JOSÉ RUBÉN ROMERO FLORES y Otros.
Expediente 800/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 16 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 800/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 27/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- JOSÉ RUBÉN ROMERO FLORES y Otros.
- José Rubén Romero Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual termino es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Notifíquese.
- Principal
NOTIFICACION PERSONAL
- Principal
RAZON DE NOTIFICACION PERSONAL POR ESTRADOS A LA QUEJOSA LA SENTENCIA AUTORIZADA EL SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE MISMA QUE DICE... VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos deljuicio de amparo número 800/2017. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido al día siguiente por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, José Rubén Romero Flores y Juan Enrico Gamba Ayala, ambos por derecho propio, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades (en su denominación correcta) y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadora Juez de Control y Enjuiciamiento Penal adscrita al Distrito Judicial de Tabares del Estado de Guerrero. Ejecutora Notificador del Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal del Distrito Judicial de Tabares del Estado de Guerrero. Ambas con domicilio en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS "De la autoridad ordenadora reclamamos: a) La citación a la audiencia de imputación con apercibimiento de comparecencia forzosa a través de la fuerza pública en caso de inasistencia, decretada por auto de fecha veintidós de agosto de dos mil diecisiete, dictada en nuestra contra dentro de la carpeta judicial C-93/2017, del índice del juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal con jurisdicción y competencia en el distrito judicial de Tabares, con sede en Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero. De la que tuvimos conocimiento en fecha cuatro de septiembre de dos mil diecisiete por conducto de un tercero de nombre Adán Abarca Pérez. b) La subsecuente e inminente celebración de la audiencia de imputación, señalada para el día trece de septiembre de dos mil diecisiete, a las doce horas, en la sala uno, del juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal con jurisdicción y competencia en el distrito judicial de Tabares, con sede en Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero, decretada por auto de fecha veintidós de agosto de dos mil diecisiete, dictada en nuestra contra, dentro de la carpeta judicial C-93/2017, del índice del referido juzgado. De la que tuvimos conocimiento en fecha cuatro de septiembre de dos mil diecisiete por conducto de un tercero de nombre Adán Abarca Pérez. c) La falta de fundamentación y motivación de la orden de citación de nuestras personas a la inminente celebración de la audiencia de imputación con apercibimiento de comparecencia forzosa con auxilio de la fuerza pública en caso de inasistencia, dentro de la carpeta judicial C-93/2017, del índice del juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal con jurisdicción y competencia en el distrito judicial de Tabares, con sede en Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero. De la que tuvimos conocimiento en fecha cuatro de septiembre de dos mil diecisiete por conducto de un tercero de nombre Adán Abarca Pérez. d) La inminente privación o molestia de nuestra libertad personal ambulatoria como efecto ulterior de la citación a la inminente celebración de la audiencia de imputación con comparecencia a través de la fuerza pública en caso de inasistencia, decretada por auto de fecha veintidós de agosto de dos mil diecisiete, dictada en nuestra contra dentro de la carpeta judicial C-93/2017, del índice del juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal con jurisdicción y competencia en el distrito judicial de Tabares, con sede en Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero. De la que tuvimos conocimiento en fecha cuatro de septiembre de dos mil diecisiete por conducto de un tercero de nombre Adán Abarca Pérez. e) La omisión de la notificación personalísima material y formalmente a nuestras personas y en nuestros domicilios particulares precisados en el capítulo de nombre y domicilio de los quejosos de esta demanda de amparo, de la citación a la audiencia de imputación con comparecencia a través de la fuerza pública en caso de inasistencia, decretada por auto de fecha veintidós de agosto de dos mil diecisiete, dictada en nuestra contra dentro de la carpeta judicial C-93/2017, del índice del juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal con jurisdicción y competencia en el distrito judicial de Tabares, con sede en Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero. De la que tuvimos conocimiento en