José Salas Castellanos

Expediente 1194/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1194/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
28/09/2022

Partes del expediente

  • José Salas Castellanos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Desahoga vista. Se tiene por recibido el escrito presentado por el quejoso, mediante el cual desahoga la vista ordenada por acuerdo de diecinueve de septiembre del año en curso, con relación al cumplimiento que la autoridad responsable adujo dar a la ejecutoria de amparo, lo que será considerado en párrafos posteriores. Ahora, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a pronunciarse respecto al cumplimiento aludido, tomando en consideración las constancias que obran en este expediente. Concesión del amparo y efectos. Mediante sentencia dictada el siete de julio dos mil veintidós, se concedió la protección constitucional para efectos de que la Junta Especial Número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, realizara lo siguiente: "Una vez resuelto el incidente de reposición de constancias ordenado en autos, de manera inmediata y, con plenitud de jurisdicción, provea lo solicitado por el quejoso en escrito presentado el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, dirigido al juicio laboral ****, de su índice; o en su defecto, acredite la causa legal que le impida hacerlo." II. Ejecutoria y requerimiento. En proveído de veintisiete de julio de dos mil veintidós, se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió por su cumplimiento a la autoridad responsable. III. Actos realizados por la autoridad responsable tendentes a cumplir con la ejecutoria de amparo. De las constancias remitidas por la Presidenta de la Junta Especial Número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, a través del comunicado de registro 20434, a las cuales se les concede valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su precepto 2, se advierte que el nueve de septiembre de dos mil veintidós, resolvió el incidente de reposición de constancias tramitado en el juicio laboral 68/2015; y, con plenitud de jurisdicción, proveyó lo solicitado por el quejoso en escrito presentado el dieciocho de marzo de dos mil veintidós. IV. Pronunciamiento. De la anterior relación, se aprecia que se atendieron a los efectos de la sentencia de amparo; de ahí que lo procedente es tener por cumplido el referido fallo protector, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. V. Manifestaciones. Por otro lado, en el escrito de cuenta, el quejoso José Salas Castellanos, manifiesta que la ejecutoria de amparo no se encuentra cabalmente cumplida, en razón de que la autoridad responsable señaló las nueve horas con treinta minutos del veintitrés de enero de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos dentro del incidente de liquidación tramitado en el juicio de origen. Sin embargo, deberá atender lo acordado en párrafos anteriores, en que se declaró cumplido el referido fallo protector, dado que no se advierte exceso o defecto en su cumplimiento. Máxime que, el hecho de que la responsable, al proveer el escrito cuya omisión fue materia del cumplimiento del fallo protector, haya señalado una fecha para el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos dentro del incidente de liquidación tramitado en el juicio de origen, es una cuestión ajena a los efectos de la ejecutoria de amparo, y por tanto, no corresponde su análisis en el presente sumario constitucional; ya que la concesión de la tutela constitucional, se reitera, fue únicamente para que la Junta responsable resolviera el incidente de reposición de constancias y, con plenitud de jurisdicción, proveyera lo solicitado por el quejoso en el escrito de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, a lo cual, sí dio cumplimiento. Orden de archivo. Tomando en consideración lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. Orden de depuración. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de depuración, en el plazo de tres años, al haberse concedido el amparo. Oposición de datos personales. De autos se advierte que la parte quejosa no manifestó oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el precitado Acuerdo, que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Devolución de documentos. Toda vez que obra en autos un documento original exhibido por la parte quejosa, en acatamiento a lo dispuesto en el Acuerdo General invocado, se le previene para que acuda a este juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días, a recogerlo; apercibida que, en caso de no hacerlo, podrá ser destruido junto con el expediente. Notifíquese por lista física y electrónica; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Informa cumplimiento de ejecutoria de amparo. Se tiene por recibido el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, mediante el cual remite copia certificada de la resolución de nueve de septiembre de dos mil veintidós, relativa al incidente de reposición parcial de actuaciones tramitado en el juicio laboral ****, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Vista a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa con el comunicado y anexo de cuenta por el término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que exprese lo que a su derecho convenga; bajo apercibimiento de que en caso de no realizar manifestación alguna, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese por lista física y electrónica; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, siete de septiembre de dos mil veintidós. Informa. Visto el oficio y anexo presentados por el Delegado y Jefe del Área de Amparos de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, se le tiene informando que giró el oficio ST/DGJ/DP/AMP/5938/2022 a la Dirección General Administrativa de la Secretaria de Transporte a fin de obtener los recursos presupuestarios solicitados a la Secretaría de la Hacienda Pública; asimismo, solicita un prórroga para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Se requiere cumplimiento de ejecutoria. A fin de proveer sobre lo previo, se analizan las presentes actuaciones y se advierte que desde el treinta de junio de dos mil veintidós se declaró firme la resolución incidental de tres