José Salazar Atrizco
Expediente 1403/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 17 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1403/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 26/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- José Salazar Atrizco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
1. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable Jueza de Control del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, ha dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento con base a las constancias que obran en el juicio. 2. Fijación de actos y protección constitucional. 2.1 Acto reclamado. El acto reclamado en esta instancia constitucional consistió en: El auto de vinculación a proceso dictado el ocho de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal 991/2021, que se le instruye por la comisión del delito de posesión de narcóticos con fines de suministro y delitos contra las funciones de seguridad y justicia. La protección constitucional se concedió para los efectos que a continuación se transcriben: 2a. Se concede la protección constitucional a . que reclama a la Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad, respecto del acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso dictado el ocho de noviembre de dos mil veintiuno, relativo a la causa penal 991/2021, que se le instruye por la comisión del delito de posesión de narcóticos con fines de suministro y delitos contra las funciones de seguridad y justicia, para los siguientes efectos: i) Deberá verificar que quien asistió al imputado en la audiencia de vinculación a proceso, contaba en ese momento con la acreditación jurídica, legal, suficiente y comprobable, mediante el original o copia certificada de la cédula profesional. ii) Si del ejercicio de verificación resulta que el defensor no era licenciado en derecho, deberá reponer la audiencia de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se vinculó a proceso al quejoso José Salazar Atrizco, siguiendo los lineamientos argumentativos de esta sentencia, otorgándole plenitud de jurisdicción en su decisión cuando resuelva la situación jurídica del impetrante. iii) Si por el contrario, del ejercicio de verificación resulta que la persona a cargo de la defensa o asistencia jurídica sí era licenciado en derecho, deberá asentar el resultado de la verificación en aquella determinación que por su naturaleza y efecto estime conveniente. El proceso de verificación debe ser inmediato a que cause ejecutoria esta resolución constitucional. iv) Para lo anterior, deberá cumplir con el requisito formal de que el funcionario ante quien se verifique la audiencia inicial, sea el mismo que presida la continuación de la audiencia de vinculación a proceso. v) En caso de que exista imposibilidad para ello, deberá justificarse de manera fehaciente las razones por las cuales el mismo juzgador no puede presidir ambas audiencias. 3a. Protección que se hace extensiva respecto del acto de ejecución que se reclama al Director del Centro Penitenciario Varonil, con sede en esta ciudad, en vía de consecuencia, por el cual se concede el amparo y protección de la Justicia Federal. 3. Análisis del cumplimiento. La autoridad responsable Jueza de Control del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, remitió constancias en la que se advierte que verificó que el defensor particular del quejoso es licenciado en derecho; documentales a las que se conceden pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º. Con ello, mediante proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa (se le notificó el diecinueve de abril del presente año, toda vez de que mediante razón actuarial se asentó que ya no se encontraba interno, por lo que se solicitó el domicilio a su autorizado) y tercer interesada para que en el término de tres días expresaran lo que a su derecho conviniera, sin que hicieran manifestación alguna. 3.1 Segundo y tercer Efecto. En cumplimiento a la sentencia constitucional, la Jueza de Control del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, informó que el veintiséis de marzo del dos mil veintidós, mediante certificación, hizo constar que el licenciado Cuauhtémoc José Manue Alba Pérez, quien asistió al aquí quejoso José Salazar Atrizco, en la audiencia inicial de ocho de agosto de dos mil veintiuno, así como la audiencia de vinculación de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, exhibió original de su cédula profesional número 3812719. Asimismo, advierte que el documento mencionado en el párrafo anterior, fue agregado en la carpeta administrativa, dentro de la causa penal 991/2021 y se corroboró que quien asistió al aquí quejoso José Salazar Atrizco, contaba con la acreditación adecuada, toda vez que exhibió su cédula profesional de licenciado en derecho y número de registro ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Resulta de vital importancia destacar que de la razón actuarial de treinta de marzo del año en curso, la Actuaria de la adscripción hizo constar que el aquí quejoso ya no se encuentra interno en el Centro Penitenciario Varonil, de esta ciudad, toda vez que fue informada por el licenciado José Humberto Fuentes Calamaco, en su carácter de Auxiliar Jurídico de dicho centro de reclusión, que el veintinueve de marzo de del presente año, obtuvo su libertad. 