José Rubén Morales Pérez
Expediente 562/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 17 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 562/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 26/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- José Rubén Morales Pérez
- María Carmen Velásquez Mejía (Defensora)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Puebla, Puebla, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. DEVOLUCIÓN DE DISCO VERSÁTIL DIGITAL Visto el estado de autos, se advierte que el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla, remitió dos discos versátiles digitales derivados de la causa penal 206/2021/TEHUACÁN, de su índice. Entonces, tomando en consideración que el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno causó estado el auto de seis de octubre del año citado, en el que este órgano de control constitucional determinó sobreseer fuera de la audiencia constitucional; en tales condiciones, desglósese los discos de los presentes autos y hágase su devolución a la autoridad responsable. APERCIBIMIENTO Solicitándole en el término de tres días, constados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se sirva acusar el recibo correspondiente; apercibida que de no cumplir con lo ordenado en el término fijado se le impondrá una multa equivalente a CINCUENTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Cúmplase.
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Puebla, Puebla, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la resolución de seis de octubre de dos mil veintiuno, en la que este órgano de control constitucional determinó sobreseer fuera de la audiencia constitucional en el amparo solicitado por la parte quejosa, no fue recurrida mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo; por consiguiente, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, causa estado dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. ES DESTRUIBLE de conformidad con el diverso 21, inciso b) del acuerdo general citado porque se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo por todos los actos reclamados; por ende, se conservará durante un plazo de tres años y se destruirá dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de éste, sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo porque no los acompañó. ANOTACIÓN EN LA CARÁTULA Se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, del citado Acuerdo General. SIN OPOSICIÓN DE DATOS Por otra parte, se hace constar que la parte quejosa no ejerció su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Notifíquese.
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Puebla, Puebla, seis de octubre de dos mil veintiuno. JUEZ FEDERAL INFORMA ACEPTA COMPETENCIA DECLINADA Agréguese a los autos el oficio de cuenta del Asistente de Despacho Judicial del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Puebla, con un anexo; recibidos vía correo electrónico institucional, sirviendo de apoyo a lo anterior la tesis de rubro: INFORME JUSTIFICADO. LA EXHIBICIÓN EN FORMATO ELECTRÓNICO O DIGITAL DE LAS CONSTANCIAS EN QUE SE APOYA, AL CONSTITUIR PRUEBA PLENA, ES SUFICIENTE PARA TENER POR CUMPLIDA LA CARGA PROCESAL DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE IMPUESTA POR EL ARTÍCULO 117, CUARTO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO. Por medio del cual informa sobre el desahogo de la audiencia de competencia y convalidación de actuaciones, esto es, que en audiencia de siete de septiembre de dos mil veintiuno aceptó la competencia declinada por el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla. Además, convalidó el control de detención, la formulación de imputación, el auto de vinculación a proceso, así como la medida cautelar de prisión preventiva, en los términos dictados por el juez declinante, dentro de la causa penal 206/2021/TEHUACÁN, de su índice. Así mismo, informa que en audiencia pública de diez de septiembre del año en curso se dictó en procedimiento abreviado sentencia condenatoria al quejoso José Rubén Morales Pérez, por la comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, la que ante el consentimiento de las partes quedó firme y en la misma fecha se ordenó la inmediata libertad del sentenciado únicamente por lo que respecta a la causa penal 434/2021, de su índice, al haberse acogido al beneficio de la condena condicional concedida en sentencia, de lo cual remite las constancias en las que sustenta su actuación. