José Salvador Francisco Carvente

Expediente 141/2020 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 10 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
141/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
09/06/2021

Partes del expediente

  • ARCADIA BRIONES IZALDE o ARCADIA BRIONEZ IZALDE O ELVERA BRIONES
  • José Salvador Francisco Carvente

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Toda vez que de la certificación secretarial se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente, se declara que la misma ha causado estado. Archívese este asunto y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Finalmente, tomando en consideración que este asunto no es de relevancia documental, se hace la declaratoria de que es susceptible de depuración.

  2. Amparo en revisión

    Con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe y agrega el oficio de cuenta, mediante el cual acusa recibo del diverso 61/2021, del índice de este tribunal. Por otro lado, al advertirse de autos que no existe trámite pendiente por realizar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, en su oportunidad, archívese este asunto y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Finalmente, tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental...se hace la declaratoria que es susceptible de destruible, en su momento oportuno. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la legislación de amparo, intégrese la presente actuación y las subsecuentes al expediente electrónico, a efecto de que éste coincida íntegramente con el impreso...

  3. Juicio de Amparo Directo

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercero interesado, sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto, como consta en la certificación que antecede. En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de tres de diciembre de dos mil veinte, este órgano colegiado dictó ejecutoria,2 en la que se concedió la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos: "[.] para que la responsable: 1. Deje insubsistente el laudo reclamado. 2. Emita otro, en el que, siguiendo los lineamientos plasmados en esta ejecutoria pero en ejercicio de la libertad jurisdiccional, que se le confiere, después de hacer efectivo el apercibimiento decretado al admitir y ordenar la prueba de inspección ofrecida por el actor, analice el alcance de los hechos, a probar, lleve a cabo el ejercicio de valoración de la hoja de vigencia de derechos exhibida por el instituto demandado, tomando en consideración las demás pruebas que obran en el juicio y resuelva lo que en derecho corresponda." Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la propia autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que por acuerdo de quince de enero de dos mil veintiuno, dejó insubsistente el laudo reclamado,3 y el quince de febrero siguiente, dictó uno nuevo,4 en el que: a) Hizo efectivo el apercibimiento decretado de admitir y ordenar el desahogo de la prueba de inspección ofrecida por el actor, y siguiendo los lineamientos vertidos en la ejecutoria valoró la hoja de vigencia de derechos exhibida por el instituto demandado, a la que determinó no concederle valor probatorio, de acuerdo con las consideraciones siguientes: "[.] Ahora bien, en el acta de dos de agosto de dos mil dieciocho, levantada en el desahogo de la prueba de inspección, se hizo constar que el apoderado del instituto demandado, únicamente exhibió la hoja de certificación de vigencia de derechos de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho (que ya había ofertado a través del escrito de contestación de demanda). De acuerdo con ello, el Instituto Mexicano del Seguro Social no exhibió los documentos requeridos durante el desahogo de la prueba de inspección, no obstante que tiene como obligación resguardar los comprobantes y la información idónea para acreditar la inscripción, baja, tiempo de cotización y periodo de conservación de derechos del extinto asegurado, la Junta debió hacer efectivo el apercibimiento realizado en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución celebrada el veinticuatro, de mayo de dos mil dieciocho 16 (sic) y, consecuentemente, decretar la presunción de ser ciertos los hechos motivo de dicha probanza, al no haber exhibido la documentación materia de la inspección.- De ahí que en el caso, la prueba de inspección es prueba en contrario a la hoja de certificación de vigencia de derechos, pues dicha probanza se ofertó para la revisión de los documentos en los que el Instituto basa su defensa y que se contienen explícita o implícitamente en el certificado de derechos, por tanto, si dichos documentos no son exhibidos, y se formuló el requerimiento a que se refiere el artículo 828 de la Ley Federal del Trabajo debe hacerse efectiva la consecuencia que se traduce en una presunción que admite prueba en contrario y, por ende, deben tenerse por presuntivamente ciertos los hechos tratados de probar con la inspección, sin que le sea oponible a esta presunción el contenido del certificado de derechos, precisamente porque su contenido es el objeto de la prueba.- Aunado a lo anterior, el accionante, también ofreció como prueba en contrario, a la hoja de certificación de vigencia de derechos, la documental consistente en copia al carbón de aviso de inscripción de trabajador de fecha 07 de abril de 1975, documental que se encuentra en autos a foja 56 de los presentes autos, de la que se desprende el número de seguridad social de accionante, su nombre completo, el nombre de la patronal C*****S.A. con número de registro patronal ******, el salario diario de $***** y el grupo de cotización ****, documental que fue objetada por el instituto demandado, como se muestra a continuación: [.]