fecha cuatro de septiembre de dos mil diecisiete por conducto de un tercero de nombre Adán Abarca Pérez. De la autoridad ejecutora reclamamos: a) El cumplimiento y ejecución de los actos reclamados a la autoridad ordenadora. b) La omisión de la notificación personalísima material y formalmente a nuestras personas y en nuestros domicilios particulares precisados en el capítulo de nombre y domicilio de los quejosos de esta demanda de amparo, de la citación a la audiencia de imputación con comparecencia a través de la fuerza pública en caso de inasistencia, decretada por auto de fecha veintidós de agosto de dos mil diecisiete, dictada en nuestra contra dentro de la carpeta judicial C-93/2017, del índice del juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal con jurisdicción y competencia en el distrito judicial de Tabares, con sede en Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero. De la que tuvimos conocimiento en fecha cuatro de septiembre de dos mil diecisiete por conducto de un tercero de nombre Adán Abarca Pérez. c) La ilegal notificación de la citación a la audiencia de imputación con comparecencia a través de la fuerza pública en caso de inasistencia, decretada por auto de fecha veintidós de agosto de dos mil diecisiete, dictada en nuestra contra dentro de la carpeta judicial C-93/2017, del índice del juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal con jurisdicción y competencia en el distrito judicial de Tabares, llevada a cabo en un domicilio diverso al domicilio personal de los quejosos y entendida con un tercero de nombre Adán Abarca Pérez, en día treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, a las diez horas con 16 minutos. De lo que tuvimos conocimiento en fecha cuatro de septiembre de dos mil diecisiete por conducto de un tercero de nombre Adán Abarca Pérez." SEGUNDO. Los quejosos señalaron como derechos violados los contenidos en los artículos 1, 11, 14, 16 y 20 de la Constitución General de la República, 1, 8.2, y 29 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. TERCERO. Tramite del juicio de amparo. Mediante proveído de seis de septiembre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de garantías bajo el número 800/2017, se solicitó de las autoridades responsables rindieran sus informes con justificación; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. El suscrito Titular del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama un acto emitido dentro de una carpeta judicial que se tramita ante una autoridad judicial, cuya ejecución tendrá verificativo en la jurisdicción de este órgano de control constitucional y que tiene sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, de un análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que los quejosos reclaman en esencia por esta instancia la orden de citación contenida en acuerdo de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, dentro de la carpeta judicial C-93/2017, a efecto de que se presentaran a las doce horas del trece de septiembre pasado, a fin de celebrar la audiencia inicial de formulación de la imputación en su contra, y su ejecución. TERCERO. Desistimiento. Ahora bien, previo a verificar la existencia de los actos reclamados, debe decirse que no se está en aptitud de resolver sobre la constitucionalidad de los mismos por lo que hace al quejoso Juan Enrico Gamba Ayala, en razón de que por escrito presentado ante este juzgado el dieciocho de octubre pasado, junto con el diverso quejoso José Rubén Romero Flores, solicitaron el desistimiento de la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, por lo que en acuerdo de ese mismo día se les requirió para que ratificaran el desistimiento aludido, lo cual aconteció únicamente respecto del quejoso Juan Enrico Gamba Ayala mediante diligencia de esta misma fecha. De esta manera ante el desistimiento expreso del quejoso de nombre Juan Enrico Gamba Ayala, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio a su respecto, con fundamento en el artículo 63, fracción I de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La Juez y el Notificador, ambos del Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal del Distrito Judicial de Tabares del Estado de Guerrero, residentes en esta ciudad, al rendir sus informes con justificación aceptaron los actos que se les atribuyen, lo que constituye una confesión expresa en términos de lo dispuesto en los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Lo que además se corrobora, con las constancias derivadas de la indicada carpeta judicial que en copia certificada allegó la juez responsable, las cuales adquieren pleno valor probatorio, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2; QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del sentido que regirá en el presente fallo, conviene destacar los antecedentes del acto reclamado, que