José Rufino Hernández Rodríguez

Expediente 802/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 74 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
802/2016
Año
2016
Actuaciones
74
Última actuación
17/05/2018

Partes del expediente

  • Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención Y Readaptación Social
  • José Rufino Hernández Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 74.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecisiete de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guarda el tomo I del juicio de amparo 802/2016-III, y, en cumplimiento a lo ordenado en auto de esta fecha, se ordena la apertura del tomo II de dicho juicio; lo anterior con la finalidad de tener un mejor manejo de los autos. Por otra parte, se tiene por recibido el oficio signado por la Juez Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, por medio del cual devuelve diligenciado el despacho 466/2018-III del índice de éste Juzgado; dese de baja en el libro de gobierno respectivo, agréguese dicha comunicación oficial a sus autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos jurídicos conducentes. Ahora bien, de la comunicación referida, se advierte que la parte quejosa JOSÉ RUFINO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, realiza las manifestaciones siguientes: En consecuencia, de las manifestaciones vertidas por el quejoso, se advierte que interpone recurso de inconformidad contra la resolución de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho; téngase a la parte quejosa haciendo valer el recurso referido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201, 202, y 203 de la Ley de Amparo vigente. Una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, sin ulterior acuerdo, remítanse los autos originales al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del recurso referido, así como el original y copia de la comunicación en la que interpone dicho medio de impugnación. Ahora bien, en virtud de que este juzgado cuenta con el Expediente Electrónico que contiene las actuaciones que se encuentran en el presente juicio de amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes únicamente con la copia del escrito de agravios. Finalmente, en aras del principio de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal y, además, con apoyo en el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese despacho al Juez Penal de Primera Instancia en turno del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, para que tan pronto obre en su poder el presente despacho, en auxilio de las labores de este juzgado notifique el presente acuerdo al quejoso JOSÉ RUFINO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, quien está recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, ubicado en Ayala, Morelos, y dentro de las veinticuatro horas siguientes, remita las constancias que acrediten tal circunstancia. De igual forma, hágase del conocimiento del juez requerido que el auxilio que se solicita es únicamente para notificar al quejoso de referencia el presente proveído y, en su caso, para que el actuario de su adscripción asiente las manifestaciones que haga el impetrante únicamente respecto de la notificación que se realiza; por lo tanto, si la persona que es notificada desea hacer peticiones adicionales, deberá hacerlas llegar por correo, mediante escrito dirigido a este juzgado. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, trece de marzo de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio signado por la Directora General del Centro Federal de Readaptación Psicosocial Morelos, mediante el cual, informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada de las constancias para acreditar lo anterior; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Ahora bien, con el contenido del oficio de referencia, dese vista a la parte quejosa, para los efectos precisados en el artículo 196 de la Ley de Amparo , por el término de tres días, que les serán contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que realice las manifestaciones que estime oportunas. Apercíbase a la parte quejosa en el sentido de que de no desahogar la vista aquí ordenada, este juzgador dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Finalmente, en aras del principio de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal y, además, con apoyo en el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese despacho al Juez Penal de Primera Instancia en turno del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, para que tan pronto obre en su poder el presente despacho, en auxilio de las labores de este juzgado notifique el presente acuerdo y entregue las copias que se anexan al quejoso JOSÉ RUFINO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, quien está recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, ubicado en Ayala, Morelos, y dentro de las veinticuatro horas siguientes, remita las constancias que acrediten tal circunstancia. De igual forma hágase del conocimiento del juez requerido que el auxilio que se solicita es únicamente para notificar al quejoso de referencia el presente proveído, y, en su caso, para que el actuario de su adscripción asiente las manifestaciones que haga el impetrante únicamente respecto de la notificación que se realiza; por lo tanto, si la persona que es notificada desea hacer peticiones adicionales, deberá hacerlas llegar por correo, mediante escrito dirigido a este juzgado. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Cuernavaca Morelos veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. Visto el oficio signado por la Juez Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado, con sede en Cuautla, Morelos, por medio del cual devuelve diligenciado el despacho 114/2018-III del índice de éste Juzgado, girado con el objeto de notificar al quejoso FÉLIX EDUARDO LÓPEZ RUIZ, el auto de seis de febrero de dos mil dieciocho, dictado en el juicio de amparo 802/2016-III; dese de baja en el libro de gobierno respectivo, agréguese dicha comunicación oficial a sus autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos jurídicos conducentes. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, adviértase que se dio vista a la parte quejosa, con el oficio signado por la Directora General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento del fallo protector; y en atención a ello la parte quejosa la desahogó. En consecuencia se procede a resolver si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla: Por sentencia terminada de engrosar el catorce de noviembre de dos mil dieciséis, en el segundo punto resolutivo se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a JOSÉ RUFINO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, precisando los efectos siguientes: (.) Por lo que hace a la omisión de proporcionar al quejoso atención médica especializada de un urólogo para atender su padecimiento de varicocele izquierda, realizarle estudios médicos respecto de tal enfermedad y proporcionarle tratamiento para ésta, dado que se ha vulnerado su derecho a la salud se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a José Rufino Hernández Rodríguez, para el efecto de que las autoridades responsables del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial "Ciudad Ayala" en el Estado de Morelos, dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones proporcionen al quejoso la atención médica que requiere, esto es, se le realice el ultrasonido doppler que le recetó el médico urólogo en la consulta del treinta de mayo de dos mil quince, y hecho lo anterior sea valorado por un especialista en urología, para que una vez que interprete los resultados del estudio, proceda a determinar lo conducente respecto a la varicocelectomía que requiere, en el entendido de que el aludido profesionista deberá especificar si él debe efectuar la cirugía o puede hacerlo un cirujano general. Asimismo, las autoridades responsables deberán hacer del conocimiento del urólogo, los estudios de usg de testículo izquierdo del quince de septiembre de dos mil doce y el ultrasonido escrotal del tres de junio de dos mil catorce que se efectuaron al quejoso durante su estancia en los Centros Federales de Readaptación Social número Cinco Oriente en Villa Aldama, Estado de Veracruz y número Once en Hermosillo, Estado de Sonora, a fin de que determinar si son un factor a tomar para poder realizar la cirugía en cuestión (.)" El veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis, causó ejecutoria la sentencia de amparo, y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. El veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoriada, por cuanto esto: Estudio realizado al quejoso consistente en ultrasonido doppler testicular de diecinueve de enero de dos mil diecisiete. Valoración practicada al impetrante realizada el veinte de enero de dos mil diecisiete, por el especialista en urología en el Hospital G. Parres de Cuernavaca, Morelos; el que determinó necesario realizar cirugía de varicocele, y previo a practicar la misma, solicitó le fueran realizados estudios de laboratorio, RX, un donador de sangre y valoración por anestesia, por lo que adjuntó copia del carnet de programación de consultas y estudios. Inconforme con tal resolución, la parte quejosa interpuso recurso de inconformidad. En efecto, correspondió conocer del medio de impugnación al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, bajo el recurso de inconformidad 21/2017; el cual, mediante ejecutoria de sesión de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete lo declaró fundado, asentando lo siguiente: . Atento a lo anterior, se estima que no existe evidencia clara de que al quejoso se le haya proporcionado la atención médica especializada que requiere, pues a pesar de que lo han atendido diversos médicos en los centros de reclusión en los que ha estado, y en donde todos han sido coincidentes en que sufre de varicocele izquierda y que requiere de una cirugía para tratar tal padecimiento, lo cierto es que el último urólogo que lo atendió estimó necesario que previamente a la operación se le efectuará un ultrasonido doppler, del cual no obra constancia de que se hubiere efectuado. Entonces el médico especialista en urología estimó que previamente a la varicocelectomía al quejoso se le debía efectuar un estudio, y una vez que él revisara sus resultados, podría efectuar la cirugía; sin embargo, se insiste en que no se ha realizado el estudio, ni mucho menos ha vuelto a ser valorado por el urólogo, y en consecuencia no se ha llevado a cabo la operación, por lo que es evidente que no se ha proporcionado al promovente la atención médica que requiere, a pesar de que su padecimiento lo sufre desde hace varios años. No se soslaya que al quejoso se le ha ofrecido realizarle la operación que requiere por parte de un cirujano general, lo cual no se ha efectuado toda vez que se ha rehusado ya que considera que quien lo debe intervenir es un especialista; sin embargo, con ese argumento no puede estimarse que si se haya brindado la atención médica requerida al reo y que éste se ha negado a recibirla, ya que se insiste que el urólogo expresó que previamente a realizar la cirugía se requería de un ultrasonido doppler, el cual no se ha efectuado; en consecuencia, no se podría realizar el procedimiento como lo pretende el cirujano, hasta en tanto el especialista analice los resultados del estudio y determine lo que crea procedente respecto a la varicocelectomía e incluso establezca si la debe efectuar él o un cirujano general. En