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte la actualización de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; lo que a consideración del suscrito hace innecesaria la continuación del presente juicio de amparo. En efecto, de lo dispuesto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad de que durante el juicio sobreviniera alguna causa de improcedencia que condujera al sobreseimiento, tan es así que en dicho precepto estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia ley reglamentaria de procedimiento constitucional. Para abordar lo anterior, Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado por la parte quejosa al Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla, consiste en el auto de vinculación a proceso de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, emitido dentro de la causa penal 206/2021/TEHUACÁN. Cabe destacar que tal determinación el juez vinculó a proceso al quejoso por el hecho señalado en la ley como delitos de lesiones y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; respecto de este último, declinó competencia a favor del juez Especializado del Centro de Justicia Penal Federal. Ahora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, cuyo texto literal es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; Lo anterior, al existir manifestaciones de voluntad del quejoso -posteriores a la presentación de la demanda de amparo-, conforme a las cuaesl es posible concluir que consintió el auto de vinculación a proceso que decretó en su contra el juez de control responsable en la carpeta judicial administrativa 206/2021/TEHUACÁN. Al respecto, se destaca que Abelardo Gil Martínez, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla, mediante oficio JOPTEH/5110/2021, de catorce de julio de dos mil veintiuno, en cumplimiento al requerimiento que se le hizo en proveído de ocho de julio del año en curso, informó que mediante audiencia de trece de julio de dos mil veintiuno, a solicitud del licenciado Eduardo Méndez Pérez, le fue concedido a José Rubén Morales Pérez, la suspensión condicional del proceso, respecto al hecho señalado como delito de lesiones, del cual conoce tal autoridad jurisdiccional. De lo cual remitió como justificante de su dicho y en relación a las actuaciones dictadas con posterioridad a la emisión de su informe justificado, copia certificada de diversas constancias derivadas de la causa penal 206/2021/TEHUACÁN y un disco en formato DVD, que contiene la audiencia de trece de julio de dos mil veintiuno. Igualmente, informó la imposición de las condiciones a cumplir por el quejoso (residir en un lugar determinado, prohibición de acercarse o frecuentar a la víctima, someterse a un tratamiento psicológico, tener un trabajo o empleo, presentación periódica, no poseer ni portar armas y la prohibición de salir del Estado de Puebla), por un periodo de un año. Luego de la intervención del fiscal, quien manifestó no tener oposición con la suspensión condicional del proceso, el juez autorizó dicha medida con las adecuaciones que consideró oportunas, e hizo saber al imputado que ello trae como consecuencia que se suspenda el procedimiento dentro de la carpeta y la medida cautelar que venía cumpliendo, únicamente respecto del delito de lesiones dentro de la causa penal 206/2021/TEHUACÁN, de su índice. En el entendido que cumpliría con dichas condiciones una vez que obtuviera su libertad, en virtud de la competencia declinada al fuero federal, de la que también se encuentra sujeto a una medida cautelar por la comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Ahora bien, el sometimiento del quejoso a la suspensión condicional del proceso constituye una manifestación de voluntad que conlleva el consentimiento de la vinculación a proceso que se le decretó, pues su finalidad es cumplir las condiciones a que se obligó y que fueron definidas por la autoridad judicial y, con ello, logar la extinción de la acción penal, en términos del artículo 191 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone: SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO Artículo 191. Definición Por suspensión condicional del proceso deberá entenderse el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que refiere este Capítulo, que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido y que en caso de cumplirse, pueda dar lugar a la extinción de la acción penal. Por otro lado, como se precisó, el Asistente de Despacho Judicial del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Puebla informó a este juzgado que en audiencia de competencia y convalidación de actuaciones, de siete de septiembre de dos mil veintiuno se aceptó la competencia declinada por el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla. Además, convalidó el control de detención, la formulación de imputación, el auto de vinculación a proceso, así como la medida cautelar de prisión preventiva, en los términos dictados por el juez declinante, dentro de la causa penal 206/2021/TEHUACÁN, de su índice, respecto a la comisión del hecho señalado en la ley como delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, que se atribuyó al quejoso. Así mismo, que en audiencia pública de diez de septiembre del año en curso se dictó en procedimiento abreviado sentencia condenatoria al quejoso José Rubén Morales Pérez, por