con residencia en esta ciudad, se le tiene cumpliendo con el requerimiento formulado en auto de tres de marzo del año que transcurre, e informa que nombró a los profesionistas Marianna Lizbeth García y Jesús Mendoza Medina, para que brinden el servicio de asesoría jurídica a favor del quejoso José Salvador García Flores. En consecuencia, se asigna a los profesionistas antes citados, a efecto de brindar asesoría jurídica al quejoso, y éste adquiera una representación jurídica capacitada para enfrentar las diversas situaciones que se le presenten en el juicio, en razón a las condiciones restrictivas de libertad en las que se encuentra. En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos 1o. y 14 Constitucionales, resulta procedente dar vista con la totalidad de las actuaciones que conforman el presente juicio de amparo, a los referidos Defensores Públicos, para que vigilen la representación legal de los intereses del quejoso en el asunto que nos ocupa, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, debiendo emprender las acciones conducentes para evitar dejar al directamente agraviado en estado de indefensión, pese a que la misma deba ser examinada de oficio por el juzgador de amparo, al tratarse de una cuestión de orden público. Lo anterior, acorde a los lineamientos previstos en los artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, instituido en el Estado Mexicano a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número XXIV.2o. J/21, del rubro siguiente: "PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD, PROVISIONAL O DEFINITIVAMENTE. ATENTO A QUE CONFORMA UN GRUPO VULNERABLE POR SU CONDICIÓN DE INTERNO, SI PROMUEVE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y DE SU DEMANDA NO SE ADVIERTE QUE HAYA SEÑALADO UN ABOGADO QUE LA REPRESENTE, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ASIGNARLE UN DEFENSOR PÚBLICO PARA QUE LA ASESORE ADECUADAMENTE Y SE POTENCIALICE SU DERECHO HUMANO A UNA DEFENSA ADECUADA, YA QUE OMITIRLO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO HA DE PRIVILEGIARSE EL EXAMEN DE LA DECISIÓN DE FONDO, AL TRAER CONSIGO MAYOR BENEFICIO AL QUEJOSO." De igual menara, se tienen como autorizados, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, esto es, para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a los restantes profesionistas que se señalan para tal efecto. Por consiguiente, resulta procedente turnar los autos al Actuario Judicial de la Adscripción, a fin de que se sirva notificar en forma personal el contenido del presente proveído a los licenciados Marianna Lizbeth García y Jesús Mendoza Medina, adscritos a la Coordinación del Área Penal Zona Costa, de la Defensoría Pública Estatal, con residencia en esta ciudad, respecto de quienes, la remitente señala como domicilio para notificarles el sito en Plaza Mundo Divertido, Vía Rápida Poniente, José Fimbres Moreno, Locales 41-43, Fraccionamiento San José, Código Postal 22226, de esta ciudad.??????????????? En el entendido, de que, tomando en consideración que dicha defensa representará los intereses del quejoso, y tendrán también el carácter de autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, así como las diversas personas, las facultades previstas en el numeral 24 de dicha normatividad, las notificaciones personales previstas en el numeral 26, fracción I, inciso a), de la Ley de la Materia, podrán practicárseles al impetrante, por conducto de los defensores y autorizados de referencia.

