Jose Ruben Romero Flores

Expediente 911/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
911/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
09/12/2020

Partes del expediente

  • Jose Ruben Romero Flores

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 911/2020 En nueve de diciembre de dos mil veinte, la secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, certifica: el plazo de diez días previsto por el artículo 86 párrafo primero, de la Ley de Amparo, para impugnar el auto de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, transcurrió para el quejoso del veintitrés de noviembre al cuatro de diciembre de dos mil veinte (de cuyo lapso se excluyen los días veintiocho y veintinueve de noviembre del presente año por ser inhábiles); pues fue notificado de forma electrónica el diecinueve de noviembre del año en curso, sin que se hubiera impugnado dicho auto. Asimismo, se hace constar que dentro del plazo antes computado, no se recibió promoción mediante la cual se recurriera dicho acuerdo. Doy fe. En la misma fecha, la secretaria da cuenta a la jueza con la certificación que antecede, el estado procesal del expediente y un oficio (con anexo) recibido físicamente, registrado con el folio de control interno Conste.15757 Puebla, Puebla, nueve de diciembre de dos mil veinte. Declaración de ejecutoria. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal del presente expediente, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo; sin embargo, ninguna delas partes se inconformó contra el auto de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que la misma ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años2. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se sobreseyó respecto de todos los actos reclamados. Devolución de documentos a las partes. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. Incidente de suspensión. En virtud de que en el presente juicio no se aperturó incidente de suspensión con relación a los actos reclamados, se descarta realizar mayor pronunciamiento al respecto. Resguardo del expediente. Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá certificar la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Anotaciones del Libro de Gobierno. Se instruye a la Analista Jurídica SISE para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la caratula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, en cumplimiento con el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se deja establecido que resulta innecesario girar oficio alguno que derive de este auto, porque todas las actuaciones que se generen, se notifican a través de la lista en las instalaciones de este juzgado, dado lo previsto en el artículo 328 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2° de la Ley de Amparo, por lo que las partes están aptitud de consultar las mismas para imponerse de su contenido, aunado a que en este proveído no se otorgan derechos procesales a favor de ninguna de las partes en este expediente y porque no se ha hecho requerimiento alguno a éstas. Con independencia de lo anterior, si alguna autoridad requiere de copia de este auto podrá solicitarlo por oficio a este juzgado y se le expedirá. Se acuerda promoción Se agrega al expediente solo para que obre como corresponda, el oficio signado por el Registrador Público de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Atlixco, Puebla, por el cual rinde su informe justificado y remite diversas copias certificadas; lo anterior, puesto que el dieciocho de noviembre del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. En cuanto a las copias remitidas, como ese expediente ya fue archivado, resulta innecesaria su conservación, por lo tanto se ordena devolverlas al citado registrador, sin que haya lugar a requerir acuse de recibo, dado que no se tratan de documentos originales. Notifíquese y cúmplase