la comisión del hecho señalado en la ley como delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, la que ante el consentimiento de las partes quedó firme y en la misma fecha se ordenó la inmediata libertad del sentenciado únicamente por lo que respecta a la causa penal 434/2021, de su índice, al haberse acogido al beneficio de la condena condicional concedida en sentencia, acreditando lo anterior con las constancias correspondientes. Lo anterior, conlleva el consentimiento de la vinculación a proceso por el hecho indicado, en tanto que el quejoso acepto su responsabilidad en su comisión y se acogió al beneficio citado. Lo expuesto conduce a concluir que el quejoso consintió la vinculación a proceso en los términos en que fue dictada por el juez de lo penal señalado inicialmente como responsable, pues, por una parte, optó por la suspensión condicional del procedimiento -en cuanto al hecho señalado en la ley como delito de lesiones- y, por otra, se sometió al procedimiento abreviado en la cual se dictó sentencia condenatoria y se acogió al beneficio de la condena condicional que se le concedió en aquella -en cuanto al delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Apoyan tales consideraciones la jurisprudencia y tesis con datos de localización, rubro y texto: Época: Décima Época Registro: 2014495 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 43, Junio de 2017, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 33/2017 (10a.) Página: 461 CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional. Registro digital: 2023539 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: 1a. XXXI/2021 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Aislada RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA UN AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. DEBE TENERSE POR CONSENTIDA CUANDO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO Y CON POSTERIORIDAD LA PARTE QUEJOSA ACEPTA QUE LA CAUSA PENAL QUE SE SIGUE EN SU CONTRA SE RESUELVA A TRAVÉS DE UN PROCEDIMIENTO ABREVIADO QUE ES AUTORIZADO JUDICIALMENTE. Hechos: Al promover un juicio de amparo indirecto la parte quejosa reclamó la resolución de segunda instancia que confirmó un auto de vinculación a proceso que pesa en su contra, en el que alegó la inconstitucionalidad de los artículos 114 y 117, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ante la negativa del amparo decretada interpuso recurso de revisión, el cual fue remitido a este alto tribunal para conocer del reclamo de inconstitucionalidad de esos preceptos. Con posterioridad el recurrente aceptó que la causa penal fuera resuelta a través de un procedimiento abreviado en el que le fue dictada sentencia. Criterio jurídico: Cuando la parte quejosa reclama la resolución de apelación que confirma un auto de vinculación a proceso y con posterioridad otorga su aceptación para que la causa penal sea resuelta a través de un procedimiento abreviado, el cual es autorizado por el órgano jurisdiccional, ello actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues dicha aceptación constituye un consentimiento de la acusación, su responsabilidad en la comisión de los hechos y a ser juzgada con los datos de prueba que sustentaron el auto de vinculación que pesa en su contra. Justificación: Lo anterior, porque el procedimiento abreviado es instituido como una forma anticipada de resolución de la controversia penal que constituye una negociación entre la fiscalía y la defensa para que se emita una sentencia condenatoria una vez que el imputado ha sido vinculado a proceso y consiente la acusación, acepta su responsabilidad y admite ser sentenciado con base en los datos de prueba de la fiscalía a cambio de una reducción en la pena, siempre que se haya garantizado la reparación del daño, en caso de que exista, tal y como disponen los artículos 201 y 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo tanto, siguiendo la lógica de lo resuelto por esta Primera Sala al emitir la jurisprudencia 1a./J. 33/2017 (10a.), de título: "CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO.", si un amparo es interpuesto en contra de una resolución que confirma un auto de vinculación a proceso, y posteriormente el quejoso expresamente acepta la instauración del procedimiento abreviado, el cual es autorizado judicialmente, tal reconocimiento constituye un consentimiento del acto reclamado, pues conforme a las reglas diseñadas para ese procedimiento, la persona imputada emite una aceptación de manera libre e informada de su participación en los hechos delictuosos, como a ser juzgada con el contenido de los datos de prueba que sustentaron la acusación ministerial y la emisión del auto de vinculación a proceso que pesa en su contra, lo cual actualiza la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo. De tal manera, ante el consentimiento del acto reclamado, no es jurídicamente posible analizar