del mismo mes y año, en la que se cuantificaron las prestaciones que debe pagar la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco al quejoso, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y se requirió a la referida autoridad responsable por el pago correspondiente, que asciende a 1´015,566.62 (un millón quince mil quinientos sesenta y seis pesos con noventa y dos centavos, moneda nacional), previas deducciones de ley. Con relación a los requerimientos formulados a la citada Secretaría de Transporte, ésta únicamente ha informado mediante oficios de registro 15081, 16573, 18133 y el de cuenta 19877, que comenzó con el proceso de gestión para obtener recursos presupuestarios que tienen que ser aprobados y aportados por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco. Tomando en consideración, y teniendo presente que respecto del cumplimiento a las sentencias de amparo, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que, en los casos en que en acatamiento a una sentencia de amparo se deba restituir o pagar a los quejosos una determinada cantidad de dinero, las autoridades legalmente facultadas para disponer de los recursos presupuestales autorizados por el órgano competente para ello, deben realizar las acciones necesarias para efectuar el pago relativo aun cuando esos recursos no estén destinados para tal fin, sin que ello implique violación alguna al artículo 126 constitucional, en cuanto prevé que no se podrá hacer ningún pago que no esté expresamente previsto en el presupuesto de egresos, ya que esta disposición no puede oponerse a la ejecución de una sentencia de amparo, dado que es la propia Constitución General de la República la que determina la exigibilidad inmediata de su cumplimiento, al señalar en su artículo 107, fracción XVI, que en caso de que ello no suceda y su incumplimiento sea inexcusable, las autoridades responsables serán inmediatamente separadas de su cargo y consignadas al Juez de Distrito que corresponda. Es por lo cual, se requiere al Secretario de Transporte del Estado de Jalisco, para que dentro del término de diez días, contados a partir del siguiente al en que se le notifique el presente proveído, realice la adecuación de las partidas que integran su presupuesto previamente autorizado para el año que transcurre, a fin de que efectúe el pago correspondiente en favor del quejoso, aun cuando no esté previsto específicamente en tal presupuesto; en su caso, solicite la aprobación de esa reestructura al Gobernador y Secretaría de la Hacienda Pública, ambos del Estado de Jalisco. En su defecto, acredite la falta de recursos económicos, y solicite la ampliación del presupuesto respectivo al Gobernador y Secretaría de la Hacienda Pública, ambos del Estado de Jalisco, específicamente destinada a cubrir la indemnización y demás prestaciones que corresponden al quejoso con motivo de la baja injustificada en el cargo que desempeñaba como elemento de la Policía Vial. Además, remita copias certificadas de las constancias en que conste lo previamente requerido. Lo anterior encuentra sustento en la tesis P. XX/2002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Abril de 2002, página 12, registro 187083, que indica: "SENTENCIAS DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 126 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TRATÁNDOSE DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO DERIVADAS DE SU CUMPLIMIENTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, fundamentalmente en la Quinta y Sexta Épocas del Semanario Judicial de la Federación, emitió diversas tesis en las cuales sostuvo el criterio predominante de que tratándose de obligaciones de pago derivadas de sentencias de amparo a cargo de las autoridades responsables, no se sancionaría su incumplimiento cuando el pago no se encontrara previsto en el presupuesto autorizado, de manera que la responsabilidad de aquéllas quedaba limitada a la mera gestión ante los órganos competentes para que se autorizara el gasto correspondiente. En este sentido se orientan los siguientes criterios históricos, de rubros: "CASO EN QUE NO ES APLICABLE, DE MOMENTO, LA FRACCIÓN XI EL ARTÍCULO 107 CONSTITUCIONAL. DEFECTO DE EJECUCIÓN."; "SENTENCIAS DE AMPARO, EJECUCIÓN DE LAS."; "SENTENCIAS DE AMPARO, INELUDIBLE EJECUCIÓN DE LAS." e "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA IMPROCEDENTE.", publicados, respectivamente, en el Informe de 1941, página 131 y en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXXI, página 2277 y Tomo XLVII, página 4882, y Sexta Época, Volumen LXXVIII, Primera Parte, página 14. Sin embargo, estos criterios no deben prevalecer en la actualidad pues, por una parte, obedecen a la interpretación aislada del artículo 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (que originalmente era el 125) y, por otra, desconocen la fuerza vinculatoria de las ejecutorias de amparo cuya eficacia deriva del mandato constitucional. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el presupuesto de egresos se rige por el principio de anualidad, porque el ejercicio fiscal, por razones de política tributaria, comprende un periodo de un año, para el cual se planea precisamente el gasto público que implica la programación de actividades y cumplimiento de proyectos al menos durante ese tiempo, también lo es que el citado artículo 126 de la Norma Fundamental acepta que el presupuesto no debe ser estricto, inflexible, ni imposible de modificar, pues prevé la posibilidad de que pueda variarse al establecer que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior, de donde se desprende que en el propio texto de la norma constitucional referida, subyace el principio de modificación presupuestaria, al permitir que el gasto pueda programarse en dos momentos, uno anterior y otro posterior, a saber: a) Al aprobarse el presupuesto de egresos; o, b) En ley posterior, la que por su cronología necesariamente sucede a aquel proyecto presupuestario original en el tiempo; de manera que el precepto constitucional en mención, en lugar de constituir un valladar insuperable para la autoridad responsable, prevé la posibilidad de modificación del presupuesto original para adecuarlo a las necesidades sobrevenidas, es decir, su virtud es la de establecer un remedio