se obtienen de las constancias allegadas por la juez responsable, que fueron valoradas en el considerando que antecede, de las que se obtiene: 1. El veintidós de agosto de dos mil diecisiete, la Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Distrito Judicial de Tabares del Estado de Guerrero, dio inició a la carpeta judicial C-93/2017 derivada de la solicitud del Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común del Sector Central del Distrito Judicial de Tabares, para formular imputación a los aquí quejosos José Rubén Romero Flores y Juan Enrico Gamba Ayala, en la que señaló las doce horas del trece de septiembre siguiente para la celebración de la audiencia de formulación de imputación con motivo del hecho delictuoso de fraude procesal cometido en agravio de Verónica del Carmen León Alvarado y Armando Escudero Contreras, y ordenó la cita de los quejosos a fin de que comparecieran a dicha diligencia. 2. El treinta y uno de agosto del año en curso, el Notificador del Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal del Distrito Judicial de Tabares del Estado de Guerrero, se constituyó en el domicilio proporcionado por el representante social como de los quejosos ubicado en calle Vista de Golf, sin número, Villas 1 Princess, Villa número 24, colonia Granjas del Marqués en esta ciudad, donde fue informado por una persona de nombre Adán Abarca Pérez, que refirió ser contador en ese lugar, que éstos no vivían ahí sino que solo vacacionaban en ocasiones inciertas, pero que no tenía inconveniente en recibir los documentos pertinentes. 3. Mediante escrito de once de septiembre de esta anualidad, Adán Abarca Pérez devolvió al juzgado de origen las cedulas de notificación dirigidas a los quejosos José Rubén Romero Flores y Juan Enrico Gamba Ayala, y que le fueron entregadas para efecto de hacerlas llegar a éstos, pues indicó que el primero no era residente ni tenía su domicilio en el lugar señalado, en tanto que el segundo no se había presentado al lugar que fue indicado para su notificación. 4. El doce de septiembre de dos mil diecisiete, la juez responsable tuvo por recibido el ocurso indicado en el párrafo que antecede y en atención a lo ahí manifestado, ordenó dar vista al representante social para que proporcionara el domicilio exacto o número telefónico para localizar a los aquí quejosos, y se reservó a señalar nueva fecha para la audiencia de formulación de imputación. 5. Finalmente, mediante acuerdo de veinticinco de septiembre pasado, se tuvo al Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común del Sector Central del Distrito Judicial de Tabares por desistido del ejercicio de la acción penal solicitada únicamente en contra de Juan Enrico Gamba Ayala, por haber llegado las partes a un acuerdo satisfactorio. SEXTO. Actualización de diversas causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, se procede a analizar las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, oficiosamente se advierte que en el caso se actualiza respecto del diverso quejoso José Rubén Romero Flores la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del numeral 61 de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; (.)." Es conocido que acorde al artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, el juicio de garantías tiene como fin último cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, restituir al agraviado en el pleno goce de sus derechos fundamentales transgredidos por el acto de autoridad. De lo que se sigue que cuando ello no es posible de ocurrir sea porque se agotó el acto que se reclama o que aunque éste exista no sea posible cumplir con los fines del amparo porque el acto en el que debe recaer deja de tener vida jurídica, no hay motivo legal alguno para analizar su constitucionalidad, porque el medio extraordinario de defensa no puede emplearse con fines especulativos o meramente académicos, tal es el supuesto a que se alude en la causal de improcedencia que se estima aplicable al caso, en el que aun cuando el acto que se reclama existe al momento de instarse el juicio constitucional, y que incluso pudiera resultar que llegara a transgredir la esfera jurídica de la parte quejosa por contener vicio de inconstitucionalidad, si dejó de existir el objeto materia del mismo, por ende no puede surtir efecto legal o material alguno, entonces el juicio de garantías en su contra resulta improcedente, lo que encuentra una razón lógica jurídica ya que resolver el fondo del amparo y conceder la protección constitucional, resultaría estéril e innecesario, dado que no podría ejecutarse ni surtir sus efectos el fallo amparador porque la materia u objeto del mismo dejó de tener vida, es decir dejó de existir. En el caso concreto, se afirma la actualización de la causal de improcedencia de mérito, dado que de las constancias que integran la carpeta