consecuencia, dado que no se ha efectuado el ultrasonido dopper que se le recetó al quejoso, ni ha sido consultado nuevamente por parte de un urólogo para que interprete los resultados y determine lo procedente acerca de la cirugía que requiere, a pesar de que el promovente tiene varios años con el diagnóstico de varicocele izquierda, se está vulnerado su derecho a la salud contenido en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que México es parte. En acatamiento a lo anterior, se requirió a la responsable Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, el cumplimiento total del fallo protector. La Directora General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, por oficio SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/CEFEREPSI/DG/11440/2017, informó el cumplimiento de la sentencia; para lo cual, remitió copia certificada del diverso SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/CEFEREPSI/DG-DT-284/2017, de veinte de diciembre dos mil diecisiete, así como el oficio SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/CEFEREPSI/DG/640/2018, de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, y finalmente el oficio SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/CEFEREPSI/DG/1478/2018, de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, todos con sus respectivos anexos. Documentales que fueron expedidas por la autoridad en ejercicio de sus funciones, por tanto, se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. De las documentales aludidas, destáquese que el tres de abril de dos mil diecisiete, al impetrante se le realizó en el Hospital General de Cuernavaca "Dr. José G. Parres" procedimiento quirúrgico ambulatorio consistente en varicocelectomía de testículo izquierdo, sin complicaciones ni incidentes; asimismo, el diecinueve de abril de dos mli diecisiete, fue valorado en consulta externa en urología, resultando asintomático, con evolución satisfactoria, por lo que dieron de alta al quejoso; de igual forma, el dieciséis de septiembre y siete de octubre de dos mil diecisiete, fue valorado nuevamente por cuanto a la varicocelectomía referida; finalmente, de las notas médicas de veinticinco de enero y quince de febrero de dos mil dieciocho, se advierte que ha continuado con valoraciones por el área de medicina sin referir molestias respecto a la cirugía practicada. Ahora bien, no obstante que la responsable refiere que ha continuado con las valoraciones por el área de medicina y que el quejoso no requiere de valoración por el especialista en urología, toda vez que no refiere molestia alguna; lo cierto es, que de autos no se advierte que haya realizado una valoración posterior al siete de octubre de dos mil diecisiete, siendo que este juzgado le requirió realizara una nueva valoración el doce de enero y uno de febrero de dos mil dieciocho; por lo tanto, se declara que la sentencia de amparo NO ESTÁ CUMPLIDA; en consecuencia, se requiere a la DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL, para que en el término de CINCO DÍAS siguientes en que se notifique el presente acuerdo, REMITA COPIA CERTIFICADA DE LA VALORACIÓN MÉDICA EFECTUADA AL QUEJOSO JOSÉ RUFINO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, PARA QUE EL MÉDICO GENERAL DETERMINE SI EFECTIVAMENTE REQUIERE DE ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA EN UROLOGÍA, RESPECTO A LA CIRUGÍA QUE SE LE PRACTICÓ. En el entendido que el fallo protector se otorgó para los efectos siguientes: (.) Por lo que hace a la omisión de proporcionar al quejoso atención médica especializada de un urólogo para atender su padecimiento de varicocele izquierda, realizarle estudios médicos respecto de tal enfermedad y proporcionarle tratamiento para ésta, dado que se ha vulnerado su derecho a la salud se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a José Rufino Hernández Rodríguez, para el efecto de que las autoridades responsables del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial "Ciudad Ayala" en el Estado de Morelos, dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones proporcionen al quejoso la atención médica que requiere, esto es, se le realice el ultrasonido doppler que le recetó el médico urólogo en la consulta del treinta de mayo de dos mil quince, y hecho lo anterior sea valorado por un especialista en urología, para que una vez que interprete los resultados del estudio, proceda a determinar lo conducente respecto a la varicocelectomía que requiere, en el entendido de que el aludido profesionista deberá especificar si él debe efectuar la cirugía o puede hacerlo un cirujano general. Asimismo, las autoridades responsables deberán hacer del conocimiento del urólogo, los estudios de usg de testículo izquierdo del quince de septiembre de dos mil doce y el ultrasonido escrotal del tres de junio de dos mil catorce que se efectuaron al quejoso durante su estancia en los Centros Federales de Readaptación Social número Cinco Oriente en Villa Aldama, Estado de Veracruz y número Once en Hermosillo, Estado de Sonora, a fin de que determinar si son un factor a tomar para poder realizar la cirugía en cuestión (.)" Asimismo la Superioridad en la inconformidad 21/2017 determinó esto: . Atento a lo anterior, se estima que no existe evidencia clara de que al quejoso se le haya proporcionado la atención médica especializada que requiere, pues a pesar de que lo han atendido diversos médicos en los centros de reclusión en los que ha estado, y en donde todos han sido coincidentes en que sufre de varicocele izquierda y que requiere de una cirugía para tratar tal padecimiento, lo cierto es que el último urólogo que lo atendió estimó necesario que previamente a la operación se le efectuará un ultrasonido doppler, del cual no obra constancia de que se hubiere efectuado. Entonces