Jose Ruben Serrano Ramirez

Expediente 394/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
394/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
15/05/2023

Partes del expediente

  • Jose Ruben Serrano Ramirez

Actuaciones

  1. Principal

    Irapuato, Guanajuato, quince de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que el acuerdo de veintiocho de abril de dos mil veintitrés por el que se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, toda vez que no existe diligencia pendiente por desahogar, ni promoción que acordar, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental... No se omite señalar que tal como se precisó en certificación de esta fecha, los documentos que exhibió la parte quejosa con su escrito de demanda no están catalogados como originales por lo que, su devolución se autoriza desde este momento, en el entendido que de no recogerlos, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente en el plazo señalado.... Notifíquese.

  2. Principal

    Irapuato, Guanajuato, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por ***, apoderado legal de ********************, mediante el cual desahoga la prevención formulada en proveído de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, pues precisa que el acto que reclama en la presente vía es la sentencia interlocutoria del incidente de ejecución de sentencia de veinte de octubre de dos mil veintidós, dictada en el juicio agrario *** del índice del Tribunal Agrario del Décimo Primer Distrito, con residencia en Guanajuato, capital, de la cual conoció el cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Asimismo, aclara que en proveído de diez de marzo de dos mil veintitrés, se ordenó el archivo definitivo. En atención a lo anterior, se acuerda: A fin de proveer sobre la demanda presentada, conviene relatar los antecedentes destacados del acto reclamado que se advierten de las manifestaciones que el parte promovente realizó bajo protesta de decir verdad, su escrito aclaratorio y las documentales que anexó a su escrito inicial de demanda, las cuales tienen pleno valor probatorio al constituir una confesión expresa en términos de los artículos 95, 129, 199 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los cuales consisten en los siguientes: El ocho de mayo de dos mil trece el quejoso promovió juicio agrario en contra del demandado ***, mismo que se admitió a trámite quedando registrado bajo el número *** del índice del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Primer Distrito, con sede en Guanajuato Capital. Una vez emplazado el demandado promovió reconvención en contra del aquí quejoso. Seguido el juicio por todas sus etapas procesales, el trece de marzo de dos mil diecisiete, se dictó sentencia en la que determinó lo siguiente: "PRIMERO.- Resultó procedente la pretensión deducida por ********************; en consecuencia, se condena al demandado *** (sic) ***, a la desocupación y entrega de la superficie de dos hectáreas, que se ubican dentro de la parécela ***, amparada con el certificado parcelario número ***, ubicada en el ejido "***, a favor del primero, de conformidad a lo razonado en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO.- Resultó procedente la acción reconvencional opuesta por ***, en relación al pago que deberá hacer a su favor el actor principal ******************** del valor de la construcción realizada por el primero en la parcela propiedad del segundo, el cual se deberá cuantificar en los términos señalados en el considerando quinto de esta sentencia." (Énfasis añadido) Inconforme con la citada sentencia, tanto el demandado ***, como el aquí quejoso promovieron amparo directo, los cuales por razón de turno, les correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Estado de Guanajuato, quien los radicó con los números *** y *** de su estadística, respectivamente, y mediante ejecutorias de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, se les negó el amparo y la protección de la justicia federal. Al haber causado ejecutoria la sentencia, en cumplimiento a lo ahí resuelto, se ordenó la apertura del incidente de ejecución, que se llevó a cabo por sus trámites legales, y el veinte de octubre de dos mil veintidós, se emitió resolución -de dicho incidente- en la cual se determinó: "PRIMERO.- Resultó procedente el incidente de ejecución de sentencia, en lo relativo al pago de la construcción existente en la superficie materia de la controversia; en consecuencia, ********************, deberá pagar a favor del demandado ***, la cantidad de ********************, conforme a lo resuelto en la sentencia definitiva de fecha trece de marzo de dos mil diecisiete, dictada en el juicio agrario ***." (Énfasis añadido) Dicha determinación constituye el acto reclamado en el presente asunto. 