José Rubén Villa Falcón
Expediente 802/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 802/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Rubén Villa Falcón
Actuaciones
- Principal
I. Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que el quejoso no impugnó en el plazo concedido el desechamiento de la demanda; con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. II. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se desechó la demanda, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN.
- Principal
En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa, el proveído de 23 de octubre de 2018 que en resumen dice: "I. Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que el quejoso no impugnó en el plazo concedido el desechamiento de la demanda; con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. II. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se desechó la demanda, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN".
- Principal
En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa el proveído de cuatro de octubre de dos mil dieciocho que en resumen dice: "Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por *****, en contra de actos del titular del Juzgado Quinto Civil del Partido Judicial de León, Guanajuato y otra autoridad. Tal como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia . En el caso, se materializa la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.] El precepto reproducido refiere uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo como lo es el de definitividad, virtud al cual, por tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa, sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. La lectura de la fracción en comento permite concluir que para su actualización, deben concurrir los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se presente dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y/o en cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance la quejosa para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por el cual se puede revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada. Bien, como se precisó, el acto reclamado consiste en: La falta de notificación de la audiencia de remate, señalada en los autos del juicio *****, del índice del Juzgado Quinto Civil del Partido Judicial de León, Guanajuato. De la lectura de la demanda se desprende que el quejoso integra la relación jurídica procesal en el contradictorio de origen, pues manifestó, bajo protesta de decir verdad, que es parte demandada en el juicio del que deriva el acto reclamado. Entonces, el promovente no está relevado de agotar los recursos ordinarios pertinentes, lo que en el caso se traduce en la obligación de interponer el incidente sobre la declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida, previsto en el artículo 328 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, que establece: Artículo 328. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre la declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse, sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse sin haber pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que este sea resuelto. De lo anterior se obtiene que en contra del acto reclamado, el aludido cuerpo normativo establece un medio de defensa ordinario en virtud del cual puede ser revocado. En efecto, del precepto reproducido se obtiene que la notificación que constituye el acto reclamado es susceptible de recurrirse a través del incidente de nulidad de notificaciones. Bajo este contexto, si contra la notificación realizada en el juicio de origen resulta procedente dicho incidente, es evidente que en términos de lo establecido por el artículo reproducido emerge como una cuestión incontrovertible que para lograr que fuera revocado, el quejoso debió interponer el medio de defensa de que se trata en los términos que prevé el cuerpo de leyes en cita; de tal suerte que al no hacerlo así, resulta que el peticionario no ha respetado el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo. Se arriba a la anterior conclusión, ya que la esencia de la precitada causal de improcedencia consiste en concebir al juicio de amparo como un medio de impugnación extraordinario, esto es, que solo en casos excepcionales se acuda a él, una vez que se agotaran ante la propia autoridad responsable los recursos o medios de impugnación, para que ésta o su superior jerárquico, remediaran la irregularidad existente, y sólo en el supuesto de que no fuera así promover el juicio de amparo cuando el acto reclamado afectara los derechos fundamentales del gobernado. De manera que el solicitante del amparo deberá dirimir la notificación o su omisión en el juicio civil seguido en su contra, no en esta instancia constitucional. Por tanto, se actualiza dicha causa de improcedencia toda vez que la parte quejosa, previamente a la interposición del presente juicio de amparo, no agotó el medio ordinario de defensa concedido por el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato en contra de la resolución reclamada, que conforme al artículo 328, del citado ordenamiento legal, pudo inconformarse a través del incidente de nulidad de notificaciones que dicho numeral establece. En consecuencia, al no interponerse el aludido medio de impugnación, es evidente que el peticionario no agotó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Por tanto, al verificarse de forma notoria y manifiesta la causal de improcedencia acorde a lo establecido por el artículo 113, de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de amparo".
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