para los casos fortuitos, que le permite solicitar los ajustes presupuestarios necesarios para enfrentar las obligaciones pecuniarias del Estado, gasto que necesaria e ineludiblemente debe autorizarse por tratarse del cumplimiento de un mandato de amparo cuya ejecución es impostergable. Además, si la autoridad ya tiene autorizado un presupuesto que le permite efectuar un pago, aun cuando no esté previsto específicamente en él, debe realizarlo si con ello da cumplimiento a un mandato de amparo, pues exclusivamente en esta hipótesis no podría considerarse jurídicamente que vulnerara la prohibición contenida en el artículo 126 de la Constitución General de la República, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo no puede quedar condicionado a la determinación de si se aprueba o no una partida presupuestal para hacer frente a la obligación impuesta, dado que la majestad de la Constitución Federal impone categóricamente que aquéllas sean cumplidas inexcusablemente, por lo que únicamente en esta hipótesis no puede operar el principio de responsabilidad que deriva del mencionado artículo 126 constitucional, pues técnicamente no se estaría contraviniendo, sino que se actualizaría un caso de excepción en el que no sería punible la conducta de la autoridad. Asimismo, tal proceder tampoco contravendría el artículo 134 del Ordenamiento Fundamental, relativo al manejo de los recursos económicos con apego al principio de honradez, la cual se entiende como un actuar probo, recto, sin desvío alguno, pues no hay improbidad alguna en cumplir con un mandato de amparo, por el contrario, es un principio rector de los actos de la autoridad cumplir y hacer cumplir la Constitución y, por ende, los mandatos de amparo que derivan de ésta, cuya finalidad es el restablecimiento del orden constitucional." Asimismo, robustece la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, página 10, registro digital 162469, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento." Cabe precisar al Secretario de Transporte del Estado de Jalisco, que no es aceptable ni constituye una justificación para incumplir con lo requerido, que se limite a informar que carece de recursos económicos y que se le asignó una partida presupuestal de laudos laborales de $100.00 (cien pesos 00//100 moneda nacional); pues se reitera, como autoridad responsable está obligado a demostrar que se están realizando actos concretos encaminados al eficaz cumplimiento del fallo protector y que no se ha incurrido en actitudes evasivas ni en la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en su ejecución o que se han incumplido de manera inexcusable la sentencia de amparo. Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad responsable requerida que, de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto es, $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, así como en los transitorios segundo y tercero del decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, que, entre otros, reformó la fracción VI, apartado A, del artículo 123 constitucional. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización, equivale a $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). Además, se llevará a cabo el procedimiento previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo. Requerimiento al superior jerárquico de la autoridad responsable. En virtud de lo anterior y de acuerdo al procedimiento de ejecución que prevé el tercer párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, se ordena requerir al superior jerárquico de la precitada autoridad responsable Secretario de Transporte, esto es, al Gobernador del Estado de Jalisco, para que en el lapso de tres días, contados a partir del siguiente al en que se le practique la notificación del presente proveído, por su conducto le requiera para que cumpla con la ejecutoria de amparo. Bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto es, $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, así como en los transitorios segundo y tercero del decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, que, entre otros, reformó la fracción VI, apartado A, del artículo 123 constitucional.. Además, de conformidad con el numeral 192 de la ley de la materia, incurrirá en las mismas responsabilidades de las autoridades obligadas directamente al cumplimiento, lo que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese por lista física y electrónica.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, treinta de agosto de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado procesal se advierte que por acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, se quedó a la espera de que aconteciera la fecha programada en el juicio de origen para la celebración de la audiencia incidental de reposición parcial de autos, señalada para el dieciocho de agosto del año en curso, y que la autoridad responsable remitiera copia certificada de la actuación correspondiente; sin que a la fecha haya informado lo resuelto en dicha incidencia. Se requiere cumplimiento de ejecutoria. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la ley de la materia, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, para que en el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que se le notifique el presente auto, remita copias certificadas completas y legibles de las constancias que acrediten que celebró el dieciocho de agosto de dos mil veintidós la audiencia de reposición parcial de autos en el juicio laboral *****, que al concluirla resolvió el incidente y, además, que con plenitud de jurisdicción proveyó lo solicitado por el quejoso en escrito presentado el dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto es, $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, así como en los transitorios segundo y tercero del decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, que, entre otros, reformó la fracción VI, apartado A, del artículo 123 constitucional. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización, equivale a $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). Además, se llevará a cabo el procedimiento previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista física y electrónica.

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