el médico especialista en urología estimó que previamente a la varicocelectomía al quejoso se le debía efectuar un estudio, y una vez que él revisara sus resultados, podría efectuar la cirugía; sin embargo, se insiste en que no se ha realizado el estudio, ni mucho menos ha vuelto a ser valorado por el urólogo, y en consecuencia no se ha llevado a cabo la operación, por lo que es evidente que no se ha proporcionado al promovente la atención médica que requiere, a pesar de que su padecimiento lo sufre desde hace varios años. No se soslaya que al quejoso se le ha ofrecido realizarle la operación que requiere por parte de un cirujano general, lo cual no se ha efectuado toda vez que se ha rehusado ya que considera que quien lo debe intervenir es un especialista; sin embargo, con ese argumento no puede estimarse que si se haya brindado la atención médica requerida al reo y que éste se ha negado a recibirla, ya que se insiste que el urólogo expresó que previamente a realizar la cirugía se requería de un ultrasonido doppler, el cual no se ha efectuado; en consecuencia, no se podría realizar el procedimiento como lo pretende el cirujano, hasta en tanto el especialista analice los resultados del estudio y determine lo que crea procedente respecto a la varicocelectomía e incluso establezca si la debe efectuar él o un cirujano general. En consecuencia, dado que no se ha efectuado el ultrasonido dopper que se le recetó al quejoso, ni ha sido consultado nuevamente por parte de un urólogo para que interprete los resultados y determine lo procedente acerca de la cirugía que requiere, a pesar de que el promovente tiene varios años con el diagnóstico de varicocele izquierda, se está vulnerado su derecho a la salud contenido en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que México es parte. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. Ahora, respecto a las manifestaciones del impetrante consistentes en esto: "C. Juez manifiesto a usted que ya fui operado el dia 3 de Abril del 2017, pero solicito se le ordene a esta autoridad una nueva valoración por parte de la especialidad de urología ya que e tenido dolor en la parte donde se me realiso la cirujia (varicocelectomia) por economía procesal solicito se le saque copia alo aqui manifestado." (sic). Entonces, dígasele que deberá estarse a lo acordado en párrafos que anteceden, y entréguese copia autorizada de la presente determinación a la parte quejosa en el acto de su notificación. Finalmente, en aras del principio de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal y, además, con apoyo en el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese despacho al Juez Penal de Primera Instancia en turno del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, para que tan pronto obre en su poder el presente despacho, en auxilio de las labores de este juzgado notifique el presente acuerdo al quejoso JOSÉ RUFINO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, quien está recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, ubicado en Ayala, Morelos, y dentro de las veinticuatro horas siguientes, remita las constancias que acrediten tal circunstancia. De igual forma hágase del conocimiento del juez requerido que el auxilio que se solicita es únicamente para notificar al quejoso de referencia el presente proveído y, en su caso, para que el actuario de su adscripción asiente las manifestaciones que haga el impetrante únicamente respecto de la notificación que se realiza; por lo tanto, si la persona que es notificada desea hacer peticiones adicionales, deberá hacerlas llegar por correo, mediante escrito dirigido a este juzgado. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, seis de febrero de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio signado por la Directora General del Centro Federal de Readaptación Psicosocial Morelos, mediante el cual informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada de las constancias para acreditar lo anterior; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Ahora bien, con el contenido del oficio de referencia, dese vista a la parte quejosa, para los efectos precisados en el artículo 196 de la Ley de Amparo, por el término de tres días, que les serán contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que realice las manifestaciones que estime oportunas. Apercíbase a la parte quejosa en el sentido de que de no desahogar la vista aquí ordenada, este juzgador dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Finalmente, en aras del principio de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal y, además, con apoyo en el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese despacho al Juez Penal de Primera Instancia en turno del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, para que tan pronto obre en su poder el presente despacho, en auxilio de las labores de este juzgado notifique el presente acuerdo y entregue las copias que se anexan al quejoso JOSÉ RUFINO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, quien está recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, ubicado en Ayala, Morelos, y dentro de las veinticuatro horas siguientes, remita las constancias que acrediten tal circunstancia. De igual forma hágase del conocimiento del juez requerido que el auxilio que se solicita es únicamente para notificar al quejoso de referencia el presente proveído, y, en su caso, para que el actuario de su adscripción asiente las manifestaciones que haga el impetrante únicamente respecto de la notificación que se realiza; por lo tanto, si la persona que es notificada desea hacer peticiones adicionales, deberá hacerlas llegar por correo, mediante escrito dirigido a este juzgado. NOTIFÍQUESE.

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