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 911/2020 Puebla, Puebla, veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Se agrega al expediente solo para que obre como corresponda, el oficio del Coordinador General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, por el cual rinde su informe justificado; ya que el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Notifíquese.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 911/2020 Puebla, Puebla, dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Se acuerda promoción Se agrega al expediente el oficio signado por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, por el cual rinde su informe justificado, en el que se advierte que niega el acto reclamado y manifiesta que en el juicio 907/2020, del índice de este juzgado, fue promovido por el mismo quejoso y en contra de mismo acto reclamado Cabe precisar que la autoridad responsable señaló un correo electrónico y un número telefónico como medios de notificación, mismos que podrán considerarse por los actuarios como medio para establecer contacto en los casos en que se estimen pertinentes; sin embargo, las actuaciones del expediente les serán notificadas en la forma y términos previstos por la Ley de Amparo. Ahora, constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que se reclame el mismo acto en dos juicios de amparo; por tanto, se tiene a la vista de esta juzgadora las actuaciones del juicio de amparo *, en virtud de que resulta necesario para resolver este juicio. Estado procesal. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el acto combatido y autoridades responsables en esta vía consiste en: La orden de aseguramiento decretada dentro de la averiguación previa *, respecto de: "(.) la totalidad del inmueble inscrito en la partida 590, a fojas 161, tomo 112, libro 1, del registro público de la propiedad en la circunscripción territorial de Atlixco, para el efecto de no permitir inscripciones de actos traslativos de dominio, total o parcial respecto de dicho bien inmueble, sin precisar que se permita inscribir actos traslativos de dominio legítimamente celebrados con anterioridad a los hechos materia de las averiguaciones previas señaladas, por terceros adquirentes de buena fe, como lo soy el suscrito * mediante la anotación marginal de aseguramiento en el registro público de la circunscripción territorial de Atlixco Dicho acto el quejoso lo atribuyó a las siguientes autoridades responsables: Coordinador General de Asuntos Jurídicos, de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Fiscal de Investigación Metropolitana, de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Claudia Carmona Cid, Agente del Ministerio Público Adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana (autoridad designada por la Fiscalía General del Estado de Puebla, para conocer y dar seguimiento a las siguientes averiguaciones previas de procedimiento tradicional). Asimismo la ejecución en mención se atribuye al Registrador Público de la Propiedad en la Circunscripción territorial de Atlixco, Puebla. Ahora, al tener a la vista autos del juicio de amparo 907/2020, se advierte que se reclamó lo siguiente: ".La orden de aseguramiento decretada dentro de la averiguación previa * respecto de: la totalidad del inmueble inscrito en la partida 590, a fojas 161, tomo 112, libro 1, del registro público de la propiedad en la circunscripción territorial de Atlixco, para el efecto de no permitir inscripciones de actos traslativos de dominio, total o parcial respecto de dicho bien inmueble, sin precisar que se permita inscribir actos traslativos de dominio legítimamente celebrados con anterioridad a los hechos materia de las averiguaciones previas señaladas, por terceros adquirentes de buena fe, como lo soy el suscrito ** marginal de aseguramiento en el registro público de la circunscripción territorial de Atlixco De igual forma, el quejoso le atribuyó el acto a las autoridades responsables que se mencionan a continuación: Coordinador General de Asuntos Jurídicos, de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Fiscal de Investigación Metropolitana, de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Claudia Carmona Cid, Agente del Ministerio Público Adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana (autoridad designada por la Fiscalía General del Estado de Puebla, para conocer y dar seguimiento a las siguientes averiguaciones previas de procedimiento tradicional). Asimismo la ejecución en mención se atribuye al Registrador Público de la Propiedad en la Circunscripción territorial de Atlixco, Puebla. Como se observa de lo anterior, el presente juicio de amparo y el diverso 907/2020, del índice de este juzgado fueron promovidos por José Rubén Romero Flores, donde reclamó el mismo acto, atribuido a las mismas autoridades responsables. Lo narrado, demuestra que ambos juicios fueron admitidos y por lo tanto se tramitan dos demandas de amparo promovidas por el mismo quejoso José Rubén Romero Flores, en las cuales se reclaman los mismos actos a idénticas autoridades responsables, razón por la cual, en el presente juicio de amparo se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, dado que los actos reclamados en este juicio corresponden a la materia del diverso amparo indirecto 907/2020, del índice de este órgano jurisdiccional, el cual fue iniciado previo a la presentación de este juicio de amparo. Tal precepto legal dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [...] X.- Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos En ese sentido, es importante explicar el concepto de litispendencia, contenido en el artículo y fracción citados, utilizado para aludir a la situación que se produce cuando existen varios procesos pendientes sobre una misma cuestión litigiosa; el principio general que se aplica a estas situaciones, como en el caso de estudio, consiste en que un proceso no debe desarrollarse y, en cualquier caso, no debe terminar con un pronunciamiento de fondo, si existe otro proceso pendiente sobre el mismo objeto. En ese orden de ideas, la litispendencia se entiende como una situación jurídica que se produce cuando existe un proceso pendiente sobre un concreto objeto procesal, lo que lleva a determinar una eficacia excluyente sobre el segundo proceso pendiente sobre el mismo objeto, lo que da lugar a su inmediata finalización y evidentemente a que concluya sin una decisión sobre el fondo del asunto. Ahora, del contenido del precepto referido se deduce: para que opere la causa de improcedencia por litispendencia prevista en la mencionada fracción X, del artículo 61, de la ley de la materia, se requiere de la existencia de otro juicio de amparo en el cual el quejoso hubiese reclamado los mismos actos atribuidos a las mismas autoridades, y que se encuentre pendiente de resolución en cualquier instancia, sin importar la violación alegada, lo cual encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo, y por añadidura, la propia causal también evita la posibilidad del dictado de sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la litispendencia es evitar que los órganos jurisdiccionales se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, empero, éstos tienen el deber de asegurarse de que al aplicarla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto que se duele, por lo que una de las dos demandas de contenido coincidente debe de subsistir, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicio. Para ello, es de orden elemental y preferente que ambas demandas se encuentren admitidas y en trámite, como en la especie acontece, pues sólo de esta forma se garantiza que, al sobreseer en uno de los asuntos, quede la posibilidad de que, en el diverso expediente el quejoso acceda a una sentencia definitiva en la que, lógicamente, ya no prospere la misma causa de improcedencia de litispendencia. En efecto, es evidente que carece de sentido la promoción sucesiva de dos juicios de amparo contra el mismo acto y las mismas autoridades, pero también es obvia la necesidad de no sobreseer en los dos asuntos coexistentes con el mismo contenido, pues la causal de litispendencia no sanciona la falta de pericia del quejoso dejando de analizar las pretensiones propuestas en ambos juicios, por el contrario, la ley dispuso que en la promoción de uno de ellos se declare la improcedencia y, en el otro, se lleve a cabo, en su caso, el estudio de fondo del problema planteado, por el natural inconveniente de que resultaría ocioso duplicar el trámite y resolución del mismo tema, con el riesgo adicional de que en su momento se emitan sentencias contradictorias entre sí. Por todo lo anterior, se concluye que si el propósito de la litispendencia fue sobreseer solamente en uno de los juicios coexistentes, resulta indispensable que la demanda de amparo de ambos asuntos se encuentren al menos admitidas, como en el caso de estudio, pues si no lo estuviera en alguno de ellos, no podría saberse si hay la garantía de que el quejoso será oído en defensa de sus intereses, de llegar a estimarse que la demanda pendiente de admisión es la que no configuró la referida causal. Sobreseimiento fuera de audiencia. En consecuencia de lo anterior, en el presente asunto procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en el presente juicio, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la legislación, dada la causal de improcedencia materializada contenida en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, al tramitarse dos juicios de amparo por el mismo quejoso, mismas autoridades y mismos actos reclamados. Cabe mencionar que la presente determinación en nada vulnera los derechos humanos del quejoso, pues el juicio de amparo 907/2020, del índice de este órgano jurisdiccional continúa su tramitación, por los mismos actos reclamados a idénticas autoridades responsables, y donde, el quejoso si es su deseo, todavía tiene la oportunidad de ampliar su demanda de amparo o señalar la participación de diversas autoridades responsables. Audiencia constitucional. En tales condiciones, se dejan sin efecto las diez horas con un minuto del siete de diciembre de dos mil veinte, señaladas para celebrar la audiencia constitucional. Archivo Por tanto, se hace del conocimiento de las partes el contenido de este proveído; anótese lo procedente en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente asunto concluido de forma total y definitiva. Luego, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por último, deja de constituir un obstáculo para el dictado de la presente determinación, la circunstancia consistente omitir dar vista de ocho días con el informe justificado, dada la actualización de la causal de improcedencia de mérito. Notifíquese; de forma personal tanto al quejoso como a la fiscal federal adscrita, por oficio a las autoridades responsables y cúmplase.

