José Rubén López Quezada
Expediente 457/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 24 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 457/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 15/03/2018
Partes del expediente
- José Rubén López Quezada
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Ciudad de México, a quince de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se aprecia que feneció el plazo de quince días que establece el párrafo primero del artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes recurriera el auto que tuvo por cumplida la sentencia protectora. En ese sentido, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 196, párrafo cuarto, de la ley reglamentaria, en su oportunidad, envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se concedió el amparo, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Asimismo, deberán conservarse los proveídos integrantes del cuaderno original del incidente respectivo, en los que en su caso, se haya concedido la suspensión ya sea provisional o definitiva, en términos del segundo párrafo de la fracción III de la disposición en consulta, siendo depurables los restantes. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III del acuerdo general mencionado, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión. Finalmente, ya que no es necesaria la retención de los dos anexos enviados por la autoridad judicial responsable, devuélvanse a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo, debido a que será suficiente el sello de la autoridad de referencia, el cual hará las veces de acuse.
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Cúmplase.
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Ciudad de México, a quince de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por consiguiente, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, de conformidad con los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo, se estudiará con base en las constancias que integran el expediente si la sentencia protectora se encuentra o no cumplida. En ese sentido, por sentencia terminada de engrosar el veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a José Rubén López Quezada, para el efecto de que el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en esta ciudad realizara lo siguiente: I. Dejara insubsistente la resolución reclamada; y II. Dictara otra, que podría ser en el mismo sentido de la anterior o en diverso, pero en el primer caso, acorde con las consideraciones expuestas en la sentencia, debería realizar lo siguiente: A) Establecer que "la constancia de hechos", de veintisiete de febrero de dos mil catorce, instrumentada por la Coordinadora Administrativa de la Subprocuraduría Jurídica y Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República carece de valor probatorio, así como los diversos medios de convicción que se incorporaron a partir de la misma; y B) Valorar, con plena libertad de decisión, el restante material probatorio, a fin de que dilucidara si se encontraba acreditado o no el cuerpo del delito atribuido al quejoso y, en su caso, determinar la probable responsabilidad o no de este último en su comisión. Concesión que se hizo extensiva al acto reclamado de la autoridad ejecutora, al no reclamarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Inconforme con dicha resolución, el representante social de la Federación adscrito interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, bajo el orden 259/2017, el que en sesión de once de enero pasado, confirmó la sentencia, con diversas precisiones. Acorde con dicha ejecutoria, la protección constitucional es para que la autoridad judicial responsable realice lo siguiente: "1. El Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México deberá dejar sin efectos el auto de formal prisión de 5 de mayo de 2017, dictado en la causa penal 21/2017, de su índice, en contra del quejoso: 2. En su lugar deberá emitir otro, en el que excluya de valoración las manifestaciones autoincriminatorias del quejoso contenidas en la 'constancia de hechos' de 27 de febrero de 2014, instrumentada por la Coordinadora Administrativa de la Subprocuraduría Jurídica y Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, pero no así el resto de su contenido. Asimismo deberá excluir cualquier prueba que obre en autos que se refiera a dichas manifestaciones autoincriminatorias. 3. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, deberá analizar el restante arsenal probatorio que obra en autos y resolver la situación jurídica del quejoso. Concesión que debe hacerse extensiva al acto de ejecución que se atribuyó al Director del Reclusorio Preventivo Varonil Norte de esta ciudad, al no haberse reclamado por vicios propios, tal como se determinó en la sentencia recurrida". Por auto de veintiséis de enero del año en curso, se requirió el cumplimiento de tal ejecutoria. Al respecto, el juez responsable, mediante oficio, en que transcribió el auto de treinta de enero pasado, dejó insubsistente la resolución reclamada, asimismo, a través del diverso comunicado de uno del mes actual, adjuntó copia certificada de la determinación que emitió el treinta y uno del mes anterior, con que refirió cumplió lo solicitado. Con base en lo anterior, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que emitieran algún pronunciamiento. De lo expuesto, se concluye que la sentencia protectora está cumplida. En efecto, de la lectura integral de la determinación dictada por la autoridad judicial responsable, se observa que dejó insubsistente la resolución controvertida, asimismo, emitió otra, en que excluyó la valoración de las manifestaciones autocriminatorias del quejoso contenidas en la "constancia de hechos" mencionada, así como los medios de convicción que referían tales aseveraciones, de igual manera, con libertad de jurisdicción, justipreció las restantes pruebas y resolvió la situación jurídica del quejoso, decretando a favor de este último auto de libertad por falta de elementos para procesarlo, por la comisión del delito que se le atribuyó. Consecuentemente, es inconcuso que se restituyó al quejoso en el goce de sus derechos violados, acorde con el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que se reitera que la sentencia protectora está cumplida. Por último, de ser el caso, una vez que fenezca el plazo previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, dese cuenta para acordar lo conducente, dado que no se actualiza alguno de los supuestos señalados en el último párrafo de este dispositivo.
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Cúmplase.
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