José Rubén Gaytán Ávila

Expediente 1234/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1234/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • José Rubén Gaytán Ávila

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Torreón, Coahuila de Zaragoza, a las once horas con cincuenta minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, quien actúa en unión del licenciado Ernesto Rubio Hernández, secretario que da fe, la declaró abierta, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, el secretario da cuenta al Juez con las constancias obrantes en autos, entre las que se encuentran el ocurso inicial y sus anexos, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, así como la constancia de notificación del agente del Ministerio Público del Federación adscrito. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias de que se trata. Se abre el periodo probatorio. Se da cuenta con las pruebas existentes en este juicio. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas y desahogadas las probanzas de que se trata, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno, con lo que concluye la etapa que nos ocupa. A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se hace constar que no se formularon alegaciones en este asunto. El Juez acuerda: Ténganse por perdido el derecho de las partes sobre el particular. Con lo anterior se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual lo conducente ahora es dictar el fallo relativo.VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el uno de agosto de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Durango, con residencia en Durango, José Rubén Gaytán Ávila solicitó el amparo protección de la justicia federal contra las autoridades y los actos que a continuación se trascriben: "III.-AUTORIDADES RESPONSABLES. Junta especial número 42 de la federal de Conciliación y Arbitraje, por conducto de su Oficina Auxiliar con sede en esta ciudad de Durango con domicilio en avenida del Hierro sin número edificio conocido como Palacio Federal en la ciudad Industrial de esta ciudad de Durango, Dgo. IV.- ACTO RECLAMADO.- de la Junta especial número 42 de la federal de Conciliación y Arbitraje; La Omisión y Dilación procesal dentro del término de ley, en el proceso ordinario laboral expediente 0049/2018, no obstante haber transcurrido con exceso los términos establecido en la ley Federal del Trabajo, ya que bajo protesta de decir verdad, la responsable, no ha concluido el desahogo o de medios probatorios ni dictado el laudo con el que pusiera fin al juicio, violando lo dispuesto por los artículos 883 y 885 de la Ley Federal del Trabajo (vigente al día en que inicio el juicio.". En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señalo que los derechos fundamentales que en su concepto se transgredieron son los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. Por acuerdo de dos de agosto de dos mil veintitrés, radicó la demanda de amparo con el número 1031/2023, y mandó prevenir lo siguiente: "Precise lo actuado dentro del proveído de catorce de julio de dos mil veintitrés debido a que si bien señala que fue la última actualización, omite señalar que se acordó dentro el ya referido auto" Prevención anterior que se desahogó en los siguientes términos: "Que comparezco en virtud de la prevención que se formulara, mediante acuerdo de fecha dos de agosto del año en curso, por lo que me permita precisar, que el acto reclamado es la omisión y dilación procesal, en virtud, de que la responsable, no ha concluido el desahogo de medios probatorios, no obstante que acordó su admisión y ordenó el desahogo con fecha dieciséis de abril del 2019, y la última actuación lo fue el día 14 de julio del 2023, en que desahogó la prueba testimonial ofrecida por la actora, encontrándose todavía pendientes de desahogar pruebas consistentes en informes vía oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social, y la prueba testimonial ofrecida por la demandada vía exhorto, adjuntó al presente y como medio probatorio de mi intención, copia simple del acuerdo de fecha 16 de abril del 2019, así como del acuerdo de fecha 14 de julio del 2023, de donde se desprende que ha transcurrido en exceso el termino de treinta días, que establece el artículo 883 segundo párrafo de la ley Federal del Trabajo, vigente al día en que inició el juicio del que emanan los actos reclamados." Hecho lo anterior, en acuerdo de siete de agosto de dos mil veintitrés, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango, con sede en Durango, declaró carecer de competencia legal por razón de territorio en favor de los Juzgados de Distrito en La Laguna. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, motivo por el cual, en auto de once de agosto de dos mil veintitrés, se aceptó la competencia planteada, se admitió a trámite la demanda de amparo, se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional; se solicitaron los informes justificados correspondientes; y se ordenó dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; lo que quedó cumplimentado según se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII del Acuerdo General 3/2013, en relación con el diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues aunado a que el acto reclamado en este juicio incumbe a la vía indirecta, carece de ejecución por ser de carácter omisivo. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255). Así pues, el detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa, son los siguientes: i. La dilación procesal en el juicio laboral 49/2018 incurrida por la Junta Especial Número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, no ha concluido el desahogo o de medios probatorios ni dictado el laudo. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia del acto que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS". TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. La autoridad responsable al rendir su respectivo informe justificado negó categóricamente los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa aportara pruebas a fin de demostrar su existencia. En efecto, ante la negativa precisa externada por la autoridad responsable al rendir su informe justificado, en torno a los actos reclamados a ella atribuidos, a la parte quejosa incumbe demostrar su existencia en los términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia, básicamente porque en esas condiciones dicha autoridad se halla en una imposibilidad jurídica de acreditar la negación de un hecho, en concreto, la certeza de los actos de que se trata. A manera de ilustración, es aplicable la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página setenta y cuatro del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XXV, Tercera Parte, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. Con arreglo a los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no le incumbe probar a quien apoya su pretensión en una situación negativa, como son una omisión o una abstención, sino que, a la inversa, la carga de la prueba recae sobre quien funda su pretensión en un hecho positivo. A la autoridad corresponde acreditar plenamente que, antes de efectuarse un pago, se había requerido al quejoso para tal fin." Lo anterior es así, puesto que la responsable informó que se encuentra en etapa de instrucción con pruebas pendientes de desahogo, toda vez que se giró atento a la Secretaria Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a fin de que desahogue la prueba testimonial que se le encomendó mediante exhorto con fecha veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, esto por tercera ocasión; acuerdo el cual se transcribe en lo que interesa a continuación: "Se requiere a la exhortada para que una vez que señale fecha para el desahogo de la prueba testimonial, nos la haga llegar a través del acuerdo correspondiente para estar en posibilidad de notificar a las partes. Así mismo, se le faculta para que con la finalidad de desahogar la prueba antes mencionada, haga efectivos los apercibimientos decretados en el presente acuerdo y de ser el caso, siga imponiendo los medios de apremio establecidos en el artículo 731 fracciones, I, II y III de la Ley Federal del Trabajo." Llegándose a la conclusión, de que no existe la dilación reclamada, pues el hecho de que la autoridad responsable se encuentra impulsando procesalmente el juicio de origen para ponerlo en estado de resolución, debe decirse que ello no puede considerarse que exista la omisión reclamada. Luego, si la autoridad negó la certeza de los actos de que se trata y la parte promovente no desvirtuó tal negativa, es evidente que subsiste para efectos de este juicio de amparo, por lo cual, sin duda, son inexistentes los actos que nos ocupan. En congruencia con lo anterior lo procedente en la especie es, sin duda, sobreseer en este juicio de amparo en los términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo que imposibilita a este juzgador abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, desde luego, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en el juicio respectivo. Por su aplicación, son de citarse las tesis sustentadas por el Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los que siguen: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." (Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo 1. Común Primera Parte-SCJN Segunda Sección. Tesis: 284. Página: 305.). "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." (Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen: 187-192 Primera Parte. Página: 88.). "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. Tomo: VI, Parte SCJN. Tesis: 509. Página: 335.). Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; treinta de octubre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en se encontraban señaladas las doce horas con cincuenta minutos del dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto. Sin embargo, no fue posible llevarla celebrar la misma, en atención al paro total de labores realizado por los trabajadores adscritos a los órganos jurisdiccionales a nivel nacional, y en especial en esta sede, del dieciocho al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés, y que por ende, la Magistrada y los Magistrados de Circuito, las Juezas y los Jueces de Distrito, con residencia en esta ciudad, con fundamento en los artículos 9, fracción XIII y XIV, así como 10 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, determinaron que los mencionados días, fueron inhábiles y no transcurrieron plazos ni términos procesales, además de conformidad con la circular 28/2023 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que declaró días inhábiles del diecinueve al veinticuatro de octubre, así como de manera retroactiva del dieciséis al dieciocho del mismo mes y año. Fecha de audiencia. Atento a lo anterior, se señalan las once horas con cincuenta minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese y personalmente.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que transcurre el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado agregado en proveído de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para hoy y en su lugar se señalan las doce horas con cincuenta minutos del dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, para su verificativo. Notifíquese.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito con sede en esta ciudad, al cual acompaña copia certificada del testimonio de la ejecutoria dictada en los autos del amparo en revisión civil 83/2023, con motivo del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo que se actúa, así como los autos originales del presente expediente; hágase del conocimiento de las partes que al substanciar dicho recurso, el tribunal de alzada resolvió: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto". Integración. Agréguense al presente juicio de amparo las actuaciones originales del cuadernillo de revisión respectivo, debiéndose destruir el resto de las constancias que lo conforman. Acuse. Acúsese el recibo correspondiente al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece relevancia documental en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración documental. Este expediente es conservable, una vez cumplidos tres años de que se emite el presente acuerdo, de conformidad con lo previsto en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Expediente electrónico. En el entendido que el secretario de la adscripción certificó que todas las constancias y documentos del expediente físico se encuentran digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Notifíquese.

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