Jose Ruben Parra Cervera
Expediente 2160/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 13 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2160/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 03/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jose Ruben Parra Cervera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Mérida, Yucatán, tres de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que a la parte a quien pudo causarle perjuicio la sentencia de trece de diciembre de dos mil veintidós, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que CAUSA EJECUTORIA la referida sentencia que en su puntos resolutivos primero y segundo, sobreseyó en el presente asunto; para todos los efectos legales que correspondan. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 18 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que no obstante que en el presente asunto, se sobreseyó el presente juicio de amparo; sin embargo, en virtud de que en el mismo se concedió una medida cautelar, pues se decretó de oficio la suspensión de plano de los actos reclamados a que se refiere el artículo 22 de la Constitución General de la República, lo procedente es declarar el presente juicio de amparo como susceptible de depuración. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Además, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad, hasta el treinta de noviembre de dos mil veintidós. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 2160/2022-IV-B, promovido por Rodrigo Jafed Zapata Sulub a favor de ********************; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el tres de septiembre de dos mil veintidós, vía electrónica, y turnado el mismo día, a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, Rodrigo Jafed Zapata Sulub a favor del quejoso ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclamó del Fiscal Investigador de la Agencia Vigésima Tercera de la Fiscalía General del Estado y Director de la Policía Municipal, ambos con sede en Kanasín, Yucatán. Por lo que en auto de tres de septiembre de dos mil veintidós, se otorgó al quejoso la suspensión de plano en contra de los actos reclamados, consistentes en la incomunicación, privación de la libertad fuera de procedimiento (detención ilegal) y malos tratos sobre la persona del directo quejoso. SEGUNDO. En la misma fecha el amparista ratificó la demanda promovida a su favor, y en proveído de cinco de septiembre de dos mil veintidós se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitaron sus informes a las autoridades señaladas como responsables, se ordenó dar a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos General 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la tesis visible en la página 255, del Tribunal Pleno, Tomo XIX, abril de 2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se tiene que los actos reclamados consisten en: La incomunicación, detención y malos tratos del directo quejoso. TERCERO. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, consistentes en la incomunicación y malos tratos, pues así lo manifestaron al rendir sus informes el Fiscal Investigador y Litigación Periférica Vigésimo Tercero en Kanasín (número de promoción 20351) y Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (número de promoción 20205), ambos con sede en Kanasín, Yucatán; sin que la parte quejosa hubiere desvirtuado dichas negativas con algún medio de convicción. Por lo que debe SOBRESEERSE en el juicio constitucional, en términos de lo dispuesto en el numeral 63 fracción IV de la Ley de Amparo, ante la inexistencia de dichos actos de incomunicación y malos tratos reclamados a las autoridades antes indicadas. CUARTO. Certeza de actos. Es cierto el acto relativo a la detención, reclamado a la autoridad responsable Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (promoción 20205), por lo que así debe tenerse, para todos los efectos legales conducentes. Lo anterior toda vez que al rendir su informe manifestó que el quejoso ingresó al área de seguridad de la cárcel municipal de Kanasín, Yucatán, por delitos contra la salud por hechos posiblemente delictuosos, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, con sede en esta ciudad. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". En relación con lo anterior, en auto de tres de octubre de dos mil veintidós, se le dio vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, a efecto de que ampliara la demanda de amparo y señalara como autoridad responsable a la Fiscalía General de la República, con sede en esta ciudad, vista que no desahogó. En consecuencia, en proveído de uno de diciembre de dos mil veintidós, se le hizo efectivo el apercibimiento que se le había realizado para el caso de no manifestar algo en relación con la aludida ampliación, y no se tuvo como responsable en este asunto a la citada autoridad, por lo que se ordenó continuar el procedimiento únicamente por las responsables señaladas en la demanda de amparo. QUINTO. Actualización de una causal de improcedencia. Previo a analizar el fondo de la litis, se debe verificar la procedencia del juicio constitucional, cuyo estudio es de orden público y preferente a cualquier otra cuestión, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, visible a página 543, cuyo texto indica: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público, deben estudiarse previamente" En la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se exponen. El precepto de la ley de la materia antes invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]". En el caso, el directo quejoso ********************, ratificó la demanda de amparo promovida a su favor, reclamando de las autoridades responsables sustancialmente la detención. Sin embargo, de las constancias remitidas por el Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Kanasín, Yucatán, y las que integran los presentes autos, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°. Se advierte que ********************, ingresó al área de seguridad de la cárcel municipal de Kanasín, Yucatán a disposición de la Fiscalía General de la República, residente en esta ciudad, por delitos contra la salud. Lo anterior, en relación con la detención originalmente decretada en contra de la autoridad policial generó un cambió en su situación jurídica, ya que fue puesto a disposición