judicial C-93/2017 que en copia certificada remitió la juez responsable, se obtiene que mediante acuerdo de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, ordenó la comparecencia del citado quejoso para las doce horas del trece de septiembre siguiente, a fin de celebrar la audiencia inicial de formulación de la imputación en su contra, actuación que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (cuatro de septiembre pasado), aparentemente pudo infringir en perjuicio de dicho quejoso las garantías tuteladas en los artículos 14 y 16 Constitucionales; sin embargo, como la fecha que se señaló para su comparecencia ante la responsable fue diferida durante el trámite del presente juicio, sin que se hubiere señalado nueva fecha al respecto dada la imposibilidad para citarlo, con lo que se dio vista al representante social que solicitó la audiencia inicial de formulación de imputación, es inconcuso que el objeto del acto reclamado ha dejado de existir por lo que ni puede seguir surtiendo efecto legal o material alguno en perjuicio de aquél, ya que ello ahora depende de la conducta que sobre el particular tome el Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común del Sector Central del Distrito Judicial de Tabares, quien podrá insistir o no en la citación siempre y cuando proporcione el domicilio correcto para notificar al quejoso. En ese orden de cosas, dado que, aun subsistiendo el acto reclamado, el objeto y materia de éste quedo sin efecto jurídicamente, de modo que, la orden de citación que por esta vía reclama el quejoso José Rubén Romero Flores, no podrá surtir efectos en su contra y su esfera de derechos se encuentra a salvo de la misma, y por tanto tampoco podría hacerlo una sentencia amparadora, lo que torna improcedente el presente juicio de garantías. En las relatadas condiciones, al haberse actualizado la causal de improcedencia invocada, se impone sobreseer el juicio en atención a lo preceptuado por el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución atribuido al Notificador del Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal del Distrito Judicial de Tabares del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, dado que no fue impugnado por vicios propios sino que su inconstitucionalidad se hizo depender del atribuido a la autoridad ordenadora. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las tesis invocadas en esta resolución no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 800/2017, promovido por José Rubén Romero Flores y Juan Enrico Gamba Ayala, en términos de lo expuesto en los considerandos tercero y último de esta resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.LO QUE NOTIFICO POR ESTE MEDIO A LA CITADA PARTE QUEJOSA EL CITADO AUTO, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...
- Principal
VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 800/2017. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido al día siguiente por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, José Rubén Romero Flores y Juan Enrico Gamba Ayala, ambos por derecho propio, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades (en su denominación correcta) y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadora Juez de Control y Enjuiciamiento Penal adscrita al Distrito Judicial de Tabares del Estado de Guerrero. Ejecutora Notificador del Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal del Distrito Judicial de Tabares del Estado de Guerrero. Ambas con domicilio en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS "De la autoridad ordenadora reclamamos: a) La citación a la audiencia de imputación con apercibimiento de comparecencia forzosa a través de la fuerza pública en caso de inasistencia, decretada por auto de fecha veintidós de agosto de dos mil diecisiete, dictada en nuestra contra dentro de la carpeta judicial C-93/2017, del índice del juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal con jurisdicción y competencia en el distrito judicial de Tabares, con sede en Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero. De la que tuvimos conocimiento en fecha cuatro de septiembre de dos mil diecisiete por conducto de un tercero de nombre Adán Abarca Pérez. b) La subsecuente e inminente celebración de la audiencia de imputación, señalada para el día trece de septiembre de dos mil diecisiete, a las doce horas, en la sala uno, del juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal con jurisdicción y competencia en el distrito judicial de Tabares, con sede en Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero, decretada por auto de fecha veintidós de agosto de dos mil diecisiete, dictada en nuestra contra, dentro de la carpeta judicial C-93/2017, del índice del referido juzgado. De la que tuvimos conocimiento en fecha cuatro de septiembre de dos mil diecisiete por conducto