la adecuación constitucional del auto de vinculación a proceso que se decretó en su contra, pues se desnaturalizaría el sistema penal del que emana, permitiéndose al quejoso ejercer intereses incompatibles, al participar en una solución alterna y de tal procedimiento abreviado y, al mismo tiempo, cuestionar tal determinación. Por ende, deviene innecesario llamar a juicio al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Puebla, como autoridad responsable, y al agente del Ministerio Público de la Federación, en su calidad de autoridad tercera interesada, pues ninguna utilidad práctica ni jurídica tendría llamarlos a juicio con esa calidad, dado que no variará el sentido de esta determinación. Razón por la cual, se surte el supuesto previsto en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque el quejoso consintió mediante las manifestaciones de voluntad indicadas, la vinculación a proceso que se decretó en su contra en la causa penal, por lo que procede sobreseer en el juicio de garantías. SIN EFECTOS AUDIENCIA En consecuencia de lo acordado en el presente proveído se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, misma que fue fijada para las nueve horas con veintidós minutos del once de octubre de dos mil veintiuno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Puebla, Puebla, seis de octubre de dos mil veintiuno. JUEZ FEDERAL INFORMA ACEPTA COMPETENCIA DECLINADA Agréguese a los autos el oficio de cuenta del Asistente de Despacho Judicial del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Puebla, con un anexo; recibidos vía correo electrónico institucional, sirviendo de apoyo a lo anterior la tesis de rubro: INFORME JUSTIFICADO. LA EXHIBICIÓN EN FORMATO ELECTRÓNICO O DIGITAL DE LAS CONSTANCIAS EN QUE SE APOYA, AL CONSTITUIR PRUEBA PLENA, ES SUFICIENTE PARA TENER POR CUMPLIDA LA CARGA PROCESAL DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE IMPUESTA POR EL ARTÍCULO 117, CUARTO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO. Por medio del cual informa sobre el desahogo de la audiencia de competencia y convalidación de actuaciones, esto es, que en audiencia de siete de septiembre de dos mil veintiuno aceptó la competencia declinada por el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla. Además, convalidó el control de detención, la formulación de imputación, el auto de vinculación a proceso, así como la medida cautelar de prisión preventiva, en los términos dictados por el juez declinante, dentro de la causa penal 206/2021/TEHUACÁN, de su índice. Así mismo, informa que en audiencia pública de diez de septiembre del año en curso se dictó en procedimiento abreviado sentencia condenatoria al quejoso José Rubén Morales Pérez, por la comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, la que ante el consentimiento de las partes quedó firme y en la misma fecha se ordenó la inmediata libertad del sentenciado únicamente por lo que respecta a la causa penal 434/2021, de su índice, al haberse acogido al beneficio de la condena condicional concedida en sentencia, de lo cual remite las constancias en las que sustenta su actuación. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte la actualización de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; lo que a consideración del suscrito hace innecesaria la continuación del presente juicio de amparo. En efecto, de lo dispuesto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad de que durante el juicio sobreviniera alguna causa de improcedencia que condujera al sobreseimiento, tan es así que en dicho precepto estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia ley reglamentaria de procedimiento constitucional. Para abordar lo anterior, Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado por la parte quejosa al Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla, consiste en el auto de vinculación a proceso de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, emitido dentro de la causa penal 206/2021/TEHUACÁN. Cabe destacar que tal determinación el juez vinculó a proceso al quejoso por el hecho señalado en la ley como delitos de lesiones y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; respecto de este último, declinó competencia a favor del juez Especializado del Centro de Justicia Penal Federal. Ahora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, cuyo texto literal es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; Lo anterior, al existir manifestaciones de voluntad del quejoso -posteriores a la presentación de la demanda de amparo-, conforme a las cuaesl es posible concluir que consintió el auto de vinculación a proceso que decretó en su contra el juez de control responsable en la carpeta judicial administrativa 206/2021/TEHUACÁN. Al respecto, se destaca que Abelardo Gil Martínez, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla, mediante oficio JOPTEH/5110/2021, de catorce de julio