de la representación social; lo que conduce a la actualización de la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, de la ley de la materia, de ahí que deben considerarse consumadas irreparablemente las posibles violaciones reclamadas en este juicio. En efecto, dicha situación no hace posible realizar un análisis del acto reclamado, pues no puede decidirse sobre su legalidad sin afectar la nueva situación jurídica en la que se encuentra la parte amparista al haber sido puesta a disposición de la autoridad ministerial correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio contenido en la tesis 2ª. CXI/96, visible en la página 219, Tomo IV, de diciembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Consecuentemente, los actos reclamados fueron sustituidos jurídica y procesalmente, ya que al momento de que la autoridad policial puso a disposición del ministerio público correspondiente al quejoso, ya su privación de la libertad no estaba a potestad de la autoridad de seguridad pública, sino que estaba bajo la decisión de la autoridad ministerial a la que fue puesta a disposición la parte amparista, sin que se señalara como responsable al fiscal de mérito, no obstante que se le requirió para ello. Por tanto, es inconcuso que el acto atribuido a la autoridad responsable policial, quedó consumado formal e irreparablemente, al acontecer un cambio de situación jurídica. Apoya a lo anterior, por las razones que expone, la tesis II.2o.P.44 P (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II, Materia(s): Común, Página: 1702 y Registro: 2013315, que señala: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADA DE LA SECUENCIACIÓN DE ETAPAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO, CON INDEPENDENCIA DE LA CONDICIÓN QUE GUARDE EL QUEJOSO EN CUANTO A SU LIBERTAD PERSONAL. Dada la naturaleza del procedimiento de tipo acusatorio seguido en México, para los efectos del amparo, la expresión "cambio de situación jurídica" no puede entenderse sólo desde la perspectiva de la condición del sujeto a quien se inicia un procedimiento penal (sujeto pasivo de la relación jurídico procesal en materia penal), esto es, dependiendo únicamente del carácter de indiciado, imputado, procesado o acusado, como otrora se aducía conforme al procedimiento tradicional, sino que también resulta del ineludible reconocimiento de la sustitución y secuenciación de los actos o etapas procesales del nuevo sistema, en sí mismas y con independencia de la condición que guarde el quejoso en cuanto a su libertad personal, pues la continuidad de las etapas del proceso actual no depende sólo de ello. Por tanto, si se transita de una fase de investigación no judicializada a una judicializada, como efecto del ejercicio de la acción procesal penal, es claro que los actos atribuidos a la autoridad ministerial quedan consumados formal e irreparablemente para los efectos del amparo, en virtud del cambio de la condición jurídica de las fases procesales subsecuentes." Asimismo, por analogía de razón, la tesis IV.2o.P.43 P, correspondiente a la Novena Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXX, Octubre de 2009, página 1373 que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS DENTRO DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA Y EL MINISTERIO PÚBLICO YA EJERCITÓ LA ACCIÓN PENAL (ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO). Cuando en un juicio de garantías biinstancial se reclaman actos materia de una averiguación previa y se demuestra que la autoridad responsable, agente del Ministerio Público, consignó los hechos ante un Juez, a quien solicitó el libramiento de la correspondiente orden de aprehensión, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ende, debe sobreseerse en el juicio de garantías, toda vez que, al ejercitarse la acción penal quedaron consumadas de modo irreparable las posibles violaciones acaecidas en la etapa de investigación, porque la situación jurídica del impetrante ahora queda sometida a la potestad del Juez penal que tendrá a cargo la instauración de la causa respectiva. En consecuencia, ya no podrá analizarse en el amparo la constitucionalidad de dichos actos, sin afectar la nueva situación". En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, relativa al cambio de situación jurídica del quejoso, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63, de la citada ley. SEXTO. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse una reimpresión de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo también en los artículos del 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, en contra de los actos que reclamó de las autoridades precisadas en el resultado primero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el considerando tercero. SEGUNDO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, en contra de los actos que reclamó de la autoridad precisada en el resultado primero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el considerando quinto. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, uno de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan autos, del que se advierte que la parte quejosa no cumplió con la prevención que se le hizo en acuerdo de tres de octubre del año en curso, a efecto de que manifestara si señala, o no como autoridad responsable a la Fiscalía General de la República, con sede en esta ciudad. En consecuencia, haciendo efectivo el apercibimiento inserto en dicho proveído, no se tiene como responsable en este asunto a la citada autoridad, y se ordena continuar el procedimiento únicamente por las señaladas en la demanda de amparo. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta que antecede, se advierte de las constancias que obran en autos que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días otorgado a la parte quejosa en proveído de tres de octubre del año en curso, a fin de que manifieste si amplía su demanda, señalando como nueva autoridad responsable a la Fiscalía General de la República, con sede en esta ciudad; lo anterior de acuerdo a la constancia de notificación relativa, la cual obra agregada en autos. En mérito de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan como nueva fecha y hora las DIEZ HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.
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