de un tercero de nombre Adán Abarca Pérez. c) La falta de fundamentación y motivación de la orden de citación de nuestras personas a la inminente celebración de la audiencia de imputación con apercibimiento de comparecencia forzosa con auxilio de la fuerza pública en caso de inasistencia, dentro de la carpeta judicial C-93/2017, del índice del juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal con jurisdicción y competencia en el distrito judicial de Tabares, con sede en Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero. De la que tuvimos conocimiento en fecha cuatro de septiembre de dos mil diecisiete por conducto de un tercero de nombre Adán Abarca Pérez. d) La inminente privación o molestia de nuestra libertad personal ambulatoria como efecto ulterior de la citación a la inminente celebración de la audiencia de imputación con comparecencia a través de la fuerza pública en caso de inasistencia, decretada por auto de fecha veintidós de agosto de dos mil diecisiete, dictada en nuestra contra dentro de la carpeta judicial C-93/2017, del índice del juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal con jurisdicción y competencia en el distrito judicial de Tabares, con sede en Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero. De la que tuvimos conocimiento en fecha cuatro de septiembre de dos mil diecisiete por conducto de un tercero de nombre Adán Abarca Pérez. e) La omisión de la notificación personalísima material y formalmente a nuestras personas y en nuestros domicilios particulares precisados en el capítulo de nombre y domicilio de los quejosos de esta demanda de amparo, de la citación a la audiencia de imputación con comparecencia a través de la fuerza pública en caso de inasistencia, decretada por auto de fecha veintidós de agosto de dos mil diecisiete, dictada en nuestra contra dentro de la carpeta judicial C-93/2017, del índice del juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal con jurisdicción y competencia en el distrito judicial de Tabares, con sede en Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero. De la que tuvimos conocimiento en fecha cuatro de septiembre de dos mil diecisiete por conducto de un tercero de nombre Adán Abarca Pérez. De la autoridad ejecutora reclamamos: a) El cumplimiento y ejecución de los actos reclamados a la autoridad ordenadora. b) La omisión de la notificación personalísima material y formalmente a nuestras personas y en nuestros domicilios particulares precisados en el capítulo de nombre y domicilio de los quejosos de esta demanda de amparo, de la citación a la audiencia de imputación con comparecencia a través de la fuerza pública en caso de inasistencia, decretada por auto de fecha veintidós de agosto de dos mil diecisiete, dictada en nuestra contra dentro de la carpeta judicial C-93/2017, del índice del juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal con jurisdicción y competencia en el distrito judicial de Tabares, con sede en Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero. De la que tuvimos conocimiento en fecha cuatro de septiembre de dos mil diecisiete por conducto de un tercero de nombre Adán Abarca Pérez. c) La ilegal notificación de la citación a la audiencia de imputación con comparecencia a través de la fuerza pública en caso de inasistencia, decretada por auto de fecha veintidós de agosto de dos mil diecisiete, dictada en nuestra contra dentro de la carpeta judicial C-93/2017, del índice del juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal con jurisdicción y competencia en el distrito judicial de Tabares, llevada a cabo en un domicilio diverso al domicilio personal de los quejosos y entendida con un tercero de nombre Adán Abarca Pérez, en día treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, a las diez horas con 16 minutos. De lo que tuvimos conocimiento en fecha cuatro de septiembre de dos mil diecisiete por conducto de un tercero de nombre Adán Abarca Pérez." SEGUNDO. Los quejosos señalaron como derechos violados los contenidos en los artículos 1, 11, 14, 16 y 20 de la Constitución General de la República, 1, 8.2, y 29 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. TERCERO. Tramite del juicio de amparo. Mediante proveído de seis de septiembre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de garantías bajo el número 800/2017, se solicitó de las autoridades responsables rindieran sus informes con justificación; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. El suscrito Titular del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama un acto emitido dentro de una carpeta judicial que se tramita ante una autoridad judicial, cuya ejecución tendrá verificativo en la jurisdicción de este órgano de control constitucional y que tiene sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, de un análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que