José Rubén Romero Y Romero

Expediente 535/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
535/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
10/08/2017

Partes del expediente

  • José Rubén Romero Y Romero
  • JOSÉ RUBÉN ROMERO Y ROMERO y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO REALIZADO EN DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN, POR LO QUE SE PROCEDE A REALIZAR LA NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE LISTA, EN LOS TERMINOS SIGUIENTES: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege ----SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta del quejoso José Rubén Romero y Romero, por medio del cual interpone recurso de queja en contra del auto de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, pronunciado dentro del juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 101 de la Ley de Amparo, envíese el original del escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en Turno, ríndase por parte de este Juzgado Federal el informe correspondiente sobre la materia, remítase copia certificada de la resolución recurrida y demás constancias conducentes a fin de que el tribunal de alzada esté en aptitud de resolver la citada queja.

  3. Principal

    Agréguese a los presentes el escrito signado por el quejoso JOSÉ RUBÉN ROMERO Y ROMERO; visto su contenido, téngasele dando cumplimiento al proveído de quince de mayo de la presente anualidad; esto es, informa a este Juzgado Federal que la celebración de la audiencia de control data del doce de abril del año en curso en la que dictó la interlocutoria que resolvió el medio de impugnación hecho valer por el impetrante de amparo las cuales reclama en esta vía constitucional dentro de los autos de la carpeta de juicio de previo NIC/29/2017/PUEBLA/CJP del índice del Juzgado de Control de la Región Judicial Centro con Sede en la ciudad de Puebla, audiencia e interlocutoria que le fueron notificados ese mismo día; asimismo, hace del conocimiento de esta potestad federal que el resultado de la citada audiencia fue que el juez de control no consideró pertinente la impugnación del aquí quejoso resolviendo la interlocutoria como improcedente, por lo que se tiene por cumplida la prevención contenida en el acuerdo de mérito y por hechas las manifestaciones que del mismo se desprenden a fin de que surta sus efectos a que haya lugar. DEMANDA IMPROCEDENTE Ahora bien, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de garantías, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (...)" Del numeral transcrito se observa que, el juicio de amparo resulta improcedente respecto de los actos contra los cuales no se promueva la demanda de garantías dentro del plazo previsto en la ley. Al respecto, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo de manera textual establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los numerales transcritos se advierte la existencia de un plazo genérico de quince días para promover la demanda de garantías y cuatro reglas especiales para su promoción, cuando el acto reclamado se encuentre dentro de alguna de las hipótesis previstas en el primer arábigo. Por su parte, el segundo arábigo indica la forma en que se contará dicho plazo, el cual será desde el siguiente a aquél en que haya: I. Surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. II. Tenido conocimiento de ellos o de su ejecución. III. Ostentado sabedor de los referidos actos. En el caso, para realizar el cómputo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, se debe atender a la hipótesis precisada con el inciso a), es decir, a partir del día siguiente a aquel en que haya surtido efectos la notificación de la determinación controvertida, conforme a la ley del acto que se reclame. Como se precisó, el acto reclamado emana de un procedimiento de naturaleza penal regulado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual en su artículo 82, fracción I, inciso a) y en su último párrafo , dispone, en lo que interesa, que las notificaciones se practicaran de forma personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos. Asimismo, indica que se entiende que son personales las realizadas en audiencia, entre otros supuestos; de igual manera, dicho tipo de notificaciones surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas. Por su parte, el artículo 84, primer párrafo, del mismo ordenamiento prevé las resoluciones se notifiquen dentro de las veinticuatro horas siguientes a su emisión, debiéndose tener por notificados las personas que acudieron a la audiencia en que se dicta alguna de ellas o en la que se desahoguen diligencias. Entonces, conforme a la ley que rige el acto, tratándose de notificaciones personales el plazo para la presentación de la demanda de amparo comenzó a correr a partir del día siguiente al en que del que surta efectos la notificación de la resolución controvertida, lo que en la especie ocurre el día hábil siguiente al que se practicó la notificación. En el caso, se advierte que a las catorce horas con nueve minutos del doce de abril de dos mil diecisiete, el juez responsable dentro de la carpeta de juicio de previo NIC/29/2017/PUEBLA/CJP, con la presencia del quejoso, JOSÉ RUBÉN ROMERO Y ROMERO y su asesor jurídico FRANCISCO JAVIER CARREÓN ANTONIO que en dicha diligencia se nombró, resolvió el medio de impugnación hecho valer por el citado inconforme pronunciándose la interlocutoria respectivo en la que se declaró improcedente la misma. Audiencia e interlocutoria que constituyen los actos reclamados. De lo anterior, debe destacarse que al haberse emitido el acto reclamado (interlocutoria) en audiencia con la presencia del quejoso y su asesor jurídico, en términos de lo antes expuesto se advierte que el propio doce de abril de dos mil diecisiete se notificó de manera personal al quejoso la audiencia y la determinación aquí controvertidas. De este modo, el plazo para la presentación de la demanda en contra de dicha orden comenzó a correr el dieciocho de abril del año en curso, finalizando el diez de mayo de la anualidad en curso. El término se contabiliza a partir del dieciocho de abril de dos mil diecisiete que corresponde al día hábil siguiente al en que surte efectos la notificación (diecisiete de abril de la presente anualidad) de la determinación emitida en audiencia de doce de abril del año en curso y que no fue cuestionado a través del presente