6. Mediante proveído de diez de marzo de dos mil veintidós, la responsable determinó el cumplimiento total de lo sentenciado y ordenó el archivo definitivo del expediente (así se precisa claramente en la demanda). Auto que fue notificado el diecisiete de marzo en cita. Como se puntualizó, el quejoso reclama la resolución del incidente que liquidó la condena impuesta en contra de ******************** derivada de que prosperó la acción reconvencional de ***, en relación al pago que deberá hacer aquél por el valor de la construcción realizada en la parcela propiedad del primeramente mencionado. Es decir, la resolución incidental que se reclama puso fin al incidente que determinó en cantidad líquida a cuánto ascendía la condena por el pago de la construcción en comento y, según afirma el propio quejoso, de ese acto conoció desde el cuatro de noviembre de dos mil veintidós. En tal virtud, el amparo en contra de esa resolución incidental es notoriamente improcedente por extemporaneidad, según se explica enseguida: El incidente de mérito, que comparte la naturaleza de todos los incidentes que se tramitan para liquidar una condena impuesta en sentencia en cantidad ilíquida, no es un acto dentro del procedimiento de ejecución que como tal, para su impugnación en el amparo, esté sujeto a la hipótesis del segundo párrafo del artículo 107, fracción IV, segundo párrafo de la ley de la materia. En realidad, la resolución que en definitiva pone fin a un incidente de liquidación de sentencia -como es el caso- constituye un acto previo o preliminar para la ejecución de la sentencia, es el acto a través del cual se determina el contenido o monto de una condena determinada en sentencia, pero no es propiamente parte de la ejecución. La sentencia fija una condena que se traduce en una obligación a cargo de la persona que resultó condenada pero cuando la condena no está determinada en una cantidad líquida, para que pueda despacharse la ejecución, se necesita que previamente a ejecutar, la obligación se precise en una cantidad líquida, de modo que el incidente que resuelve sobre esa liquidación, no es la propia ejecución de la sentencia, sino un medio previo para, después, poder hacerla ejecutable. De ahí que la interlocutoria de veinte de octubre de dos mil veintidós, que resolvió el incidente para liquidar la condena de pago del valor de una construcción, que fue impuesta en sentencia, en el juicio agrario *** del índice del Tribunal Agrario del Décimo Primer Distrito, con residencia en Guanajuato, capital; es un acto emitido después de concluido el juicio, dado que se dictó después de que se dictó la sentencia, pero no constituye un acto de ejecución de ese fallo, así que para su impugnación en amparo indirecto, encuadra en el primer párrafo del artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo y, como tal, la acción constitucional debió promoverse en el plazo de quince días que para ese efecto prevé la propia legislación. Lo que es así pues, como se explicó, esa interlocutoria liquidó una previa condena dictada en sentencia, de manera que es un acto previo o preparatorio para que pueda iniciar la ejecución de los sentenciado y no un acto dentro del trámite de ejecución que, como tal, sea impugnable en amparo indirecto hasta que se dicte la resolución que determine el cumplimiento total de la sentencia, su imposibilidad o que decrete el archivo del asunto, que es lo que estipula el segundo párrafo de la porción normativa citada y el supuesto bajo el cual -equivocadamente- el quejoso pretendió enderezar su acción constitucional. Como se explicó, cuando para ejecutar la sentencia es necesario que las prestaciones reclamadas se encuentren debidamente liquidadas, la resolución de esa liquidación de sentencia propiamente no forma parte del procedimiento de ejecución de la misma sino que es un acto previo, emitido después de concluido el juicio pero ajeno al procedimiento de ejecución. Que es precisamente lo que sucede con la resolución incidental que se señala como acto reclamado que liquidó la condena impuesta en sentencia a fin de que, una vez precisado el monto que la persona condenada debía pagar, pudiera ordenarse y llevarse a cabo la ejecución. Es claro que el acto reclamado es esa determinación que puso fin al incidente de liquidación de sentencia surgido después de concluido el juicio, que tendía a cuantificar la condena, el cual no debe confundirse con aquellos actos que tienen por objeto directo la ejecución del fallo, respecto de los cuales el amparo indirecto solo procederá contra la última resolución dictada en ese trámite. Tiene aplicación a lo anterior, por las razones jurídica que se invocan, la jurisprudencial 1a./J.6/98. Emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Civil, Tomo VII, Febrero de 1998. Novena Época, visible a página 60, con número de registro 196891, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: ... Con base en todo lo anterior, es que la acción constitucional ejercida en la demanda y precisada en el escrito aclaratorio deviene indudable y notoriamente improcedente por actualizarse la causa prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo en vigor, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquéllos en que no se promueva el juicio de garantías dentro del término establecido por los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente. Por