de dos mil veintiuno, en cumplimiento al requerimiento que se le hizo en proveído de ocho de julio del año en curso, informó que mediante audiencia de trece de julio de dos mil veintiuno, a solicitud del licenciado Eduardo Méndez Pérez, le fue concedido a José Rubén Morales Pérez, la suspensión condicional del proceso, respecto al hecho señalado como delito de lesiones, del cual conoce tal autoridad jurisdiccional. De lo cual remitió como justificante de su dicho y en relación a las actuaciones dictadas con posterioridad a la emisión de su informe justificado, copia certificada de diversas constancias derivadas de la causa penal 206/2021/TEHUACÁN y un disco en formato DVD, que contiene la audiencia de trece de julio de dos mil veintiuno. Igualmente, informó la imposición de las condiciones a cumplir por el quejoso (residir en un lugar determinado, prohibición de acercarse o frecuentar a la víctima, someterse a un tratamiento psicológico, tener un trabajo o empleo, presentación periódica, no poseer ni portar armas y la prohibición de salir del Estado de Puebla), por un periodo de un año. Luego de la intervención del fiscal, quien manifestó no tener oposición con la suspensión condicional del proceso, el juez autorizó dicha medida con las adecuaciones que consideró oportunas, e hizo saber al imputado que ello trae como consecuencia que se suspenda el procedimiento dentro de la carpeta y la medida cautelar que venía cumpliendo, únicamente respecto del delito de lesiones dentro de la causa penal 206/2021/TEHUACÁN, de su índice. En el entendido que cumpliría con dichas condiciones una vez que obtuviera su libertad, en virtud de la competencia declinada al fuero federal, de la que también se encuentra sujeto a una medida cautelar por la comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Ahora bien, el sometimiento del quejoso a la suspensión condicional del proceso constituye una manifestación de voluntad que conlleva el consentimiento de la vinculación a proceso que se le decretó, pues su finalidad es cumplir las condiciones a que se obligó y que fueron definidas por la autoridad judicial y, con ello, logar la extinción de la acción penal, en términos del artículo 191 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone: SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO Artículo 191. Definición Por suspensión condicional del proceso deberá entenderse el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que refiere este Capítulo, que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido y que en caso de cumplirse, pueda dar lugar a la extinción de la acción penal. Por otro lado, como se precisó, el Asistente de Despacho Judicial del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Puebla informó a este juzgado que en audiencia de competencia y convalidación de actuaciones, de siete de septiembre de dos mil veintiuno se aceptó la competencia declinada por el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla. Además, convalidó el control de detención, la formulación de imputación, el auto de vinculación a proceso, así como la medida cautelar de prisión preventiva, en los términos dictados por el juez declinante, dentro de la causa penal 206/2021/TEHUACÁN, de su índice, respecto a la comisión del hecho señalado en la ley como delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, que se atribuyó al quejoso. Así mismo, que en audiencia pública de diez de septiembre del año en curso se dictó en procedimiento abreviado sentencia condenatoria al quejoso José Rubén Morales Pérez, por la comisión del hecho señalado en la ley como delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, la que ante el consentimiento de las partes quedó firme y en la misma fecha se ordenó la inmediata libertad del sentenciado únicamente por lo que respecta a la causa penal 434/2021, de su índice, al haberse acogido al beneficio de la condena condicional concedida en sentencia, acreditando lo anterior con las constancias correspondientes. Lo anterior, conlleva el consentimiento de la vinculación a proceso por el hecho indicado, en tanto que el quejoso acepto su responsabilidad en su comisión y se acogió al beneficio citado. Lo expuesto conduce a concluir que el quejoso consintió la vinculación a proceso en los términos en que fue dictada por el juez de lo penal señalado inicialmente como responsable, pues, por una parte, optó por la suspensión condicional del procedimiento -en cuanto al hecho señalado en la ley como delito de lesiones- y, por otra, se sometió al procedimiento abreviado en la cual se dictó sentencia condenatoria y se acogió al beneficio de la condena condicional que se le concedió en aquella -en cuanto al delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Apoyan tales consideraciones la jurisprudencia y tesis con datos de localización, rubro y texto: Época: Décima Época Registro: 2014495 