  4. Principal

    En cumplimiento a lo ordenado en autos se notifica por medio de lista a la parte quejosa, el proveído de tres de marzo de dos mil veintitrés, que dice: Vista la demanda de amparo promovida por José Salvador García Flores, por su propio derecho, contra actos del Subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario de esta ciudad; en consecuencia, fórmese y regístrese el expediente número 215/2023-C4. Seguidamente, cabe señalar que de la lectura íntegra del escrito de demanda, se aprecia que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable Subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario de esta ciudad, en forma medular, la orden de traslado del Centro de Reinserción Social Tijuana al diverso Centro de Reinserción Social "Hongo 1" en Tecate Baja California, de lo que solicitó la suspensión de plano. Al efecto, el mencionado acto de reclamo, no es de los que se encuentran previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo como lo son, la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa, o bien, los prohibidos por el artículo 22, de la Constitución Federal, para decretar la suspensión de plano, tales como pena de muerte, mutilación, infamia, marcas, azotes, palos y tormento. Por lo que con fundamento en el artículo 128 de la Ley de la Materia, atendiendo a la facultad exclusiva del Juez de Distrito, quien tomando en consideración la naturaleza del acto y no el enfoque subjetivo de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no ante la presencia de un acto que obligue a decretar la suspensión de oficio, al no actualizarse algún acto prohibido por la ley, no ha lugar a proveer la suspensión de plano. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 71 , que establece en su título: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA." Así como también, la tesis VI. 1o.a. 19 K2 , que establece en su rubro: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO." Luego, previo acordar lo relativo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo que nos ocupa, se impone precisar lo que se prevé en el artículo 114 de la Ley de Amparo, a fin de obtener una mejor comprensión de lo que posteriormente se determinará. "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; 1 Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 951, del tomo III, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación. 2 Primero Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1458, del tomo XX, Diciembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación. II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; [.]" Por su parte, el diverso ordinal 108, fracciones IV y V de la ley de la materia, señala: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.]." Así pues, de la interpretación armónica de los citados ordinales, se colige que es obligación del órgano jurisdiccional examinar ante todo el escrito de demanda y si hubiere alguna irregularidad o deficiencia en éste, se mandará prevenir a la promovente para que llene los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que corresponda, dando oportunidad para que pueda subsanarlas en tiempo. Luego, tras haber efectuado una minuciosa lectura del escrito generador de la presente instancia constitucional, se desprende que la parte quejosa incumplió con los extremos contemplados en los numerales antes transcritos, por consiguiente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, fracciones I y II, en relación con el diverso numeral 108, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, aclare su demanda de amparo en los siguientes términos: PRIMERO. Manifieste cuáles son las autoridades responsables a las que les atribuye el acto reclamado e indique cuáles son los actos que reclama de cada una de ellas. Ello, toda vez que de la lectura de su escrito inicial se advierte que señala como autoridad responsable al Subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario, mientras que a partir de la segunda hoja, hace referencia a diversas autoridades sin indicar el acto que pretende combatirles. SEGUNDO. Aclare su escrito inicial de demanda en el capítulo de actos reclamados, esto es, señale si reclama el traslado ejecutado el trece de febrero de dos mil veintitrés del Centro de Reinserción Social de esta ciudad, al diverso denominado "El Hongo", con sede en Tecate, Baja California, o bien, si lo que desea reclamar es el posible traslado del cual pueda ser objeto. Lo anterior, en razón que por una parte refirió reclamar el traslado que se le practicó y, por otra parte, manifestó que fue amenazado con ser trasladado a diverso centro penitenciario. Es aplicable a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis número XX.57 K3 , con número de registro digital 202853, del rubro: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS." 3 Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la págin 871, Tomo III, Novena Época, Marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. TERCERO. En caso de que señale como autoridades responsables a las denominadas en la segunda hoja de su escrito inicial, debe manifestar cuáles son los actos que reclama de cada una, y bajo protesta de decir verdad, deberá realizar una relación de la totalidad de hechos y abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación. Lo anterior, pues los datos no expuestos resultan necesarios que se establezcan con toda precisión en el escrito inicial de demanda, a fin de integrar de manera efectiva la litis en el juicio constitucional, brindando certeza jurídica a las actuaciones y a las partes en el juicio, lo que constituye un requisito esencial en el escrito inicial de demanda, acorde con lo dispuesto por las fracciones IV y V del artículo 108 de la Ley de Amparo. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento de manera íntegra a lo anterior en el lapso concedido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, último párrafo de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Por otro lado, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el precisado en el proemio de la demanda que se atienda Ahora bien, toda vez que del escrito de demanda se obtiene que el quejoso se encuentra privado de su libertad y no designó algún autorizado que le brinde asistencia técnica, requiérase al Coordinador Área Penal Zona Costa de la Defensoría Pública Estatal, con residencia de esta ciudad, a fin de que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proceda a nombrar un asesor jurídico para que represente al quejoso, dado que éste se encuentra en un estado de desventaja frente al ordenamiento jurídico, a fin de garantizar el acceso a la justicia y, que se le brinde al peticionario de amparo asesoría por un profesional del derecho con la capacidad técnica para apreciar lo que jurídicamente es conveniente para su patrocinado y así otorgar una real y efectiva asistencia legal. Apercibido que, en caso de incumplimiento, se hará acreedor a una multa consistente en cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de esta fecha; lo anterior, con fundamento en los numerales 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Ahora, de conformidad con el artículo 52 bis, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que, de ser posible, accedan a las herramientas tecnológicas para continuar con la tramitación del presente asunto, a través del esquema de "juicio en línea", hasta su conclusión y archivo. Por último, atento a lo previsto en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los ordinales 5, 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al hacerse pública la sentencia que se dicte en este asunto; apercibidas que de no hacerlo, en la versión pública que se realice de dicha determinación, se suprimirá la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 5, 14, 25, 28, 44, 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.

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