  4. Principal

    Puebla, Puebla, diez de noviembre de dos mil veinte. De conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, constituye un hecho notorio que con esta fecha se decretó el archivo en el juicio principal del cual deriva el incidente en que se actúa. En tal virtud, se provee: Conforme al artículo 18, fracción I, inciso a), del del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que el cuaderno original de este incidente es susceptible de depuración, pues en interlocutoria de seis de febrero de dos mil veinte, fue concedida la suspensión definitiva solicitada. De ahí que, trascurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la emisión de este acuerdo, deberá conservarse únicamente la resolución relativa al otorgamiento de la medida cautelar y, en su caso, de la violación a la misma, así como el presente acuerdo. Por su parte, en términos de lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado será destruible dentro de los treinta días siguientes a que concluya el plazo de conservación de seis meses al cual hace referencia el referido artículo. Tomando en consideración que la parte quejosa exhibió el billete de depósito ****expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, por la cantidad de *($**) a fin de garantizar la suspensión provisional concedida en autos. En tal virtud, con fundamento en el artículo 156 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que a partir del día siguiente al que quede legalmente notificada del presente proveído, acuda en un plazo no mayor a dos años, a este órgano jurisdiccional, debidamente identificado con documento de validez oficial vigente, que contenga su fotografía, a recoger el billete de referencia. En ese sentido, se apercibe a la parte quejosa que de no hacerlo en el término establecido prescribirá a favor del Fisco Federal, de conformidad con el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación. Además, se hace la precisión de que el billete de referencia habrá de endosarse únicamente a favor de la persona que aparece en el documento como depositante. Por consiguiente, se instruye al secretario encargado de la caja de valores para efectos de que lleve un control respecto de la fecha en que, en dado caso, el billete de referencia prescribirá en favor del Fisco Federal. Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra dicho lapso de conservación, el juicio de amparo deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis o Deposito Documental que corresponda; ello, una vez realizada la depuración del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la caratula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá certificar la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Se instruye a la Analista Jurídico SISE para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la caratula de este expediente -conforme se encomienda en el apartado precedente- sean coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, en cumplimiento con el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese; de forma personal a la parte quejosa.

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