su parte, los referidos preceptos legales establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Así es, del último de los preceptos legales invocados se evidencia que la Ley de Amparo vigente establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de garantías, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento del mismo; o, c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Es decir, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo vigente, el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de éstos. Así, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por otra parte, es pertinente destacar que el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, de forma general, establece el plazo para promover el juicio de amparo, ya sea en la vía directa o indirecta. De modo que, la esencia del referido numeral 17, se sustenta en el conocimiento del acto reclamado, puesto que es suficiente que en la demanda de amparo el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que ésta constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. En el caso, como se ha dicho, el acto que la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional es la interlocutoria de veinte de octubre de dos mil veintidós que resolvió procedente el incidente de liquidación de sentencia, y estableció que ******************** -aquí quejoso- debería pagar a favor del demandado ********************la cantidad de ********************, conforme a lo resuelto a la sentencia de trece de marzo de dos mil diecisiete sobre la condena de pago por el valor de una construcción. Acto respecto del cual la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento el cuatro de noviembre de dos mil veintidós. A tales manifestaciones vertidas por la parte quejosa en el escrito de cuenta, se les otorga valor pleno como confesión, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención a la jurisprudencia 2ª./J.50/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 64, Tomo XVI, julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "AMPARO CONTRA LEYES. EL MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE SU IMPROCEDENCIA, PUEDE SUSTENTARSE EN LA CONFESIÓN DEL QUEJOSO DE QUE NO RECLAMA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN SINO UNO POSTERIOR." En ese orden, si la parte quejosa tuvo conocimiento del acto impugnado, desde el cuatro de noviembre de dos mil veintidós, esa fecha debe tomarse como base para realizar el cómputo del término de los quince días a que se refieren los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente. En tales condiciones, el término a que alude el citado numeral, comenzó a correr a partir del día siguiente hábil al en que tuvo conocimiento del acto reclamado, esto es, el siete de noviembre de dos mil veintidós y feneció el veintiocho de ese mismo mes y año; descontando los días doce, trece, diecinueve veinte, veintiuno, veintiséis y veintisiete de noviembre de dos mil veintidós, por ser inhábiles. Luego, si la demanda de amparo se presentó el catorce de abril de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, según se advierte de la papeleta correspondiente; es evidente que el acto reclamado fue consentido tácitamente, toda vez que, de esa fecha a la presentación de la demanda había transcurrido el término de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, para que la parte quejosa promoviera oportunamente el juicio de amparo. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 232213, visible en la página 71, primera parte de los Tomos 193-198, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto enseguida transcrito: .... Sin que sea óbice que el quejoso indique que su pretensión fue esperar a que concluyera el procedimiento de ejecución de sentencia, pues acorde con los argumentos externados con antelación, el incidente que liquidó la condena impuesta en sentencia era reclamable en amparo como un acto emitido fuera de juicio en el plazo de quince días, en los términos antes explicados. Pero no forma parte del procedimiento de ejecución que, según lo señalado por el quejoso, culminó con el acuerdo de diez de marzo de dos mil veintitrés que tuvo por cumplido lo sentenciado y ordenó el archivo del asunto, acuerdo que, por cierto no se reclama en este juicio de amparo ni de la demanda o su escrito aclaratorio se advierte que se le atribuyan vicios propios y, al contrario, el promovente es claro al señalar que dirige su acción constitucional exclusivamente a la interlocutoria de liquidación de sentencia de veinte de octubre de dos mil veintidós. En las relatadas condiciones, al estar plenamente demostrada la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, lo que procede, con apoyo en el precepto 113, de la citada ley de la materia, es desechar por notoriamente improcedente la presente demanda de amparo, lo anterior, en virtud de que con las razones apuntadas, está plenamente acreditada la causa de improcedencia invocada que no variaría con la tramitación del juicio y el ofrecimiento de informes y pruebas. Notifíquese por lista a la parte promovente.

