José Ruperto Ontiveros Pérez
Expediente 1467/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 13 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1467/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 26/12/2017
Partes del expediente
- José Ruperto Ontiveros Pérez
- Unidad 1 de la Fiscalía General del Estado de Querétaro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Visto el estado de los autos así como la certificación que antecede, SE ADVIERTE QUE LA PARTE QUEJOSAS NO INTERPUSO RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA EN LA QUE SE SOBRESEYÓ EL PRESENTE JUICIO; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, SE DECLARA QUE LA MISMA HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. PROVIDENCIAS SOBRE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por otro lado, al haberse negado la suspensión definitiva en el incidente relativo al presente juicio, se determina que queda sin efecto legal lo resuelto en él; asimismo, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo citado, el original del cuaderno correspondiente es susceptible de destrucción en el lapso de cinco años a que se refiere ese apartado; por lo que deberá glosarse al cuaderno principal una vez que este último se envíe físicamente al archivo; debiendo hacerse igualmente la anotación en la carátula tanto del cuaderno principal como del incidente. En el entendido de que el duplicado de dicho incidente es susceptible de destrucción, conforme al contenido del punto vigésimo, fracción III, del propio Acuerdo General. Dicho cuaderno deberá guardarse por separado hasta en tanto transcurra el término de seis meses que se indica en el aludido apartado. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que por sus características amerite ser devuelto, con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Ténganse recibidos y agréguense a los autos únicamente para que obren como constancias, el escrito y anexos signados por la parte quejosa; en atención a su contenido, hágase de conocimiento de dicha parte procesal que deberá estarse a lo acordado en proveído de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, en el cual, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se desecharon de plano las pruebas testimoniales que ofertó. Notifíquese.
- Principal
RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ******************, por propio derecho respecto de los actos y autoridades que se precisan en el resultando primero de esta resolución, con base en los razonamientos expuestos en el último considerando de la misma. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el ocurso signado por el quejoso *********************; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, en vía de alegatos se le tiene haciendo las manifestaciones que vierte en su escrito, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Ahora, respecto a las probanzas ofertadas por dicha parte procesal en su ocurso de cuenta, se provee lo siguiente: DOCUMENTALES Y PRESUNCIONAL. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de su parte, las documentales que acompaña a su escrito, así como la presuncional legal y humana, las que serán valoradas en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de hacer relación de ellas al celebrarse la audiencia constitucional. PRUEBA CONFESIONAL. Hágase de su conocimiento que no es procedente tener como medio de convicción la confesional a cargo de Carmen Zárate Bárcenas; lo anterior, tomando en consideración que dicha probanza no es admisible de conformidad con el párrafo primero del artículo 119 de la Ley de Amparo. PRUEBA TESTIMONIAL. Al respecto, cabe destacar que el precitado numeral 119 de la Ley que rige el juicio constitucional, establece entre otras cuestiones lo siguiente: "Artículo 119. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esta ley disponga otra cosa. (.) Para el ofrecimiento de las pruebas testimonial, pericial o inspección judicial, se deberán exhibir original y copias para cada una de las partes de los interrogatorios al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando el nombre y en su caso el domicilio cuando no los pueda presentar; el cuestionario para los peritos o de los puntos sobre los que deba versar la inspección. No se admitirán más de tres testigos por cada hecho. (.)" Del numeral transcrito, se advierte que la regla general es que las pruebas deben ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, pero existen excepciones derivadas de la naturaleza del medio de convicción, como la documental que permite que se presente con anterioridad, o las diversas pericial, testimonial o de inspección judicial, las cuales requieren un desahogo posterior. Así, en el caso de la prueba testimonial, se estableció que debe ofrecerse a más tardar cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia; plazo que no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trata de hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas, por causas no imputables al descuido o negligencia dentro del procedimiento. En ese sentido, el plazo legal a que hace referencia para ofrecer las pruebas, cuando están vinculadas a hechos conocidos, inicia para el quejoso desde la presentación de la demanda de amparo, en tanto que concluye en el momento en que falten cinco días hábiles para que llegue el señalado para la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la audiencia, pues será en está donde deberá desahogarse, respetándose así el derecho de audiencia y de defensa de las partes. También se desprende que, para el ofrecimiento de la prueba testimonial se debe exhibir original del cuestionario para los testigos y copias para cada una de las partes, proporcionando sus nombres y su caso sus domicilios cuando no los pueda presentar, así como que, en caso de que falten total o parcialmente las copias, se requerirá al oferente para que las presente dentro del plazo de tres días, y en caso de que no las exhiba, se tendrá por no ofrecida la prueba. Luego, el cuestionario que debe exhibir la parte quejosa, se