- No obstante las objeciones realizadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, no es contradictorio que el accionante en el hecho 1.1 haya mencionado haber iniciado a laborar en el año de 19** y en la documental en estudio se desprenda la fecha de 19**, ya que el que iniciara a laborar en el año 19**, no excluye la posibilidad de que hubiera sido dado de baja el accionante y nuevamente de alta, y, por cuanto hace a las objeciones respecto a que del número de afiliación se advierta que se ha sobre escrito a máquina los últimos cuatro dígitos haciendo ilegible constatar los dígitos que integran dicho número y por ende logren la certeza de que dicho documento correspondiera al hoy promovente, y que supuestamente se advierte en la supuesta prueba exhibida en el apartado firma del trabajador para nada coincide con la forma que se advierte del hoy actor en copia de identificación oficial y carta poder que obran a fojas 13 y 14, cabe mencionar que las objeciones sin pruebas son simples manifestaciones de las partes, siendo carga probatoria del mismo Instituto Mexicano del Seguro Social la acreditación de las mismas, siendo el caso, que el instituto demandado, no ofreció prueba alguna para acreditar las objeciones realizadas, por lo que aunado a que la documental ofrecida por el accionante se trata de una copia al carbón con firmas autógrafas, por lo que, es innecesario que sea perfectamente para que se le otorgue valor probatorio, ya que no se trata de una copia o (sic) fotostática simple, sino de un documento con firmas originales, cuya naturaleza es distinta, esto es, mientras la copia simple constituye una representación fotográfica de un documento que se obtiene mediante métodos técnicos y científicos, la copia al carbón es una reproducción directa del documento original a través de un papel carbón, que contiene la manifestación de voluntad plasmada por sus suscriptores, aceptando con su firma su contenido; por lo que, a diferencia de la copia fotostática, la copia al carbón hace presumir la existencia del documento original del cual deriva, conforme al artículo 810 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que, esta junta le otorga pleno valor probatorio a la misma; conforme a lo dispuesto por el numeral 795 y 841 de la Ley Federal del Trabajo, y con apoyo de la tesis siguiente: COPIA AL CARBÓN OFRECIDA COMO PRUEBA EN EL JUICIO LABORAL. SI CONTIENE LA FIRMA DE SUS SUSCRIPTORES HACE PRESUMIR LA EXISTENCIA DEL DOCUMENTO ORIGINAL Y, POR ENDE, ES INNECESARIO SU PERFECCIONAMIENTO PARA OTORGARLE VALOR PROBATORIO. [.]- En consecuencia se arriba a la conclusión de que si bien el certificado de derechos emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene valor probatorio "pleno", pero que no es absoluto ni genera una presunción de pleno derecho, por lo que el alcance probatorio de los datos ahí asentados puede controvertirlo el trabajador y desvirtuarlo con prueba en contrario, como en el presente caso, lo cual pone en entredicho la veracidad de los datos asentados en la certificación, pues en tal caso el certificado no tendrá pleno valor probatorio en la parte conducente, por ende, ante tales inconsistencias, esta junta considera conveniente restarle valor probatorio a dicha documental exhibida por el instituto demandado, ya que carece de eficacia convictiva, pues la misma viola la garantía del trabajador consistente en la seguridad jurídica al no resultar creíbles dichos movimientos, y ya que el IMSS es quien tiene mayores y mejores elementos en su poder para demostrar lo conducente a las altas y bajas del trabajador al régimen obligatorio de la seguridad social, y en el presente caso, no lo hizo, es procedente no otorgarle valor probatorio alguno a la hoja de certificación de vigencia de derechos en su totalidad, y consecuentemente, se reitera que, la excepción de carencia de acción y de derecho así como la falta de conservación de derechos no prosperan. [.]." b) Conforme a derecho, determinó condenar al Instituto demandado a otorgar y pagar al actor una pensión por cesantía en edad avanzada, incrementos, asignaciones familiares, aguinaldo y asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica, servicios de hospitalización, aparatos de prótesis y ortopedia, así como aguinaldo, a partir del diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, en cantidad de dos mil setecientos dos pesos con treinta y cinco centavos, mensuales. De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, dio cumplimiento al fallo protector, pues, de la confrontación entre los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional solicitada y los actos que efectuó la autoridad responsable precisados en párrafos anteriores, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida totalmente sin excesos ni defectos la ejecutoria dictada. Hágase del conocimiento a las partes, del presente acuerdo para los efectos señalados en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días establecido en el numeral 202, párrafo primero de la citada ley, archívese el expediente como asunto concluido. De igual forma, pongase en conocimiento de las partes que de conformidad con el oficio SEADS/239/2021, de diecisiete de marzo de la presente anualidad signado por el Secretario Ejecutivo de adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del uno de abril del año en curso, este Tribunal Colegiado se encuentra integrado por los Magistrados José Daniel Nogueira Ruiz, Miguel Nahim Nicolás Jiménez y José Manuel Vélez Barajas, el primero en sustitución del Magistrado Jesús Díaz Guerrero.

  4. Amparo en revisión

    PRIMERO. EN LA MATERIA DE LA REVISIÓN SE CONFIRMA LA SENTENCIA. SEGUNDO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.

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