  3. Principal

    Irapuato, Guanajuato, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, en su carácter de apoderado legal de ********************, personalidad que se le reconoce en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, por tenerla así reconocida ante la autoridad responsable, como se desprende de la copia certificada de la resolución interlocutoria de veinte de octubre de dos mil veintidós, dictada en el expediente ****** anexa a su demanda; contra actos que reclama del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Primer Distrito con sede en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato y otra autoridad, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REGISTRO Se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 394/2023. PREVENCIÓN A efecto de acordar lo conducente sobre la admisión o desechamiento de la demanda de mérito, con fundamento en los artículos 114, fracciones I y IV en relación con el diverso 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído y consciente de las sanciones previstas por el numeral 261 del ordenamiento legal invocado para quienes al formular su demanda afirman hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el amparo que se promueve, con las copias necesarias de su escrito aclaratorio: Precise el acto que en esta instancia constitucional reclama. Lo anterior, en virtud que de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que en el capítulo correspondiente al acto reclamado, la parte promovente señala: "IV.- ACTO RECLAMADO.- Lo constituye la sentencia interlocutoria de fecha 20 veinte de octubre de dos mil veintidós, y todos los acuerdos, resoluciones, decretos y autos emitidos dentro de ese procedimiento de ejecución de sentencia, dictados por el Magistrado del H. Tribunal Unitario Agrario Del Décimo Primer Distrito, esto en su calidad de autoridad ordenadora, en tanto que, de la autoridad ejecutoria se reclama la pretendida ejecución que se intenta realizar respecto de ese procedimiento de ejecución de sentencia definitiva." Luego, en el apartado relativo a la fecha de conocimiento del acto reclamado, el promovente señala: "FECHA DE CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO: La sentencia interlocutoria que constituye el acto reclamado, fue emitida día el 4 cuatro de noviembre del año 2022 dos mil veintidós, siendo que todo el procedimiento de ejecución violatorio de las garantías del quejoso, se tramito en fechas posteriores; y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 107 fracción IV, segundo párrafo de la Ley de Amparo, el auto en que se ha aprobado o se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado y ordena el archivo definitivo del expediente resulta ser un auto de fecha 10 diez de marzo del año 2023 dos mil veintitrés, mismo que fue notificado a este parte quejosa en fecha del 17 diecisiete de marzo del propio año que corre 2023 dos mil veintitrés." Así, lo expuesto es contradictorio y no genera certeza sobre el acto reclamado, pues la parte promovente no precisa con claridad cuál es la actuación que impugna en esta instancia constitucional. Por una parte señala la sentencia interlocutoria de veinte de octubre de dos mil veintidós, sin embargo, en su capítulo relativo a la fecha de conocimiento del acto reclamado, señala que reclama la sentencia interlocutoria que se dictó el cuatro de noviembre de dos mil veintidós y en ese mismo apartado dice que el acto que reclama es el auto de diez de marzo de dos mil veintitrés notificado el diecisiete siguiente. De ahí que es necesario que precise de manera clara y concreta el o los actos que reclama en el presente juicio, para estar en aptitud de realizar el pronunciamiento correspondiente sobre el escrito que se provee, toda vez que corresponde a la parte agraviada precisar la información que se requiere en este acuerdo y no dejarla a la interpretación de este juzgado, puesto que constituye un requisito formal de la demanda. Ahora, de señalar como acto reclamado la interlocutoria de cuatro de noviembre del año dos mil veintidós debe precisar qué fue lo que resolvió, si en su contra hizo valer algún recurso y la fecha de conocimiento. En el caso de que el acto reclamado sea último de los mencionados, es decir, el auto de diez de marzo de dos mil veintitrés, deberá precisar el contenido específico; es decir, debe precisar qué fue lo que se acordó en ese auto. Lo anterior, por tratarse de datos necesarios para estar en condiciones de fijar debidamente la litis constitucional y proveer lo conducente sobre la