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 43, Junio de 2017, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 33/2017 (10a.) Página: 461 CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional. Registro digital: 2023539 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: 1a. XXXI/2021 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Aislada RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA UN AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. DEBE TENERSE POR CONSENTIDA CUANDO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO Y CON POSTERIORIDAD LA PARTE QUEJOSA ACEPTA QUE LA CAUSA PENAL QUE SE SIGUE EN SU CONTRA SE RESUELVA A TRAVÉS DE UN PROCEDIMIENTO ABREVIADO QUE ES AUTORIZADO JUDICIALMENTE. Hechos: Al promover un juicio de amparo indirecto la parte quejosa reclamó la resolución de segunda instancia que confirmó un auto de vinculación a proceso que pesa en su contra, en el que alegó la inconstitucionalidad de los artículos 114 y 117, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ante la negativa del amparo decretada interpuso recurso de revisión, el cual fue remitido a este alto tribunal para conocer del reclamo de inconstitucionalidad de esos preceptos. Con posterioridad el recurrente aceptó que la causa penal fuera resuelta a través de un procedimiento abreviado en el que le fue dictada sentencia. Criterio jurídico: Cuando la parte quejosa reclama la resolución de apelación que confirma un auto de vinculación a proceso y con posterioridad otorga su aceptación para que la causa penal sea resuelta a través de un procedimiento abreviado, el cual es autorizado por el órgano jurisdiccional, ello actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues dicha aceptación constituye un consentimiento de la acusación, su responsabilidad en la comisión de los hechos y a ser juzgada con los datos de prueba que sustentaron el auto de vinculación que pesa en su contra. Justificación: Lo anterior, porque el procedimiento abreviado es instituido como una forma anticipada de resolución de la controversia penal que constituye una negociación entre la fiscalía y la defensa para que se emita una sentencia condenatoria una vez que el imputado ha sido vinculado a proceso y consiente la acusación, acepta su responsabilidad y admite ser sentenciado con base en los datos de prueba de la fiscalía a cambio de una reducción en la pena, siempre que se haya garantizado la reparación del daño, en caso de que exista, tal y como disponen los artículos 201 y 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo tanto, siguiendo la lógica de lo resuelto por esta Primera Sala al emitir la jurisprudencia 1a./J. 33/2017 (10a.), de título: "CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO.", si un amparo es interpuesto en contra de una resolución que confirma un auto de vinculación a proceso, y posteriormente el quejoso expresamente acepta la instauración del procedimiento abreviado, el cual es autorizado judicialmente, tal reconocimiento constituye un consentimiento del acto reclamado, pues conforme a las reglas diseñadas para ese procedimiento, la persona imputada emite una aceptación de manera libre e informada de su participación en los hechos delictuosos, como a ser juzgada con el contenido de los datos de prueba que sustentaron la acusación ministerial y la emisión del auto de vinculación a proceso que pesa en su contra, lo cual actualiza la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo. De tal manera, ante el consentimiento del acto reclamado, no es jurídicamente posible analizar la adecuación constitucional del auto de vinculación a proceso que se decretó en su contra, pues se desnaturalizaría el sistema penal del que emana, permitiéndose al quejoso ejercer intereses incompatibles, al participar en una solución alterna y de tal procedimiento abreviado y, al mismo tiempo, cuestionar tal determinación. Por ende, deviene innecesario llamar a juicio al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Puebla, como autoridad responsable, y al agente del Ministerio Público de la Federación, en su calidad de autoridad tercera interesada, pues ninguna utilidad práctica ni jurídica tendría llamarlos a juicio con esa calidad, dado que no variará el sentido de esta determinación. Razón por la cual, se surte el supuesto previsto en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque el quejoso consintió mediante las manifestaciones de voluntad indicadas, la vinculación a proceso que se decretó en su contra en la causa penal, por lo que procede sobreseer en el juicio de garantías. SIN EFECTOS AUDIENCIA En consecuencia de lo acordado en el presente proveído se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, misma que fue fijada para las nueve horas con veintidós minutos del once de octubre de dos mil veintiuno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
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