los quejosos reclaman en esencia por esta instancia la orden de citación contenida en acuerdo de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, dentro de la carpeta judicial C-93/2017, a efecto de que se presentaran a las doce horas del trece de septiembre pasado, a fin de celebrar la audiencia inicial de formulación de la imputación en su contra, y su ejecución. TERCERO. Desistimiento. Ahora bien, previo a verificar la existencia de los actos reclamados, debe decirse que no se está en aptitud de resolver sobre la constitucionalidad de los mismos por lo que hace al quejoso Juan Enrico Gamba Ayala, en razón de que por escrito presentado ante este juzgado el dieciocho de octubre pasado, junto con el diverso quejoso José Rubén Romero Flores, solicitaron el desistimiento de la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, por lo que en acuerdo de ese mismo día se les requirió para que ratificaran el desistimiento aludido, lo cual aconteció únicamente respecto del quejoso Juan Enrico Gamba Ayala mediante diligencia de esta misma fecha. De esta manera ante el desistimiento expreso del quejoso de nombre Juan Enrico Gamba Ayala, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio a su respecto, con fundamento en el artículo 63, fracción I de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La Juez y el Notificador, ambos del Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal del Distrito Judicial de Tabares del Estado de Guerrero, residentes en esta ciudad, al rendir sus informes con justificación aceptaron los actos que se les atribuyen, lo que constituye una confesión expresa en términos de lo dispuesto en los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Lo que además se corrobora, con las constancias derivadas de la indicada carpeta judicial que en copia certificada allegó la juez responsable, las cuales adquieren pleno valor probatorio, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2; QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del sentido que regirá en el presente fallo, conviene destacar los antecedentes del acto reclamado, que se obtienen de las constancias allegadas por la juez responsable, que fueron valoradas en el considerando que antecede, de las que se obtiene: 1. El veintidós de agosto de dos mil diecisiete, la Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Distrito Judicial de Tabares del Estado de Guerrero, dio inició a la carpeta judicial C-93/2017 derivada de la solicitud del Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común del Sector Central del Distrito Judicial de Tabares, para formular imputación a los aquí quejosos José Rubén Romero Flores y Juan Enrico Gamba Ayala, en la que señaló las doce horas del trece de septiembre siguiente para la celebración de la audiencia de formulación de imputación con motivo del hecho delictuoso de fraude procesal cometido en agravio de Verónica del Carmen León Alvarado y Armando Escudero Contreras, y ordenó la cita de los quejosos a fin de que comparecieran a dicha diligencia. 2. El treinta y uno de agosto del año en curso, el Notificador del Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal del Distrito Judicial de Tabares del Estado de Guerrero, se constituyó en el domicilio proporcionado por el representante social como de los quejosos ubicado en calle Vista de Golf, sin número, Villas 1 Princess, Villa número 24, colonia Granjas del Marqués en esta ciudad, donde fue informado por una persona de nombre Adán Abarca Pérez, que refirió ser contador en ese lugar, que éstos no vivían ahí sino que solo vacacionaban en ocasiones inciertas, pero que no tenía inconveniente en recibir los documentos pertinentes. 3. Mediante escrito de once de septiembre de esta anualidad, Adán Abarca Pérez devolvió al juzgado de origen las cedulas de notificación dirigidas a los quejosos José Rubén Romero Flores y Juan Enrico Gamba Ayala, y que le fueron entregadas para efecto de hacerlas llegar a éstos, pues indicó que el primero no era residente ni tenía su domicilio en el lugar señalado, en tanto que el segundo no se había presentado al lugar que fue indicado para su notificación. 4. El doce de septiembre de dos mil diecisiete, la juez responsable tuvo por recibido el ocurso indicado en el párrafo que antecede y en atención a lo ahí manifestado, ordenó dar vista al representante social para que proporcionara el domicilio exacto o número telefónico para localizar a los aquí quejosos, y se reservó a señalar nueva fecha para la audiencia de formulación de imputación. 