4. Decisión. Del examen entre lo considerado en la sentencia de amparo, el oficio y las constancias remitidas por la Jueza de Control del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, se concluye que la responsable atendió total y exactamente los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, pues, verificó e hizo constar en certificación, que el defensor particular del aquí quejoso, que lo asistió en la audiencia inicial y cuando se le vinculó al proceso penal, contaba con cédula profesional para ejercer la profesión de derecho; por consiguiente, se tiene por cumplido el fallo protector en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 5. Archivo del asunto. Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. 6. Valoración. Toda vez que se concedió la protección constitucional en el juicio de amparo, se considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), fracción I del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. 7. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del presente asunto, como lo establece penúltimo párrafo del mencionado artículo 18. En el entendido que concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Una vez que termine el proceso de depuración, en términos del último párrafo del artículo 18 del mencionado Acuerdo General, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 8. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control; y una vez que transcurran tres años, deberá realizarse la depuración y transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. 9. Devolución de constancias. Hágase devolución a la autoridad responsable Jueza de Control del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, del disco compacto en versión digital relativo a la causa penal 991/2021 exhibido en el presente juicio, por las razones expuestas en párrafos que anteceden.
- Principal
. Diligencia. Vista la constancia de notificación de cuenta, se advierte que el autorizado de la parte quejosa licenciado Américo Tonatiuh Gámez Hernández, asentó ante la Actuaria de la adscripción, el domicilio donde puede ser notificado personalmente el quejoso de las actuaciones relacionadas con el cumplimiento dado al fallo protector del presente juicio. 1.1 Instrucción a actuaría. En consecuencia, se ordena notificar al aquí quejoso José Salazar Atrizco, el proveído de veintinueve de marzo del año en curso, en el que se recepcionó constancias relacionadas con el cumplimiento al fallo protector, en el domicilio ubicado en calle ****.
- Principal
1. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de treinta y uno de marzo del presente año, se requirió al defensor particular del aquí quejoso ******, para que informara el domicilio en el que pueda ser notificado personalmente el quejoso, debido a que obtuvo su libertad del centro de reclusión de esta ciudad, de la vista de cumplimiento de veintinueve de marzo del año en curso, sin obtener resultados favorables, asimismo se advierte que en la constancia de notificación de diez de marzo del presente año, la parte quejosa señaló como nuevo autorizado al licenciado ******. 1.1 Instrucción a actuaría. En consecuencia, se ordena notificar y requerir personalmente al licenciado ******, para que en el plazo de tres días, informe a este órgano jurisdiccional el domicilio donde pueda ser notificado el quejoso, respecto de las subsecuentes notificaciones que requieren notificación personal, relacionadas con las vistas del cumplimiento al fallo protector. 1.2 Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo así o de no informar la causa legal que se lo impida, se le impondrá una multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 Moneda Nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo.
- Principal
1. Razón actuarial. Vista la razón de cuenta, se advierte que la actuaria judicial de la adscripción no pudo notificar el proveído de veintinueve de marzo del presente año, al quejoso ***, en razón de que fue informada que ya no se encuentra interno en el Centro Penitenciario Varonil, de esta ciudad, en razón de que el veintinueve de los actuales, obtuvo su libertad. 1.1 Acuerdo. Atento a lo anterior, téngase al actuario de la adscripción informando la imposibilidad de comunicación respecto a la parte quejosa el proveído antes referido, por medio del cual se dio vista con el cumplimiento dado al fallo protector que informó por la autoridad responsable. 1.2 Instrucción a Actuaría. En consecuencia, se ordena notificar por conducto de su defensor particular el licenciado ***, en el domicilio que señaló para tal efecto y en el mismo acto, requiérase para que en el plazo de tres días, informe a este Juzgado el domicilio donde pueda ser notificado el aquí quejoso respecto de las subsecuentes actuaciones que requiere notificación personal.
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