presente demanda. APERCIBIMIENTO Se apercibe a la parte promovente que en caso de no atender lo requerido en este acuerdo dentro del término legal concedido para tal efecto, se tendrá por no presentada la demanda, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES La parte promovente señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado, lo que no es técnicamente posible; por tanto, con fundamento en los artículos 26 fracción III, adminiculado con el numeral 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena realizarle las notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de la lista electrónica que se publica en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/serviciosTramites.htm?pag eName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm, así como en la que se fija en los estrados de este juzgado. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS A ********************, se le tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de lo asentado en la certificación de cuenta; y en términos restringidos del citado numeral a ********************y ********************, por así haberlo solicitado expresamente. INVITACIÓN A PROPORCIONAR OTRAS FORMAS DE CONTACTO La parte promovente proporcionó una cuenta de correo electrónico en la etiqueta con la que presentó su demanda de amparo, la cual constituye una forma especial y expedita de contacto, por lo que será considerada para efecto de que personal del juzgado pueda establecer comunicación por tal medios, en los casos en que se estime pertinente. No obstante lo anterior, se invita a la parte quejosa a que proponga diversos medios de contacto, que pueden ser otros correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que intervengan en el proceso, para los efectos señalados en el párrafo que antecede. Ello, sin perjuicio del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. SE EXHORTA A LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA En términos de lo ordenado en el artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo se exhorta a las partes a que, de ser posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21, último párrafo, de la ley de la materia, se habilita a los fedatarios de la adscripción para que, de ser necesario, realicen las diligencias que se ordenen en este sumario, aún en días y horas inhábiles, a fin de no dilatar su tramitación. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza a las partes la expedición de copias de las constancias del expediente que soliciten durante la tramitación del presente asunto, autorización que se entiende otorgada con las salvedades procedentes que aplicarán como excepción en cada caso concreto, por ejemplo, si se trata de información que deba permanecer en reserva. En la inteligencia de que las copias fotostáticas serán entregadas a las personas autorizadas previa comparecencia y razón de entrega que se asiente en autos para debida constancia; en el entendido de que dicha autorización comprende la expedición de un juego de copias certificadas, y para el caso de que el solicitante requiera más de un tanto, deberán, por escrito, acompañar las razones por las que así lo necesitan. Para efecto de agilizar el trámite y atendiendo a las labores de este juzgado, el otorgamiento de copias se sujeta a las siguientes reglas: La reproducción de las copias solicitadas por las partes se efectuará los días miércoles a las diez horas. Para ello, el interesado podrá comunicarse, cuando menos con dos días hábiles de anticipación, al teléfono 462 123 9428. El día agendado, deberá presentarse debidamente identificado con documento oficial (pasaporte, credencial para votar o cédula profesional) en la sede de este juzgado, donde personal adscrito le indicará a qué centro de fotocopiado deberá trasladarse para la obtención de sus copias. Además, se informa a las partes que de contar con acceso al expediente electrónico, podrán descargar copia de las constancias que obran en el expediente electrónico, las cuales, de contener la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables y las que no la incluyan, se consideran como copias simples. Finalmente, en virtud que la expedición de copias se autorizó desde este proveído, se ordena agregar sin mayor acuerdo las promociones que reiteren esa solicitud. ACCESO A LA INFORMACIÓN En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de las partes que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Notifíquese por lista a la parte promovente.

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