juicio de amparo, mismo que se contabiliza previo descuento de los días veintidós, veintitrés, veintinueve, treinta de abril, uno, cinco, seis y siete de mayo del presente año, al ser inhábiles. Lo anterior, en virtud de que a través de la demanda no se plantea un amparo contra leyes o contra el procedimiento de extradición (que debe promoverse en treinta días); tampoco, se reclama la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal (que puede reclamarse en el lapso de ocho años), ni se promueve por un núcleo de población comunal o ejidal respecto de actos que puedan tener como efecto privarlos total o parcialmente, en forma temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios (respecto de los que el plazo es de siete años) y tampoco implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni de incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales (en que la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo). Por lo que la demanda de amparo fue presentada con posterioridad al diez de mayo de dos mil diecisiete su presentación fue extemporánea, pues de acuerdo con la boleta de turno se aprecia que se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla el once siguiente. Atento al cómputo antes realizado, se estima procedente desechar de plano la demanda de amparo que se provee al ser notoria e indudable la causal de improcedencia que se observa; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17, 18, 22 y 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 248/2014 contenido en la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.) , cuyo rubro y texto son el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por XXXX con ocho copias simples de la misma, fórmese el expediente correspondiente registrándose con el número 535/2017. PREVENCIÓN A fin de acordar lo procedente sobre su admisión, con fundamento en el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, se previene al quejoso para que en el término de cinco días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación correspondiente, mediante escrito aclaratorio y con cinco copias del mismo, cumpla con lo que dispone el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, esto es, precisen bajo protesta de decir verdad, como antecedentes del acto lo siguiente: 1.- La fecha de la audiencia y de la interlocutoria que reclama en esta vía de amparo, así como la fecha en que tuvo conocimiento o le fue notificada la resolución generadora del acto reclamado tanto al quejoso como a su defensor; lo anterior, tomando en consideración que dichos datos son imprecisos en su demanda de amparo, pues en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, por una parte, refiere "Estando inconforme con la determinación de dicha Ministerio Público, es que en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales es que mediante escrito de fecha 14 de abril de este año, presente la impugnación ante Los Juzgados de Oralidad y de Ejecución, Región Judicial Centro, con sede en esta Ciudad de Puebla, correspondiéndole conocer de dicha impugnación al Juez de Control de la Región Judicial Centro, abogado Aarón Hernández Chino" y por otra menciona "Dándole el trámite correspondiente, se señalaron las Trece Horas con Treinta Minutos del 12 de abril del presente año para que tuviera verificativo la correspondiente audiencia, en la sala 14 de Juicios de Oralidad Penal y Ejecución, de la Región Judicial centro, con sede en la Ciudad de Puebla. Audiencia que inició a las catorce horas con nueve minutos, y en la que indebidamente en las pantallas de dicho recinto apareció dicha audiencia como cancelada; además en forma inexplicable, pero sobre todo ilegal, esa audiencia se celebró en forma privada, a pesar que se le hizo ver al vigilante de la sala que se encontraban personas que iban a entrar como público, mismas que ya se habían anotado ante la auxiliar de sala". 2.- De igual manera, el impetrante de amparo deberá precisar cuál fue el resultado de la audiencia que reclama y qué fue lo que se resolvió; así como en qué sentido se emitió la interlocutoria que combate en su demanda de amparo. Datos que son necesarios para que se esté en aptitud de proveer lo que en derecho corresponda. En el entendido que de no resultar ciertos los datos que proporcione el quejoso, podría incurrir en la responsabilidad a que se refiere el artículo 261, fracción I, de la citada ley de la materia. Se apercibe al promovente, que de no cumplir íntegramente con lo ordenado en el tiempo fijado se procederá en términos del penúltimo párrafo del artículo 114 de la citada ley, esto es, se tendrá por no presentada la demanda. XX REQUERIMIENTO AUTORIDAD RESPONSABLE Al margen de lo anterior, mediante oficio que al efecto se gire requiérase al JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO CON SEDE EN LA CIUDAD DE PUEBLA, para que dentro del término improrrogable de veinticuatro horas que al efecto se le fija informe: 1. Si dentro de los autos de la carpeta de juicio previo NIC/29/2017/PUEBLA/CJP de su índice, se llevó a cabo la celebración de una audiencia el doce de abril de dos mil diecisiete y si dictó una interlocutoria, precisando la fecha en la que se llevó a cabo la misma y la fecha en que se pronunció sobre la interlocutoria; así como también deberá indicar cuál fue el resultado de las mismas. 2. Precise las fechas en que les fueron notificados tanto a la parte quejosa como a su defensor la audiencia y la interlocutoria antes referidas dentro de los autos de la carpeta de juicio previo NIC/29/2017/PUEBLA/CJP de su índice, para lo cual deberá remitir a este órgano de Control Constitucional, copia certificada de las constancias que acrediten tal información. 3. Así también, deberá precisar el nombre completo y correcto del defensor del quejoso, que ocupaba tal cargo, al momento de la emisión de los actos reclamados. Apercíbase a la citada autoridad que de no cumplir con lo anteriormente ordenado dentro del término concedido para tal efecto, se le impondrá una multa XXXX DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir sus notificaciones el que indica en su demanda de amparo y por autorizados para los mismos efectos a las personas que menciona en su escrito inicial de demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero, y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.

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