5. Finalmente, mediante acuerdo de veinticinco de septiembre pasado, se tuvo al Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común del Sector Central del Distrito Judicial de Tabares por desistido del ejercicio de la acción penal solicitada únicamente en contra de Juan Enrico Gamba Ayala, por haber llegado las partes a un acuerdo satisfactorio. SEXTO. Actualización de diversas causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, se procede a analizar las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, oficiosamente se advierte que en el caso se actualiza respecto del diverso quejoso José Rubén Romero Flores la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del numeral 61 de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; (.)." Es conocido que acorde al artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, el juicio de garantías tiene como fin último cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, restituir al agraviado en el pleno goce de sus derechos fundamentales transgredidos por el acto de autoridad. De lo que se sigue que cuando ello no es posible de ocurrir sea porque se agotó el acto que se reclama o que aunque éste exista no sea posible cumplir con los fines del amparo porque el acto en el que debe recaer deja de tener vida jurídica, no hay motivo legal alguno para analizar su constitucionalidad, porque el medio extraordinario de defensa no puede emplearse con fines especulativos o meramente académicos, tal es el supuesto a que se alude en la causal de improcedencia que se estima aplicable al caso, en el que aun cuando el acto que se reclama existe al momento de instarse el juicio constitucional, y que incluso pudiera resultar que llegara a transgredir la esfera jurídica de la parte quejosa por contener vicio de inconstitucionalidad, si dejó de existir el objeto materia del mismo, por ende no puede surtir efecto legal o material alguno, entonces el juicio de garantías en su contra resulta improcedente, lo que encuentra una razón lógica jurídica ya que resolver el fondo del amparo y conceder la protección constitucional, resultaría estéril e innecesario, dado que no podría ejecutarse ni surtir sus efectos el fallo amparador porque la materia u objeto del mismo dejó de tener vida, es decir dejó de existir. En el caso concreto, se afirma la actualización de la causal de improcedencia de mérito, dado que de las constancias que integran la carpeta judicial C-93/2017 que en copia certificada remitió la juez responsable, se obtiene que mediante acuerdo de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, ordenó la comparecencia del citado quejoso para las doce horas del trece de septiembre siguiente, a fin de celebrar la audiencia inicial de formulación de la imputación en su contra, actuación que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (cuatro de septiembre pasado), aparentemente pudo infringir en perjuicio de dicho quejoso las garantías tuteladas en los artículos 14 y 16 Constitucionales; sin embargo, como la fecha que se señaló para su comparecencia ante la responsable fue diferida durante el trámite del presente juicio, sin que se hubiere señalado nueva fecha al respecto dada la imposibilidad para citarlo, con lo que se dio vista al representante social que solicitó la audiencia inicial de formulación de imputación, es inconcuso que el objeto del acto reclamado ha dejado de existir por lo que ni puede seguir surtiendo efecto legal o material alguno en perjuicio de aquél, ya que ello ahora depende de la conducta que sobre el particular tome el Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común del Sector Central del Distrito Judicial de Tabares, quien podrá insistir o no en la citación siempre y cuando proporcione el domicilio correcto para notificar al quejoso. En ese orden de cosas, dado que, aun subsistiendo el acto reclamado, el objeto y materia de éste quedo sin efecto jurídicamente, de modo que, la orden de citación que por esta vía reclama el quejoso José Rubén Romero Flores, no podrá surtir efectos en su contra y su esfera de derechos se encuentra a salvo de la misma, y por tanto tampoco podría hacerlo una sentencia amparadora, lo que torna improcedente el presente juicio de garantías. En las relatadas condiciones, al haberse actualizado la causal de improcedencia invocada, se impone sobreseer el juicio en atención a lo preceptuado por el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución atribuido al Notificador del Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal del Distrito Judicial de Tabares del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, dado que no fue impugnado por vicios propios sino que su inconstitucionalidad se hizo depender del atribuido a la autoridad ordenadora. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las tesis invocadas en esta resolución no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 800/2017, promovido por José Rubén Romero Flores y Juan Enrico Gamba Ayala, en términos de lo expuesto en los considerandos tercero y último de esta resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
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