rige como elemento medular de la prueba testimonial, sin el cual no puede considerarse válidamente su ofrecimiento. En ese orden de ideas, resulta inconcuso que la parte oferente de la prueba desde que anunció dicho medio de convicción debió satisfacer el citado requisito de forma, ya que no debe soslayarse que lo preceptuado en el precepto invocado con antelación de la Ley de Amparo, con el tenor: "cuando falten total o parcialmente las copias a que se refiere el párrafo anterior, se requerirá al oferente para que las presente dentro del plazo de tres días"; no conforma un caso de excepción a la regla general antes indicada relativa a que con el ofrecimiento de la prueba deben satisfacerse los elementos sobre los que ésta versará. Ciertamente, como se advierte, el numeral en comento sólo prevé la facultad de que el juez de amparo requiera al oferente de la prueba respecto de la exhibición de las copias del interrogatorio que deben responder los testigos, lo que tiene por objeto permitir que las demás partes en el juicio tengan la posibilidad de formular diversas preguntas sobre las cuestiones combatidas, es decir, las copias son el instrumento a través del cual se permite a las demás partes la contradicción de la prueba. Por su parte, el cuestionario que debe exhibir, como antes se dijo, conforma un elemento medular de la prueba, pues delimita su objeto y constituye la materia sobre la cual se verificará, mientras que las copias sólo son un instrumento formal, necesario para permitir a las partes restantes su contradicción. De ahí que dada sus diversas finalidades y alcances, debe concluirse que no es posible hacer extensiva al precitado requisito de forma, la facultad de requerir las copias para traslado -ante la ausencia parcial o total de su exhibición-; por tanto, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se desecha de plano las pruebas testimoniales ofrecidas por la quejosa. PETICIÓN CONCESIÓN SUSPENSIÓN. Ahora, por cuanto ve a su petición relativa al incidente de suspensión derivado del presente juicio, hágase de su conocimiento que no es dable acordar de conformidad; lo anterior, toda vez que de acuerdo a lo previsto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, la tramitación se sigue por cuerda separada. SOLICITUD REQUERIR CONSTANCIAS. Finalmente, en relación con su petición en el sentido de que se requiera al Centro Regional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y Conflictos con residencia en esta ciudad, le permita el acceso a la carpeta de investigación y le expida copia fotostática de la misma, dígasele que, de conformidad con el artículo 121 de la Ley que rige el juicio constitucional, como se precisó en auto de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, no ha lugar a proveer favorablemente su pretensión, considerando que para que este órgano jurisdiccional esté en aptitud legal de requerir a los funcionarios o autoridades para que expidan las copias o documentos respectivos para ser ofrecidos como prueba en el juicio de amparo, es necesario que previamente haya realizado la solicitud de dichas copias o documentos ante la autoridad correspondiente, exhibiendo la copia del escrito a través del cual elevó su solicitud, en el cual se ostente el sello de recepción correspondiente o, en su caso, constancia fehaciente de que las autoridades o funcionarios de mérito se negaron a recibirlo, lo que en la especie no acontece; de ahí que, se reitera, no haya lugar a acordar conforme su moción. Resulta ilustrativa a lo expuesto la Tesis: I.1o.A.E.41 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con Residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la República, relativa a la Décima Época, visible en la página 3397 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 26, Enero de 2016, Tomo IV, titulada: "PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. PARA QUE UNA COPIA O DOCUMENTO SEA EXPEDIDO AL SOLICITANTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 121 DE LA LEY DE LA MATERIA Y EL JUEZ DE DISTRITO DEBA REQUERIRLO, ES PRECISO QUE LA PETICIÓN SE HAYA FORMULADO A LA AUTORIDAD QUE JURÍDICAMENTE PUEDA DISPONER DE ÉL Y QUE ÉSTE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS DE PERTINENCIA E IDONEIDAD PARA SU ADMISIÓN. Del sentido literal del primer enunciado del citado numeral de la Ley de Amparo, que establece: "A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, los servidores públicos tienen la obligación de expedir con toda oportunidad, las copias o documentos que aquéllos les hubieren solicitado.", podría considerarse que alude a todos los servidores públicos y, genéricamente, a todos los documentos y copias que sean objeto de solicitud; sin embargo, esa interpretación llevaría a posturas inadmisibles, algunas desde el punto de vista lógico, y otras desde el sistema normativo del que el precepto forma parte, lo que da lugar a que el operador jurídico, al establecer los términos en que habrá de entenderse y aplicarse, deba tener presentes otras disposiciones del ordenamiento jurídico, como ocurre con los requisitos que condicionan la admisibilidad de las pruebas y el principio de máxima apertura en su recepción, en términos del artículo 119 de la ley mencionada, o con las limitaciones por razones de reserva o confidencialidad previstas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Así, ante la pretensión de que una autoridad expida copias o documentos que no tiene a su alcance, por no guardar relación con su elaboración ni con su resguardo o custodia, resulte inadmisible imponerle esa obligación. Por tanto, para que una copia o documento sea expedido al solicitante en términos del artículo 121 mencionado y el Juez de Distrito deba requerirlo, es preciso que la petición se haya formulado a la autoridad que jurídicamente pueda disponer de él y que éste cumpla con los principios de pertinencia e idoneidad para su admisión como prueba en el amparo indirecto." Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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